67 resultados para COYUNTURA ECONÓMICA


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La crisis económica mundial del año 2008 y 2009 tuvieron sus consecuencias dentro de la economía ecuatoriana, principalmente al ser una economía dolarizada y porque dependemos fuertemente del precio del petróleo, ya que la exportación de dicho bien es la principal fuente de divisas para el país. En dicho período se vivió caídas importantes en el precio de dicho commodity, lo cual derivó en una contracción de las captaciones del sistema financiero, razón por la cual las entidades tuvieron que precautelar su posición para no verse afectado por la coyuntura de aquella época. Considerando que en la actualidad hay varios modelos de valoración del riesgo, se optó por probar en una entidad local una adaptación del modelo “Suficiencia de Capital y Riesgo de Crédito” llamado comúnmente Cyrce de autoría del mexicano Javier Márquez Diez-Canedo a la coyuntura de la liquidez de dicha entidad, por lo que se adaptaron los requerimientos de cálculo de acuerdo a la cuantificación del riesgo de liquidez. Los resultados obtenidos servirán para evaluarel nivel de cobertura de liquidez necesario y se pondrá en consideración algunas prácticas que le van a permitir a la institución delimitar su apetito al riesgo y como este debe ser gestionado ante eventos que sugieran la aplicación de un plan de contingencia de liquidez.

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La historia política de Bolivia en los últimos años se define por la participación de las organizaciones campesinas e indígenas que fueron articulando un proyecto político para llegar al poder y transformar el Estado; para ello conformaron el instrumento político Movimiento al Socialismo (MAS), que hoy es la primera fuerza política del país, y tiene como líder al presidente Evo Morales, conductor del proceso político “revolución democrática cultural”. Esta coyuntura implica la participación del MAS en dos ámbitos: desde la participación de las organizaciones campesinas e indígenas en diferentes movilizaciones, y desde el ejercicio del poder donde el MAS, al ser gobierno, tiene las condiciones políticas para profundizar los cambios hacia un Estado plurinacional.

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Colombian foreign policy has gone through important transformations in its formulation and implementation. Through a Neoclassical Realist (NCR) analysis, this article discusses the domestic and systemic factors that have influenced the Foreign Policy Executive (FPE) in Colombia. It makes a historical journey through different presidential terms, ranging from the loss of Panama in 1903, to the adverse decision of the International Court of Justice (ICJ) in 2012, which stripped Bogotá of a significant portion of its Caribbean Sea. This analysis reveals problems in the formulation of Colombian foreign policy due to a weak foreign service, a complex relationship with the United States and the country’s internal conflict; it is argued that if these factors were to be reduced or disappear, a new form of foreign policy in the country would be facilitated in the twenty-first century.

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The ten years since the Olivos Protocol entered into force represent a milestone in Mercosur’s dispute-resolution system. In this sense, this paper aims to analyze the antecedents of the present system (Annex III of Asuncion Treaty and Brasilia Protocol), and evaluate the present conflict-resolution mechanisms, with special reference to the innovations introduced in this respect and disputes resolved under the Olivos Protocol. Finally, the article analyzes some of the possible paths that the dispute-resolution system might take in the future.

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Los ecosistemas forestales cumplen un importante rol en la supervivencia de la especie humana, en la satisfacción de sus necesidades básicas y en el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, pese a sus grandes bondades, estos están siendo amenazados. Debido a ello, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha establecido tomar medidas urgentes para prevenir interferencias antropogénicas peligrosas, con énfasis en el cuidado de los bosques. Es así que se ha llevado a cabo una serie de programas y proyectos para su conservación. Sin embargo, se ha establecido también la necesidad de contar con herramientas apropiadas que permitan generar información sobre el verdadero estado de los recursos forestales y las necesidades de financiamiento para su protección. En ese sentido, la valoración económica ha logrado un gran avance conceptual, metodológico y político en el Marco de esta Convención. Es así que este trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar la importancia y el rol de la valoración económica de bienes y servicios ambientales en el contexto de las negociaciones de cambio climático; constituyendo un elemento clave a ser incorporado en las propuestas que el país fomenta ante dicha Convención. Esta investigación contempla un estudio de caso práctico: Valoración Económica de Servicios Ambientales de Fijación de Carbono en los Bosques de la Parroquia San Francisco de Borja, siendo esta parroquia, uno de los sitios que mayor deterioro ambiental presenta dentro de la zona de amortiguamiento norte de la Reserva de Biósfera Sumaco; el mismo que pudiese ser solucionado de cierta forma, si se lograse un desarrollo económico bien planificado. Dicho estudio pretende demostrar que la valoración económica es una herramienta útil para optimizar el manejo de información, que permita tomar decisiones en los procesos de negociaciones de cambio climático. Asimismo, se demuestra que la valoración económica coadyuvaría al fortalecimiento de la planificación local y regional; sirviendo como una guía que permita a los planificadores y decisores la toma de decisiones.

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Son múltiples las formas de imposición que están relacionadas con la actividad económica, materializada en hechos, actos, contratos y situaciones, constituyendo una fuente rica de ingresos para el erario fiscal; en lo local, la tendencia histórica ha sido gravar estas actividades que se realicen de manera permanente, con estas consideraciones se establece el impuesto de patente. En la época medieval, los señores feudales otorgaban una carta –patente- que consistía en una autorización al súbdito para ejercer determinadas actividades de comercio, industria u oficio. En el Ecuador en 1917 aparece la patente como la concesión o permiso para la venta de timbres postales y, será en la Ley de Régimen Municipal publicada en el Registro Oficial No. 680 de 31 de enero de 1966, que se instaura la obligación de obtener la patente para todos los comerciantes e industriales, mientras que en otros países del continente, se grava a la actividad económica con la patente de industria y comercio o el impuesto al activo. La Administración Tributaria Municipal, basa su clasificación económica para efecto de determinar el valor a satisfacer por patente para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme a todas las Actividades Económicas (CIIU), mientras que para sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad se establece en función del capital o patrimonio, entendido como la diferencia entre el activo y el pasivo. Este impuesto aglutina dos situaciones que se concatenan entre sí, por una parte hay el requerimiento de inscripción de la actividad económica en un catastro municipal, con lo que se obtiene el permiso para ejercer la actividad, y por otra se satisface un gravamen previo una declaración, con lo que se habilita la autorización. Por la actuación subjetiva en muchos casos y los parámetros de determinación presuntiva dispuestos por la Dirección Metropolitana Tributaria del DM de Quito, se han emitido títulos de crédito que han originado múltiples reclamos, en especial del ejercicio económico 2013, lo que demanda mejoras en el accionar de la gestión tributaria municipal, para lo cual emito recomendaciones y propongo un proyecto de ley que reforme y acopie en un solo sistema impositivo, impuestos fiscales y locales a las actividades económicas: renta, patente y 1.5 por mil a los activos totales.