Cambios en la significación social del consumo de bebidas alcohólicas en la parroquia indígena de Cacha, provincia de Chimborazo, Ecuador, a partir de la propagación de la religión evangélica: una perspectiva de estudios culturales

En las últimas décadas, muchos indígenas andinos se han convertido a la religión evangélica y han dejado de tomar bebidas alcohólicas. La trascendencia de esta vertiginosa transformación -en función de que muchas de las prácticas que implicaban el consumo de alcohol han sido, por siglos, centrales en la reproducción cultural de las sociedades indígenas- no puede ser menos que desconcertante. En unos pocos años, comunidades enteras han dejado de tomar, transformando, paralelamente, tanto su ethos como su cosmovisión, tanto sus prácticas y significados culturales como sus creencias religiosas. Circunscribiéndonos a la parroquia de Cacha, una jurisdicción indígena en la sierra central del Ecuador, el propósito de este trabajo de investigación es explicar, en función de los significados y valores que los propios pobladores asignan a sus prácticas y artefactos culturales, por qué y cómo muchos de ellos han dejado de tomar. Utilizando las concepciones teóricas y metodológicas de los estudios culturales, esta tentativa es un trabajo etnográfico de interpretación que analiza en qué consistía la significación de las prácticas culturales del consumo de bebidas alcohólicas hasta antes de la emergencia de la religión evangélica y cómo se ha transformado, esa significación, a partir de entonces. La propuesta principal argumenta que la conversión a la religión evangélica obedece a la necesidad de los pobladores de poder definir y administrar los graves problemas que el exceso de alcohol estaba causando entre ellos.

Justicia constitucional en Bolivia

El propósito del análisis de la presente investigación, cuyo título es: “JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA”, surge como una inquietud de plasmar puntual y objetivamente la significación del Tribunal Constitucional Boliviano como una nueva institución en la administración y fortalecimiento de la justicia, así como un órgano especializado del control constitucional que permita contribuir a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine quanum para la consolidación del régimen democrático en Bolivia; y que gracias a la globalización se encuentran presentes en los países latinoamericanos y por ende en los países andinos, por el impulso de factores irresistibles. Señalado lo anterior, cabe describir sintéticamente el contenido explorado y explotado en ésta investigación, así se tiene que: En el Capítulo I, se consignan generalidades y consideraciones necesarias respecto de lo que se entiende por Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, dentro de un Estado Moderno; asimismo, se realizan puntualizaciones sobre Justicia Constitucional, las razones y motivos para su existencia, así como los presupuestos jurídicos que la sustentan. El Capítulo II, está referido a los Principios de la Justicia Constitucional, comprendiendo a la Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa. En el primer principio, se desarrollan los fundamentos, doctrina y la relevancia de la Supremacía Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. Respecto del segundo principio, se examina la Constitución de la Constitución, entendida ésta como las Decisiones Constitucionales Fundamentales, que rigen el desarrollo dogmático y orgánico de la Ley Fundamental. Los Sistemas de Control Constitucional reconocidos en la Justicia Constitucional, son analizados en el Capítulo III, explicándose la diferencia entre el Control Político y el Control Jurisdiccional dentro del cual se definen los Sistemas de Control Difuso, Concentrado y Mixto, haciendo referencia a las experiencias de modelos adoptados por países en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y la Región Andina; y su efectividad respecto de los regímenes democráticos. En el Capítulo IV, se examina en forma exhaustiva el Control Constitucional en la Justicia Constitucional Boliviana, haciendo un análisis de los antecedentes históricos, tomando en cuenta el control constitucional en la Constitución de 1967, para posteriormente ingresar en la nueva propuesta de dicho control en la Reforma Constitucional de 1994, determinando las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y la referencia de los criterios necesarios para la elaboración de la Ley del Tribunal Constitucional Boliviano. El Capítulo V, referido al Tribunal Constitucional como actor principal en la Justicia Constitucional Boliviana, comprende un estudio profundizado de su naturaleza jurídica, composición, su estructura orgánica y, finalmente, se examina el estatuto jurídico – constitucional de los Magistrados del Tribunal Constitucional. El papel del Tribunal Constitucional en Bolivia, se encuentra ampliamente desarrollado en el Capítulo VI, estableciendo las funciones y atribuciones de éste órgano de control constitucional, así como los alcances y efectos de sus resoluciones emitidas. Concluyendo éste capítulo, con el enfoque de la actuación del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del régimen democrático boliviano y en la consolidación de la Constitución, permitiendo así la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales. Finalmente, en las conclusiones se da a conocer la trascendencia del rol que cumple el Tribunal Constitucional en Bolivia, al encontrarse encaminado a garantizar, que el modelo de jurisdicción constitucional diseñado se fortalezca cada día más en busca de una jurisdicción constitucional anhelada por los bolivianos. Para la realización y análisis de los capítulos enunciados, se recurrió a fuentes bibliográficas y documentales, así como a fuentes de normas legales, doctrinales y jurisprudenciales que fueron el objeto de estudio y sistematización de ésta investigación jurídica. Se considera que el presente tema, es de importancia incalculable tanto para estudiosos de derecho, juristas, administradores de justicia o simples ciudadanos que desconocen y anhelan que el Tribunal Constitucional Boliviano, intérprete supremo de la Constitución refleje y responda a los principios y fundamentos para los que fue creado.

Respuestas institucionales para el manejo de las fronteras: el caso de la frontera norte ecuatoriana

En la coyuntura binacional Ecuador y Colombia, matizada por tensiones políticas e institucionales, abordar de la problemática institucional fronteriza entre ambos países es un esfuerzo investigativo que pretende poner en evidencia los logros y avances del potencial integrador que comparten estos países. Este trabajo contiene un marco teórico, en el que se establece la línea doctrinaria sobre fronteras y el papel que en ellas juegan los centros políticos, a partir del cual se va desarrollando el cuerpo de la investigación, contenido en dos partes. La primera parte está destinada a reconstruir históricamente la frontera norte, mismo que comprende un espacio de tiempo desde el año 1900 hasta el 2008, aportando elementos históricos, culturales, comerciales y de seguridad que permiten tener una mirada global de la vecindad entre Ecuador y Colombia. En una segunda parte de este trabajo se aborda las respuestas institucionales binacionales para el manejo de la frontera norte, en las que se analiza el funcionamiento de la Zona de Integración fronteriza, como un espacio de integración subregional, la Comisión de Vecindad como una respuesta puramente binacional y la Comisión Binacional de Fronteras, como una forma de establecer acuerdos mínimos en materia de defensa nacional. Finalmente y con la intención de trascender del diagnóstico institucional fronterizo, se presentan un conjunto de perspectivas andinas, que contienen el posible horizonte de las instituciones binacionales de frontera.

El control constitucional de las decisiones jurisdiccionales indígenas en Ecuador

La presente investigación tiene como propósito analizar en qué forma la justicia estatal ecuatoriana, a través de la Corte Constitucional, examina o debería examinar las decisiones de carácter jurisdiccional emitidas por autoridades indígenas en la resolución de sus conflictos. El análisis propuesto pretende determinar de qué manera el máximo organismo de interpretación y control constitucional, debe conciliar las diferencias de la visión indígena y la visión eurocéntrica, en la sustanciación de la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones jurisdiccionales indígenas. Para alcanzar los fines planteados, empiezo explorando el alcance y relaciones de los conceptos de Estado plurinacional; pluralismo jurídico, nación cívica y nación étnica cultural; control constitucional; decisiones jurisdiccionales indígenas y límites a la Corte Constitucional en la acción extraordinaria de protección en contra de resoluciones indígenas. Finalmente realizo un breve estudio del denominado caso La Cocha 2, que actualmente se sustancia en la Corte Constitucional por impugnación a una decisión judicial indígena, a fin de determinar cuáles son los parámetros que la Corte Constitucional debe considerar al momento de resolver.

El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos (Tema Central)

Este artículo analiza la concepción del derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, para lo cual parte de sus notas configuradoras básicas. Al efecto, se estudian sus implicaciones desde el ámbito constitucional y del Código Orgánico de la Función Judicial, como sus líneas directrices en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (órgano que ha estudiado ampliamente el tema), para luego determinar cómo se ha considerado el ámbito del derecho por los tribunales ecuatorianos.

Simplificación de la tributación municipal

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, al igual que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador se encarga de administrar los tributos municipales que se encuentran establecidos en el COOTAD, y los que puede crear mediante ordenanza para aplicación dentro de su jurisdicción; la dirección metropolitana financiera tributaria por medio de sus áreas se encarga emitir resoluciones motivadas, ejercer la facultad determinadora, establecer sanciones, defender a la administración en el proceso contencioso tributario, por medio de la tesorería que pertenece a la dirección metropolitana financiera se efectúa la recaudación de los tributos y las acciones de coactivas; para esta investigación se propuso conocer y analizar los impuestos municipales del Distrito Metropolitano de Quito para la simplificación, el mejoramiento de su recaudación y administración, con el fin de realizar una propuesta enfocada al mejoramiento de la administración municipal, para lo cual se ha recopilado información de la institución, se ha realizado un análisis de cuatro años, desde el 2008 hasta el 2011 para determinar el comportamiento de los valores recaudados en lo que a impuestos se refiere, llegando a establecer que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en los años analizados ha mantenido un comportamiento constante, no se evidenció una mejora representativa en recaudación por lo que se considera necesario realizar una revisión en la gestión y procesos de la administración.

Las sanciones en materia tributaria en el Ecuador (Tema Central)

El régimen sancionatorio en materia tributaria es manifestación del ius puniendi estatal, en el que discurre la sanción como la consecuencia de la realización de un supuesto de hecho calificado jurídicamente como infracción, de allí la pertinencia del análisis de esta figura que devele la naturaleza, fines, tipología y las competencias de los órganos administrativos y jurisdiccionales llamados a imponerla, con remisión constitucional y legal a la realidad ecuatoriana, que examine también los principios que informan a este régimen y a ser observados en los procedimientos e imposición de sanciones tributarias.

Tutela judicial efectiva en la ejecución de sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador

Este trabajo investiga sobre la ejecución de las sentencias dictadas en contra del Ecuador por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, configurado como un mecanismo supletorio al que se recurre si los órganos, instituciones y poderes de un Estado no cumplen su función de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuya jurisdicción es reconocida por el Ecuador. Se estudia los contenidos de la tutela judicial efectiva entre los cuales se encuentra la ejecución de la sentencia y los obstáculos que se presentan en el momento de ejecutar la sentencia, buscando de esta manera responder la siguiente pregunta ¿Qué mecanismos procesales existen para obligar al Estado a cumplir las sentencias? De esta manera se busca conocer si la falta de ejecución de la sentencia total o parcial constituye vulneración al derecho de tutela judicial efectiva por parte del Estado ecuatoriano, afectando nuevamente a las víctimas o sus familiares, ya que al no ejecutarse la sentencia tampoco se procede a la reparación integral.

Aplicaciones constitucionales en las actuaciones administrativas

El posicionamiento de la Constitución, como centro irradiador del Derecho en un Estado, representa para la Administración Pública la transición de la legalidad hacia el principio de juridicidad, la incorporación de nuevas fuentes del Derecho, y la necesidad de la aplicación no solo del método de subsunción normativa sino de otras herramientas de la hermenéutica jurídica. Sin embargo, este proceso de transformación no puede significar una vulneración a la legalidad en las actuaciones del poder público, ya que en un Estado Constitucional (de derechos y justicia) con un sistema presidencial, la interdicción a la arbitrariedad se vuelve indispensable frente a la vulneración de los derechos fundamentales que, en la mayoría de ocasiones, se confirma en la sede administrativa sin que su conocimiento alcance la fase jurisdiccional. En una posición crítica frente a las normas legales y reglamentarias, las aplicaciones constitucionales se materializan desde el principio de jerarquía normativa a través del método de subsunción; pero aún más, frente a los errores o en ausencia de ley, se concreta en la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías a través de métodos argumentativos, con mayor incidencia de una posición crítica de la norma, y el ejercicio de la potestad discrecional para determinar la opción jurídica más legítima. La práctica administrativa demuestra un gran distanciamiento de la aplicación directa de la Constitución, pues es constante el respaldo en la mera legalidad que somete a la Constitución a operar bajo lineamientos de la hermenéutica legal; sin embargo, la constitucionalización del ordenamiento jurídico debe ir más allá e innovar el ejercicio de la función administrativa y de la jurisdicción contencioso administrativa como una nueva visión del propio Derecho Administrativo.

Los orígenes jurídicos del sistema político imperial español y su influencia en las Américas (Estudios)

Este ensayo examina la naturaleza jurídica y política del imperio español en América y sus orígenes medievales. Con el fin de ofrecer un nuevo enfoque para estudiar la relación entre España y sus posesiones americanas, este trabajo propone una revisión de la tradición jurídica española. El estudio de la evolución de los conceptos de soberanía, representación y jurisdicción permite dilucidar los elementos constitutivos de las relaciones entre las diversas entidades políticas como mecanismo de comprensión del desarrollo de la cultura política de América Latina. De acuerdo a las características del sistema jurídico político en la época virreinal, la dispensación de la justicia y la práctica judicial constituyeron el eje de las relaciones entre la autoridad imperial y sus periferias. El artículo sostiene que la práctica judicial estuvo llena de sentido político y se convirtió en un medio de inclusión y representación.

Análisis de la posiciones del Ecuador en relación a la iniciativa REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) después de Copenhague

Esta investigación analiza las posiciones y propuestas políticas en torno a la estrategia REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en Ecuador, a partir de la XV Conferencia sobre Cambio Climático que se desarrolló en Copenhague en 2009, donde el país llevó, entre otras, la propuesta de formar parte de la estrategia REDD. El recorrido por los tres capítulos muestra conceptualizaciones sobre el tema ambiental, legal y financiero sobre los bosques, el Buen Vivir y la historia de la estrategia REDD, así como su implementación y las características que se están planteando para el caso del Ecuador. Además, en el documento se analiza al programa Socio Bosque como iniciativa de conservación voluntaria de las florestas en base a una compensación a las poblaciones locales. Cualquier mecanismo de compensación como REDD+ u otro debe ser desarrollado en base a acuerdos de “ganar – ganar” entre los países “desarrollados” industrializados y los países que poseen aún bosques nativos. Estos acuerdos, además de ser vinculantes y ofrecer salvaguardas para proteger a las comunidades y la biodiversidad que viven y dependen de estos recursos naturales, deben asegurar una mejor gestión ambiental a nivel global.

Plan de Acción de Caracas 2012 (Archivos)

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, de América Latina y el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en ocasión de celebrar la III Cumbre CALC, el 02 y 03 de diciembre de 2011. Tomando en consideración los objetivos y principios definidos en la Declaración de Salvador de Bahía (2008), el Plan de Acción de Montego Bay (2009), Declaración de Cancún (2010), así como en las iniciativas plasmadas en el Programa de Trabajo de Caracas para la Implementación del Plan de Acción de Montego Bay (2010-2011), En cumplimiento de los mandatos de estas reuniones ministeriales y de altas autoridades, destacando y valorando los resultados de las actividades celebradas en el marco de su implementación (2010-2011), acuerdan adoptar con base en los principios de flexibilidad y participación voluntaria en las iniciativas, varias decisiones que componen el Plan de Acción de Caracas 2012.

El modelo de organización territorial del Ecuador con énfasis en la actividad normativa de los gobiernos locales

La presente investigación tiene como objetivo analizar el modelo de organización territorial y de división político administrativa del Ecuador y dilucidar la forma en que los gobiernos autónomos descentralizados deberían aplicar la facultad normativa conferida constitucional y legalmente. Con tal objetivo esta tesis se ha desarrollado de la siguiente manera: en el primer capítulo se analiza la forma de estado que ha adoptado el Ecuador, detallando cada una de sus características, para luego poner énfasis en la cualidad de estado unitario tal como lo define el artículo primero de la Constitución de la República, posteriormente, hemos analizado las condiciones especiales del Ecuador al determinarse como estado unitario plurinacional y descentralizado. A continuación, se desarrolla un detalle del modelo de organización territorial, y de los gobiernos autónomos correspondientes a cada nivel sub nacional, poniendo especial detalle en la organización del gobierno parroquial. En el capítulo tercero analizamos las facultades “legislativas” de los gobiernos autónomos descentralizados. Con especial dedicación hemos explicado la facultad normativa que tendrían los gobiernos autónomos descentralizados que asuman el modelo especial de gobierno de circunscripción territorial indígena, afroecuatoriana y montubia. De igual manera nos hemos detenido a analizar la facultad normativa de los gobiernos cantonales, que según nuestro criterio, goza de características especiales y particulares, dignas de un estudio más profundo. En el penúltimo acápite hemos analizado la actividad normativa de las juntas parroquiales y las formas en la que la misma podría y debería desarrollarse. Finalmente hemos escrito nuestras conclusiones y recomendaciones.

La construcción de un tangram político: Ecuador y la lista negra del GAFI

En diciembre de 2009, Ecuador fue incluido en la lista de alto riesgo del organismo intergubernamental GAFI1 (por sus siglas en francés), por insuficiencia de esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las fallas técnicas, al parecer, se muestran en la reunión plenaria del GAFISUD,2 organismo que responde y se encuentra bajo la jurisdicción del GAFI. En esta reunión, los estudios que comenzaron a partir de finales de 2006, demostraron que el Ecuador cumplía con tan solo una de las 40 Recomendaciones que el GAFI establece y con ninguna de las recomendaciones especiales, que tratan específicamente sobre el financiamiento al terrorismo.3 La situación se torno más grave aún, cuando Ecuador, que debía presentar un «Informe de Avance» demostrando los esfuerzos por cumplir con las normativas, únicamente presentó datos independientes que no solo generaron inconvenientes dentro del GAFISUD, sino que a raíz de los pocos datos con los que se contaba, el organismo tan solo pudo presentar un reporte parcial.

El funcionamiento de las intendencias de policía a la luz del garantismo penal. Estudio sobre Tungurahua en el 2011

Las intendencias de policía en nuestro país, por varias décadas han ejercido jurisdicción penal, facultad que las ha habilitado a privar de la libertad a las personas –hoy por hoy- hasta por treinta días, en condiciones aparentemente arbitrarias, carentes de filtros constitucionales, en las que frecuentemente se ha denunciado la vulneración de derechos humanos. El hecho de que sean un órgano de la función ejecutiva y además sus representantes sean de libre nombramiento y remoción por las gobernaciones provinciales, hace mucho más cuestionable su administración de justicia, por la exigua independencia orgánica que ofrecen, consecuentemente la endeble imparcialidad en el juzgamiento contravencional. Este problema se maximiza cuando analizamos la estructura jurídica del sistema contravencional en el que administrarán justicia; un sistema de siglos pasados que ha sobrevivido hasta nuestros días, que en el campo sustantivo contiene tipos penales que prohíben actos obscenos, impúdicos, inmorales, y contrarios a las buenas costumbres y, en el ámbito adjetivo prevé un proceso eminentemente inquisitivo. Razones por las que, el objetivo de la presente tesis será la confrontación del sistema contravencional con el sistema garantista desarrollado por Luigi Ferrajoli, y el estudio e investigación concreta de la jurisdicción penal ejercida por una intendencia de policía del país, para así evidenciar los niveles de arbitrariedad, decisionismo o ejercicio ilimitado de poder que puede habilitar este sistema penal.