11 resultados para Abuso de poder econômico, Brasil

em Andina Digital - Repositorio UASB-Digital - Universidade Andina Simón Bolívar


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La presente tesis analiza las principales estrategias de comunicación y movilización social a nivel nacional e internacional desarrolladas por la Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía del Ecuador, FDA, en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por la empresa petrolera estadounidense Texaco, actualmente Chevron. La explotación petrolera, iniciada en Ecuador en 1967, se produce en el marco de la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado “desarrollo”, que ahora es cuestionado desde varios sectores. Esta actividad ha causado enormes impactos sociales y ambientales en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Para enfrentar situaciones como éstas, un grupo de pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana, en representación de 30.000 indígenas y campesinos migrantes, demandó a la petrolera Chevron, antes Texaco, para exigir la limpieza, reparación y restauración de los daños causados durante el período de explotación petrolera desde 1964 hasta 1990. Los pobladores, que forman parte de la Asamblea de Afectados por Texaco y del Frente de Defensa de la Amazonía, han utilizado diversas estrategias de comunicación en su enfrentamiento a la poderosa transnacional Chevron, la segunda empresa más grande de petróleo en los Estados Unidos. También se han relacionado con el movimiento ecologista a nivel nacional e internacional, logrando la solidaridad y la movilización social en los países del Norte, especialmente en Estados Unidos. La lucha y la persistencia de los y las indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana sin duda constituyen un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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La presente investigación sobre el estado actual de las frecuencias de radio, concedidas en el período enero de 2003 al 30 de mayo de 2005, en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, me permitió acudir al informe de la contraloría General del Estado aprobado el 6 de noviembre de 2007 y a las Resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL. En base a las concesiones en ese ciclo, debía conocer como se encuentran en la actualidad las mismas si se hallan en operación o no por lo que fue necesario investigar en el archivo de la Secretaría General del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL, e investigar todas las resoluciones realizadas en varios sesiones del directorio de la mencionada institución, durante el período requerido. Se ha otorgado frecuencias sin considerar el aspecto técnico y jurídico, se puede apreciar que se dio apertura al poder económico y político, es decir a las personas que poseían frecuencias, en esta oportunidad se les apoyó para la creación de repetidoras en varias provincias de la costa, sierra y oriente con las matrices en las capitales de provincias. Se pudo observar también el apoyo de CONARTEL a conocidos políticos del partido Social Cristiano los mismos que luego se cambiaron al partido de gobierno es decir a Sociedad Patriótica y que ocuparon importantes lugares de trabajo en el régimen gutierrista. No podemos pasar por alto a los diputados de ese entonces, quienes también aprovecharon para obtener su frecuencia de radio. No se respetó la autonomía del CONARTEL, se violó la Ley de Radiodifusión y Televisión y no se cumplió con la Constitución de la República al otorgar varias frecuencias de radio a favor de pocos concesionarios sin cumplir los debidos requerimientos. El tiempo pasó y llegó el Gobierno de Rafael Correa, quien se dedicó a reestructurar toda la Institución Pública, incluido el CONARTEL, con el fin de fiscalizar y descubrir varias irregularidades cometidas en el anterior gobierno, especialmente en lo referente a la concesión de frecuencias.

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La educación en nuestro país, después de largos años de deterioro, se encuentra atravesando por una etapa de cambios, entre los que se encuentra el proceso de renovación de las autoridades educativas, proceso que fuera establecido en el Decreto Ejecutivo No. 708 de 5 de noviembre de 2007, mediante el cual se efectúan reformas al Reglamento a la Ley de Carrera Docente, disponiéndose que en aplicación del principio constitucional de la alternabilidad, el período de permanencia en los cargos directivos de establecimientos educativos públicos, será de 4 años, pudiendo ser reelegidos por un período más. En la normativa anterior nada se decía al respecto, razón por la cual quienes se encontraban en ese momento desempeñando las funciones de rector, vicerrector, inspector general, directores de escuelas, interpusieron los recursos de los que se creían asistidos, para defender sus derechos supuestamente conculcados, como por ejemplo su derecho a la estabilidad. Esto ha motivado mi interés por desarrollar el presente tema de investigación, y en su proceso pretendo establecer las ventajas y desventajas de dichas reformas. A mi juicio la alternabilidad debe darse y aplicarse no solo para los cargos directivos de establecimientos educativos sino en todas las áreas del sector público, para evitar el abuso de poder y renovar el liderazgo, dando relevancia al surgimiento y oportunidad de nuevos profesionales, cuatro años son suficientes para que un profesional demuestre su capacidad.

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El artículo identifica sintéticamente, primero, las relaciones de poder económico y político a nivel nacional que históricamente han obstaculizado el desarrollo rural en América Latina, segundo, la importancia del desarrollo rural en relación con la persistencia de desigualdades sociales –enraizadas en el campo– que explican la falta de, o los problemas fundamentales del desarrollo nacional, tercero, algunas dimensiones internacionales de los conflictos rurales contemporáneos, y finalmente, unas sugerencias generales para la formulación de políticas alternativas a la aplicación dogmática de las recetas neoliberales.

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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fría y el auge de la globalización, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo político y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus áreas de influencia y lograr una mayor supremacía política y un mayor poder económico. Frente a esta dinámica de atracción la respuesta de los cinco países andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera más beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integración surge como la "opción estratégica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que a través de la Comunidad Andina decidieron establecer vínculos externos fuertes para adquirir mayor autonomía interna y compensar la relación dependiente con la potencia del norte. El nuevo ímpetu de la integración fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunión presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorporó jurídicamente la dimensión política de la integración, mediante el establecimiento de dos órganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la política de laintegración andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Política Exterior Común. El fundamento de la Política Exterior Común sería dotar de sentido a la integración, que superando el ámbito económico y comercial, identificará una agenda propia como "base para la definición de una estrategia comunitaria que permita la proyección de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentación de la Política Exterior Común fue recogida por la Decisión 458, que estableció sus lineamientos a partir de la identificación de acciones concretas de cooperación entre los países miembros que permitan definir una acción concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupción, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en la Subregión andina". Desde entonces la Secretaría General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integración política, que hasta entonces se había mantenido a la zaga de la integración económica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en términos de declaraciones, éstos serán alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafíos a las políticas nacionales de cada una de las partes y la adopción de una estrategia en la que converjan factores económicos, políticos y sociales. La Política Exterior Común Andina debería constituirse en el instrumento esencial de la integración que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusión social; las asimetrías en las estrategias nacionales; y las divergencias en la inserción internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Política Exterior Común Andina como elemento dinamizador de la integración en la Subregión y sus perspectivas en la evolución del sistema internacional.

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El acelerado progreso de la tecnología ha irrumpido en los esquemas convencionales de los medios de comunicación, transformándolos en mercancía, envueltos en imágenes cada vez más impactantes, subjetivas y fascinantes que nublan el entendimiento de los consumidores. La mediática y los valores cívicos de los periodistas parecen contraponerse al momento de escribir una historia, tipo drama, que encuadra dentro de los cánones de la subjetividad y del escándalo. Este ritmo vertiginoso, superfluo y superabundante está atrapado en las redes del poder económico-político y, muchas veces, en las marañas invisibles de las mentes aturdidas, por esos mismos mensajes, de quienes fabrican las noticias. Este trabajo investigativo constituye la punta del ovillo que debe ser desenrrollado algún día, en algún momento, en algún espacio de este mundo.

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En esta tesis titulada: “El fenómeno televisivo en el Ecuador Caso: Ecuavisa - TC Televisión”, se trata de explicar, en cierto modo, el impacto social que ha producido a inicios del nuevo siglo este medio de comunicación que ha transformado el tiempo y el espacio de los televidentes. En las últimas tres décadas hemos asistido a una explosión de la comunicación, encabezada por la televisión no solo en el Ecuador sino en el mundo entero, es por ello que, dentro de cada país los medios masivos ganan mayor presencia, de ahí que ya no sean considerados el cuarto poder del Estado, sino que forman parte del primero, del Poder. Para el desarrollo de esta investigación se ha analizado la estructura de propiedad de dos empresas informativas: Ecuavisa y TC Televisión, medios con considerable capacidad de persuasión en el ámbito nacional. Además, estas cadenas permanecen relacionadas a reconocidos grupos de poder económico, el primero de ellos a la familia Alvarado Roca, propietarios de Editores Nacionales y por ende, han influenciado ideológicamente por más de cuatro décadas en nuestra población a través de sus medios escritos y audiovisuales; en lo que respecta a TC Televisión, esta estación es propiedad del Grupo Isaías, exitosos empresarios de origen libanés, que están vinculados con diversos sectores productivos y por tanto, manejan una de las más grandes fortunas del Ecuador. En las líneas que se presentan a continuación se reflexionará sobre la organización de estas televisoras, a partir de lo cual, se aspira a crear un espacio de debate sobre la articulación existente a nivel político-económico y los mass media, lo que nos facilitará una mejor comprensión de como el poder mediático, en gran medida es controlado por dichos grupos, así estaremos en capacidad de cuestionarnos: ¿por qué cada medio dice de una manera o silencia por conveniencia determinada noticia? De esta forma podremos enfrentar a los “sutiles mantos informativos” a los que estamos expuestos, al desconocer que no todas las empresas periodísticas trabajan independientemente de los intereses de sus propietarios.

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Esta tesis ha intentado describir cómo se construyen y estructuran los discursos mediáticos sobre la política. Ha buscado evidenciar la forma en que los medios moldean el discurso político, usando para ello el poder económico y social, pero sobre todo el simbólico con el que cuentan. Se ha tomado como estudio de caso al diario El Comercio del Perú durante la última campaña electoral realizada en el año 2011, en razón de que este medio lidera el más poderoso conglomerado mediático de ese país. En esta investigación se hace un análisis interpretativo de los titulares y los artículos editoriales en la perspectiva del análisis crítico e histórico del discurso, lo cual permite visibilizar cómo a través de prácticas discursivas opera el poder mediático.

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Al conmemorarse sesenta y cuatro años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en 1948, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos hace un llamado a construir un siglo XXI comprometido en materializar los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. De nada sirve el reconocimiento de un derecho, si no existen las condiciones suficientes para ser exigido su respeto, ejercicio o reparación en caso de violación. Con este motivo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos elaboró un informe que describe los principales atropellos a los derechos humanos registrados durante 2012. La problemática y las denuncias que aborda este informe, llegaron a través de las personas afectadas; sus familiares o conocidos que acuden al área jurídica y presentan sus casos, narrando las circunstancias en las cuales sus derechos fueron vulnerados y el dolor que sintieron cuando su dignidad fue lesionada, a causa del abuso de poder. Otra de las fuentes que se consideró para el informe fue la información vertida por los medios de comunicación en lo que a violaciones a los derechos humanos se refiere. Durante 2012, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recibió denuncias por violaciones del derecho a la vida e integridad personal; derechos de las personas privadas de libertad, derecho a la justicia, derecho a acceder a la información, derecho a la libertad de opinión y de expresión que se detallan a continuación.

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Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.

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Los cambios en la geopolítica internacional influencia en la realidad de los actores que forman parte de este escenario. A la vez, para comprender en conjunto de este cambio geopolítico se han creado nuevos conceptos que explican las relaciones de poder y entre actores, dando como resultado el entendimiento de políticas exteriores de los países considerados como potencias. La definición de poder blando dada por Joseph Nye en 1990 se convierte en un término popular entre los políticos de diferentes países. Esta definición se vuelve popular debido al cambio de poder y la nueva era que se crea a partir del cuestionamiento al modelo económico actual. La posibilidad de vincular la cultura, valores y diplomacia a esta nueva era de poder ha hecho que surjan nuevas potencias, como los países pertenecientes al BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Las relaciones de China con los países en desarrollo lo han hecho un actor fundamental en este contexto internacional. La cultura de este país, así como la historia del mismo, han hecho que se genere una nueva teoría de poder blando, basado en términos propios de la cultura china. Sin embargo, la poca concordancia entre lo manifestado a nivel exterior y las políticas internas, también han generado teorías a favor del desarrollo de la misma.