17 resultados para Actores comunitarios

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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Tiene como objetivo central responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen las presiones e intereses creados de los actores internos e internacionales en las decisiones de ratificar o no el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el caso de Nicaragua y Honduras?. Para poder dar una respuesta a esta interrogante se partió de la importancia de la Corte Penal Internacional dentro del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos. Se realizó un análisis del rol de Nicaragua y Honduras en el proceso de creación de esta Corte, investigando la participación que tuvieron estos países centroamericanos en dicho proceso. Finalizando así con el proceso de ratificación del Estatuto de Roma en estos dos países con respecto a la normativa interna, los obstáculos y aperturas, y los posibles intereses de actores políticos internos e internacionales que pudieron haber influenciado en la decisión de ratificar o no este instrumento internacional para poder llegar a una conclusión. El Estatuto de Roma de la Corte es un instrumento jurídico único dentro del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos. Juzga las violaciones más graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, como son: crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión. Por la importancia que tiene el Estatuto de Roma y por el compromiso que cada Estado tiene de garantizar y proteger los Derechos Humanos, éstos deben formar parte de la Corte. Aunque los Estados sean soberanos para tomar decisiones, como las de ratificar o no un instrumento, deben tomar en consideración que vivimos en un mundo donde se debe ir más allá del derecho interno para poder garantizar y proteger los derechos más preciados de los seres humanos, independiente de los intereses políticos que puedan existir.

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La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es una alternativa para pueblos originarios, hoy ya es un paradigma pedagógico en Europa y en América. Actualmente, en la mayoría de países de América Latina están aplicando la EIB, en los estados que más está desarrollando la EIB son: México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el Ecuador, se cuenta con la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) desde 1988, fue instituida en base a las experiencias educativas ejecutadas antes de su creación. La DINEIB está ejecutando la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en todas las nacionalidades y pueblos indígenas, por medio de las direcciones provinciales y de nacionalidades. Esta Dirección, elaboró el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) para aplicar en sus centros educativos comunitarios. En la provincia de Cotopaxi, antes de la creación de la DINEIB ya se desarrolló algunas experiencias educativas, la que hasta ahora existe es la del Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC), mismo que atiende a comunidades indígenas de Zumbahua, Chugchilán, Panyatug y El Bajío (Pujilí y Maca grande). Con la presencia de la DINEIB, aparece la Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Cotopaxi (DIPEIB-C). La Dirección antes indicada es la rectora de la EIB en Cotopaxi, siendo así, el SEIC es parte de la DIPEIB-C, sin embargo, existe poca coordinación Para este trabajo, se realizó una investigación a los actores sociales por medio de entrevistas y observaciones, la finalidad fue ver cuáles son las percepciones y su impacto en las comunidades indígenas sobre las experiencias educativas. Luego de haber sistematizado los datos, se nota que existen problemas en el proceso de la EIB: En lo pedagógico, los docentes muy poco están tratando el kichwa como lengua instrumental de educación, así como los contenidos de la cultura indígena, y, en lo social y económico, existe emigración de los indígenas a las ciudades, en la parte final, se pone a consideración elementos para mejorar la calidad de la EIB en Cotopaxi.

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El presente trabajo describe el proceso de reubicación del comercio minorista del sector de Ipiales en el centro histórico de Quito, a partir de dos relatos: el primero, el relato oficial del FONSAL y del Municipio de Quito que narran una versión del proceso, mostrándonos en ella los marcos interpretativos de este tipo de memoria. El otro, es la versión que sobre esta medida de reubicación ha quedado en la memoria de los comerciantes, la percepción de los resultados del mismo y algunos elementos culturales de este grupo social de la ciudad de Quito. A partir de este diálogo de fuentes, se examinarán algunas dinámicas de la memoria oficial representadas en los bienes patrimoniales del centro histórico, junto con la disputa por la herencia que representa el centro histórico por parte de distintos actores sociales, gubernamentales, locales e internacionales, interesados en la intervención cultural del mismo. Están consideradas, además, las distintas percepciones del proceso de modernización y reestructuración del centro histórico y los resultados del proceso de reubicación del comercio minorista.

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Este artículo analiza cómo el proceso de integración de la Unión Europea, por un lado, favorece a la libre circulación de mercaderías, capitales y de ciudadanos comunitarios, bajo la perspectiva de un sistema de integración profundo, y, por otro, paulatinamente ha dejado de lado a los denominados “otros no comunitarios”, a través de las denominadas “directivas de retorno” y la implementación de medidas tendientes hacia la criminalización de la migración, lo cual refleja una vulneración a los derechos fundamentales de la población inmigrante contrariando la tendencia moderna hacia una ciudadanía universal.

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El estudio del territorio y los diversos, complejos y conflictivos procesos que lo configuran, debe tener en cuenta que dichos procesos se operan desde distintas lógicas. Justamente éstas lógicas y procesos de poder, dominación y conflicto son los que se describen de manera general en este texto. En este sentido, consideramos que lo primordial es entender que la noción de territorio entraña un alto grado de conflictividad, en la medida en que una visión hegemónica de éste, no guarda muchas veces relación con las dinámicas internas locales de los pobladores de ese territorio que, como en el caso de Guapi (Cauca-Colombia) son claramente diferentes; por el contrario, la normativa reguladora de estos territorios a través de los Planes de Ordenamiento Territorial y los proyectos de inversión como el cultivo de palma africana, trae aparejado un nuevo orden territorial excluyente, basado en un patrón de poder que nada tiene que ver con las lógicas ancestrales de muchos de los actores locales. De esta forma es posible encontrar sobre un territorio, lógicas dominantes excluyendo o en pugna con otras visiones, fundadas en amplios y complejos marcos de relaciones sociales. En este trabajo, tratamos de mostrar las relaciones de poder en cuanto al acceso y uso del territorio se refiere, en este sentido, nos parece importante entender que dichas relaciones de poder crea actores particulares que se enfrentan de manera directa o no, a una serie de conflictos que descansan en esas construcciones (significados, usos) territoriales, muchas veces como en el caso del Estado colombiano, fundamentadas en una racionalidad económica capitalista que excluye y violenta los proceso locales de creación de identidad y en esta medida, de construcción de otras formas de ordenamiento del territorio. Por otro lado, nos parece que Guapi se constituye en un ejemplo valioso para entender en un estudio de caso, las dimensiones reales de las distintas relaciones sociales entre actores diversos y los conflictos que la interacción sobre un mismo territorio genera.

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En esta tesis indagaremos, como objetivo general, la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las limitaciones a las que se enfrenta la promoción de telecentros como herramientas de desarrollo? Para tal efecto se realizaron entrevistas a responsables de proyectos y programas asociados al tema de las TIC’s para el desarrollo y los telecentros en Ecuador, y particularmente en Quito, en instancias estatales, privadas, y de la sociedad civil. Los objetivos específicos son: • Analizar las políticas globales sobre la sociedad de la información como una alternativa para los países pobres. • Determinar las iniciativas regionales y experiencias de aplicación de las políticas globales de la sociedad de la información en América Latina. • Examinar la implementación de dichas políticas en el caso particular del Ecuador, a través del ejemplo de los telecentros comunitarios. • Contrastar las Políticas Globales, sus iniciativas regionales, y su implementación nacional (a través de la observación empírica) con sus potencialidades para fomentar el Desarrollo Humano en el Ecuador. A continuación, la exposición se dividirá de la siguiente manera: En el primer capítulo se abordará el tema de las políticas globales sobre la sociedad de la información, desde una perspectiva de constante contextualización de las mismas en América Latina y su proceso de desarrollo. Después se estudiará la configuración de agendas locales y se expondrá una serie de cuestionamientos a la teoría de la Sociedad de la Información como salida al desarrollo, desde una perspectiva que tome en cuenta algunos problemas estructurales de los países pobres. En el segundo capítulo, se presentarán algunos casos de aplicación de tecnologías de información y comunicación en América Latina, y particularmente se definirá conceptos fundamentales sobre telecentros comunitarios. Además, en base a lo estudiado, se discutirá el potencial y alcance de estas herramientas en América Latina. En el tercer capítulo, la investigación se concentrará en el contexto ecuatoriano. Se estudiará el proceso de desarrollo humano y TICs en el país, las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y acceso, los mecanismos de incidencia desde la sociedad civil relacionadas con TICs y desarrollo, y algunas implicaciones de la aplicación práctica de los telecentros comunitarios en las comunidades del país. A partir de esta información, se realizarán algunos cuestionamientos desde la perspectiva de los requerimientos de una estrategia integral de desarrollo para el Ecuador. Finalmente, en las conclusiones, se presentarán los puntos más relevantes que resulten de la investigación realizada y que constituirán, el aporte principal de la misma.

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La presente investigación constituye una aproximación a una problemática específica de la realidad social en el campo político: la institucionalización de la interculturalidad en el Ecuador. Dentro de este campo de estudio se profundizó científicamente, a fin de alcanzar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Los últimos procesos de reforma a la Carta Constitucional Ecuatoriana -en materia de interculturalidad- constituyen un espacio generador del diálogo o polílogo intercultural? El producto de esta aprehensión al objeto de investigación referido, pretende constituirse en un referente doctrinario válido, fundamentado sobre la base de una sustentación teórica y una aproximación sociológica, a la problemática.

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Esta tesis representa el intento de definir la nueva concepción y práctica de la comunicación popular alternativa en las instituciones del Ecuador, a partir del estudio y comprensión de las transformaciones que ésta ha experimentado en las últimas décadas, obedeciendo a nuevas demandas y comportamientos de los actores sociales que llevan a redefinir la comunicación popular. Para ello, se indaga sobre los determinantes tanto teóricos como históricos que propiciaron dicho cambio y, con el propósito de ilustrar mejor el estudio, se aborda con especial énfasis el caso del Centro de Educación Popular, CEDEP. El trabajo trata de reflejar de qué manera la comunicación popular fue recorriendo tres esquemas, cuya configuración obedece a fines de investigación, sin ser rígida y mucho menos la única; estos esquemas son: el del cambio social y modernización de los pueblos, el de dominación - subordinación, y el de las mediaciones sociales y culturales. Este recorrido obliga a preguntarnos qué es actualmente la comunicación popular y cómo se desarrollan las prácticas comunicativas en un contexto distinto a aquel en el cual nació, es decir en un nuevo contexto caracterizado por las crecientes urbanizaciones, la globalización de la cultura, la reorientación del modelo económico, irrupción de nuevas tecnologías, y sus consecuencias como la conformación de comunidades "desterritorializadas", la revitalización de los particularismos y la fragilidad de las monoidentidades.

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Esta investigación, realiza en primer lugar, un análisis histórico conceptual del paradigma neoconstitucional en América Latina y Ecuador, en aras de identificar las ideas que inspiran proyectos transnacionales de política jurídica. Luego, se estudian los actores y procesos que participaron del proceso constituyente en Montecristi, con el objetivo de evidenciar la agencia de intelectuales del derecho que influyeron en el diseño constitucional basado en el paradigma neoconstitucional ecuatoriano. Finalmente, a partir de lo anterior, y de desarrollos conceptuales que embeben del institucionalismo histórico ecuatoriano, se argumenta que el neoconstitucionalismo en Montecristi es una utopía desarmada, no sólo por los problemas inherentes a un lenguaje normativista y periférico, sino también, debido a las condiciones políticas y sociales de la polis que busca transformar.

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La prisión nace como sanción penal en el siglo XIX y ha sido vista como una alternativa a los castigos crueles e inhumanos que le precedieron. Nace en Francia y rápidamente se globaliza su utilización, al punto de ser la pena principal del derecho penal en todo el mundo moderno. Sin embargo, sus efectos en términos personales y sociales son notables: genera dolor y no resuelve conflicto alguno. A pesar de haberse medido el daño que produce, su uso es cada vez mayor en el mundo (punitivismo). Ante los efectos, dos alternativas se han experimentado. Una dentro del sistema penal, que es una alternativa conservadora y acaba reificando la cárcel. Otra alternativa, radical, que se encuentra en la justicia indígena. La investigación estudia los efectos de la justicia penal y la justicia indígena en los actores que las experimentaron en el caso La Cocha. Se ha entrevistado a la víctima y supuestos victimarios en un caso de muerte, y se ha analizado el acta y el expediente judicial. Comparando ambas justicias, se desprende que ninguna es perfecta y que la “menos mala” es la justicia indígena, porque, según los actores del conflicto, favorece la reparación, produce menos daños personales y comunitarios, es rápida y produce resultados.

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El medio es el mensaje. La conocida expresión de McLuhan cobra una nueva dimensión con la asimilación de revolucionarias tecnologías por los medios de comunicación colectiva y la consecuente transformación de contenidos, productores y consumidores globales. La comunicación multimedia no volverá a difundir el mensaje de la época Gutermberg. El proceso de globalización, desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), debilitamiento del Estado nacional-liberal y surgimiento de transnacionales de la comunicación determinan la refuncionalización de los massmedia y sus nexos con el movimiento social. El carácter de industria de la información y comunicación viabiliza la integración de los medios al conjunto de sujetos globales en expansión, como miembros de pleno derecho. La actoría económica, social y política de los grandes grupos multimedia es aceptada como parte de la lógica globalizadora. Estructuras en retroceso como Estados nacionales, clases sociales, partidos políticos y gremios que a ellos corresponden, en cambio, reclaman por la incursión de los mass-media en campos que los suponen privativos y exigen de ellos volver a su función liberal. Por su parte, sectores sociales de renovada visibilidad y protagonismo político encuentran en los escenarios de la comunicación un lugar de lucha por la significación de mensajes y sus posibles lecturas. Vivimos la batalla por el control de la información. Perdida de antemano, desde el subdesarrollo, en cuanto a la capacidad de difusión; no así, respecto de contenidos y significación. El cambio mediático no se reduce a la incorporación de tecnologías; la comunicación de masas contemporánea designa otro sensorium, modos de percibir, conocer, organizar el espacio público y privado, relacionarse con el tiempo. En este universo cambiante, los medios adquieren una polifuncionalidad propia de la transición que atraviesa al conjunto social y de la cual ellos igualmente son objeto. Su rol varía en relación con el carácter de actores sociales diversos, diferencia que se reproduce en los intereses de esa actoría, sus discursos y vinculación con la producción y difusión mediáticas. Simultáneamente, esa polivalencia también ha contribuido a opacar funciones, reproducir antiguos prejuicios y concebir renovadas ilusiones respecto de la comunicación y su potencial a inicios del siglo XXI.

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La prisión nace como sanción penal en el siglo XIX y ha sido vista como una alternativa a los castigos crueles e inhumanos que le precedieron. Nace en Francia y rápidamente se globaliza su utilización, al punto de ser la pena principal del derecho penal en todo el mundo moderno. Sin embargo, sus efectos en términos personales y sociales son notables: genera dolor y no resuelve conflicto alguno. A pesar de haberse medido el daño que produce, su uso es cada vez mayor en el mundo (punitivismo). Ante los efectos, dos alternativas se han experimentado. Una dentro del sistema penal, que es una alternativa conservadora y acaba reificando la cárcel. Otra alternativa, radical, que se encuentra en la justicia indígena. La investigación estudia los efectos de la justicia penal y la justicia indígena en los actores que las experimentaron en el caso La Cocha. Se ha entrevistado a la víctima y supuestos victimarios en un caso de muerte, y se ha analizado el acta y el expediente judicial. Comparando ambas justicias, se desprende que ninguna es perfecta y que la “menos mala” es la justicia indígena, porque, según los actores del conflicto, favorece la reparación, produce menos daños personales y comunitarios, es rápida y produce resultados.

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Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950. El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado. Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno desdeñable.

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La ley de restitución de tierras en Colombia ha sido una de las políticas más importantes para tratar el tema de la reparación efectiva a las víctimas del conflicto armado en el país. Por esto es importante analizar sus resultados en una región como Tumaco en donde la complejidad de su contexto permite evidenciar los alcances de dicha política en relación con la problemática del despojo forzado de sus habitantes. De acuerdo con lo anterior, se realizó trabajo de campo en la zona del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, un lugar que ha tenido que lidiar con el fenómeno del paramilitarismo, los grupos insurgentes, la entrada de las multinacionales, entre otros, que han promovido el despojo y el desplazamiento forzado de sus comunidades. En conclusión, con esta investigación se exponen las implicaciones que tiene la política de restitución de tierras en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera ubicado en Tumaco, además de los alcances y dificultades que ha tenido en dicha región.

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La presente investigación se enmarcó dentro del estudio científico del campo de la Administración Pública. La atención recayó sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador y la participación ciudadana dentro de sus procesos de toma de decisión en la elaboración, y posterior implementación, de políticas públicas para combatir diferentes posibilidades de desastre. Para el efecto de este estudio, el objetivo fue iluminar y explicar las falencias e incoherencias dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador a través del uso de los conceptos aplicables al espacio de la Administración Pública. De hecho, se partió de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, especialmente de su componente político de la ‘ciudadanía deliberativa’, y de los aportes investigativos en el campo de la gestión social de Fernando Tenório. Metodológicamente, se hizo uso del análisis del discurso para poder evidenciar y comprender cómo se define y ejerce el rol ciudadano dentro de este sistema, así como la importancia que la misma tiene en un sector en dónde la ciudadanía entra en relación con los representantes del componente científico-técnico y del político en la estructuración de planes comunitarios de acción contra el riesgo. Como resultado, puede evidenciarse que se dio un proceso de ordenamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la introducción de ciertos principios operativos a partir de 2007: la descentralización operativa y decisional, la incorporación social de una cultura de prevención de riesgos, y la centralidad de la participación ciudadana. Pero, el reconocimiento formal de estos principios no aparece como condición suficiente para un ejercicio real de participación ciudadana por la conjunción con ciertos factores que influencian de manera negativa en el funcionamiento del sistema: por ejemplo, la falta de delimitación de competencias claras entre los diferentes actores y la escasez de recursos de diferente tipo. Por último, cabe recalcar la importancia de este tipo de estudios sobre los diversos sistemas de Administración Pública en el país, pues es de vital importancia para comprender las condicionantes que limitan, así como las potencialidades, de los procesos políticos en Ecuador.