Funciones y límites del principio de legalidad administrativa

En este trabajo se investigan los usos que los operadores jurídicos ecuatorianos hacen del llamado principio de legalidad administrativa, para, luego de una confrontación con los presupuestos teóricos que lo fundamentan y de la evaluación de su correspondencia, plantear las reformulaciones teóricas pertinentes.

Derecho a la educación de niños y niñas colombianos/as en situación de refugio en Ecuador a partir del principio de igualdad y no discriminación

La educación es el proceso por el cual las sociedades humanas a lo largo de la historia han perpetuado sus saberes, costumbres, hábitos, normas, etc., es decir, ha existido educación siempre que han existido sociedades humanas, por lo tanto, habría diferentes formas de “educar”, teniendo en cuenta la diversidad de sociedades humanas que han existido a través de la historia y las que permanecen en la actualidad. La complejidad del proceso educativo no está aislada de las situaciones históricas, sociales, culturales, económicas y políticas en los que se enmarca, es decir, la educación como fenómeno social está vinculada a las realidades específicas de quienes la dinamizan y las particularidades de los contextos en los que tiene lugar el acto educativo.

Principio dispositivo y prueba ordenada de oficio en el procedimiento laboral oral

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, al expedirse la Constitución Política, en el Art. 194 se adoptó el sistema oral sobre la base de los principios procesales de presentación y contradicción de la prueba, dispositivo, concentración e inmediación y otros que de manera expresa constan en la Carta Fundamental, como el principio del sistema - medio constante en el Art. 192. Del modo como la doctrina conceptualiza al principio dispositivo por su naturaleza, limita al juez y tribunales el que éstos puedan disponer de oficio la práctica de pruebas, sin embargo de lo cual, en el Código del Trabajo se ha prescrito que el juez y los tribunales de última instancia puedan disponer ese tipo de pruebas, lo cual ha generado dudas y debates sobre aquello. A efecto de generar mayores niveles de seguridad jurídica y teniendo en cuenta el principio protector que tutela el derecho del trabajo, sería trascendente que al mismo nivel constitucional se contemple la facultad a jueces y tribunales de última instancia para que dispongan la práctica de pruebas de oficio cuando lo creyeren necesario, a fin de que la legislación ordinaria lo desarrolle con claridad y con ello se ponga fin a las dudas existentes y a un debate que está hasta hoy latente.

La oficiosidad de prueba frente al principio dispositivo y derechos fundamentales

En el presente trabajo se analizan los sistemas procesales penales tradicionales, demostrando que uno de los fines del proceso penal es llegar a la verdad real, y si esta no es posible, llegar a la certeza de los dos presupuestos de la condena que son la existencia del delito y la culpabilidad. Se analizan los aspectos subjetivos de los jueces, quienes deben involucrarse en el juzgamiento del procesado, no es posible, que permanezca impávidos ante la inactividad de los sujetos procesales, toda vez que están en juego derechos fundamentales, como es la libertad y la justicia. Finalmente se ha sistematizado para la comprensión del tema, nuestra legislación Constitucional y procesal penal, en razón que es el Ecuador el reflejo de lo que ocurre en América Latina.

El principio constitucional de legalidad tributario y la facultad normativa del Servicio de Rentas Internas del Ecuador

La presente investigación tiene como propósito determinar ¿cuál es límite que el principio constitucional de legalidad impone a la administración tributaria en el ejercicio de la facultad normativa?. Interrogante que a través de los distintos capítulos que componen la presente tesis pretende ser resuelta mediante el desarrollo, en primer lugar de las implicaciones del principio constitucional de legalidad tributario enmarcados en el contexto constitucional actual y de las transformaciones que éste sufre a raíz del “Estado Constitucional de derechos y justicia”. El principio de legalidad pilar básico del Derecho Tributario tiene una concepción tanto formal como material, formal en tanto procedimiento legislativo que se traduce en la ley que lo impongan, y material relativo al contenido mínimo del tributo que debe constar en la ley o norma primigenia para su exigibilidad, para lo cual dilucidamos que elementos deben son los esenciales. Luego recurrimos a un análisis crítico de la función que ejerce el Servicio de Rentas Internas en el ejercicio de la facultad normativa que consagra la ley, empatando al principio de legalidad con esta actividad, estableceremos la naturaleza de los actos emitidos por la administración tributaria, la necesidad de la facultad y sobre todo la existencia de ciertos conceptos y situaciones que hacen imprescindible el ejercicio de dicha potestad. Terminamos con el examen de legalidad a ciertos actos normativos emitidos por el Servicio de Rentas Internas bajo la vigencia de la Constitución del 2008, con lo cual justificamos la necesidad de la existencia de la facultad, y los excesos también en los que incurre bajo pretexto del uso de la potestad normativa.

Análisis de la resolución de inconstitucionalidad de la detención en firme por parte del Tribunal Constitucional (Tema Central)

El presente trabajo se enfoca en el análisis de la resolución de inconstitucionalidad de la detención en firme emitida por el Tribunal Constitucional, con la cual, se afectó tanto el plazo razonable de prisión, así como la caducidad de la prisión preventiva. En el análisis se podrá apreciar que la medida contrarió, al principio pro homine, al de inocencia, a las características de las medidas cautelares, al de independencia de los jueces, entre otros. Se reflexiona además, su efecto más grave, el quebrantamiento de los derechos humanos de los detenidos al establecer el carácter irretroactivo de la resolución que, a su vez, dio paso a la equivocada interpretación del art. 169 del Código de Procedimiento Penal, realizada por el Congreso Nacional para evitar nuevamente la aplicación de la caducidad de la prisión preventiva.

De la fidelidad a la revolución: el proceso de la independencia de la antigua provincia de Guayaquil, 1809-1820 (Estudios)

Este articulo analiza las transformaciones políticas e ideológicas que tuvieron lugar en Guayaquil entre 1809 y 1820, período en el que la ciudad transitó de un marcado fidelismo hacia la autonomía e independencia. Se estudian las disputas entre los grupos de poder local y las reacciones del cabildo a las sucesivas coyunturas peninsulares y regionales. El ensayo muestra la relación entre las tensiones sociales internas y la dinámica, hasta ahora desconocida, de las diferentes elecciones ocurridas entre 1809 y 1813, as¡ como el impacto local de la vigencia y posterior supresión de la constitución gatidatana. El estudio concluye con una reconsideración de la independencia guayaquileña de 1820.

Soberanía, representación e independencia en Caracas, 1808-1811 (Estudios)

El artículo analiza el impacto que la crisis política de la monarquía española suscitó en Caracas, en donde tuvo lugar un intenso debate. En noviembre de 1808 se intentó erigir una junta, sin éxito. El 19 de abril de 1810 se constituyó la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII y, finalmente, el 5 de julio de 1811 se declaró la Independencia. El artículo analiza el contenido del debate acerca del ejercicio de la soberanía, así como la manera en que organizaron la representación política quienes tuvieron a su cargo la conducción de este proceso histórico, desde el inicio del movimiento juntista hasta la declaración de la indepedencia.

La participación popular en la independencia de Nueva Granada según la historiografía reciente: un balance (Estudios)

El ensayo analiza la visión que la historiografía tradicional ha consolidado sobre la participación popular en la Independencia de Colombia y explora los temas que la más reciente historiografía sobre este período ha cuestionado y renovado. Entre dichos temas se encuentran: las guerras de independencia como expresión de conflictos preexistentes, la reducción de los términos del enfrentamiento únicamente a los bandos republicano y realista, el recurso al pueblo como mecanismo de presión y legitimidad, la reelaboración del discurso republicano entre los sectores populares, y la movilización indígena antirrepublicana. El artículo concluye presentando algunas propuestas que enriquecerían la comprensión de la política popular desplegada a lo largo de las guerras de independencia.

Las independencias: [respuesta al cuestionario de Manuel Chust] (Dossier: Bicentenario, rastros y revelaciones de la Independencia)

Enrique Ayala es entrevistado por el historiador catalán Manuel Chust sobre la independencia de Hispanoamérica. Ayala plantea que la crisis de 1808 afectó la economía de la metrópoli, pero también posibilitó cambios en las relaciones de poder en las colonias: fue instalándose el control de los señores criollos sobre la tierra y de los comerciantes sobre las economías locales y regionales, la burocracia española debilitada conservó solo el manejo político, lo cual favoreció a las clases dominantes locales. Insiste en que las independencias deben ser vistas como procesos, cuyo éxito fue posible al convocarse a los actores populares e integrarse los esfuerzos de diversas colonias. Visualizar eso, afirma, fue uno de los mayores aportes de Simón Bolívar. Finalmente, no se llega a la Independencia por actos de personalidades determinantes, sino por el peso de protagonistas colectivos: notables criollos, grandes latifundistas y comerciantes de los puertos de primer orden, jefes de los ejércitos e intelectuales, la jerarquía de la Iglesia, y el apoyo británico a los insurgentes.