45 resultados para Televisión en Colombia


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La justicia transicional es implementada en sociedades donde se han producido graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las experiencias internacionales de superación de conflictos armados o de dictaduras evidencian la aplicación de algunos postulados de la justicia transicional, justamente a partir de estas prácticas surgen elementos aplicables al caso del conflicto armado colombiano. Las leyes de amnistía se convierten en un instrumento de la justicia transicional, que aplicando lo aprendido en otros países puede contribuir en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, la paz y la reconciliación de la sociedad colombiana, no siendo la unigénita herramienta jurídica a implementar en un proceso de transición. Esto coloca de presente la necesidad de utilizar simultáneamente diversos instrumentos en el marco de la justicia transicional, que como en el caso colombiano, pueden contribuir en la superación del conflicto armado y en las etapas posteriores a la desmovilización de los grupos alzados en armas, logrando que sea un proceso integral hacia la paz.

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El objeto de este trabajo fue analizar la asociatividad realizada en Colombia para identificar si ha servido para formular teoría e implementar prácticas gerenciales en las entidades asociativas y en sus afiliadas. En la primera parte analiza el concepto de asociatividad y su aplicación en Colombia; en la segunda parte analiza el concepto de gerencia. El estudio se centró en identificar el contenido manifiesto y el sentido latente del discurso gerencial que se hace en las entidades asociativas y si el proceso asociativo ha contribuido a implementar teorías o estilos gerenciales. La fuente fue una muestra de entidades asociativas, según la legislación vigente. A los directivos de estas entidades se les hizo una entrevista semiestructurada para la cual se utilizó una guía, en la cual se tuvieron en cuenta 17 temas de carácter gerencial; dichas entrevistas fueron grabadas en audio y video para su posterior análisis mediante el software Atlas-Ti. Como fuente secundaria fueron revisadas las cartas estatutarias de las entidades, sus medios de comunicación institucional, sus pronunciamientos y comunicados públicos, así como los temas centrales de los congresos más recientes; lo anterior constituyó el universo de registros para el análisis; a partir de allí se aislaron las palabras clave o distintivas y la definición que el gremio les da para, con base en ello, identificar el modelo de administración y gerencia que prima en la práctica y en el imaginario de estas entidades. Al mismo tiempo, ello permitió vislumbrar hacia dónde se dirigen, mediante el análisis de tendencia. En un esfuerzo por evitar o controlar el sesgo, además de hablar con los directivos de las entidades asociativas, se habló con directivos y empleados de empresas asociadas a las primeras, siguiendo el mismo modelo de entrevista semiestructurada. Se pretendió considerar el sentido latente del discurso en cuanto tiene que ver con el lenguaje aprehendido por los directivos a partir de los modelos, mediante la hermenéutica del discurso en sus aristas económica y política.

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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.

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Colombia, históricamente ha estado atravesada por la violencia, pasando por etapas donde éste se diversifica, amplía y profundiza; lo cual generó la necesidad de interpretar este fenómeno social; tanto por instituciones gubernamentales como académicas, las cuales se ocuparán de pensarlo y diagnosticarlo. Así, la violencia, pasa de ser un fenómeno social creciente, a ser un período de la historia colombiana, hasta convertirse en un ‘objeto de saber’ de las ciencias sociales, las cuales, intentan explicar su desarrollo, profundidad y longevidad, así como encontrar explicaciones sobre las causas y orígenes de la violencia, en tanto fenómeno y período, dando lugar a la práctica discursiva, conocida como ‘la violentología’. Para dar cuenta de este proceso, inicialmente se describe un contexto general donde se destacan acontecimientos socio-políticos que se considera, detonan el interés y necesidad de pensar la violencia, luego de lo cual, se describen las comisiones académicas que visibilizaron este problema, como objeto de saber, y finalmente se da cuenta de las narrativas y enunciados emitidos por los analíticos de la violencia en Colombia, así como por las comisiones entre 1958 y 1987; años de construcción de la violencia como ‘objeto de saber’.

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La ley en Colombia y Ecuador, establece políticas para el reconocimiento de los derechos de las poblaciones afro, especialmente en lo que hace referencia a los derechos de propiedad colectiva. Sin embargo, pese a constituirse estas reglamentaciones en una posibilidad emancipadora para estas poblaciones, también implica niveles de exclusión en el caso colombiano, sobre todo de las poblaciones urbanas, el caso ecuatoriano es interesante en la media en que nombra y considera las poblaciones urbanas.

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La política ambiental de Colombia se centra en mecanismos e instrumentos de protección ambiental y desarrollo sostenible sobre los cuales se sustenta el crecimiento económico del país; además, establece medidas para la adaptación del país al cambio climático. Tal política se articula en el desarrollo de la agenda internacional de cambio climático, en cuya sincronía –entre la política internacional y política doméstica– contribuye la cooperación internacional (Norte-Sur), ahora que ha existido un cambio sustancial en la arquitectura de su agenda. Lo anterior ha limitado el desarrollo de políticas ambientales pertinentes y efectivas para la coyuntura ambiental y climática de Colombia.

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Si bien un importante referente sobre la agenda de la eficacia en el mundo de la cooperación lo constituye la Declaración de París (DP) y posteriormente la Agenda de Acción de Accra (AAA), en este ensayo se traerá a colación otro proceso en la búsqueda de eficacia de la cooperación internacional en Colombia; el proceso Londres, Cartagena, Bogotá (LCB). El objetivo de este ensayo consiste en poner en discusión los posibles avances y aportes al desarrollo en Colombia desde la agenda de eficacia de la ayuda. Así como también destacar las críticas que en dicho proceso de implementación se generan desde actores afectados o involucrados en el proceso como las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

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La presente tesis pone de presente las oscilaciones que la Corte Constitucional de Colombia ha tenido en torno al derecho de la Consulta Previa, dando cuenta de los alcances y vicisitudes en cuanto a la manera como se ha interpretado el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia en la Ley 21 de 1991 y cómo éste derecho, dada la omisión legislativa al respecto, ha sido de construcción pretoriana, que no obstante sus vaivenes, ha contribuido a darle cuerpo a la consulta previa, por lo que, teniendo en cuenta la enorme variedad de medidas administrativas, susceptibles de ser consultadas, se hace énfasis en el otorgamiento de licencias ambientales, en el marco de la democracia participativa colombiana, constituyendo un tema poco pacífico de la antropología jurídica en Colombia y otros países de la región, pues hay una aparente tensión entre los derechos de las minorías y el derecho ambiental con el desarrollo industrial que concierne a la generalidad de los asociados. Este Derecho fundamental está conformado por otros dos derechos fundamentales, como son el de preservar su integridad étnica y el de la participación. Por lo que se hace necesaria la implementación de espacios de interlocución, para cada caso particular, en donde activamente, dichos pueblos, expresen sus inquietudes frente al proyecto o actividad; y que conjuntamente con quien va a desarrollarlos, diseñen medidas tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos derivados de tales obras o actividades.

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Esta investigación se ocupa del deporte moderno en el marco de la política identitaria, la identidad nacional y la subalternidad. Se examina al deporte como espacio de inclusión del actor subalterno y la lucha del mismo por su identidad. El caso de estudio se refiere a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia frente a dos hechos deportivos históricos: la coronación de Nairo Quintana en el Giro de Italia 2014 y el debut de la selección nacional de fútbol en la Copa Mundial de Brasil 2014. Se implementa como metodología un modelo experimental de etnografía virtual tomando como corpus de análisis 17.323 comentarios publicados por usuarios comunes en las redes sociales (Facebook y Youtube) de 5 actores implicados: Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y la Selección Colombia de Fútbol.

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En la actualidad, uno de los temas que presenta mayor relevancia en el contexto mundial es la crisis energética, cuyas manifestaciones se han representado en la escasez de reservas de petróleo generado altos costos en las explotaciones y volatilidad en los precios. Por tanto, los países dependientes han conducido sus propósitos a la búsqueda de fuentes de energía alternativa y renovable. La más importante la constituye los biocombustibles, los cuales se derivan de la biomasa de materia orgánica, proveniente de diversos cultivos, generalmente agrícolas y forestales, y que ha presentado un incremento de producción mundial a un ritmo anual del 10% desde el año 20101. Esta dinámica va acompañada del rol activo de los Estados que articulan instrumentos que favorecen la multiplicación de cultivos energéticos, ocasionando intensos debates en el ámbito mundial, que conllevan a revisar los efectos que en la actualidad estas políticas han generado en el mundo y en Colombia, país que desde el año 2002 ha realizado apuestas en torno a esta posibilidad de conseguir energía de forma alternativa.

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La calidad de la educación es un tema de interés en las sociedades actuales, porque de ella depende la calidad de vida que se espera para los seres humanos. Desde 1945, luego de haber vivido dos Guerras Mundiales, los países concluyeron que: la paz mundial era extremadamente frágil; cada guerra cobraba más vidas humanas, destruía poblados y sus expresiones de arte y cultura, quebrantaba las economías y atentaban contra el bien común y la naturaleza humana; por lo que acordaron que el camino más certero para lograr la paz es la educación integral de sus ciudadanos. Estas vivencias devastadoras promovieron la generación de organismos internacionales que apunten al mismo objetivo, y busquen soluciones para encarar el bien común. Se crearon las oficinas de la ONU, UNESCO y OEI; y los mandatarios y delegados de los países participantes de estas oficinas, acordaran los objetivos, planes y programas que contribuyan a lograr una educación de calidad. Como parte de las acciones en pro de la educación de calidad, los países incluyeron en sus Cartas Magnas y en las respectivas Leyes de Educación, que la educación debe de ser de calidad para todos y todas los ciudadanos. Para la elaboración de esta tesis se seleccionaron tres países Chile, Colombia y Ecuador, dado que los modelos de organización para el cuidado de la calidad educativa, y el trabajo que realiza la supervisión (conocida en los países como Inspectoría o de Asesores y Auditores Educativos) son similares. El tema de estudio es concreto, ya que se aborda lo que hacen los tres países por el cuidado de la calidad de la educación, desde la perspectiva de sus ministerios de educación y aún más concreto, desde la supervisión. La mayor fuente bibliográfica son documentos oficiales e informes de los resultados de logros educativos.

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La investigación pretende demostrar las limitaciones del ordenamiento jurídico colombiano que no reconoce en términos de igualdad la adopción de menores de edad entre las familias conformadas por parejas del mismo y los demás prototipos de esta institución. A pesar de los reconocimientos progresistas emitidos por las corrientes liberales de Corte Constitucional, en favor de la pluralidad en las relaciones familiares y la proscripción de discriminación en razón de la orientación homosexual de los individuos, en la actualidad existe un trato jurídico diferenciado e injustificado que le impide a estos hogares brindar protección, amor y educación en su seno a niños, niñas y adolescentes, en igualdad de condiciones que los hogares conformados, por ejemplo, por parejas heterosexuales. Por ello el estudio describirá la evolución de la connotación de la familia en el Derecho colombiano. Demostrará que la adopción es una implicación jurídica necesaria de la institución familiar y que excluir a las familias estructuradas a partir de las uniones de personas del mismo sexo, es discriminatorio y vulnera a la vez el interés prevalente de los niños.

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En Colombia el reconocimiento de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenero e Intergenero (LGBTI) encuentra su punto de partida en la Constitución Política de 1991. Durante los primeros años de su vigencia hasta el 2007, la Corte Constitucional como órgano encargado de su interpretación, definió los derechos individuales de las personas LGBTI a partir de principios como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la prohibición de discriminar y el pluralismo. Con la expedición de la sentencia C-075 de 2007 inicia una nueva fase en la movilización de esta comunidad; por primera vez se le reconocen efectos jurídicos a las uniones conformadas por personas del mismo sexo, declarando sus derechos en la esfera de pareja, pero limitándolos al negar su estatus de familia. En el año 2011 el estudio de las parejas de personas de igual sexo dentro del ordenamiento jurídico colombiano cambia radicalmente. Mediante la sentencia C-577 de 2011, el alto tribunal declaró que estas uniones constituyen una forma de familia y por lo tanto tienen derecho a formalizar su vínculo mediante una figura jurídica de orden contractual que les brinde un margen de protección más amplio que el de la unión marital de hecho. El acceso al matrimonio civil igualitario por parte de las parejas integradas por personas del mismo sexo constituye actualmente uno de los temas más debatidos en Colombia. La discusión es significativa porque confronta el modelo tradicional de familia, pareja y matrimonio asociado con la heterosexualidad y la reproducción; adicionalmente evidencia los límites que configuran la noción de lo humano, del sujeto de derechos y de la igualdad como principio condicionado a cualidades de orden mayoritario.

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El presente texto constituye una reflexión teórico-normativa sobre la política de informantes y cooperantes implementada en Colombia durante el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El análisis propuesto de la política de informantes y cooperantes tiene como objetivo principal identificar el tipo de ciudadano que se construye a través de la implementación de dicha política. Para lograr este fin, la autora, primero, da a conocer de forma integral los antecedentes contextua les del país en el que se ejecuta la política y presenta algunos argumentos gubernamentales expresados en la política de seguridad de mocrática. Después, plantea el funcionamiento –instituciones estatales implicadas, pautas y estrategias de ejecución, tipos de ciudadanos participantes–, los logros y problemas de dicha política para, por último, analizar todos los elementos a través de algunos discursos filosóficos de tipo liberal y republicano que permiten comprender la relación Estado-ciudadanos que promueve la política. Con esta amplia argumentación, la autora concluye que la política de informantes y cooperantes busca crear un tipo de ciudadanía súbdita, obediente, que protege y es protegida por la entidad dominadora: el Estado.