4 resultados para Archivo Nacional

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Archer Harman fue el empresario que organizó la compañía norteamericana que construyó el Ferrocarril del Sur. A pesar de que existen numerosos informes oficiales y documentos sobre el ferrocarril en el Archivo Nacional de Historia en Quito y la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit en Cotocollao, no se encuentran datos sobre los antecedentes de Archer Harman antes de su llegada al Ecuador, en 1897, para conseguir la concesión para construir el ferrocarril de Guayaquil a Quito. El propósito de este estudio es reconstruir la vida de Archer Harman antes de su llegada al Ecuador en el año 1897 y explicar cómo formó la compañía que obtuvo el contrato del 14 de junio de 1897 para la construcción del ferrocarril.

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Estudio que explora la manera en que se construye el archivo colonial a través de mecanismos jurídico-administrativos, dedicados a ejercer el control sobre las poblaciones subordinadas y el mantenimiento del poder colonial. El paso del testimonio oral, de los indígenas, al documento escrito, característico de la cultura letrada española, representó un desafío cultural. Paulatinamente, los indígenas aprendieron a usar el documento escrito y a emprender litigios judiciales. El control burocrático de la monarquía española dependió centralmente del uso y archivo de la documentación escrita y del papel que jugaron los letrados.

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El artículo explora el papel de los archivos en el Imperio de los Austrias, durante la edad protomoderna, en ambos lados del Atlántico. Con ese propósito se analizan las diferentes tareas que incumbían a los archivos en el siglo XVI y XVII. Se examinan el archivo de la ciudad de Cuenca (actual Ecuador) en el ámbito municipal, el de la Audiencia de Quito en el ámbito regional, el archivo de Simancas (Castilla) en el nivel real y, por último, el archivo en la embajada española en Roma. También se ofrecen reflexiones sobre el carácter y las particularidades de los repositorios documentales, prestando especial atención a la escritura como medio de gobierno.

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No es ninguna novedad constatar que en los últimos años, la Constitución y las leyes han sido aprobadas con muy escaso debate, con procedimientos sumarios y con la acción de una mayoría gubernamental muy poco dispuesta a oír siquiera las posturas ajenas. También resulta claro que no ha habido fiscalización de las acciones del gobierno en la Legislatura. No se ha censurado un ministro. En realidad, ninguno siquiera ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional para juicio político en todos estos años. Todo intento de enjuiciamiento ha terminado invariablemente en el archivo. Las explicaciones de este hecho han sido diversas. Los sostenedores del gobierno han argumentado que los antiguos procedimientos de la partidocracia han sido superados con nuevas formas democráticas de legislación y fiscalización. Los opositores han culpado al abuso de las autoridades legislativas, a la dictadura de la mayoría, a los malos procedimientos de tal o cual comisión. Sin que se desconozca la existencia de responsabilidades personales, en algunos casos evidentes, esta realidad obedece a una situación más de fondo, que no es otra que la vigencia de una Constitución y un sistema legal diseñado en Montecristi para limitar y negar derechos fundamentales. Es decir, para lo contrario que se supone la actual legislación existe, ya que se destaca su carácter “garantista”. Pero la verdad es que no es así.