8 resultados para Ciencias sociales y estado

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Existe una gran similitud del estado de situación de nuestros pueblos sometidos al mismo modelo neoliberal, medidas de ajuste estructural indolentes que nos imponen los mismos resultados aciagos. Pese a que nuestros Estados han suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales, no solo han dejado de lado su aplicación, sino que los vulneran constantemente.

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Los movimientos sociales en el Ecuador, buscan constituirse en un espacio confrontativo al sistema hegemónico dominante, y alternativo en la construcción de una nueva propuesta política que democratice la sociedad y les permita participar de manera real. La sociedad ecuatoriana en los últimos veinte años, ha sido prisionera de las luchas y conflictos de poderes entre los sectores de la oligarquía del Ecuador por el reparto de las empresas estatales de mayor rentabilidad. Estos conflictos han abonado para que las instituciones del Estado y la aparente democracia se deteriore, y sean los movimientos sociales los que realicen propuestas de reformas institucionales que permitan revitalizar la democracia y buscar una participación adecuada del conjunto de la sociedad, es decir, a través de sus propuestas políticas se encuentran en un proceso de edificar una hegemonía política que permita la participación, y consolide la propuesta política de interculturalidad y revitalización identitaria

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El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos. Esos ciertos servicios públicos, comúnmente son denominados servicios públicos básicos, entre los cuales estarían por ejemplo, la prestación de servicios de agua potable y corriente, energía eléctrica, gas natural, aseo y telefonía, cuya potestad es ejercida por el Estado. No obstante lo anterior y en clara vinculación con la consagración de los derechos sociales y el concepto de dignidad humana, se han tejido argumentos en torno a la noción de servicios públicos fundamentales, entre los cuales se cuentan además de los anteriores, la asistencia a la salud, el acceso a educación y empleo decente como medios para satisfacer las condiciones mínimas de vida adecuada y decorosa y por ende el respeto y desarrollo de la dignidad de toda persona. En las siguientes líneas se destaca los avances normativos que en la región se observan en relación con la conciencia colectiva por parte de los Países Andinos sobre la necesidad de satisfacer los derechos sociales, y los intentos de reconocimiento del acceso del individuo como sujeto de derecho internacional ante instancias que permitan satisfacer condiciones dignas y decorosas de vida.

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Bajo las presentes condiciones históricas y el modelo de acumulación por despojo, se producen un empobrecimiento extremo, la destrucción de las condiciones de vida y el deterioro de la integridad ambiental. La lógica de las grandes corporaciones avanza demoliendo las condiciones de vida, al tiempo que las movilizaciones sociales impulsan creativamente los derechos humanos y la defensa de la salud; pero el mundo académico reacciona con exasperante pasividad e indolencia. Los departamentos de las universidades, las agencias gubernamentales locales y nacionales y hasta las organizaciones no gubernamentales siguen en la línea de programas inefectivos e inocuos, muchos de los cuales son sostenidos por costosos aparatos propagandísticos. Programas que no van a las raíces de los problemas y que terminan reproduciendo t y reforzando las propias reglas del juego neoliberal. En esta ponencia se explica aquello que el autor define como renuncia de la salud pública a la equidad, la incapacidad institucional para mirar las raíces de una floreciente patología de la inequidad y el divorcio entre los aparatos burocráticos de la salud con la lucha de los pueblos.

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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.

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Este trabajo explora los relatos que hicieron posible la emergencia de oficinas públicas encargadas de gestionar aspectos de la sociedad relacionados a valores, costumbres y normas de convivencia a partir de los cuales la “cultura” se fue constituyendo en un campo de intervención estatal sistemática. Mi propósito es situar el surgimiento de la institucionalidad que se encargará de la gestión cultural pública en la ciudad de Bogotá, explorando las circunstancias que han permitido que algunos de los significados del término cultura se conviertan en obvios y que otros circulen “escondidos” entre los significados dominantes. La indagación permitirá visibilizar las lógicas, los conflictos y competencias que mantiene o transforman las jerarquías institucionales. Para ello se rastrea la concurrencia y la sucesión de hechos que a lo largo de los años fueron configurando el terreno para la creación y desarrollo de una institucionalidad que administra en la ciudad de Bogotá el campo denominado cultura. El argumento central es que el surgimiento de la institucionalidad que impulsa la cultura como un frente sustantivo se inscribe en un conjunto de políticas de gobierno que promueven formas de ciudadanía basadas en el control de la vida y en una construcción étnica que educa a ciertas poblaciones en una forma de ser y vivir la ciudad. Entender la cultura como espacio de disputa política inscrito en los regímenes de la Modernidad/Colonialidad ayuda a desentrañar el hilo de una historia donde las instituciones culturales del Estado se configuran a partir de viejas herencias coloniales que aún persisten. Es decir, que la gestión estatal de la cultura en Bogotá es parte de un proyecto colonial de nación construido por elites criollas y mestizas que con su mirada y sentidos puestos en el norte Europa y Estados Unidos pretendían conservar su principal capital simbólico, la blancura. Proyecto de nación a su vez ligado al proyecto del capitalismo global Explorar las discontinuidades y los puntos de encuentro que hay entre el proyecto promovido a comienzos del siglo XX con el proyecto de ciudad de los últimos años, donde la estructuración oficial reivindica la ciudad globalizada, nos ayuda a recordar el carácter histórico y construido de esta institucionalidad pública, que ahora mismo parece olvidado, y a entender el intercambio de signos, mecanismos de producción de significado y luchas de sentidos alrededor de aquello que se valora y legitima como cultura.