111 resultados para DEUDA GUBERNAMENTAL


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El propósito del presente trabajo es explicar como se ha realizado el proceso de descentralización de la prestación del servicio público de salud en el Ecuador y realizar un estudio de las diferentes tendencias normativas que la regularon, además de conocer el porqué se considera a la salud como servicio público; determinar si ha existido un proceso de descentralización de esta prestación en el Ecuador a través de referenciar y analizar las experiencias que han existido en el país; establecer si las normativas jurídicas existentes, han sido aplicadas y si la normativa jurídica vigente, facilita la descentralización en la prestación del servicio de salud en el Ecuador. En el primer capítulo denominado “La Salud como Servicio Público”, se realizará un acercamiento teórico al servicio público, y los diversos conceptos del mismo, veremos sus características y clasificación. Seguidamente, abordaremos el tema de la salud como servicio público, el la relación del Estado y con la Salud, y el rol del Estado en la Salud; en el segundo capítulo, “La Descentralización como mecanismo para la prestación de los servicios de salud”, abordaremos temas como, las principales formas de prestación de los servicios públicos de salud, entre las cuales constan la Centralización, Descentralización, Desconcentración y Delegación. Trataremos el tema de la Descentralización de la salud como política de Estado, y evidenciaremos algunas experiencias desarrolladas en el país, sobre este tema; en el tercer capítulo, de “Marco legal de la Descentralización de la Salud”, realizaremos un análisis legal de la descentralización de los servicios de salud en el Ecuador, y también veremos como esta prestación, se realiza bajo la normativa vigente; el cuarto capítulo referente a políticas públicas.

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El presente artículo presenta un análisis del régimen vigente en materia de la inversión privada extranjera, partiendo de las disposiciones pertinentes incorporadas en el código orgánico de la Producción, comercio e Inversiones (dic. 2010), cotejando las mismas frente a los preceptos establecidos por la constitución de la República del Ecuador relativos al sistema económico y otros ámbitos pertinentes. La evaluación se complementa contrastando las disposiciones legales de reciente vigencia, a los criterios de consistencia de los correspondientes lineamientos del esquema de planificación gubernamental y a varios principios del sistema de reglas internacionales sobre la inversión. Se aportan, finalmente, conclusiones sobre probables líneas de ajuste normativo futuras, resultantes de dicho proceso de comparación analítica.

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Este trabajo propone una perspectiva del principio de separación de poderes con base en la relación objetiva que surge del control financiero ex post a cargo del Legislativo, sin excluir la relación subjetiva entre los poderes públicos y de estos con las instituciones encargadas de ese control, conocidas como entidades fiscalizadoras superiores. El análisis parte del diseño que las constituciones políticas establecen para esos órganos fiscalizadores, utilizando el caso de México y comparándolo con otros nueve países.

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Analiza la situación del derecho a la alimentación expresada en una Ley de Desarrollo Agrario contradictoria con la Constitución en materia de soberanía alimentaria; en la orientación de la inversión gubernamental en agricultura a grandes y medianos productores en detrimento de la familia campesina; en la ausencia de garantías de participación de las organizaciones sociales en la aprobación de leyes. Plantea garantizar el derecho de la población a ejercer control efectivo e incidencia en las leyes relacionadas con el derecho a la alimentación, cesar la criminalización de la protesta social e implementar una política de reforma agraria integral.

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A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce una vinculación más estrecha entre ciencia, tecnología y economía, lo que da origen a la política científica, en torno a la cual surgieron posturas contrapuestas que colocaron en el centro del debate la relación entre el conocimiento y la producción. Bajo esta premisa, las actividades e instituciones relacionadas al conocimiento en Ecuador fueron influenciadas por las corrientes mundiales. El gobierno actual promueve junto con un cambio de paradigma: del “Desarrollo” al “Buen Vivir”, un cambio en el modelo de inserción primario exportador del país que apuesta a la transformación de la estructura productiva del país. En este esquema, la ciencia y la tecnología son elementos claves para la reconversión productiva que ayudarán a consolidar la sociedad del conocimiento. El propósito del presente estudio es mostrar los cambios en las políticas e instituciones públicas que dan forma al nuevo paradigma basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología y conocer cómo generan las alternativas que reemplazan la lógica extractivista, agroexportadora y petrolera. Con este propósito, se repasan las actividades emprendidas por la SENESCYT, entidad gubernamental que lidera el cambio de matriz productiva y ejerce la rectoría de la investigación científica en el país. Dada la importancia acordada por el gobierno a los institutos públicos de investigación, se toma como objeto de análisis al INIAP para mostrar en la práctica la forma en que ha operado el cambio de paradigma en el campo de la investigación agropecuaria y las articulaciones de la investigación agrícola pública con la transformación de la matriz productiva.

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El objetivo del documento es analizar el concepto y estrategias oficiales del Buen Vivir a través del filtro de las principales definiciones de ideología (de Marx y Engels, Lenin, Lukács, Gramsci Manheim, Freud, Marcuse, Althusser, Lacan y Žižek) con el fin de contrastar el discurso del Buen Vivir (recogido en la Constitución de la República de 2008, los Planes Nacionales para el Buen Vivir 2009-13 y 2013-17, y en la publicística y discursos oficiales mantenidos sobre el tema por parte de las máximas autoridades políticas del Ecuador) con la orientación y resultados de las políticas públicas diseñadas e implementadas supuestamente para alcanzarlo. El trabajo contiene dos hipótesis. La principal es que el concepto de Buen Vivir, a la vez que recupera un conjunto de principios y aspiraciones propios de la tradición multicultural del Ecuador, incorpora una buena parte de las definiciones de ideología (como falsa conciencia, programa movilizador, utopía-ilusión-fantasía, discurso hegemónico) y, por tanto, asume un significado ideológico análogo al que los defensores del Buen Vivir achacan al desarrollo económico. La segunda hipótesis, subordinada a la anterior, es que el concepto de Buen Vivir, en su dimensión ideológica plural, es funcional a un modelo económico primario exportador (antitético a los principios del Buen Vivir) y se ha utilizado para consolidar el apoyo a la verdadera utopía desarrollista y modernizadora de los gobiernos de Rafael Correa: un proceso de desarrollo basado en la staple theory, que debe culminar en una diversificación de la estructura productiva del país por ahora inédita.

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La historia del Cabildo es la historia de la ciudad, pues a través de su accionar cotidiano se define la vida de la urbe y de su gente. Históricamente esta instancia capitular ha tenido amplios poderes jurisdiccionales. Sus miembros, por lo general, han sido una minoría selecta y rectora de tales decisiones, llegando la misma a configurarse en una élite con gran poder y prestigio local; y manteniendo relaciones de parentesco entre algunos de sus integrantes. La presente tesis investiga cómo estuvo configurado –social y políticamente- el cabildo quiteño entre 1895 y 1906, escrutando las actas capitulares de dicho período y analizando los procesos eleccionarios municipales que llevaron a ciertos ciudadanos al seno de dicho organismo; en concordancia con lo establecido en el marco jurídico de la época. Ello nos conduce a develar las principales ‘redes familiares’ que se crearon dentro del cabildo de Quito y lo controlaron durante esos años, intentando permanecer en él para defender sus espacios de poder individual y de clase. A ello se suma el análisis de una serie de tensiones políticas entre el poder local y el poder central, que reflejan, por un lado, la lucha de aquellas élites capitulares por defender su espacio de influencia política y social, corroborando el hecho de que ciertamente aspiraban precautelar sus intereses. Por otro lado se patentiza el afán gubernamental de controlar de manera directa o indirecta la instancia municipal, a través de diversas injerencias o atropellos a su autonomía, en la necesidad última de restarle competencias y poder político al Cabildo.

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Para resolver los conflictos, inevitables en nuestra sociedad, además de la justicia ordinaria, congestionada y desprestigiada, las partes pueden acudir a procedimientos alternativos, autocompositivos o heterocompositivos, mediante la suscripción de un acuerdo de naturaleza contractual y jurisdiccional, que implica separar el caso del posible conocimiento y resolución por parte de los jueces comunes. Su empleo en materia de contratación pública se encuentra consagrado en el derecho positivo ecuatoriano, en normas constitucionales y legales, pero su aplicación concreta está restringida por aspectos jurídicos tales como su voluntariedad, la naturaleza transigible de los temas que se pueden someter a su resolución, las formalidades previas, como la autorización de la Procuraduría General del Estado y aún de política pública, como la disposición del señor Presidente Constitucional de la República de que en los contratos que suscriban las administraciones públicas dependientes, se sometan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios y no a la de los tribunales arbitrales. El presente trabajo procura sentar las bases conceptuales y el marco teórico del tema y el estado de la cuestión, que me permitieron identificar algunas vicisitudes del arbitraje en el país, para, sobre esta base, distinguir las materias transigibles de las que no lo son, analizar si las prerrogativas son arbitrables, y concluir si los casos que quedan, después de restar los que no pueden someterse al arbitraje, son minoritarios, para demostrar de esta manera el carácter excepcional del arbitraje nacional en materia de contratación pública en el Ecuador.

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La doctrina militar latinoamericana ha provisto a los institutos armados de la región de concepciones que justifican la intervención en el sistema democrático cuando la patria está en peligro. Ante las ineficiencias del sistema político y las profundas tensiones sociales bajo las que vivía Venezuela y Ecuador en 1992 y 2000, facciones de la institución armada intervinieron para imponer como solución la total reforma del sistema político. A pesar de lo fugaz de estos movimientos, sus líderes se posicionaron en el imaginario popular como una suerte de héroes de la nueva independencia. Utilizando un discurso antipolítico, Hugo Chávez alcanzó la presidencia venezolana en 1998, y retomando los mismos elementos discursivos Lucio Gutiérrez logró también la presidencia ecuatoriana en 2003. No obstante, las distancias entre los dos presidentes tienen un origen ideológico, que se vuelve más evidente en la dirección gubernamental de cada uno. Un elemento que en el fondo acerca las posiciones de los dos presidentes es la preservación de la estabilidad de su mandato, aunque la forma de lograrlo es diametralmente opuesta, pues mientras en Venezuela se intenta relegar a la vieja clase política, en Ecuador la estrategia utilizada es aliarse con esa clase. Al final, los partidos dirigidos por estos coroneles ingresaron al sistema político generando grandes expectativas cuyo cumplimiento puede señalar la fundación del nuevo Estado, mientras que su falla al hacerlo significará un paso deslucido por la presidencia.

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Los estudios sobre mass-media tienden a suponer que un medio de comunicación estatal es o debe ser, por su determinación de propiedad, un medio público y, bajo esta segunda denominación, acumulan características que parten de distintas definiciones de lo público y también de diferentes conceptos de Estado. Este ensayo explora cuatro elementos distintos en la forma como los medios de comunicación de propiedad estatal se articulan a los procesos de control ideológico que posibilitan la reproducción de las relaciones de poder y que suponen formas específicas de concebir al Estado y a lo público: medios con administración gubernamental, servicio o bienes públicos, espacios de participación ciudadana, productos de la globalización. Se concluye en que la construcción de lo público no tiene vínculo directo con la propiedad del medio. La determinación no está en la discrepancia entre lo privado y lo público, como tampoco debe buscársela entre lo privado y lo estatal, sino en la naturaleza de clase que conduce al Estado y sus formas de reproducción ideológica.

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En Ecuador la población total es de 15.430.577 habitantes y los pueblos indígenas representan alrededor de 1 millón 100 mil habitantes. El 78,5% habita en el área rural. La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. De igual manera, Ecuador se constituyó en el primer país en el mundo en reconocer derechos a la naturaleza en su Carta Magna e incorporar en su texto central principios ancestrales como el “Sumak Kawsay” (Vida límpida y en armonía).

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¿Cómo entender desde nuestra visión adulta el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes para formular una política pública? ¿Es la infancia un actor social, participante y productor de su propia realidad? ¿Los niños y niñas son ciudadanos sujetos de derechos en el marco de la política pública? ¿Es la edad un factor que requiera integrarse al paradigma normativo de la igualdad? ¿Cuál es el balance de la política pública de reparación en Colombia y qué lecciones nos puede ofrecer a este respecto? La incorporación de un enfoque diferencial en el marco de las políticas públicas se ha convertido en un desafío que pone en evidencia la tensión existente entre la igualdad teórica y la igualdad práctica. La garantía al derecho a la reparación integral para los niños, niñas y adolescentes requiere de medidas expresadas tanto en determinaciones legales explícitas como en planes, proyectos y acciones dirigidos a transformar imaginarios culturales que están fuertemente enraizados en la institucionalidad y la sociedad. El libro está dirigido especialmente a los decisores y funcionarios encargados de formular, ejecutar o evaluar políticas públicas de reparación. Brinda reflexiones y recomendaciones para permitir que la voz de los menores de edad sea escuchada y, con ello, contribuir a superar el predominio de la visión «adultocéntrica» en la política pública.

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La cooperación descentralizada es una modalidad de asistencia internacional que surge a partir de las nuevas necesidades y actores que aparecen en el mundo internacional. El presente trabajo estudiará la evolución de la misma, su realidad en Ecuador y las perspectivas para su desarrollo. El documento contiene tres partes importantes. En primer lugar se describen los antecedentes y la problemática de la cooperación descentralizada. Inmediatamente, se exponen algunos los conceptos y teorías que respaldan a la cooperación. Además, se detallan aspectos históricos que observan los cambios más importantes en los últimos años. En el segundo capítulo, se concentra la atención en el caso ecuatoriano. Allí, se estudia el avance de la institucionalidad del sector y el proceso de descentralización. Se detalla y se hacen aportes a la reciente entrega de la competencia a los gobiernos autónomos descentralizados. Por último y a manera de recomendaciones y conclusiones se detallan los aspectos más importantes y, a criterio de la autora, definitorios para el éxito de la modalidad descentralizada de la cooperación en el Ecuador.

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La crisis financiera del 2008 provocó la pérdida de riqueza y el derrumbe de los mercados bursátiles y de la economía real, traducida en desempleo, reducción de la productividad, recesión profunda, e incertidumbre en los mercados financieros. En el marco de la crisis de deuda soberana europea, es cuestionable también el grado de certeza de los CDS (Credit Default Swap) como garantía para los inversionistas, considerando las negociaciones existentes entre emisores y bancos europeos para evitar el default de estos instrumentos y por tanto, evitar la indemnización a los inversionistas en su calidad de acreedores. Remontándonos, la crisis financiera internacional del año 2008 tuvo como uno de sus orígenes a las hipotecas denominadas como “subprime”. Estas hipotecas fueron “empaquetadas” junto a otras de alta calificación, en grupos de hipotecas para ser titularizadas y colocadas en el mercado bursátil, mediante instrumentos denominados CDO (Collateralized Debt Obligations), y a aseguradas en algunos casos, través de los CDS (Credit Default Swap), siendo principalmente estos últimos instrumentos financieros, blanco de las críticas y señalados como uno de los culpables de la crisis financiera internacional. Bajo estas consideraciones, se pretende en esta investigación, analizar específicamente los CDS (Credit Default Swap), para determinar su naturaleza jurídica como verdaderos seguros contra cesación de pagos, o como permutas de incumplimiento crediticio. Comprender su estructuración legal como instrumento de garantía para los inversionistas institucionales o particulares, considerando el acontecimiento de la quita de los bonos griegos, la crisis de deuda soberana europea y el default de la deuda argentina, así como las consideraciones del ISDA (International Swaps and Derivatives Association) en estos puntos; su marco legal, su contribución en la reducción del riesgo, su papel especulativo y su incidencia real en la crisis financiera del año 2008.