38 resultados para Conflicto familiar

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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El síndrome de alienación parental (SAP) es aquel proceso realizado por el progenitor consistente en programar una conducta de rechazo al otro progenitor sin una justificación objetiva. La conducta alienante la realiza el progenitor con el derecho a la tenencia del hijo; sin embargo, el otro progenitor ante tal conducta, cuando tiene acceso al hijo (a través de su derecho a la visita) suele realizar la misma conducta criticable y comienza a generar en el hijo una situación de inestabilidad dado que le exigen una conducta de fidelidad/rechazo que le es imposible de cumplir (conflicto de lealtades). En la mayoría de casos la conducta de los progenitores alienantes, provoca una reacción de temor en el otro, el cual consideramos “progenitor débil”, por cuanto es víctima de violencia familiar (tanto física como psicológica).

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Analiza la influencia del conflicto colombiano en los procesos de intercambio comercial de Colombia con Ecuador, centrándose en la profundización y localización del conflicto armado colombiano. El autor recopila de forma sistemática información referida a la evolución del intercambio comercial entre Ecuador y Colombia, para responder a su pregunta de investigación sobre los efectos generados por la dinámica del conflicto armado colombiano a partir de la implementación del Plan Colombia. El análisis de algunas manifestaciones del conflicto, como los cierres de carretera por parte de los grupos irregulares y los desplazamientos militares para controlarlos, le permite establecer su impacto en los flujos comerciales bilaterales por vía terrestre. El estudio se plantea, desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales, como una reflexión puntual, con un interés principalmente metodológico, que quiere dar cuenta de las formas en que las alteraciones del orden público y las respuestas estatales frente a ellas, afectan los intercambios y la cotidianidad de la región fronteriza entre los dos países.

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Parte y reconoce la toma de partido de la palabra crítica: "hablo desde un lugar y me identifico con aquella ´terquedad histórica´ de un pueblo que se niega a morir". Desde esta perspectiva, identificado con el pueblo quichua al que pertenece, Muyulema realiza una lúcida deconstrucción de los discursos públicos que se entretejieron a partir de un suceso histórico a cuya presencia en la memoria del país, seguramente, coadyuvará este trabajo. Desde una perspectiva indígena, Muyulema también construye un contradiscurso que se apropia de la palabra para hacer escuchar la voz de quienes han estado marginados de los discursos del poder. Evocando la pena que perdura tras la quema de Ñucanchic Huasi, el autor propone el uso de la memoria como pervivencia de la vida, más allá de los avatares y como representación de una resistencia que es, al mismo tiempo, una manera de pervivir en la historia. Es finalmente un nuevo discurso en la multiplicidad de discursos que construye nuestra nación múltiple, asumido con honestidad intelectual como una forma de resistencia al poder y como una muestra de profundo amor por su pueblo: "Este solo es un relato distinto, no pretende ser la verdad; esta es, si se quiere, nuestra verdad, nuestras razones; no pretende, por tanto, decir la verdad; se pretende criticar el modo con construye su verdad el poder y su pretensión de que la asumamos como tal todos".

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Colombia es el epicentro de una situación humanitaria y de derechos humanos crítica como consecuencia de un conflicto armado anacrónico que persiste sin solución militar posible, pero que continúa sin salida política y negociada a la vista. Las migraciones forzadas, que se expresan en desplazados internos, refugiados y formas de movilidad asociadas a la crisis económica, van más allá de las fronteras y representan una expansión de las consecuencias de una guerra irregular en territorios de países vecinos. Este artículo se limita a describir los cambios políticos que siguieron a la ruptura del proceso de paz, a ofrecer otra lectura del Plan Colombia y sus consecuencias específicas en el campo humanitario, a visibilizar las migraciones forzadas y el refugio y a proponer alternativa de acción conjunta y concertada en la región.

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Señalan las voces expertas que una de las principales consecuencias de la violación sexual es dejarte muda, silenciarte, vivir con la certeza de que gritaste pero nadie escucho, es transformar la culpa en vergüenza. En el Perú el silencio ha cubierto lo que mujeres campesinas y asháninkas susurran: sus cuerpos fueron botín de guerra de las Fuerzas Armadas y los grupos subversivos. La violación sexual fue sistemática y masiva. Pero entre las masacres, desapariciones y torturas de uno y otro bando, lo que las mujeres vivían en sus cuerpos no tenía y tiene suficiente importancia. Hasta hoy no existe un solo caso judicializado y ningún culpable tras las rejas. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, CVR, concluyó que las mujeres, por el hecho de serlo, fueron víctimas singulares de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos que vulneraron fundamentalmente el territorio más privado e intimo: su cuerpo y su libertad sexual. Estas violaciones a sus derechos humanos son expresión de situaciones previas de desigualdad de género, étnicas y sociales. El conflicto armado se instala en un contexto de autoritarismo, violencia contra la mujer, discriminación y exclusión social.

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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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América Latina ha sido la región más “privilegiada“ por sus recursos naturales, por ello ha captado grandes inversiones manteniendo durante años un modelo económico extractivista deficiente. La sustentabilidad en el tiempo de este tipo de desarrollo ha incrementado la insuficiencia del rol del Estado. Los conflictos socioambientales están posicionándose de forma relevante en los procesos de desarrollo así como en las agendas globales. Los conflictos se caracterizan por la diversidad en su complejidad de actores, intereses, etc. El incremento desmedido de la violencia dentro de estos ha llevado a ser un ámbito importante dentro de todos los países en el mundo. El propósito de esta investigación es analizar un caso de conflicto en el Ecuador como es el de la Parroquia de Pacto. Ya que es importante determinar las causas de los conflictos dentro de la sociedad, y conocer como el Estado ha manejado o evitado estos problemas. Es necesario examinar los impactos que tienen las actividades extractivistas dentro de las áreas sociales y ambientales, con la finalidad de dar una solución para evitar tantos enfrentamientos.

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El escritor Miguel Donoso Pareja confiesa que en su vida existieron dos modelos: el de su padre -hasta reconocer que no era capaz de emular al navegante y matemático-, y el de su tío Alfredo Pareja. Admira al escritor tanto como al ser humano: por su deseo permanente de aprender y la exigencia implacable consigo mismo, cuanto por su vitalidad. Recuerda las visitas familiares, cada semana, de su tío a la Península de Santa Elena, aprobaba en silencio las lecturas juveniles de Donoso, e impuso un quiebre de calidad con Las mil noches y una noche. Como estudiante en casa de su abuela materna en Guayaquil, el autor conoció a otro Alfredo Pareja: el de su agitada rutina diaria de escritor y hombre de negocios, visitaba su casa, fascinado por su inmensa biblioteca, a la que tenía libre acceso, poco después, su tío Alfredo iniciaría sus largos años de viajero, y se reencontrarían pocas veces, en Quito, en la década de 1980. El autor concluye la emotiva reseña con una breve síntesis valorativa de la producción de Pareja Diezcanseco.

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El empeño por conseguir la complementariedad entre el comercio multilateral, con su propósito de ir liberalizando el comercio, y la proliferación de un sin número de acuerdos comerciales regionales es el desafío que hoy día la OMC debe enfrentar. Si bien en apariencia, existe una dicotomía entre el multilateralismo económico yel regionalismo económico, tal bifurcación no cobra una significativa relevancia, dado que ambos regímenes se pueden complementar y aun potenciar. El conflicto entre el librecambio y el proteccionismo es un proceso dinámico que requiere de una organización que contenga a la comunidad internacional y pueda desafiar dichos problemas y superarlos eficazmente. Si bien la OMC parece estar cumpliendo ese rol, su éxito, fruto de su credibilidad, dependerá exclusivamente del apoyo que sus miembros le brinden.

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Estudio que analiza los conflictos entre las élites de la ciudad de Riobamba y los centros administrativos coloniales de Quito y Santa Fe de Bogotá, a propósito de la reconstrucción de la ciudad luego del terremoto de 1797. La catástrofe puso en evidencia las prácticas políticas y los intereses económicos de la élite criolla riobambeña y del Cabildo de la ciudad. Adicionalmente, se examina la relación de los grupos de poder con la plebe y los indígenas. Estudia además, las divergencias entre los poderes locales y la administración central con respecto al sitio en que se edificaría la nueva ciudad.

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Este artículo reflexiona sobre los conflictos que aquejan a la sociedad colombiana, teniendo en consideración a los actores y a los elementos objetivos y estructurales que los condicionan. Se parte de entender al conflicto no como algo patológico sino como un espacio normal de divergencia social. Además de ello, el autor analiza la relación entre política y violencia en Colombia, considera los elementos de tipo interno y externo que han determinado esta relación, enfatiza sobre los rasgos de exclusión social y política que han caracterizado a Colombia, y analiza los escenarios posibles de resolución del conflicto colombiano.

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Este artículo analiza el impacto del conflicto colombiano sobre la seguridad de la subregión, tomando como punto de referencia principal su impacto sobre el Ecuador. Destaca, para el efecto, las vulnerabilidades que presenta la frontera norte-ecuatoriana y considera las posibilidades para enfrentar sus amenazas dentro de un marco de cooperación regional. Finalmente, el autor plantea la necesidad de desarrollar un enfoque de seguridad cooperativa, en el cual, el conflicto subregional sea abordado desde una perspectiva integral, tomando en cuenta todos sus elementos y complejidades.

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El estudio del territorio y los diversos, complejos y conflictivos procesos que lo configuran, debe tener en cuenta que dichos procesos se operan desde distintas lógicas. Justamente éstas lógicas y procesos de poder, dominación y conflicto son los que se describen de manera general en este texto. En este sentido, consideramos que lo primordial es entender que la noción de territorio entraña un alto grado de conflictividad, en la medida en que una visión hegemónica de éste, no guarda muchas veces relación con las dinámicas internas locales de los pobladores de ese territorio que, como en el caso de Guapi (Cauca-Colombia) son claramente diferentes; por el contrario, la normativa reguladora de estos territorios a través de los Planes de Ordenamiento Territorial y los proyectos de inversión como el cultivo de palma africana, trae aparejado un nuevo orden territorial excluyente, basado en un patrón de poder que nada tiene que ver con las lógicas ancestrales de muchos de los actores locales. De esta forma es posible encontrar sobre un territorio, lógicas dominantes excluyendo o en pugna con otras visiones, fundadas en amplios y complejos marcos de relaciones sociales. En este trabajo, tratamos de mostrar las relaciones de poder en cuanto al acceso y uso del territorio se refiere, en este sentido, nos parece importante entender que dichas relaciones de poder crea actores particulares que se enfrentan de manera directa o no, a una serie de conflictos que descansan en esas construcciones (significados, usos) territoriales, muchas veces como en el caso del Estado colombiano, fundamentadas en una racionalidad económica capitalista que excluye y violenta los proceso locales de creación de identidad y en esta medida, de construcción de otras formas de ordenamiento del territorio. Por otro lado, nos parece que Guapi se constituye en un ejemplo valioso para entender en un estudio de caso, las dimensiones reales de las distintas relaciones sociales entre actores diversos y los conflictos que la interacción sobre un mismo territorio genera.

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La presente tesis, es un estudio descriptivo ex post facto, en torno a la responsabilidad social del Estado Ecuatoriano, frente a las familias víctimas del conflicto internacional. Confronta dos paradigmas: el que maneja el gobierno colombiano, se basa en la lógica del mercado, promueve la duda razonable, el impacto aceptable, y el desconocimiento del rol humano o ecológico; el otro paradigma, asumido por el gobierno ecuatoriano, se fundamenta en la lógica humanista, defiende la ecología, valida el testimonio humano, protege la salud de las personas y la calidad del medio ambiente a mas de relacionar esta problemática con las determinantes sociales y los derechos humanos. Estos paradigmas los confrontaremos a partir del estudio de los impactos de las fumigaciones en la parroquia General Farfán del Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, situación que se agravó por la ausencia de la institucionalidad del Estado, la misma que se volvió crítica a partir del inicio de las aspersiones con glifosato, y el consiguiente deterioro del medio ambiente que contribuyó al aumento de la pobreza y la exclusión. Además, del incremento de las FFAA y policiales en la frontera norte agudizó la tensión en estas comunidades; el Estado ecuatoriano, se limitó a desplazar y abastecer a las fuerzas armadas, como responsables de la seguridad de sus fronteras, pero desatendió a la población civil para la cual no existen propuestas de inversión social. Se violentó con ello, normas del Derecho Internacional, principios del Derecho Internacional Ambiental y de los Derechos Humanos. El abandono a esta población, da lugar a calificarlos como personas ambientalmente desplazadas (PAD), en situación de riesgo lo que nos lleva hacer una reflexión sobre esta condición, en torno a los desplazados ambientales jurídicamente no reconocidos.