1000 resultados para UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR. DOCTORADO EN SALUD COLECTIVA, AMBIENTE Y SALUD


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Todo contrato celebrado es ley para los contratantes. Este principio enseña que todas las personas y órganos del poder público están sometidos al ordenamiento jurídico del Estado. Otros principios bajo los cuales se puede contratar son el de la reciprocidad de las prestaciones y buena fe de los contratantes, porque si cada una de las partes no se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer, no puede haber contrato; y bajo este supuesto las dos partes lo hacen de buena fe. Ahora bien, durante la ejecución del contrato de obra pública se podrían generar factores que obstaculizan el equilibrio económico del mismo y producen contraposición en los principios jurídicos, haciendo insuficientes los mecanismos previstos en la ley y la doctrina. Con estos antecedentes, pretendo mediante el presente trabajo determinar los factores que producen el desequilibrio económico en la contratación de obra, identificar los principios jurídicos que se contraponen al darse el desequilibrio económico en los contratos y finalmente después del análisis de los mecanismos previstos en la ley o en la doctrina para conservar el equilibrio económico proponer unos nuevos. En definitiva académicamente se pretende contribuir de forma científica a generar nuevos mecanismos que produzcan de manera efectiva un equilibrio económico en el contrato de obra pública.

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Toda persona posee un derecho general a impugnar las actuaciones de las autoridades públicas. En sede administrativa, este derecho se encuentra instrumentado principalmente a través de los institutos procesales denominados Recursos. La legislación tributaria ecuatoriana, prevé la existencia de tan sólo un Recurso, lo cual limita el derecho a la impugnación del contribuyente. Es por ello que este trabajo se encarga del estudio de los diferentes Recursos que la doctrina y las distintas legislaciones han desarrollado. De manera especial, se analiza la naturaleza jurídica de estos medios de impugnación, a fin de identificar el contenido y alcance de cada una de las clases y subclases de Recursos. Todo lo cual aporta elementos de juicio para la elaboración de nuestra postura por la rehabilitación normativa de Recursos derogados –Reposición– y por la creación de uno nunca previsto en materia tributaria común –Apelación–.

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Las resoluciones judiciales pueden contener vicios que las afecten en cuanto al objeto del proceso; esto sucede cuando los jueces resuelven de manera defectuosa o excesiva la causa, en relación con las pretensiones formuladas por los justiciables. Por ello, es importante analizar el principio de congruencia, sus manifestaciones, sus vicios y la forma en que pueden impugnarse tales vicios, dentro del marco que ha establecido la nueva Constitución ecuatoriana. En tal virtud, la investigación se centra, en su primer capítulo, en el estudio del debido proceso y el derecho a la defensa, así como del principio dispositivo. El capítulo segundo se dedica, en su primera parte, al análisis del principio de congruencia; así, se consigna su definición doctrinaria y jurisprudencial, se determina su naturaleza jurídica, se revisan los vicios de incongruencia (ultra petita, citra petita y extra petita), y los remedios procesales a los que pueden acudir los justiciables para impugnarlos. Una segunda parte del capítulo se consagra a las actuaciones oficiosas del juez y su relación con el principio de congruencia; dichas actuaciones son: la resolución de peticiones implícitas, el análisis de los presupuestos procesales, la consideración de excepciones no alegadas y las diligencias para mejor proveer. Con ello se obtiene una visión global y completa del principio de congruencia. Finalmente, en el capítulo tercero se realiza una diferenciación entre la congruencia y la motivación de las resoluciones judiciales, y se establecen también cuáles son sus coincidencias, lo que se complementa, además, con el análisis de dos causales de la Ley de Casación ecuatoriana.

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La presente tesis hace un análisis de lo que constituye en si la sentencia como una forma de solucionar un conflicto y conseguir la paz dentro de la sociedad; pero, para llegar a la sentencia, se necesita que las partes jueguen un papel importante dentro del proceso, desde el punto de vista de las alegaciones que hacen los abogados, ya que ellas probablemente se constituyan en el germen de la sentencia que dicte el Juez. Especial análisis en esta tesis, se hace en cuanto a los presupuestos externos de la sentencia, que en veces son olvidados, merecen estudio: la constitución del tribunal, la intervención de las partes y la existencia de la cuestión propuesta, ya que éstas son precisamente las condiciones indispensables y mínimas, para que el proceso, como relación jurídica pueda ser constituido y existir como tal. En lo concerniente a los presupuestos internos del fallo, se analiza su contenido, la congruencia o correlación de la resolución; y, en cuanto a los requisitos internos del fallo se hace un análisis, respecto de la oportunidad de la sentencia, su forma y su estructura.

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Bolivia, país subdesarrollado perteneciente a la Comunidad Andina (CAN), ha adquirido a través del tiempo conductas rentistas, lo que ha provocado una serie de efectos económicos, políticos y sociales en el presente siglo. La presente investigación describe la lógica y dinámica del Rentismo en Bolivia durante el siglo XXI. La comparación entre los regímenes energéticos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales Ayma ayuda a la descripción de la dinámica del Rentismo en Bolivia, permitiendo encontrar la lógica del Rentismo en Bolivia adoptada durante el siglo XXI. Finalmente, se considera que la investigación expande las líneas de la academia, dedicada al apoyo permanente de las decisiones importantes adoptadas en nuestros pueblos.

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Esta investigación pretende despejar de alguna manera la inquietud y preocupación que se ha generado en la percepción ecuatoriana de asimilar los niveles de violencia y delincuencia común que han azotado al país con la presencia de ciudadanos colombianos. Desde hace una década atrás aproximadamente el “derrame” del conflicto violento de Colombia ha generado en el Ecuador diversas manifestaciones, entre ellos el flujo masivo, incesante y continuo de inmigración colombiana, violencia en la frontera común, obligando al gobierno ecuatoriano de Gutiérrez a redimensionar su agenda de seguridad, implementando como una medida válida desde el 01 de mayo del 2004 la adopción del pasado judicial como requisito indispensable para regular la inmigración colombiana y buscar reducir los índices de inseguridad que ha caracterizado últimamente al país.

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El presente estudio tiene como objetivo la implementación de un Cuadro de Mando Integral para una empresa que ofrece servicios informáticos a la pequeña y mediana empresa en la ciudad de Quito. Se parte exponiendo el marco conceptual, el cual se enfoca en la estrategia y la metodología para implementar un Cuadro de Mando Integral y sus indicadores en las perspectivas financiera, del cliente, del proceso interno y de aprendizaje. Una vez definida la metodología, se procede presentando a la empresa, a través de su misión, visión, estructura organizacional y todos los aspectos relevantes de la misma, necesarios para establecer las bases del Cuadro de Mando Integral. A continuación se realiza la construcción del Cuadro desarrollando los objetivos estratégicos, su mapa estratégico y posteriormente se definen indicadores y metas para cada una de las cuatro perspectivas, lo que finalmente permite presentar el Cuadro de Mando Integral de la empresa. El trabajo permite concluir que el Cuadro de Mando Integral es una herramienta para la alta gerencia que permite mejorar su gestión al enfocarla en los aspectos estratégicos y permitir un monitoreo de sus indicadores.

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Considerar la cuestión de la crisis del Estado y la política es imprescindible dado que está claro que en nuestra región no podemos partir de que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas el entramado institucional vigente canaliza las necesidades y expectativas de los distintos intereses y grupos sociales que componen nuestras sociedades; por el contrario, la experiencia reciente de las sociedades, por ejemplo la crisis argentina del 2000-2001, la guerra del gas en Bolivia del 2003, los actuales conflictos en Ecuador, la crisis política de gobernabilidad en México, etc., esto es, la fuerza de los movimientos sociales urbanos, campesinos, indígenas, populares, contestatarios, y la vitalidad de las distintas formas de resistencia y desencanto a las instituciones democráticas y las políticas económicas vigentes, nos alerta de las limitaciones que tendría un análisis puramente institucional de la democracia o la gobernabilidad. Por el contrario, las instituciones existentes deben valorarse críticamente debido a que se oponen, en general, a la dinámica real de la sociedad y a las diversas manifestaciones de rechazo popular a los procesos de modernización y democracia en curso.

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A lo largo de la década de los 90, numerosos países de América Latina y el Caribe vivieron el inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales que, en cuestionamiento de las políticas neoliberales imperantes, fue protagonizado en gran medida por movimientos sociales y populares distintos de aquellos que habían ocupado la escena de la contestación social en décadas pasadas. Esta irrupción en la ciudadela de la gobernabilidad política neoliberal de los sectores sociales más castigados por la aplicación de este recetario (campesinos e indígenas, los sin trabajo y sin tierra, los trabajadores y sectores urbanos empobrecidos) no sólo abrió nuevos horizontes de futuro -agrietando la hegemonía del pensamiento único- sino que significó también el desarrollo de una intensa experimentación democrática, de reconstitución de alternativas societales, de reapropiación social de lo público y revitalización y ampliación de la autonomía que caracterizaron la emergencia de estos movimientos.

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El presente trabajo de investigación desarrollado, busca recomendar los aspectos generales, jurídicos y técnicos para la propuesta de Reglamento para el Servicio de Televisión Digital Terrestre para el Ecuador, sabiendo que este servicio esta introduciéndose en el territorio ecuatoriano, con el estudio y pruebas de los distintos estándares de televisión digital, llevados a cargo por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión y la Superintendencia de Telecomunicaciones, a través del conocimiento de la televisión analógica y digital, así como su regulación, a más de la realización de entrevistas a informantes calificados quienes son conocedores de la televisión digital.

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La presente investigación titulada: El Derecho Propio en la Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Flores “COCIF”, de la parroquia de Flores, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, tiene como objeto de investigación, el estudio y análisis de los usos y aplicaciones Prácticas de las normas Consuetudinario, estructura y procedimientos de la administración de justicia indígena que reglamentan el funcionamiento de las comunidades de la COCIF, tomando en cuenta que el derecho Consuetudinario y el derecho propio constituye aún un campo fértil y poco estudiado, sobre todo en la Provincia de Chimborazo que tiene el más alto porcentaje de población indígena del país, calculada en alrededor del 60% de todos sus habitantes. Por tanto es importantísimo realizar una investigación, valiéndonos de entrevistas, observaciones debidamente registradas, así complementando la información mediante una encuesta aplicada a destacados líderes indígenas de la zona de Flores, toda vez que para la mayoría de miembros de las comunidades que integran la COCIF; el 60%, las autoridades indígenas (padres y abuelos) son vistas como líderes, guías y legisladores, quienes se encargan de su seguridad y bienestar.

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La educación superior inició una etapa de expansión y encuentra en los sistemas de aseguramiento y los procesos de evaluación, una herramienta para mejorar la calidad. Las universidades están cambiando, surgen nuevas misiones, modernas estrategias, procesos que demandan una total renovación para determinar la calidad de la gestión educativa y certificar públicamente que la institución hace correctamente lo que declara en su proyecto institucional. El proceso de evaluación en nuestro país está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA, cuya principal responsabilidad, es elaborar los documentos técnicos, capacitar y orientar a las universidades para su aplicación. El modelo sistémico del proceso es claro y sus procedimientos resultan coherentes con los objetivos del mismo y con la misión y propósitos del organismo que lo dirige, sin embargo el escaso avance y la poca atención de las universidades para cumplir con esta responsabilidad social y moral, convoca a revisar el proceso desde su origen, problemática y expectativas en las universidades ecuatorianas, para descifrar con justo criterio, los aspectos funcionales y/o disfuncionales del mismo, que impiden el logro definitivo y sostenido de la excelencia académica en las universidades del Ecuador. Habrá que retomar este proceso desde una raíz que lo sostenga, con el apoyo de todo el Sistema Nacional de Educación, cuya estructura pase de lo lineal y tradicional a lo dinámico y plano, en donde el proceso sea el eje transversal evaluador que cruce todos los niveles del Sistema de Educación del país; este y otros nudos críticos que se presentan en el desarrollo del tema, son los astilleros que impiden el logro definitivo de los frutos esperados.

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Los fenómenos migratorios siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, sin embargo con los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, la figura del inmigrante adquiere un carácter más amenazante, que atenta inclusive con la sobrevivencia de la Nación, al establecer un vínculo directo entre la inmigración y el terrorismo. De esta forma es necesario examinar cómo la inmigración se ha convertido en una amenaza para el sistema de bienestar social, el orden público e inclusive la identidad de la Nación, a través del estudio de la ‘securitización’ de la misma; es decir, a través del análisis de la figura del inmigrante como una construcción sostenida por las autoridades gubernamentales y de seguridad, los partidos políticos y la sociedad en general. La presente investigación toma el caso más sobresaliente del mundo occidental, el de los Estados Unidos de América, para el estudio de la securitización de la inmigración desde una perspectiva constructivista, haciendo un análisis de los discursos emitidos por parte de las autoridades gubernamentales y de seguridad, la legislación vigente al respecto y las acciones ejecutadas por las agencias de seguridad.

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Se percibe en estas sociedades de principios de siglo que los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al igual que las instituciones sociales aportan, de uno u otro modo, a la construcción de ciudadanía comunicativa, la misma que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo, como se percibe en la mayoría de los casos. El consumo de la oferta mediática y, especialmente, de la información periodística de calidad, coadyuva en la En este proceso de constitución de lo que se llamaría la ciudadanía comunicativa, es nuclear la información porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre. Esta certeza se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho humano a la información (recibir, investigar y difundir información y opinión) que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de “maduración social”, donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.

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El concepto de ciudadanía-ejercicio de derechos y deberes- es coemergente con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. De allí que el análisis de la ciudadanía (estado en el que se encuentran el ejercicio de los derechos y deberes) está obligadamente ligado al análisis de la democracia (características de las normas sobre la toma de decisiones de interés público). La democracia es posible solamente donde existen ciudadanos, es decir, sujetos con iguales derechos y deberes. De la misma manera, el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía solo es posible donde las decisiones de carácter público se las toma según las reglas de la democracia. Históricamente, la ampliación de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como resultado de las luchas por la ampliación de los derechos a todas las personas. Ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.