Manejo mediático, discursos políticos y sus implicaciones sobre el derecho a la información: los casos de Alberto Fujimori en Perú y Alvaro Uribe en Colombia, en sus segundos mandatos

En una época en la que los partidos políticos están perdiendo credibilidad y los principios ideológicos ya no constituyen el valor preponderante, la población busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez más populista y un poder más personalizado, y los medios de comunicación, la mayor parte de los cuales están concentrados, monopolizados y manipulados por las élites políticas y económicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestión, sino también en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A través del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano Álvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo “gobernante-medios de comunicación-población”, con el fin de establecer y de examinar críticamente las influencias que, por motivos políticos y económicos, entran a manipular esta relación. De hecho, en esta investigación trataré de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricación, construcción y deconstrucción de noticias, pero también procuraré mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son “armas no violentas (físicamente)” utilizadas por los gobernantes y las élites para denotar y representar sus realidades, mostrándolas como verdades y, además, para controlar, dominar y direccionar la opinión pública y así legitimar su accionar.

Derechos humanos y formación ciudadana en Colombia, una mirada desde la educación

Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

Propiedad intelectual y empresa: industria de software en el Ecuador

El Capítulo 1 referente a Nociones Generales de Propiedad Intelectual y de Empresa, es un extracto de las formas de protección de los programas de ordenador, en especial de los derechos de autor. Se pone real énfasis al desarrollo de la ciencia y la tecnología en este capítulo ya que constituye un pilar fundamental para que el desarrollo de la protección legal de software se dé. El Capítulo II recoge información sobre legislación tanto en el ámbito nacional como internacional. En el presente capítulo se hace un análisis general de la legislación, de los procedimientos legales utilizados en el Ecuador, englobando, además, nuevas formas internacionales de aplicación para la protección de software que no consta en la Ley ecuatoriana y que representan una novedad para el contexto nacional. Siguiendo el orden, el Capítulo III, con título Programas de Ordenador en el Ecuador, hace referencia a la creación del software en pasos sistemáticos a seguir. El procedimiento para crear un programa de ordenador, debe realizárselo según ciertos parámetros que serán la guía para obtener un resultado. Los Mecanismos alternativos de Protección de los Programas de Ordenador en el Ecuador, contenidos en el Capítulo IV, son fundamentales en este mundo de constante cambio ya que a falta de una protección completa por el efecto legal, los empresarios y creadores de software han intentado por cuenta propia dotarse de mecanismos que les permitan tener un control más cerrado y efectivo del software que ellos producen, con el objeto de impedir la piratería y pérdidas por efecto de ella. En función de determinar los costos para la creación de software se ha analizado de manera general, en el Capítulo V, lo que puede costar realizar un determinado programa (aplicación) y del efecto que este produce en el contexto global (PNB). Por último, el Capítulo VI, constituye un estudio de los efectos de la globalización en el campo del software. Es inquietante conocer los efectos que ella, la globalización, puede conllevar en una economía pequeña como la nuestra, la influencia de organismos poderosos y de los posibles cambios en el ámbito legal y tecnológico que pueden darse, tanto nacional como internacionalmente. Puede que esta situación sea preocupante en un futuro, dependiendo del ambiente y su desarrollo.

Justicia transicional y Ley de Amnistía en Colombia

La justicia transicional es implementada en sociedades donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del conflicto armado colombiano. Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia la paz.

Los procesos de asociatividad como fuente de construcción de conceptos y modelos de gerencia en Colombia

El objeto de este trabajo fue analizar la asociatividad realizada en Colombia para identificar si ha servido para formular teoría e implementar prácticas gerenciales en las entidades asociativas y en sus afiliadas. En la primera parte analiza el concepto de asociatividad y su aplicación en Colombia; en la segunda parte analiza el concepto de gerencia. El estudio se centró en identificar el contenido manifiesto y el sentido latente del discurso gerencial que se hace en las entidades asociativas y si el proceso asociativo ha contribuido a implementar teorías o estilos gerenciales. La fuente fue una muestra de entidades asociativas, según la legislación vigente. A los directivos de estas entidades se les hizo una entrevista semiestructurada para la cual se utilizó una guía, en la cual se tuvieron en cuenta 17 temas de carácter gerencial; dichas entrevistas fueron grabadas en audio y video para su posterior análisis mediante el software Atlas-Ti. Como fuente secundaria fueron revisadas las cartas estatutarias de las entidades, sus medios de comunicación institucional, sus pronunciamientos y comunicados públicos, así como los temas centrales de los congresos más recientes; lo anterior constituyó el universo de registros para el análisis; a partir de allí se aislaron las palabras clave o distintivas y la definición que el gremio les da para, con base en ello, identificar el modelo de administración y gerencia que prima en la práctica y en el imaginario de estas entidades. Al mismo tiempo, ello permitió vislumbrar hacia dónde se dirigen, mediante el análisis de tendencia. En un esfuerzo por evitar o controlar el sesgo, además de hablar con los directivos de las entidades asociativas, se habló con directivos y empleados de empresas asociadas a las primeras, siguiendo el mismo modelo de entrevista semiestructurada. Se pretendió considerar el sentido latente del discurso en cuanto tiene que ver con el lenguaje aprehendido por los directivos a partir de los modelos, mediante la hermenéutica del discurso en sus aristas económica y política.

Informantes y cooperantes, ¿Una alternativa para la construcción de ciudadanía en Colombia?

El presente texto constituye una reflexión teórico-normativa sobre la política de informantes y cooperantes implementada en Colombia durante el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El análisis propuesto de la política de informantes y cooperantes tiene como objetivo principal identificar el tipo de ciudadano que se construye a través de la implementación de dicha política. Para lograr este fin, la autora, primero, da a conocer de forma integral los antecedentes contextua les del país en el que se ejecuta la política y presenta algunos argumentos gubernamentales expresados en la política de seguridad de mocrática. Después, plantea el funcionamiento –instituciones estatales implicadas, pautas y estrategias de ejecución, tipos de ciudadanos participantes–, los logros y problemas de dicha política para, por último, analizar todos los elementos a través de algunos discursos filosóficos de tipo liberal y republicano que permiten comprender la relación Estado-ciudadanos que promueve la política. Con esta amplia argumentación, la autora concluye que la política de informantes y cooperantes busca crear un tipo de ciudadanía súbdita, obediente, que protege y es protegida por la entidad dominadora: el Estado.