70 resultados para GEOGRAFIA DEL TURISMO,02726,Economia - Sede di Rimini,0057,Economia del turismo,0032,,,,,,,2007,8


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En esta breve presentación intentaré una articulación entre el campo de las políticas públicas (PP) y el de los derechos humanos, a partir de una propuesta de conceptualización del Enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Se adelantará, en un primer momento, el concepto propuesto y, en un segundo, una explicación de sus componentes, fundamentos e implicaciones. Antes de iniciar me gustaría hacer una precisión, las PP son una disciplina a medio camino entre la ciencia política y la acción política. El concepto propuesto está centrado en la segunda dimensión. Pretende dar cuenta de criterios generales sobre el cómo gobernar con perspectiva de derechos.

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El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, fue ideado con la finalidad de cumplir con la insoslayable labor de promover y proteger los derechos de la persona humana en el continente americano, en el marco de los instrumentos internacionales especializados suscritos y ratificados a tal efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte), como órgano principal del Sistema Interamericano, tiene a su cargo la misión de determinar la responsabilidad internacional de los Estados partes del Pacto de San José, en materia de violación de derechos humanos, pero más allá de eso tiene la importantísima labor de disponer reparaciones justas y adecuadas para las víctimas de tales violaciones. Cuando las víctimas son comunidades indígenas, surgen grandes dilemas relacionados con la aplicación de los principios y preceptos sobre los cuales se cimienta la doctrina internacional de los derechos humanos, y en consecuencia con las bases mismas del Sistema Interamericano, con sus pretensiones de universalidad, frente a las especiales características culturales e identitarias de los pueblos originarios. Estos dilemas se extienden a la fase de reparaciones en la Corte que, una vez que ha determinado la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales, dispondrá una reparación en virtud de los daños sufridos por las víctimas; de lo anterior surgen varias interrogantes ¿Cómo puede aplicar la Corte un enfoque de diversidad en las reparaciones a comunidades indígenas? ¿Al aplicar un enfoque de diversidad a los casos de comunidades indígenas, estaría legitimando la Corte la doctrina del relativismo cultural? ¿La aplicación de criterios de diversidad permite que la Corte disponga reparaciones justas y adecuadas? Estas interrogantes, y el debate que suponen, guiarán el análisis que desarrollaré en las líneas siguientes, en las que la diversidad, los pueblos indígenas y el desarrollo del Sistema Interamericano, en cuanto a las reparaciones, constituyen ideas centrales.

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El presente artículo recoge los elementos que conforman el derecho a la libertad y otros, desde un acercamiento a las percepciones de adolescentes y jóvenes recogidas en conversaciones informales y experiencias de trabajo con grupos juveniles. Se analiza el significado de la libertad y sus relaciones con la educación y el trabajo en el contexto de sociedades marcadas por la desigualdad e inequidad. El artículo enfatiza en la diversidad de los mundos juveniles debido a la estratificación socio económica que caracteriza a una sociedad como la ecuatoriana. El artículo no considera –por espacio- las particularidades del tema para la población juvenil por género o etnia. Sin embargo, hay que destacar que las condiciones del derecho a la libertad, a la educación, al trabajo y otros, muestran marcadas inequidades en perjuicio de la mujer y de las poblaciones indígenas del país. Aunque el movimiento organizado de mujeres, otras organizaciones sociales y –en consecuencia- el Estado, estatal luchan desde hace unas tres décadas contra los estereotipos, la discriminación y la violencia por género, aún hay mucho que trabajar desde y con la sociedad y, específicamente, con juventud.

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En general, la teoría social y la antropología se han ocupado poco de niñas y niños. Esta última, en especial, cuando lo ha hecho, ha sido por medio de conceptos sobre la niñez ligados a cierta noción de “socialización”. Esto ha producido tres tipos de efectos: por una parte, se ha asumido que ‘socialización’ se debería entender como un proceso que va de lo ‘individual’ a lo social, como una interiorización de la exterioridad. Que niños y niñas son cuerpos vacíos que deberían ser ‘llenados’ de conocimientos sociales y culturales. En segundo lugar, se ha señalado que la socialización es un producto y no un proceso y en tercer lugar, se ha invisibilizado a niños y niñas como sujetos actuantes, es decir, como actores sociales. Estas ideas han sido cuestionadas en las últimas décadas y de a poco empiezan a surgir nuevas perspectivas para entender las dimensiones socioculturales de la vida de niños y niñas. La siguiente propuesta surge de la inquietud por entender el papel jugado por los niños en los procesos contemporáneos y en particular, sobre su lugar en la construcción de un conocimiento que busca interpretar los hechos y fenómenos sociales. En este marco, por una parte, se buscará llevar a cabo, a partir de la revisión de algunos principios de la teoría feminista, una corta reflexión alrededor de la posición de los niños en la construcción del conocimiento científico y por otro lado, se presentará una suerte de conjunto de lineamientos de una propuesta en la que se vislumbren elementos para la construcción de los principios de un análisis que incorpore a la infancia en dos niveles: como una categoría de pensamiento y a los niños, como sujetos de prácticas y procesos de subjetividad.

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Escribir este artículo ha sido para mí una oportunidad para intentar poner en orden varios sentimientos, reflexiones, preguntas, dudas y vivencias desde mi práctica como educadora en derechos humanos, que ciertamente están enriquecidos y contrastados por el voluntariado a favor de la paz como facilitadora de la Red de Propuestas Alternativas a la Violencia - PAV Ecuador y mis búsquedas de conexión conmigo misma desde la práctica del yoga y más recientemente de la meditación zen. Es, entonces, desde este terreno vivo que ha experimentado la sequedad, el desborde de aguas, el abono abundante, la maravilla del brote y el desprendimiento, que comparto estas palabras.

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Hasta casi finalizado el siglo XX, la narrativa policial, salvo contadas excepciones como “Un hombre muerto a puntapiés” de Pablo Palacio o las novelas cortas Arcilla indócil y El destino de Arturo Montesinos y Pedro Jorge Vera, respectivamente, no se cultiva en Ecuador. No obstante, desde el año 1997 hasta nuestros días, hace su aparición en el medio un puñado de novelas que ensayan diferentes matices y modos de presentación del género. Este trabajo pretende lograr un acercamiento a esta producción, determinando sus antecedentes y analizando cómo y con qué fines estas obras adaptan, juegan o parodian las formas narrativas, los elementos y las convenciones del policial. El corpus central de estudio comprende las siguientes novelas: La Reina Mora (1997), Los archivos de Hilarión (1998) y Condena Madre (2000) de Santiago Páez; Anillos de serpiente (1998) de Juan Valdano; La muerte de Tyrone Power en el monumental del Barcelona (2001) de Miguel Donoso Pareja; El caso de los muertos de risa (2001) de Leonardo Wild; Sara y el dragón (2003), El cadáver prometido (2006) y La conexión argentina (2009) de Rocío Madriñán; y El último caso del guatón Ramírez (2007) de Leonardo Escobar.

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La negociación colectiva se produce en un escenario dominado por el cambio y la inestabilidad. Las relaciones laborales en el ámbito de las empresas multinacionales exigen de mecanismos institucionales inéditos para el diálogo social. Prioridades de orden social como el desarrollo y bienestar de las comunidades, involucradas por la mundialización, deben ser incorporadas en los acuerdos de integración y libre comercio.

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Constitucionalmente, Ecuador es un Estado "pluricultural y multiétnico". La participación indígena en el último proceso constituyente, 1998, sostuvo dicho reconocimiento, el cual ha sido rehuido por el Estado ecuatoriano desde la misma independencia. Es que, aunque el reconocimiento de la multiculturalidad se redujera tan sólo a un gesto de la Constitución, ya podría resultar de por sí comprometido.

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En el transitar de los años, se han escuchado voces que afirman la necesidad de los ajustes estructurales para poder asegurar un futuro con desarrollo, crecimiento y mayor generación de riqueza. Para lo cual exigen mayor seguridad jurídica para los capitales; a la par que imponen políticas económicas y leyes laborales, que dan como resultado "mayor in-seguridad jurídica y pobreza para los que trabajan y crean la riqueza".

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La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.

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Es necesario ubicar algunas aristas que presenta la globalización para contextualizar el tratamiento de la discriminación, el racismo y la xenofobia en procesos migratorios. Vivimos la imposición hegemónica de un modelo de economía neoliberal con una tendencia creciente a la apertura de mercados, y libre circulación de capitales. Las fronteras se han roto para el cruce de capital mientras cada vez se cierran más a la movilidad humana. El control, la restricción y hasta la represión enmarcadas en políticas de seguridad y lucha contra el terrorismo son elementos ligados a la migración y el refugio mientras que la apertura, la liberalización, la no-intervención son los elementos que sostienen el flujo de capitales.

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La procedencia de la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos, se plantean comúnmente como un hecho dado, que no admite duda. Como si se tratase de elementos indisolublemente ligados entre sí, sobre los cuales no vale argumentar, debiéndonos restringir a buscar los mecanismos más adecuados para su consolidación y difusión. Como si se tratase de elementos políticamente asépticos. Por ello, pocos se preguntan sobre ¿cuál es el objetivo que persiguen?, ¿a qué tipo de gobernabilidad y democracia nos referimos?; ¿en el marco de qué formación económica y social nos ubica esa especie de asepsia política?; ¿cuál es el papel que juegan en el desarrollo histórico de la humanidad? El presente análisis tratará de explicar esas interrogantes.

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El presente artículo pretende vincular la noción de democracia participativa con el respeto y desarrollo de los derechos humanos. Para ello partiremos por definir la democracia y sus elementos esenciales, luego establecer la relación que existe entre estos elementos y los derechos humanos en su integralidad para finalmente desarrollar las formas en que la democracia ha venido aconteciendo hasta llegar al modelo de participación, hacia el cual parece dirigirse buena parte de los experimentos democráticos hoy en día, descubriendo en dichas experiencias los avances que implican así como sus posibles desviaciones.

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La indivisibilidad de los derechos humanos reconoce que sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos se reducen a meras categorías formales y que, a la inversa, sin la realidad de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales carecen, a su vez, de verdadera significación. Se sostiene así la indivisibilidad de los derechos humanos. Una violación a un derecho civil, como la libertad de expresión, connota una serie de consecuencias jurídicas, todas ellas identificadas como pertenecientes a un sistema de protección de derechos humanos.

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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.