41 resultados para VIOLENCIA POLÍTICA - COLOMBIA - 1948-1954


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Este trabajo se concentra en explicar el origen y las características del movimiento campesino de la región de Sumapaz, Colombia, que se forjó entre finales entre 1900 y hasta 1958. El poder de los labriegos del Sumapaz se logró crear mediante, su trabajo colectivo, sus líderes y sus símbolos. Gracias a esos elementos, la gente de la región estableció un tipo moderno de organización política a través del cual derrotaron a los terratenientes y sus partidos tradicionales: Liberal y Conservador. Todo lo anterior se explora con el propósito de comprender el surgimiento de la conciencia de clase de los campesinos del Sumapaz. El análisis de este caso puede de alguna manera revelar ciertas diferencias históricas que han existo en las regiones de Colombia y al fin y al cabo contribuir con el estudio político- social del resto de la nación. En cuanto a la estructura de la tesis esta se compone de tres capítulos. El primero da cuenta del surgimiento de la lucha campesina en el Sumapaz, siguiendo lo que a nuestro criterio podrían ser los elementos que lo explican, al menos de manera general, la composición de la mano de obra, el uso y control de la tierra, el papel del Estado en la resolución del tema campesino y la formación en sí de la lucha campesina, todos estos aspectos desde finales del siglo XIX y hasta 1930. En el segundo capítulo se estudia la segunda fase del movimiento campesino cuando pasa a ser una autodefensa armada. Para explicar este fenómeno se observan los efectos de la ley 200 o ley de tierras, de la difusión del pensamiento de izquierda y se explora la constitución de la organización de la autodefensa campesina. Finalmente, el último capítulo corresponde a las conclusiones generales de todo el texto en la que se busca ofrecer una mirada global y analítica de las implicaciones del movimiento campesino del Sumapaz.

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Palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Dr. Guillermo Fernández De Soto, ante el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz. Madrid, 7 de julio del 2000. Documento proporcionado por la Embajada de Colombia en Ecuador.

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el trabajo aborda, en la primera parte, el desplazamiento forzado en Colombia de manera general. En la segunda parte, se examina el caso del desplazamiento forzoso de población colombiana hacia el Ecuador desde 2001, desde la perspectiva de entender quienes son estas personas y porque migran, aquí se discute si es posible categorizarlas como migrantes económicos, también, se analizan las opciones reales de regularización que tiene esta población. En la tercera parte, se presenta el resumen del acercamiento que se tuvo con algunas de las instituciones públicas y privadas (ONG) del Ecuador que trabajan para y con esta población. El objetivo de la exploración con las instituciones fue recopilar información que nos ayude a visualizar que tanto está preparado el Ecuador, en términos institucionales, para atender a esta población. Reconociendo que las respuestas posibles al problema humanitario que representan los desplazamientos masivos de población hacia el Ecuador, se construyen sobre la base de lo que efectivamente se tiene para responder a estas situaciones. Finalmente, se hacen algunas sugerencias que contribuyan al respeto y ejercicio de derechos por parte de las personas colombianas en situación de refugio en el Ecuador y en la construcción de políticas más amplias que las integran como ciudadanas y ciudadanos.

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En el contexto de Latinoamérica y el Caribe, después de Brasil, Colombia ocupa el segundo lugar en volumen de población afrodescendiente con 4.311.757, representando el 10,6% de un total de 40.607.408 habitantes, según la CEPAL. Contradictoriamente con lo que se esperaría en favor de estas comunidades, pero coherente con la ideología del multiculturalismo neoliberal, el país exhibe el más copioso y elogiado desarrollo legislativo en materia de reconocimiento de derechos colectivos étnicos en la región; al tiempo que despliega la mayor arremetida de exterminio contra las poblaciones y las culturas afrodescendientes e indígenas en la actualidad, de que se tenga noticia en estas latitudes.

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En esta tesis se analiza la construcción de la memoria pública que realiza la revista Semana en el caso de la Toma y la Retoma del Palacio de Justicia en los artículos noticiosos publicados durante los años 1985, 1986, 1989, 1992, 1994, 2006, 2007, 2009 y 2010 y que están estrictamente relacionados con dicha construcción. El estudio se realiza entrecruzando las categorías de investigación del Análisis Crítico del Discurso (ACD) y las de los estudios de la memoria, con el fin de dar cuenta de la metamorfosis en la variable tiempo. Los datos analizados sugieren que la memoria pública del evento, como toda memoria, construida por el medio de comunicación siempre estuvo en relación directamente proporcional con los contextos nacionales, internacionales y del desarrollo de la revista Semana en sí misma; así como que los olvidos fueron inducidos bien sea de forma consciente o inconsciente y se instalaron en el relato de la revista Semana.

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La circulación de la violencia, las palabras, los rumores, el miedo representado e impregnado en personas o cosas cotidianas vuelven a éste una epidemia que corroe las raíces mismas de la sociedad, rompe con la cotidianidad y, en su lugar, dispone de nuevos códigos que harán de las relaciones sociales una convivencia en tensión permanente, en desconfianza, en inseguridad. Es posible hablar de una nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en el miedo donde confluyen más de un discurso y más de un símbolo. En sociedades mutiladas por la angustia queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida. Entonces, se debe pretender que, si se ve, se oye y se calla, nada pasará. Es mejor no preguntar quién murió y menos por qué, todos lo saben, nadie lo dice. Belén Vásconez escribió este relato en Sucumbíos, a manera de diario de campo, tratando de leer a la ciudad como un texto, con la certeza de que “los capítulos están incompletos porque las palabras se hacen todos los días, porque el ser humano tendrá siempre cosas que decir y, con suerte o con algo de dignidad, seremos -tendremos que ser- nosotros y nosotras quienes aprendamos a escuchar y hasta podría ser que algún día, ojalá pronto, seamos capaces de dar un respuesta”.

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La protesta social que Argentina vivió el pasado diciembre concentró el repudio de la nación hacia el modelo económico vigente, originado en el agudo proceso de degradación paulatina de los derechos sociales de la población. La sostenibilidad de la democracia reclama urgente atención sobre tres cuestiones: la violencia política, la fragilidad institucional y los derechos sociales, que guardan una estrecha relación entre sí. De como se encare su solución dependerá la vida democrática regional en los próximos años.

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Debido a la agudización del conflicto colombiano, a partir del año 1999 se evidenció una mayor movilización de personas que huían de la violencia desde Colombia hacia Venezuela, en especial hacia tres estados fronterizos: Zulia, Apure y Táchira. Como consecuencia, en Venezuela existen 1875 personas solicitantes de la condición de refugiados, y la situación en la que se han mantenido los solicitantes, algunos desde 1999, se ha caracterizado por una tolerancia de estadía por parte del Estado venezolano pero sin ningún reconocimiento de su condición y sin la posibilidad de ejercer derechos tales como personalidad jurídica, trabajo, asilo, recurso efectivo, entre otros.

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¿Es posible pretender la paz dadas la marcadas inequidades que caracteriza nuestra estructura social, política y económica en los países de América Latina?. ¿Qué paz?, ¿ausencia de conflictos?. ¿A qué costo?, ¿callar y aguantar unos, y ser cómplices todos? Lo que sigue quiere ser una reflexión en torno a estas preguntas, acercándose a ellas con la intención de esbozar algunas ideas desde la muy concreta perspectiva que nos da el participar en procesos de defensa y educación de los derechos humanos en Venezuela, un país en que la violencia política, los discursos excluyentes, la intolerancia, han ido haciendo parte de nuestra cotidianidad, en un proceso complejo en el que los venezolanos y venezolanas hemos ido descubriendo verdades que siempre han estado ahí pero que no queríamos ver. Un proceso en el que hemos ido aprendiendo de leyes y reconociendo la necesidad de participar en los asuntos públicos; un proceso en el que nos hemos ido convirtiendo en permanentes analistas políticos y juristas populares; al mismo tiempo, un proceso en el que el pueblo, independientemente de sus preferencias políticas, está aprendiendo a organizarse, a exigir sus derechos, a proponer alternativas

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Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un episodio de violencia política, un conflicto armado interno sin precedentes, que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Ha sido el episodio de violencia interna más cruento y prolongado de toda la historia de la República; este conflicto fue desatado por grupos alzados en armas (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru MRTA) y el estado, que puso en manifiesto varios desencuentros y brechas de todo orden, brechas que albergaron profundo dolor en la sociedad. Se llevaron a cabo diversas acciones, omisiones y violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana; factores que desencadenaron una crisis moral y política de graves consecuencias, que el país necesita reparar, lo cual requiere la aplicación de la sanción efectiva a los responsables de las violaciones. La violencia política enfrentó a peruanos que de una manera u otra fueron partícipes en este escenario de violencia, unos mas que otros; según el grado de vulnerabilidad e indefención propio de las condiciones económicas y sociales, que se originaron en brechas insalvables, terminando por destruir el tejido social, la base productiva material, la organización familiar y la infraestructura publica, provocando así la pérdida de acceso a servicios estatales, la institucionalidad pública y la afección a la salud mental de casi todos los peruanos.

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El artículo analiza las tensiones que enfrentaban a criollos y europeos en la Audiencia de Quito en el siglo XVIII, a través del caso de la muerte del cirujano Jean de Sénierges en la ciudad de Cuenca, durante la expedición geodésica a la región. El análisis de los relatos tejidos en torno al deceso del médico de la expedición muestra la progresiva consolidación de identidades políticas diferenciadas en la Colonia. Pone en evidencia, además, la importancia de analizar los motines urbanos como herramientas de acción colectiva, en las que se cristalizan estas identidades.

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El presente trabajo explora el desarrollo y los desafíos que tienen las intervenciones psicológicas o psicosociales en casos de violaciones severas de derechos humanos y en el marco de procesos de justicia nacional, internacional y transicional, así como la necesidad de implementarlas para precautelar el bienestar integral de las víctimas y sobrevivientes y proteger sus derechos en dichos procesos. Se analizan algunos paradigmas que existen en cuanto a las intervenciones de trauma en contextos políticos y se proponen algunas vertientes teóricas que alimentan el trabajo de investigación y atención de este tipo de situaciones traumáticas. Por último, se revisan brevemente algunas experiencias en las que las intervenciones psicosociales han tenido un papel importante como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión de la Verdad de Ecuador (CVE).

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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

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El desplazamiento forzado es una problemática de suma gravedad que afecta a Colombia, siendo una de las más notorias consecuencias del conflicto armado, repercutiendo tanto a nivel político como económico, y que por consiguiente ha debido ser posicionado en la agenda pública. Durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana no se visibilizaba el problema, lo cual generó que se identificara a la población desplazada no como víctima del conflicto, sino como población pobre, lo que a su vez obligó a generar mayores rubros para atención a población vulnerable que no trataban el problema verdaderamente. El problema principal dentro de la política pública de atención al desplazamiento forzado es la clara identificación del problema, pues aun después de más de 10 años de haberse promulgado la ley 387 de 1997, que determina la población objeto de la política, y regula la atención que se pretende proveer, y los organismos del Estado encargados de proveerla, aun existe un debate que ha trascendido a las esferas de la jurisdicción constitucional al tratar de identificar la población que requiere dicha atención, y la naturaleza de la misma.