50 resultados para Jeronimo Larrea


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El proyecto de consolidación se enfocó en completar y fortalecer las evidencias científicas de la primera fase de investigación realizada por el CEAS sobre los impactos de la agroindustria floricultora en la Cuenca del Río Granobles (Cayambe, Ecuador) en la salud y los ecosistemas.

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Este ensayo propone la línea de codicia para controlar el máximo nivel de consumo ética y económicamente aceptable, sobre el cual una redistribución parcial de los ingresos individuales puede eliminar la pobreza y restituir la economía hasta sus límites sustentables. El crecimiento económico actual permite superar varias veces las necesidades fundamentales de la población, sin embargo, la enorme inequidad social impide que al menos el 40% de la humanidad satisfaga sus necesidades humanas básicas, mientras que, el consumo suntuario absorbe una parte significativa del producto mundial y el tamaño de la economía ha superado la capacidad de reposición del planeta. La línea de codicia puede ser constante en un contexto histórico nacional definido, pero es variable a escalas temporales y regionales más amplias, su nivel es menor a mayor inequidad o pobreza, y a mayor actividad económica globalmente insustentable, finalmente, aumenta conforme la economía crece dentro de límites sustentables y equitativos.

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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.

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La región subtropical de Íntag alberga formaciones del bosque nublado de las estribaciones de la cordillera occidental en Ecuador, con un grado intermedio de intervención humana. Su densidad poblacional es baja y la agricultura de subsistencia ha sido la principal actividad económica, con mínima diversificación. La región deberá optar entre dos opciones excluyentes de desarrollo. La primera se basa en el ecoturismo, agricultura familiar e hidroelectricidad, mientras la segunda se articula sobre la minería de cobre a cielo abierto. Para facilitar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la región se han elaborado dos escenarios sobre un intervalo futuro de 25 años, para un posterior estudio multicriterial. El primero se fundamenta en el turismo ecológico y la agricultura familiar, integrada a comercio justo, con agroforestería. El segundo se articula en torno a la explotación de los yacimientos de cobre a cielo abierto. El análisis muestra que el turismo de naturaleza y la agricultura de bajo impacto ambiental conducen a un desarrollo más equitativo e incluyente, con ventajas en generación de empleo productivo y sustentabilidad. La alternativa minera, en contraste, tiene una limitada generación de empleo local y una articulación reducida con región, durando únicamente un período aproximado de 18 años. Posteriormente la economía regional sufrirá una severa falta de oportunidades, agravada por los impactos ambientales de la minería y la deforestación. La inversión local de una parte de las regalías mineras no equilibra las diferencias entre los escenarios.

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La economía ecuatoriana, basada principalmente en las exportaciones de petróleo desde 1972, ha enfrentado serios obstáculos para canalizar las utilidades del petróleo hacia un desarrollo equitativo y sustentable. La experiencia de las cuatro últimas décadas refleja un crecimiento económico lento e inestable, que se ha mostrado insuficiente no solamente para diversificar y fortalecer la economía sino sobre todo para superar las grandes inequidades que históricamente han prevalecido en el país, logrando la inclusión efectiva de una proporción elevada de la población. Si bien durante los últimos años se han registrado importantes avances sociales, su continuidad y profundización son dudosas, debido a factores como la mínima diversificación de las exportaciones y de la actividad productiva, y también el progresivo agotamiento de las condiciones externas que han impulsado la recuperación reciente del país y de América Latina. Adicionalmente, la progresiva declinación de la extracción petrolera a partir de 2004 y las limitadas reservas configuran un escenario caracterizado por la necesidad de una rápida sustitución del petróleo por una economía más diversificada y flexible, en un lapso de tiempo no mayor de 20 años. Los avances en este sentido han sido muy limitados. Finalmente, los impactos ambientales de la extracción petrolera sobre los ecosistemas extremadamente ricos en biodiversidad en la Amazonía, la salud de la población y las culturas indígenas han sido severos.

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Una comparación entre las tres provincias ubicadas en la Sierra centro del Ecuador muestra que Tungurahua destaca por una menor proporción de población rural pobre, con más capacidad de consumo y con mayor igualdad social que la población rural de Chimborazo y Cotopaxi (Larrea et al. 2011). Otra comparación a nivel regional muestra que la economía de Tungurahua se caracteriza por una más dinámica actividad económica, una más amplia diversificación sectorial y por una estructura productiva más basada en pequeños y medianos emprendimientos. Finalmente, un tercera mirada comparativa indica que Ambato, la capital provincial de Tungurahua, desempeña una serie de funciones en la articulación de la economía hacia dentro y fuera del territorio que las capitales provinciales de Cotopaxi y Chimborazo –Latacunga y Riobamba, respectivamente– no cumplen. Tungurahua depende de dos aspectos fuertemente imbricados. Por un lado, la concentración de la producción agrícola y manufacturera dentro de los confines del territorio genera mayores tasas de crecimiento. Por el otro, las estructuras productivas espacial y socialmente desconcentradas al interior del territorio aseguran un grado mayor de inclusión social y de participación económica. En la primera sección nos interesa analizar cómo los factores estructurales (los llamaremos también factores “duros”), fuera del alcance inmediato de la sociedad territorial, tales como la localización geográfica y los costos de transporte, han aportado a la concentración económica, es decir, a la creación de una economía de aglomeración. Argumentamos en seguida, sin embargo, que los factores duros no pueden dar más que una respuesta parcial a la pregunta sobre las razones de la dinámica territorial y su configuración espacial. Algo que los factores duros no explican más que marginalmente, son las estructuras sociales que definen el funcionamiento interno del aparato económico territorial. Siempre existe un grado de libertad de acción que en el caso de Tungurahua fue aprovechado para desconcentrar la economía, dispersarla en las zonas rurales y basarla predominantemente en pequeños y medianos emprendimientos. Para explicar este segundo aspecto, nos serviremos de un conjunto de factores (los llamaremos “blandos”) que subrayan el proceso de construcción social de la economía. Concluimos con algunas reflexiones sobre la relación entre los factores duros y blandos, y sus consecuencias sobre posibles políticas públicas proactivas para reducir la pobreza rural en Latinoamérica.

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La derrota de Napoleón Bonaparte fue el antecedente del congreso de Viena (1814-1815) en cuyo seno se intentó restaurar la Europa pre revolucionaria y equilibrar el poder geopolítico de la región abriendo la posibilidad de enfrentar a quienes estuvieran dispuestos a desestructurar las monarquías; aquella voluntad geo-politica-económica estuvo diseñada, además, para incidir en América en donde diversos sectores procuraban las independencias del coloniaje europeo que a su vez, en esos mismos años, reforzó su conducta a causa del “imperio de los cien días de Napoleón” y de la conformación de la triple y de la cuádruple alianzas. La referida determinación europea y sus coletazos históricos, formaron parte, luego en 1823, de la justificación para que los Estados Unidos de América pretendiera erigirse en defensor de los países Americanos. Tal política, expresada por el Presidente Monroe, escondió la visión expansionista que habría de marcar, hasta hoy, la relación entre Estados Unidos y el resto del Continente. Ante la circunstancia provocada en 1823, fue convocado, en 1826, por el Libertador Bolívar, el Congreso de Panamá como una respuesta al proyecto expansionista en ciernes y a fin de edificar el proceso unionista que intentó construirse con la presencia de los países que habían logrado en América sus independencias. Desde entonces estas dos concepciones asimétricas -la de la doctrina Monroe y de la unidad latinoamericana- han marcado la huella de la región americana que aún batalla por su autodeterminación.

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El inicio de la exportación de petróleo en agosto de 1972 determinó la aceleración de la industrialización y un corto auge de la inversión pública y privada, sin precedentes en la historia económica del Ecuador. Al mismo tiempo, esta súbita abundancia produjo distorsiones estructurales identificadas en la literatura del desarrollo económico como «enfermedad holandesa» que se mantuvieron durante el resto del periodo analizado, hasta finalizar el siglo XX, tornando más difícil la política económica. Esta etapa histórica presenció el cambio del modelo de desarrollo, desde la industrialización horizontal hacia el neoliberalismo, en un tortuoso proceso de ajustes: macroeconómicos primero, inscritos en el enfoque monetario de la balanza de pagos, y desde finales de los años ochenta estructurales, en la línea del Consenso de Washington. Este lapso de casi treinta años estuvo caracterizado por la insostenibilidad macroeconómica, resuelta en dos ocasiones por medio de agresivas devaluaciones monetarias (1982 y 1992) y en una tercera y final con la anulación de la soberanía monetaria mediante la dolarización unilateral de la economía. La deuda externa, factor fundamental de este tránsito hacia el neoliberalismo, jugó un doble papel: desviar el ahorro y la inversión internas hacia los acreedores externos, y supeditar la política económica al condicionamiento del FMI. Sin embargo, fue el libertinaje practicado por algunos grupos financieros el que al finalizar el siglo causó la pérdida del signo monetario.

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El boom petrolero que alimentó el crecimiento con distribución que Ecuador experimentó durante la última década terminó. Durante estos años se reactivaron viejas prácticas para captar rentas para el estado, y nuevas formas de distribuir esas rentas a la sociedad, pero también para intentar disminuir los impactos de la extracción petrolera en el ambiente. Este modo de funcionamiento está condenado a desaparecer con la crisis de los mercados internacionales de las materias primas. ¿Cómo pueden la sociedad y los gobiernos ecuatorianos prepararse para los efectos de la crisis de rentas del Estado?

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El Buen Vivir, basado en la tradicional cosmovisión indígena de los pueblos andinos y amazónicos, se puede entender como un proceso hacia la mejora participativa de la calidad de la vida, a partir no solamente de un mayor acceso a bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, sino también mediante la consolidación de la cohesión social, los valores comunitarios, y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su propio destino y la felicidad, sobre la base de la equidad con respeto a la diversidad. Este proceso se inscribe en una relación armónica con la naturaleza, que concibe a la sociedad humana como un elemento constitutivo de una totalidad dinámica en evolución, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado.

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Mientras las naciones del mundo se preparan para alcanzar un acuerdo vinculante a fines de este año en París, una de las preocupaciones centrales de sus líderes debería ser, cómo enfrentar la certeza que, para evitar los efectos catastróficos del futuro cambio climático, apenas puede extraerse aproximadamente un tercio de las reservas probadas de combustible fósiles. La evidencia científica establece que, para mantener el calentamiento global en el límite aceptable de 2 °C para fines de siglo, la humanidad debe mantener inexplotada la mayor parte de las reservas probadas de petróleo, gas natural y carbón mineral.

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Este trabajo está compuesto por tres capítulos y un acápite de conclusiones y recomendaciones. El primer capítulo trata acerca del concepto de seguro, las características del contrato de seguros, los elementos básicos que debe tener el negocio para ser considerado un contrato de seguros, principios, intervinientes del sistema como tal, los aspectos económico-sociales de esta institución con especial mención en la relación del seguro con el crédito. El segundo capítulo está dispuesto en dos partes. La primera se centra en las pequeñas y medianas empresas o PYME: definición en base de criterios cuantitativos y cualitativos, clasificación de las mismas, características de este segmento productivo, reseña histórica de las PYME en Ecuador y su desempeño en el contexto internacional. La segunda parte se enfoca en el crédito: su definición, una pequeña reseña histórica de las instituciones financieras, tipos de crédito segmentados en base de las instituciones otorgantes y por el tipo de crédito. Con fundamento en los dos anteriores, se desarrolla el tercer capítulo relativo al seguro de crédito, enfocado como una herramienta técnica al servicio de las empresas, que proporciona confianza en el cobro de los créditos, cubriendo riesgos de insolvencia y reduciendo de manera significativa el índice de impagos. En este apartado se ha propuesto un tipo de póliza que pueda servir a las PYME para apalancar sus negocios con ventas a crédito, para mejorar la administración y el control de los riesgos de crédito de sus compradores, así como para reponer las pérdidas que la eventual falta de pago de sus clientes provocaría; de igual manera, se propone que este modelo pueda servir como una garantía para que estas empresas puedan obtener créditos en instituciones financieras. Bajo este parámetro, se considera al seguro de crédito un medio para impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

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La reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre de 2014, introdujo al Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito como una cobertura de protección por el riesgo que la circulación de automotores representa para las potenciales víctimas de accidentes de tránsito; garantía asumida por el Estado ecuatoriano y financiada por los propietarios de los vehículos que se trasladan por el territorio ecuatoriano. Los perjuicios que no fueran cubiertos por este amparo, seguirán constituyendo responsabilidad civil del causante, cuando éste sea determinado por autoridad competente y no sustituye la responsabilidad civil originada por el accidente. Este sistema sustituyó al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) implementado a inicios del 2008. Sobre la base del estudio de los regímenes de protección de víctimas de accidentes de tránsito en Bolivia, Colombia, Chile, Perú y de la propia experiencia ecuatoriana, se persigue determinar los principales lineamientos que deberían considerase para la elaboración del reglamento que regirá el funcionamiento del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, de manera que cumpla con su objetivo básico de satisfacer a los afectados por un accidente. La investigación se inscribe en el campo del derecho comparado, utilizando como métodos de investigación jurídica al exegético y sistemático; y, como técnica, la documental. Las sugerencias para la normativa que rija al Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito en cuanto a coberturas, exclusiones, acciones de repetición, Fondo de Accidentes de Tránsito, entre otros, permitirán el resarcimiento oportuno de los daños causados a las víctimas o sus beneficiarios en caso de muerte; además se incluyen recomendaciones relativas al tratamiento del seguro de responsabilidad civil ecuatoriano como producto del desarrollo de esa institución.