Proceso electoral colombiano de 2010: entre el ajuste y la consolidación del uribismo (Coyuntura)

Este ensayo analítico tiene como fin realizar un análisis de coyuntura de las elecciones de 2010 y explicar las razones que llevaron al acenso a Juan Manuel Santos, que permita al lector una lectura del ajuste político sufrido en Colombia, de los nuevos parámetros de identidad política, la reestructuración del discurso “uribista” y los personalismos protagonistas de la contienda en esta nueva relación entre el candidato y el elector. Dicho en otras palabras la elección de Santos puede explicarse a partir de cuatro variables: un ajuste político institucional, un cambio en las lealtades políticas de los electores, un cambio en el proyecto político dominante y el protagonismo de los líderes políticos.

Ajuste estructural del Estado

La descentralización se está llevando a cabo con rapidez en muchos países de América Latina y el Caribe. La responsabilidad del suministro de servicios y del gasto público se está delegando cada vez más en los gobiernos locales, pues es evidente que los gobiernos descentralizados son más eficientes para responder a las demandas por la provisión de servicios, más flexibles para adaptarse a los cambios en las circunstancias locales y más responsables frente a la población local que los gobiernos centralizados. En efecto, los gobiernos locales son mejores que los centrales en reconocer las necesidades y preferencias de sus residentes, lo que puede traducirse en proporcionar un mayor nivel de bienes públicos en cada jurisdicción, puesto que para sus habitantes es más fácil responsabilizar a los funcionarios locales que a los funcionarios del nivel central. Por lo tanto, las consideraciones de eficiencia a largo plazo indican que el reciente impulso descentralizador en la región es un acontecimiento muy favorable.

2005-2006, año electoral en los Andes, ¿El fin del ajuste político? (Coyuntura)

El artículo analiza, a la luz de la evidencia empírica, la hipótesis acerca de que la coyuntura política actual es, en efecto crítica, pero que no marca un giro hacia la izquierda, sino la culminación de un largo período de ajuste político en los Andes. Tomando como punto de partida la coyuntura electoral andina del 2006, el autor clasifica a los países de la región en dos grupos: aquellos en los que el proceso de ajuste ha culminado, produciendo nuevas configuraciones de actores político-electorales (partidos y/o movimientos), este conjunto incluye a Venezuela y Colombia. Y un segundo grupo de países en los que el ajuste estaría todavía en proceso: Ecuador, Perú y Bolivia.

El ajuste estructural y sus efectos en la estabilidad laboral y el empleo en Bolivia

La presente tesis tiene como propósito establecer el impacto que tuvo el ajuste estructural realizado en Bolivia en el primer lustro de la década de los ochenta, en las relaciones laborales y en la creación de empleo. Con ese objetivo, el Capítulo I hace una descripción de la realidad boliviana en la época anterior al ajuste, cuyas características fueron la transición a la democracia, la hiperinflación, el malestar social, la caída de los términos de intercambio, la crisis de la deuda y la suspensión del crédito internacional. El Capítulo II centra su atención en la Nueva Política Económica implantada a través del Decreto Supremo No. 21060 de 29 de agosto de 1985, que dio inicio a grandes transformaciones en el ámbito político, social y económico del país, señalando los resultados y cambios más notables. El Capítulo III refiere el contexto jurídico de las relaciones laborales antes del ajuste estructural, el cual era eminentemente protector de la permanencia en el empleo; concepto que cambió con la libre contratación, como se advierte de los efectos que tuvo en el papel del Estado, en el empleo y en los contratos de trabajo. El Capítulo IV analiza la concepción doctrinal de la flexibilidad laboral, y la compara con la libre contratación vigente en el país; asimismo, examina las bondades y debilidades de las diversas propuestas de reforma, para finalmente, sobre la base del estudio realizado, presentar las conclusiones de este trabajo.

Prisión preventiva y parámetros jurídicos de su aplicabilidad: ¿inmediación al proceso o uso irracional?

La existencia de disposiciones normativas abiertas en los requisitos de estructuración de una prisión preventiva, provocan un mayor margen de subjetividad en las y los administradores de justicia (fiscales, jueces, juezas). El riesgo, por tal subjetividad, se enfoca entorno a los parámetros, instrumentales o penales, que se pueden utilizar para requerir o disponer la referida medida coercitiva personal, pues en nuestro sistema penal colisionan las corrientes garantista y del derecho penal del enemigo. El presente tema de tesis no ha tenido mayor desarrollo doctrinario, y peor aún análisis práctico en nuestro país. Esto, ha vuelto necesario su estudio y evaluación, con el propósito de poder verificar si los criterios de aplicación de la prisión preventiva responden al Estado constitucional de derechos y justicia que nuestro sistema consagra, o más bien enmascaran un uso irracional o arbitrario de los criterios por los cuales se convierte a una persona en preso preventivo.

La Unión Europea y la nueva integración latinoamericana: parámetros de comparación aplicados en diferentes estudios sobre los procesos de integración (Otros Temas)

El artículo se refiere a la prudencia que debe existir para tomar la comparación como método de análisis, porque no todas las instituciones, experiencias sociales y de política pueden ser replicables en diferentes contextos. El autor se concentra en el problema existente en el ámbito de la integración regional y la literatura que sobre el tema ha aparecido a partir del año 2000, que compara al referente de la integración europea con otros procesos en diferentes regiones, bajo diversos parámetros, que podrían no ser necesariamente susceptibles de comparación.

La Unión Europea y la nueva integración latinoamericana: parámetros de comparación aplicados en diferentes estudios sobre los procesos de integración

A nivel académico es necesario tener mucha prudencia para utilizar la comparación como método de análisis, en vista de que no todas las instituciones, experiencias sociales y de política pueden ser replicables en diferentes contextos, incluso si aparentemente ciertos procesos tuvieran características similares. Este problema se manifiesta también en el ámbito de la integración regional y la literatura que sobre este tema ha aparecido a partir del año 2000, que compara al referente de la integración europea con otros procesos en diferentes regiones, bajo diversos parámetros, que podrían no ser necesariamente comparables. Sin embargo algunas experiencias prácticas o herramientas de política a nivel regional pueden tomarse en cuenta en el desarrollo de los procesos de integración regional a nivel global. En este caso los estudios comparados permiten conocer como estos elementos comunes han generado respuestas de los procesos de integración en el marco de la globalización, así como descubrir las propias especificidades de cada proceso.

Ecuador 1972-1999: del desarrollismo petrolero al ajuste neoliberal

El inicio de la exportación de petróleo en agosto de 1972 determinó la aceleración de la industrialización y un corto auge de la inversión pública y privada, sin precedentes en la historia económica del Ecuador. Al mismo tiempo, esta súbita abundancia produjo distorsiones estructurales identificadas en la literatura del desarrollo económico como «enfermedad holandesa» que se mantuvieron durante el resto del periodo analizado, hasta finalizar el siglo XX, tornando más difícil la política económica. Esta etapa histórica presenció el cambio del modelo de desarrollo, desde la industrialización horizontal hacia el neoliberalismo, en un tortuoso proceso de ajustes: macroeconómicos primero, inscritos en el enfoque monetario de la balanza de pagos, y desde finales de los años ochenta estructurales, en la línea del Consenso de Washington. Este lapso de casi treinta años estuvo caracterizado por la insostenibilidad macroeconómica, resuelta en dos ocasiones por medio de agresivas devaluaciones monetarias (1982 y 1992) y en una tercera y final con la anulación de la soberanía monetaria mediante la dolarización unilateral de la economía. La deuda externa, factor fundamental de este tránsito hacia el neoliberalismo, jugó un doble papel: desviar el ahorro y la inversión internas hacia los acreedores externos, y supeditar la política económica al condicionamiento del FMI. Sin embargo, fue el libertinaje practicado por algunos grupos financieros el que al finalizar el siglo causó la pérdida del signo monetario.

El cumplimiento de los parámetros del debido proceso en el procedimiento directo del Código Orgánico Integral Penal

Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.