9 resultados para Ataque

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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En 1991, cerca de 200 indígenas Wounáan de la comunidad de Curiche en la Costa Pacífica norte se desplazan hacia Juradó, presos del terror por las agresiones propinadas y las amenazas de los narcotraficantes. Estas mismas comunidades en diciembre de 2000 (frente a un ataque de las FARC a Juradó), salen hacia Panamá; cuatro meses más tarde retornan a Colombia. Sin embargo los Embera de Aguas Calientes y Guayabal (comunidades cercanas), víctimas del terror producido por una masacre paramilitar, se desplazan a Juradó y allí, a pesar de la muerte de su principal dirigente Armando Áchito por parte de las FARC, asumen el retorno, reconfigurando un nuevo poblamiento y una nueva estrategia de resistencia desde lo organizativo. Esta es solo una muestra de lo que ha significado el itinerario de una desconocida y dolorosa tragedia de los pueblos indígenas colombianos.

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El sistema internacional globalizado avanza los intereses políticos y económicos del hegemon Estadounidense hacia el resto del mundo, intentando interesadamente que el resto de los pueblos consideren como propias las aspiraciones a lograr regímenes Democráticos y Capitalistas como síntesis histórica del desarrollo político y económico. Como afirma Bertrand Russell, el temor es un elemento siempre útil en la ejecución de toda política y se relaciona actualmente con la necesidad de temerle al Terrorismo internacional, ultimísimo elemento disuasorio de toda reacción contraria a la globalización. Y mas específicamente a la globalización de la seguridad que posee en el hegemon su policía internacional. Mas un siglo y medio después del viaje efectuado por de Tocqueville a EEUU, la sociedad Norteamericana merece volver a ser aprehendida: ¿se trata de reaccionarios cínicos poseedores de un doble estándar de derechos "nuestros" y "ajenos", o sólo intentan defender al mundo por el especial lugar que la historia (entre otras cosas), les ha asignado?. Nuestro análisis será simple. Tomaremos como dados la existencia de la globalización, la inseguridad universal que genera el Terrorismo y el rol de poder de policía mundial asumido por EEUU en su lucha contra el Terror. En este contexto ensayaremos algunas ideas sobre la existencia de una cárcel mundial creada y administrada por EEUU en su base de Guantánamo (Cuba) en la cual la pionera Democracia Estadounidense viola abiertamente derechos humanos básicos cuya existencia y necesidad de respeto supo enseñar al resto del mundo. Nuestro comentario intentará reflexionar sobre la orientación de la democracia norteamericana y su posibilidad real de continuar guiando los procesos de democratización, toda vez que la misma habilita lisa y llanamente el Terrorismo de Estado como política de gobierno posible dentro de un sistema democrático justificándola en la necesidad de seguridad de su población frente a un ataque terrorista. Y en todo caso pensaremos si el modelo democrático que tantos estados ensayan consolidar bajo la guía de EEUU admitirá dentro de su esquema esencial, la violación impune de derechos frente a la mencionada amenaza. ¿Estamos frente a una desviación a corregir o a una tendencia a imitar? Guantánamo existe. Es una de las varias cárceles de esta policía internacional Norteamericana que nos protege (como habitantes del mundo y sin haberlo solicitado) de ese temor que genera la amenaza terrorista. Sin embargo además de su existencia material, es interesante reparar en su justificación formal o jurídica, sobre todo en el marco de un sistema democrático.

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La Constitución define al estado como plurinacional y el reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Pese a ello, durante el año 2009 se violaron los derechos de la naturaleza y los Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades en los siguientes casos: el Eje Multimodal Manta Manaos; la iniciativa ITT; la normatividad y políticas para la explotación minera industrial en la Cordillera del Cóndor, concesiones y privilegios para misiones católicas en la Región Amazónica, el cierre de la radio La Voz de Arutam, el ataque de los Pueblos del Yasuní y el caso de Sarayaku. Los casos evidencian que el poder gubernamental continúa atado al modelo preconstituyente, los afanes desarrollistas y extractivistas han llenado de conflictos a los pobladores ancestrales.

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Este artículo hace un recorrido por los principales acontecimientos, previos y posteriores, generados en torno al ataque de Estados Unidos y los aliados al Iraq. También se analiza la posición de Estados Unidos frente al Consejo de Seguridad de la ONU y se propone un debate al interior de esta organización para definir su papel en el nuevo contexto internacional. Finalmente, el autor explora la situación de Medio Oriente, se estudian las posibilidades de éxito de la "Hoja de Ruta" acordada y se pasa revista a los principales acontecimientos de América Latina.

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La relación entre Ecuador y Colombia se ha visto afectada por su frontera conjunta, donde la inseguridad nacional y la desconfianza mutua han creado un ambiente de tensión política y diplomática entre ambos Estados. Entre el 2008 y el 2011 se experimentaron diversas crisis fronterizas producto de las políticas de seguridad implementadas por Colombia para el combate a la narcoguerrilla. Así, las constantes intervenciones militares y los episodios de transgresión fronteriza, producto de la política de seguridad preventiva de mano dura, llegaron a su punto más álgido con el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC en Angostura-Ecuador. Así, el incidente de Angostura, como resultado del uso de una “preemptive strike doctrine”, marcó la historia de ambas naciones al provocar el más duro quiebre de las relaciones bilaterales, que se tradujo en la alerta máxima de seguridad nacional para el Ecuador y un llamado de atención a la región sobre sus mecanismos de seguridad y lógicas de la geopolítica reinante. Este trabajo pretende analizar los factores que caracterizaron las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia de 2008 al 2011 en el marco de las tensiones binacionales fronterizas y el ataque armado colombiano en la zona de Angostura (Ecuador), bajo el enfoque teórico del realismo y el uso de la metodología de estudio de caso. Se pretende evidenciar la manera en como la respuesta ecuatoriana a la crisis se orienta por lógicas realistas de las relaciones internacionales. Para ello, se han destacado tres momentos que marcan la secuencia de la investigación empírica de esta tesis: primero se inicia con una retrospectiva de las relaciones bilaterales colombo-ecuatorianas con un enfoque histórico de carácter general; segundo, una exposición de los antecedentes del bombardeo que demuestran los altibajos bilaterales que fueron marcando distancias. Finalmente, una descripción del ataque y sus alcances en el campo diplomático, militar y geopolítico, que introdujeron una nueva visión sobre la política de seguridad regional.

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La presente investigación analiza la imposición de la salvaguardia cambiaria por parte de Ecuador a Colombia, entre julio del 2009 y febrero del 2010, en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos socios andinos. El estudio evalúa el comportamiento de las importaciones ecuatorianas desde Colombia, sobretodo el de 100 sub partidas, afectadas tanto por la salvaguardia cambiaria, como por la salvaguardia de balanza de pagos; además, las reducciones más significativas en cuanto a volúmenes y a valores, en 67 productos durante la vigencia de las dos salvaguardias. El deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, a raíz de marzo del 2008, marca el contexto de la investigación. Tras una incursión militar en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de ese año, el gobierno colombiano logró la captura y muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes; pero, al mismo tiempo, el ataque provocó días después la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Si bien la crisis no se ha trasladado completamente al plano comercial, la imposición de la salvaguardia cambiaria fue vista por los sectores productivos de Ecuador y Colombia como una medida inoportuna para el restablecimiento normal de las relaciones e incluso como un factor que dilataba más el acercamiento entre los dos países. Por su parte, el gobierno ecuatoriano defendió la medida como una opción válida para restaurar las condiciones de comercio y competencia para Ecuador, afectadas desde el 2008, por la devaluación del peso colombiano. Además, junto con la salvaguardia de balanza de pagos, la salvaguardia cambiaria fue una opción para enfrentar la amenaza del sector externo y la crisis económica mundial que repercutió en el país, con la disminución de las exportaciones, disminución del precio internacional del petróleo -principal producto ecuatoriano de exportación-, y disminución de las remesas de emigrantes -segundo rubro de ingresos para la economía nacional.

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La militarización de la seguridad interna en el Ecuador, al igual que en América Latina, ha sido una constante de las últimas décadas. Esta investigación tiene como objetivo analizar la evolución de la militarización de la seguridad interna en el Ecuador y la influencia que tuvieron el ataque en Angostura del 2008 y la sublevación militar del 30 de septiembre del 2010 en este proceso. La investigación identifica dos etapas dentro de este proceso: 1) los intentos de desmilitarización a partir de los ataques de Angostura y 2) el regreso a la militarización a partir de la sublevación militar del 30 de Septiembre. Utilizando como base teórica las aproximaciones de varios autores latinoamericanos sobre la militarización, y los parámetros que plantean para generar espacios democráticos en la relación entre las fuerzas públicas y el gobierno civil, se proponen una serie de funciones y características que deben cumplir las Fuerzas Armadas para que se pueda desarrollar de manera idónea el juego democrático. La investigación plantea una caracterización, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, para determinar el estado en que ambas instituciones se encontraban antes de los ataques de Angostura. Tanto Angostura como la Constitución del 2008 plantean la desmilitarización de la seguridad interna y un cambio en el paradigma de seguridad nacional. Se investiga el alcance institucional, legal y práctico de estos cambios en relación a su condición anterior y a los parámetros propuestos en la tesis. Finalmente, la tesis plantea como punto de quiebre de estos cambios institucionales la revuelta militar del 30 de septiembre del 2010 y analiza la serie de cambios que se dan y que generan la remilitarización de la seguridad interna. Así mismo, se analizan los cambios institucionales dentro de la Policía Nacional y las funciones dentro de la seguridad interna que son entregadas a las Fuerzas Armadas.

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Hay una historia del saqueo de la naturaleza, de la explotación de las personas, de la dominación a las mujeres, de maltrato a los niños y desprecio a los ancianos, pero hay también una historia de cuidado y reproducción de la vida, de conocimientos y de construcción de alternativas Los pueblos han mantenido formas de resistencia contra las diferentes formas de opresión y han inventado alternativas para enfrentar el ataque contra los territorios, contra la naturaleza y contra las familias. En esa larga historia de los pueblos se han desarrollado herramientas de trabajo para recoger las aspiraciones y entender las necesidades de las comunidades en diálogo con lo que ocurre en el lugar. Las mejores herramientas han nacido, se han recreado y se han intercambiado desde los haceres y saberes de las mismas comunidades: • Las asambleas como espacios en donde se piensa, se decide y se celebra juntos. • La memoria de los haceres del pasado, de las luchas y de las experiencias de los mayores. • El conocimiento de la relación de todo con todo, de los bosques con el agua, de los suelos, con la biodiversidad, de los cultivos con la cultura, y así sucesivamente. • El conocimiento colectivo sobre el tiempo, los ciclos de la naturaleza, el uso de las plantas medicinales, la agricultura, las artes de la caza, la pesca y la artesanía. • El reconocimiento de los efectos y de las reacciones de la naturaleza en respuesta a las agresiones y a la destrucción. • Las huellas de la penetración del capitalismo dentro de las comunidades con manifestaciones de competencia, individualismo, corrupción. Desde los movimientos sociales y desde las universidades también se han construido herramientas y métodos para identificar, recoger y organizar la información, así como también para presentarla en los escenarios más formales, de tal manera que no sea descalificada o desvalorizada. Esta guía pretende sumar herramientas y compartir metodologías de dentro y de fuera. Aporta con elementos para recoger, organizar y utilizar la información: Construir diagnósticos y estrategias participativas • Facilitar elementos que permitan explicar de mejor manera los efectos de las intervenciones foráneas. • Diseñar y compartir estrategias de protección, de incidencia y de resistencia.

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El delito de tortura, considerado delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, se tipifica, igualmente, como delito de lesa humanidad, en el Art. 89 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ambos cuerpos normativos establecen como requisito esencial que este delito se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil, lo que concuerda con el Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como tortura el ilícito que se cometa con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado en el territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, lo que no requiere del “ataque generalizado” a que alude el Art. 89 ibídem. Igualmente, el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, el cual se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años, agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido artículo y que dicen relación con los conocimientos técnicos para aumentar el dolor de la víctima (1); cuando se trate de funcionarios o servidores públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (2); que se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual (3) y se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada En esta investigación se analiza la tortura consagrada en los Convenio y Tratados Internacionales con nuestro derecho interno, para establecer la diferencia de la tortura, sus efectos y causas. Pero lo relevante es compatibilizar este tipo penal con nuestra legislación desde la perspectiva que dicha acción sea considerada imprescriptible, para evitar como el Caso Tibi, que los violadores de los derechos humanos quedan sin sanción alguna. Finalmente, el Ecuador no ha cumplido, con las Sentencias de la CIDH, respecto a enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones de los DD.HH.