56 resultados para Naturaleza en la Biblia
Resumo:
La acción extraordinaria de protección fue diseñada en base a un modelo de política constitucional, que responde a la necesidad de verter en los procedimientos judiciales, una mayor sujeción al debido proceso, consiguiendo la vinculación de los jueces a la supremacía constitucional. No obstante, esta garantía está también sujeta a un debido proceso de especiales características, pues se encuentra sujeto a un examen de admisibilidad en el que se verifican ciertos elementos que deben concurrir en la demanda y en el caso objeto de examen, a fin de conseguir la optimización de los esfuerzos de la Alta Corte y desplegar sus efectos sobre el ordenamiento jurídico. Esta investigación muestra las relaciones existentes entre el acervo teórico que desarrolla la naturaleza de la tutela contra sentencias, su configuración normativa y la proyección en la práctica jurisdiccional de esta institución en el Ecuador.
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El delito de tortura, considerado delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, se tipifica, igualmente, como delito de lesa humanidad, en el Art. 89 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ambos cuerpos normativos establecen como requisito esencial que este delito se cometa como parte de un ataque generalizado contra una población civil, lo que concuerda con el Art. 119 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica como tortura el ilícito que se cometa con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado en el territorio nacional o a bordo de una aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, lo que no requiere del “ataque generalizado” a que alude el Art. 89 ibídem. Igualmente, el Art. 151 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como tortura a la persona que inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico, con cualquier finalidad en ambos supuestos, el cual se sanciona con una pena privativa de libertad de siete a diez años, agravándose el delito en los casos de los numerales 1 a 4 del referido artículo y que dicen relación con los conocimientos técnicos para aumentar el dolor de la víctima (1); cuando se trate de funcionarios o servidores públicos u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (2); que se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual (3) y se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada En esta investigación se analiza la tortura consagrada en los Convenio y Tratados Internacionales con nuestro derecho interno, para establecer la diferencia de la tortura, sus efectos y causas. Pero lo relevante es compatibilizar este tipo penal con nuestra legislación desde la perspectiva que dicha acción sea considerada imprescriptible, para evitar como el Caso Tibi, que los violadores de los derechos humanos quedan sin sanción alguna. Finalmente, el Ecuador no ha cumplido, con las Sentencias de la CIDH, respecto a enjuiciar y castigar a los responsables de las violaciones de los DD.HH.
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Desde 1492 América Latina ha heredado distintas formas de dominio hegemónicas promovidas por las grandes metrópolis; gracias a la expoliación de sus recursos posibilitó los recursos materiales para lo que la civilización occidental llama la modernidad y que algunos autores señalan que sus promesas concluyeron con el horror de la II Guerra Mundial. En la década del 70 se desarrollaron las teorías de la dependencia que pretendían explicar la situación de nuestro continente a partir de la matriz productiva y el permanente deterioro de los términos de intercambio. A pesar de los vertiginosos cambios de las últimas décadas, esta situación no ha cambiado, así lo refleja el Panorama Económico y Social del 2014 publicado por la CEPAL, que demuestra que tanto los recursos naturales como los agrícolas han tenido retrocesos en sus términos de intercambio. Además en estas décadas América Latina ha enfrentado dictaduras, el retorno a la democracia, procesos de ajuste neoliberal y una mayor subordinación a otras potencias mundiales como Estados Unidos, que ha mantenido su hegemonía en los países de la región, por medio de formas de dominación económica, por ejemplo, la deuda externa que varios países mantienen con los países más ricos y organismos multilaterales; lo que les permitió en la década del 90 la orientar las políticas económicas y sociales, así como, establecer nuevos fenómenos que “atentaban” la seguridad de la potencia más poderosa de América, uno de estas “amenazas” era el narcotráfico, perpetuado en algunos países como Colombia y México. En las dos últimas décadas, en algunos países, se han desarrollado procesos identificados con la construcción de lo que se ha llamado políticas post neoliberales en lo económico y post liberales en lo político; así también hace frente a una serie de problemas de naturaleza transnacional que se presentan en la región, como la trata de personas, delincuencia organizada, el narcotráfico, etc. Omar Rincón señala que para millares de campesinos la única posibilidad de acceder a las promesas de la modernidad como son el progreso, superación de la pobreza y movilidad social ha significado la vinculación con el narcotráfico. Estos problemas han marcado los imaginarios colectivos de los habitantes de América Latina. Este nuevo fenómeno social, sumado a la política oficial antidrogas y el rol de los medios de comunicación para contrarrestar el tráfico y consumo de drogas, han configurado nuevos imaginarios colectivos, y distintos modos de mostrar las prácticas del narcotráfico. Es así que se ha desarrollado formas culturales-populares, que dejan entre ver los estereotipos, modismos, vida y contexto social reflejado a partir de un formato llamado “narco novela”. La cultura popular es una representación de las formas de vida sociales, y el objetivo de esta investigación es analizar la “narco novela” como un producto de consumo televisivo, que da paso a una nueva industria de entretenimiento. A través de este trabajo se pretende analizar el discurso que se genera en torno al narcotráfico, sus forma jerárquicas y patriarcales de poder, las formas culturales de producción, y el discurso de género presente en la sociedad narco; así como el rol representativo de las mujeres en la “narco novela”, que refuerzan la construcción de estereotipos femeninos a partir de la sociedad del dinero.
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La presente tesis contiene un estudio crítico del sistema de arbitraje en el ámbito nacional, su naturaleza jurídica, los principios que rigen el sistema, la importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, las clases de arbitraje y la materia transigible. Constatamos la relevancia y bondades del arbitraje en general y revisamos las características propias de un sistema especializado de arbitraje de consumo. Realizamos un análisis de la protección constitucional a los consumidores, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que rige la materia y sus principios. Arribamos así a los mecanismos de solución de conflictos en materia de consumo, concluyendo que hoy por hoy no se encuentran efectivamente garantizados nuestros derechos como consumidores y por ello la necesidad de proponer un mecanismo adecuado para que los consumidores cuenten con una vía efectiva y eficaz de solución de las controversias, que rijan en torno a una relación de consumo. Como señala Cueto Rúa, el común de los ciudadanos considera una desgracia el verse involucrado en trámites ante los tribunales. Sostiene que la hondura de la crisis judicial es tal que quienes la experimentan y la padecen –como jueces y abogados- han comprendido que la solución requiere mucho más que la modificación de determinados artículos del Código Procesal.1 Este trabajo toma mayor cuerpo cuando realizamos una aproximación a las legislaciones de países pioneros en su implementación -que resultan determinantes-, como lo son España y Argentina, abordando así las características principales de éste arbitraje especializado como son la gratuidad, simplicidad, celeridad, voluntariedad, la oferta pública de adhesión, el convenio arbitral y la fuerza del laudo arbitral y el procedimiento en general. En base al estudio del funcionamiento de sistemas exitosos como los que indicamos, que sin duda son un referente internacional, proponemos en esta tesis unos lineamientos para el diseño de un sistema arbitral especializado en el campo del consumo en el Ecuador.
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La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.
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A lo largo del tiempo se han tejido diversas versiones sobre Cantuña, personaje legendario posicionado en el imaginario local como representante simbólico de la cultura quiteña. El primer relato conocido sobre este personaje y su contexto se difundió a través de la construcción discursiva que el Jesuita Juan de Velasco incluyó en su obra histórica. Realizado un análisis crítico de dicho discurso se concluye que, no obstante el entorno sociopolítico en el que se desarrolla, enuncia un fuerte mensaje de resistencia a la desigualdad social imperante y a los poderes hegemónicos instituidos durante la Colonia. Centurias después, durante la primera mitad del siglo XX aparece una versión legendaria sobre Cantuña escrita por el periodista Luis Aníbal Sánchez quien patenta una imagen totalmente depreciada y disminuida de Cantuña; se le mutila la raigambre histórica de la que le sostiene Velasco; y se eleva un discurso de sublimación a lo hispano. Estas circunstancias son preocupantes toda vez que precisamente es esta versión la que ha gozado de mayor incidencia y aceptación entre los públicos, no obstante el mensaje discriminatorio que proyecta. Estas evidencias motivan un análisis profundo orientado a desentrañar las causas que motivaron la construcción de cada uno de los relatos; a confrontarlos, lo mismo que a sus contextos, para establecer la naturaleza de sus diferencias, de su impacto, de su incidencia, éxito o fracaso. Entre uno y otro, la figura de Cantuña se ha refuncionalizado y resemantizado adquiriendo la trascendencia simbólica de un héroe legendario local; meritorio es, por tanto, conocer de qué modo este personaje centenario fue cobrando la fuerza necesaria para permanecer vigente en el imaginario de la cultura local quiteña.
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Toda persona se encuentra permanentemente involucrada en procesos negociadores de diferente índole, por lo que negociar adquiere vital importancia. Utilizando como ejemplo el caso de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y la definición más amplia de inteligencia: "gestión de información” (Kahn 2009, p. 4), la presente Tesis se centra en determinar la importancia y utilidad de la aplicación del análisis estratégico, a través del proceso o Ciclo de Inteligencia en las negociaciones internacionales, como un instrumento que permita negociar sobre la base de intereses reales y facilite la toma de decisiones. En este contexto, se analizará, a manera de ejerció, la utilidad de la inteligencia estratégica en el caso de las negociaciones que tengan lugar para la ampliación del área de influencia de la CPPS en la Cuenca del Pacífico Sur: ¿es posible obtener y determinar elementos que permitan negociar y tomar decisiones sobre la base de inteligencia estratégica? y, como resultado de este análisis, prever posibles escenarios y generar alternativas a éstos, así como sentar un precedente para futuras negociaciones. Al respecto, cabe acotar que los riesgos en las negociaciones son inherentes a su naturaleza y no pueden ser eliminados; no obstante, valerse de la aplicación del proceso de inteligencia es una manera de minimizarlos. La presente tesis demostrará que el uso de inteligencia puede ayudar a generar técnicas para construir estrategias. Por lo tanto, es capaz de proveer ventajas reales y dar un carácter más científico al proceso negociador; así como de brindar asesoramiento a los responsables de la toma de decisiones.
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Este trabajo es un intento por observar la Historia del Reino de Quito en la América Meridional, escrita por el jesuita Juan de Velasco y culminada en 1789, desde una perspectiva de discusión y comparación con distintos discursos elaborados en la época de la conquista y la Colonia. Concretamente, este estudio se propone entender cuáles fueron las formas de representación sobre el indígena americano durante la conquista y la Colonia y compararlas con la imagen elaborada por Velasco. Para lograr esto, el trabajo se divide en dos partes. El primer capítulo está centrado en la comprensión de varios aspectos del contexto histórico, político e ideológico de América y de Europa entre los siglos XVI y XVIII, en que se escribieron cartas e informes sobre los recursos, la naturaleza y los habitantes del Nuevo Mundo. En este periodo se analizan extractos de cronistas y propuestas teórico-críticas contemporáneas que hablan de una representación del indígena conformes a la colonización y al dominio. El segundo capítulo consiste en analizar la representación de Velasco como una nueva forma de expresión y asimilación del mundo indígena, contraria a la imagen degradada de los cronistas europeos. Aquí se intentará sobre todo ubicar la Historia del Reino de Quito dentro de una corriente estética que es propia de un marco cultural y de un pensamiento específicos: la Ilustración americana. En esta obra conviven una serie de textos que conforman un pasado indígena heroico, desarrollado en una geografía fértil y generosa que demuestra los ideales de la sociedad hispanoamericana de la época de Velasco. Así, estudiar la imagen del indígena permitió, entre otros aspectos, entender cómo la memoria y la representación histórica se pueden traducir en proyectos y en sentidos simbólicos que son trascendentales para una cultura.
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La conflictividad por el uso del agua, tanto a nivel local como global, tiene sus raíces en la relación del ser humano con la naturaleza. Dicha relación ha entrado en conflicto desde la constitución del modelo capitalista que mira a la Naturaleza como una caja de recursos, en donde se inserta el agua. El presente estudio pretende ilustrar la evolución del concepto de conflicto: ambiental, socioambiental e hídrico; con el fin de conocer de manera general la conflictividad por el uso del agua dentro del contexto de la crisis hídrica (local, regional y global) y agudizada por el cambio climático, mediante la presentación de un caso de conflicto por el uso del agua entre el campo y la ciudad, en la Sierra centro-norte del Ecuador. La metodología empleada en esta investigación parte del análisis y evolución del conflicto socioambiental hídrico, para luego (desde lo general a lo particular) revisar la dinámica de la crisis hídrica y los conflictos emblemáticos internacionales, regionales y locales. El trabajo incluyó la lectura y el diálogo académico con autores expertos en conflictos socioambientales, la integración del componente científico del cambio climático mediante la revisión de los informes técnicos más actualizados en todo nivel y la investigación in situ del caso de la conflictividad local en la zona de estudio (cuenca social de Güitig versus la ciudad de Quito). El resultado principal de la investigación afirma la hipótesis de la investigación: el cambio climático se presenta como un factor no tradicional integral que agudiza, acelera, complejiza y potencia los impactos de los demás factores estructurales, que tradicionalmente determinan la conflictividad hídrica: socioeconómicos, socioambientales, socioculturales, políticos e institucionales. Dependiendo de la gestión que se aplique, el mismo puede convertirse en una oportunidad para solucionar la conflictividad estructural.
Eficacia y homologación de la sentencia extranjera en la legislación ecuatoriana y derecho comparado
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El trabajo de investigación “Eficacia y Homologación de la Sentencia Extranjera en la Legislación Ecuatoriana y Derecho Comparado” se expone en dos capítulos. En el capítulo I se trata de manera específica sobre los conceptos previos, principalmente el origen del reconocimiento de la sentencia extranjera; los principios generales que rigen el reconocimiento de las sentencias extranjeras; la naturaleza del exequátur, y, finalmente, los sistemas de reconocimientos de dichas sentencias extranjeras. En el capítulo II se trata exclusivamente sobre los requisitos del exequátur, sus retos y proyecciones, tomando en cuenta el derecho comparado. Para esto se han considerado de manera referencial los proyectos de varios códigos modelos, entre ellos el Proyecto del Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica y el Proyecto del Código Orgánico General de Procesos, el cual está próximo a ser aprobado por parte de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador; y otras lecturas en relación al tema, principalmente sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias en los Estados Unidos de América. En este segundo capítulo se han desarrollado temas referidos a los requisitos del exequátur de acuerdo al Código de Procedimiento Civil vigente; la cosa juzgada; jurisdicción y competencia; el procedimiento del exequátur en los procesos contenciosos y no contenciosos, dejando la salvedad en lo que tiene que ver con materias relacionadas con la niñez y la adolescencia; la pertinencia o no de la concesión de los recursos verticales; su fuerza probatoria; y, por último, la fase de ejecución. En la última parte del presente trabajo investigativo se dan a conocer las conclusiones respectivas y finales a las que he llegado.
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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.