165 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
La Ley Orgnica de Redistribucin de los Ingresos para el Gasto Social aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigacin. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobacin, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el anlisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un anlisis de la proteccin jurdicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitucin y los Acuerdos Internacionales, especficamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminacin de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situacin jurdica. El principio de igualdad, es en nuestra constitucin, un principio de aplicacin de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes pblicos contra la discriminacin y un imperativo de su actuacin para el legislativo. El trabajo incluye una visin del sistema econmico poltico y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un anlisis de las finanzas pblicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economa, as como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economa y el marco de regulacin y control al que est sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economa para el 2014, advirtindose las seales que inquietan al inversionista y los riesgos sistmicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atencin especial. Se realiza un breve anlisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobacin del Cdigo Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economa, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigacin.
Resumo:
La presente proyecto de investigacin busca hacer un anlisis de casos que han generado debate en dos pases de la regin y que pone en evidencia la postura asumida desde el Estado, frente a resoluciones determinadas por organismos internacionales de carcter regional en el campo de los derechos humanos. En ese sentido, se busca hacer un anlisis comparativo entre la poltica multilateral de Colombia y Ecuador ante los planteamientos realizados por la CIDH en materia de derechos humanos. La investigacin busca comprender la poltica exterior actual de los dos pases y determinar las principales acciones tomadas durante los ltimos meses, a fin de poder visualizar el camino a establecerse para el futuro. La investigacin abordar como tema central el campo de los derechos humanos y la relacin entre el Estado y organismos internacionales.
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El 11 de septiembre redefini los desafos para la comunidad internacional: terrorismo, armas de destruccin masiva y Estados fracasados. Los organismos internacionales y los pases desarrollados han centrado su atencin en la prevencin del colapso total de los Estados fracasados a fin de frenar el brote de actores no estatales hostiles, a travs de la asistencia internacional. En este marco se crea el Plan Colombia, para asistir al pas con el segundo ndice ms alto de asesinatos en el mundo, en el cual polticos y hombres de negocios usan chalecos antibalas y tres grupos armados controlan buena parte del territorio. A pesar de que durante dcadas la frontera norte ecuatoriana ha enfrentado las secuelas del conflicto colombiano y el abandono estatal, la aplicacin del Plan Colombia ha exacerbado sus vulnerabilidades domsticas y regionales. Recibe la frontera la atencin que el gobierno propugna o prevalece como retrica de distintos organismos? Ejercen o no los Estados Unidos mayor influencia en la frontera a partir del Plan Colombia? Las respuestas ofrecidas en esta investigacin son contundentes. A nivel nacional, Estados Unidos no solo es el donante ms importante por el monto de sus desembolsos, sino el donante por excelencia, pues stos equivalen al 48% del total de la asistencia bilateral. El Plan reconfigura la asistencia en la regin: se multiplican reas de accin y proyectos, a la par que cambian donantes, ejecutores y beneficiarios. En la primera parte de este libro el lector encontrar una panormica de las relaciones internacionales y la cooperacin internacional hoy, con el Plan Colombia como eje de la investigacin. En la segunda parte la autora analiza minuciosamente la cooperacin internacional para el Ecuador. Mientras que en las conclusiones se precisan las implicaciones del Plan Colombia para la regin andina y el Ecuador.
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Cmo aplica la Corte interamericana de Derechos Humanos criterios de diversidad en las reparaciones destinadas a pueblos indgenas? Esta interrogante orienta la presente investigacin, teniendo como premisa que, en materia de reparaciones, no sera adecuado utilizar los mismos criterios para un pueblo indgena, que para una comunidad no indgena, pues en cada caso, de acuerdo al contexto, circunstancias y desarrollo sociohistrico, se demanda un reconocimiento diferente, se han vivido situaciones de dominacin, subordinacin, desigualdad y exclusin que condicionan su relacin con la sociedad, y por lo tanto requieren de una satisfaccin distinta cuando han sufrido violaciones de derechos humanos. A travs de este estudio se procura analizar las tensiones que se producen entre las nociones de universalidad de los derechos humanos y relativismo cultural, en el mbito de las reparaciones, y evaluar la importancia de considerar la cosmovisin y caractersticas propias de los pueblos indgenas fin de disponer reparaciones justas y adecuadas. Examinando el desarrollo mostrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible comprender cuanto ha avanzado el mximo tribunal interamericano en el reconocimiento de la diversidad cultura, y sobre esta base realizar algunas apreciaciones sobre la evolucin de la aplicacin de criterios de diversidad cultural en lo casos relativos a pueblos indgenas.
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Esta investigacin busca dar cuenta del estado de cumplimiento del derecho a la educacin a partir del principio de igualdad y no discriminacin de los nios y nias colombianos/as en condicin de refugio en Ecuador. El derecho a la educacin posibilita la disminucin de las brechas sociales a partir del cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del Estado, implica el principio de igualdad y no discriminacin durante todo el proceso educativo. Colombia sufre un conflicto armado de ms de 50 aos, que ha provocado el desplazamiento de muchas personas. A partir del ao 2000 se presenta una afluencia masiva de personas colombianas en situacin de refugio al Ecuador. El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a la educacin de los nios y nias en situacin de refugio, ratificado por Ecuador, es amplio y ofrece un marco importante para la realizacin de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y polticas de Ecuador, el aumento de la discriminacin, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores, dificultan la realizacin de este derecho. Las polticas pblicas desde el enfoque de derechos humanos implican el cumplimiento de las obligaciones estatales y la participacin de la poblacin, sobretodo de aquella ms vulnerada en sus derechos, en la definicin de los problemas pblicos y en el diseo, ejecucin y evaluacin de las polticas pblicas. La adopcin de acciones positivas es necesaria para el logro de condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso de nios y nias colombianos/as en situacin de refugio. La atencin psicosocial brinda posibilidades para subsanar las secuelas del conflicto armado y la situacin de desplazamiento y refugio en nios y nias y adems contribuye a la reconstruccin del tejido social que fortalece a las comunidades en la participacin poltica.
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El problema investigado, se basa en la identificacin de la forma en que han sido reconocidos los derechos humanos de los afrodescendientes, en las legislaciones de Colombia y de Ecuador. Para ello, considero pertinente realizar un anlisis del desarrollo constitucional sobre el tema de los Afro en ambos pases; en Ecuador estar enfocado a partir de la Constitucin de 1998, y en Colombia a partir de la Constitucin de 1991, hasta el momento actual. Esta tesis plantea un anlisis crtico de la tensin que surge entre los derechos humanos planteados como derechos individuales, y los derechos colectivos de los afrodescendientes, que, tanto en Ecuador como en Colombia, fueron inicialmente asimilados conceptualmente como derechos indgenas. Es por ello, que considero de vital importancia en estos momentos, analizar la tensin entre la dimensin colectiva e individual de los derechos humanos para el pueblo afro, examinando cmo esta tensin se evidencia en las constituciones y legislaciones de ambos pases. Esta tesis se limit especficamente en las poblaciones fronterizas ubicadas en Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia). Dichas poblaciones, que comparten los mismos troncos familiares, sern clave para lograr la comprensin que tienen sobre sus derechos humanos. De este modo, el propsito de la investigacin es repensar los derechos humanos colectivos, desde una colectividad afro, partiendo de su especificidad y realidad, y en dilogo con los propios sujetos y as generar impactos en las futuras Constituciones y legislaciones.
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Despus de cinco aos de lucha, Mxico aprob la Legislacin Indgena. Sin embargo, sta no cumple con los requisitos mnimos a los que aspiraban las comunidades indgenas, la comunidad de los derechos humanos y los juristas progresistas. En realidad, esta legislacin es un grave retroceso, ya que objetivisa a las comunidades indgenas, las despoja de su condicin de sujetos de derecho y las convierte en objetos de proteccin.
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A pesar del discurso estadstico e instrumental sobre la importancia de la inmigracin para el futuro econmico de Europa que va de la mano con el de la necesidad de desarrollar polticas (sociales y culturales) de integracin del inmigrante, actualmente existe una tendencia regresiva a restringir su acceso a los derechos ciudadanos (civiles, polticos y sociales). Un ejemplo de este proceso es el que se produce en Espaa, en el actual contexto de conformacin de la Unin Europea y de la llamada Globalizacin. El ao 2000 constituy un punto culminante de este fenmeno en Espaa, en cuanto fue el escenario temporal de una lucha social y poltica en el que se confrontaron dos perspectivas y concepciones contrapuestas de ciudadana, hecho que evidenci la caducidad del antiguo modelo de ciudadana comprendida como el vnculo poltico (estatuto de derechos y obligaciones) entre el individuo y el Estado-nacin, que se adquiere de manera preferente a travs de la descendencia (ius-sanguinis).
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Entender esta situacin de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador es permitirnos ver la conflictividad que acontece y tiene sus repercusiones ms dramticas en todo el cordn fronterizo. La regin fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto armado en Colombia y con mayor intensidad en los ltimos aos con la implementacin del Plan Colombia, lo cual ha trado graves consecuencias en trminos de migraciones y derechos humanos. En la regin ha existido una histrica injusticia social, concentracin de poder y de riqueza en ciertos sectores, violencia generalizada y, para el caso de la frontera colombiana, est la presencia de actores armados; como consecuencia de ello, se ha presentado una degradacin que se expresa en la violacin del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, en una violencia estatal que desconoce los derechos de las comunidades afectadas -especialmente etnias y afro descendientes-, y en stas una falta de identidad y temor.
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La administracin de justicia oficial en las dos ltimas dcadas es interpelada permanentemente por el desafo de convivir y coordinar con la administracin de justicia indgena. Este desafo asume diferentes matices, pero sin lugar a dudas se convierte en uno complejo y difcil de enfrentar cuando incorporamos a su anlisis el tema de los derechos humanos traducido en los lmites -discutibles en cuanto a su existencia- que deben imponerse a la justicia de los Pueblos indgenas ante la potencial violacin a los derechos fundamentales. De este modo, la diversidad cultural frente a los derechos humanos se ha convertido en uno de los temas ms sensibles tanto en su anlisis terico como en los modos de instrumentacin. Pero antes de presentar concretamente el problema que constituye la relacin entre diversidad y derechos humanos (y sus posibles soluciones), vale la pena sealar algunos presupuestos que dan forma y contenido al sistema de justicia frente a los Derechos de los Pueblos indgenas, dentro de un determinado modelo de Estado que se encuentra en permanente construccin.
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El derecho humano a la paz ha sido definido en la actualidad como "[...] la ausencia no slo de conflictos armados, sino tambin como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negacin de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo econmico y social". Esta definicin que hoy nos parece moderna y acorde a las tendencias de nuestro tiempo, ha sido lograda mediante una gran cantidad de debates que datan de varas dcadas atrs. Tanto en la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, proclamadas ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos tiempos ya haban sido reconocido como tales por la comunidad internacional. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas "generaciones" de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a los instrumentos internacionales, as como en los diversos textos constitucionales. Fue de este modo como surgieron los derechos econmicos, sociales y culturales que, aunque ya eran reconocidos algunos de ellos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, su consolidacin internacional fue indudablemente con motivo del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de 1966. En este orden de ideas, con el transcurrir de la segunda mitad de siglo XX, fueron surgiendo nuevos derechos que tenan profundas diferencias con los derechos civiles y polticos, y los econmicos, sociales y culturales, principalmente en lo que se refiere a sus titulares, as como su forma de ser protegidos. Entre estos nuevos derechos se encontr el derecho humano a la paz.
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Este trabajo examina a los microcrditos como mtodo para propulsar el desarrollo. A la vez, revela varios efectos de las microfinanzas sobre la pobreza, la cultura y las relaciones de poder a travs de un anlisis econmico y etnogrfico sobre los indgenas de Salasaca. Muestra que las instituciones financieras organizadas y dirigidas por otros indgenas, con el apoyo y los consejos de la comunidad internacional, exitosamente crean nuevos mtodos sensibles a la cultura indgena para la distribucin de crditos. Sin embargo, estos crditos no alivian la pobreza ni generan desarrollo econmico y social dentro de la comunidad. Los prstamos otorgados por estas instituciones dan esperanza, pero no resultan en la creacin de nuevas posibilidades para las comunidades indgenas. Adems, la ampliacin del acceso al crdito produce efectos corolarios negativos sobre la cultura y las relaciones de poder en la comunidad, beneficiando a los poderosos. As, se muestra que la teora de las microfinanzas tiene varias falencias.
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La Iniciativa IIRSA, que consiste en el impulso de la integracin regional sudamericana a travs de obras de infraestructura para el comercio, amenaza seriamente los derechos de las poblaciones y los sistemas ecolgicos del continente. Tanto el ambiente como las personas estn en riesgo por proyectos de gran envergadura con inadecuada planificacin, que abarcan represas hidroelctricas, carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovas, etc. En Ecuador, el eje multimodal Manta-Manaos es el proyecto de IIRSA que ms ha motivado la alerta en la sociedad civil y las organizaciones indgenas, ya que buscara convertir al ro Napo en una hidrova para el transporte de mercaderas en grandes cantidades, poniendo en peligro uno de los puntos de mayor diversidad biolgica del planeta por su especial ubicacin, as como los derechos de las personas pertenecientes a las comunidades indgenas y campesinas de la zona. En este marco, es de suma importancia el respeto y garanta de los derechos colectivos de los pueblos indgenas y tribales, quienes han conservado su modo de vida tradicional a lo largo de los aos. Dada la particular relacin con sus territorios, son ellos quienes deben decidir, por medio de adecuados procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado, sobre la posibilidad de ejecutar proyectos de desarrollo o integracin regional en sus territorios ancestrales. Los objetivos especficos de este trabajo son dar a conocer la existencia de la Iniciativa IIRSA y su cartera de proyectos en el Ecuador, definir los estndares ambientales y de derechos humanos que debe cumplir un proyecto de infraestructura y analizar el proyecto Manta-Manaos desde un enfoque jurdico, tomando como eje su adecuacin a los estndares nacionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido, resultan fundamentales los avances jurdicos recogidos en la normativa internacional, principalmente en el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales en pases independientes, as como la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indgenas, que constituyen instrumentos jurdicos clave para la exigibilidad de estos derechos. Del mismo modo, el establecimiento de garantas ya no slo jurisdiccionales, sino tambin polticas y normativas en la nueva Constitucin, son avances que debemos aprender a utilizar para la proteccin de los derechos y el ambiente. En esta investigacin, en primer lugar se hace una aproximacin descriptiva a IIRSA, a continuacin se describe la cartera de proyectos de la iniciativa en el Ecuador, tanto del Eje Andino como del Eje Amaznico, pasando directamente al anlisis del proyecto del eje multimodal Manta-Manaos y los estndares internacionales ambientales y de derechos humanos aplicables en el diseo, ejecucin y funcionamiento de proyectos de infraestructura. En esta seccin se tratan los estndares internacionales en materia de participacin social, consulta previa, consentimiento libre e informado en relacin a derechos colectivos de los pueblos indgenas, acceso a la informacin pblica, beneficios compartidos y la obligacin de realizar estudios de impacto ambiental, as como del derecho al desarrollo como un derecho sntesis, que pretende un reforzamiento y profundizacin de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Finalmente, esbozamos algunas conclusiones y recomendaciones.
Resumo:
Despus de muchos aos de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad econmica y poltica con perodos de graves crisis, Bolivia an sufre los efectos negativos referidos a la economa, a la profundizacin de la diferenciacin y exclusin social y a la vulneracin de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lgico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa nicamente un gran cambio en trminos econmicos, sociales e ideolgicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en trminos de equidad y participacin poltica de los indgenas, la mayora poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de gnero forma parte de las redefiniciones que vive el pas, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transicin en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno est conformado por actores que se desplazaron desde partidos polticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indgena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente polticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Resumo:
El feminismo desde sus diversas vertientes ha aportado elementos clave al debate sobre derechos colectivos, derechos culturales y derechos humanos de las mujeres. En este trabajo recojo algunas de estas contribuciones poniendo en evidencia los puntos de contraste y tensin. Enfatizo en el caso ecuatoriano, analizando la normativa constitucional sobre justicia indgena en permanente contraste con los testimonios de lderes indgenas que dan cuenta de sus luchas por exigir una real proteccin de sus derechos en dicha jurisdiccin. Propongo ciertas condiciones bsicas para alcanzar una relacin de interculturalidad entre ambos sistemas de justicia, sin perder de vista que la desproteccin a las mujeres indgenas contra la violencia se expresa tanto en la justicia estatal como en la justicia indgena lo que implica un grave dficit para un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural.
