32 resultados para LUCHAS SOCIALES


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Realiza un recuento de los intentos de criminalización de la protesta social en el país, para lo cual se abordan las actuaciones de los últimos Gobiernos desde el retorno a la democracia y las acciones del actual régimen en torno a este tema, que recurren a la Ley de Seguridad Nacional ante las luchas sociales y procesos de resistencia. Analiza los casos y situaciones más relevantes y los efectos de la vigencia de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Evidencia el viraje hacia la derecha del actual gobierno y su no apertura al diálogo con los movimientos sociales.

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Desarrolla el marco conceptual de la criminalización de la protesta social, estableciendo los diferentes niveles que comprende, desde los luchadores sociales hasta toda la población en distintos países llegando a una estrategia de dominio de espectro completo que el imperio desarrolla dentro de la guerra asimétrica, una de las formas de expresión de las guerras de cuarta generación. Plantea resistir a esa estrategia desde el otro sentido común de persistir en la lucha, fortaleciendo lazos comunitarios.

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Analiza la brecha entre la Constitución garantista de derechos, las resoluciones de la Asamblea Constituyente de amnistías a defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la política de criminalización de acciones de resistencia. Presenta los ámbitos en que se manifiesta la criminalización, y la configuración de un patrón de represión y criminalización desde el Estado y/o empresas o personas particulares ante la profundización del modelo extractivista de la naturaleza.

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Analiza la relación entre las políticas de ajuste y la escalada autoritaria del gobierno español con su tendencia a criminalizar y judicializar la protesta social orientada a su domesticación, a fin de regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, atentando contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Devela que el aparato represivo franquista nunca fue desmontado. Plantea ante la restructuración del capitalismo la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana.

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Este trabajo busca encontrarle una salida a la creciente criminalización de la defensa de los derechos humanos, mediante su reconocimiento como actividad legítima dentro de la garantía social del derecho a la resistencia y los mecanismos que dicho derecho podría ofrecer a los cientos de personas que, en nuestro país y en todo el mundo, luchan por sociedades más justas, por eliminar la justicia, por la plena vigencia de la Constitución y que, para lo cual, se toman los derechos en serio. El presente trabajo está dividido en dos capítulos. El primer capítulo, titulado El derecho a resistir el Derecho, presenta los antecedentes históricos para el reconocimiento del derecho a la resistencia, desarrolla un análisis respecto a los elementos que tiene el derecho, los momentos de su ejercicio y su garantía. El segundo capítulo, titulado Nosotros los terroristas. Criminalización de la resistencia, desarrolla la noción del enemigo en el Derecho, el enemigo en el contexto latinoamericano, las defensoras y defensores de derechos humanos como enemigos de estado y, finalmente, se exponen algunas ideas de cómo evitar la criminalización. Una vez concluido el trabajo, se ha logrado demostrar que el derecho a la resistencia genera ciertas obligaciones al Estado en cuanto a la disminución de la intervención penal en la esfera de la defensa de los derechos humanos. El derecho a la resistencia, más que un derecho fundamental común, es una garantía social que permite el acceso al debate público a quienes tradicionalmente están excluidos. Es además un último recurso de protección de los derechos amenazados por alguna acción u omisión estatal. Queda claro que la resistencia que se da ante la negativa del Estado de tutelar derechos, en una sociedad plural, respetuosa y democrática, este tipo de recursos no sería necesario.

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La evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano se puede apreciar desde distintas perspectivas. Una de ellas desde el carácter ideológico, que está vinculado a las luchas y reivindicaciones sociales, y otra desde la estructura del Estado, que tiene relación con el tratamiento de los derechos y la organización política. Desde la primera perspectiva, podemos encontrar una tendencia liberal-conservadora, durante todo el siglo XIX, que reconoció básicamente los derechos de libertad y los derechos políticos desde una perspectiva extremadamente restringida. Desde la Constitución de 1929 hasta la de 1967 encontramos una segunda tendencia, influenciada por el movimiento obrero y por los partidos y movimientos vinculados al socialismo, en la que se reconocen los derechos sociales, labores, económicos y culturales. Finalmente, tenemos una tendencia, que comienza con la constitución de 1998 y se refuerza con la Constitución del 2008, en la que es notable el reconocimiento de la diversidad cultural y reconocimiento de la colonialidad. Desde la segunda perspectiva, el Estado ha ido reconociendo progresivamente garantías. Sin embargo, la práctica y la estructura del Estado, basada en un sistema presidencialista, sigue siendo un obstáculo para su efectiva vigencia.

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La presente tesis estudia los orígenes del movimiento obrero en las minas de la Sierra Central del Perú a inicios del siglo XX. Ello mediante el análisis de una breve coyuntura de movilización sindical ocurrida entre diciembre de 1928 y noviembre de 1930. El eje analítico de la investigación es doble. De un lado, se examina el rol decisivo que en dicha coyuntura de agitación sindical tuvo un grupo de obreros intelectuales, quienes asumieron el liderazgo del naciente movimiento obrero. De otro lado, se estudian los vínculos entre estos trabajadores y el “Grupo de Lima” dirigido por José Carlos Mariátegui. La tesis consta de cuatro capítulos, dedicados a analizar los sucesivos momentos de la coyuntura de movilización sindical. El primer capítulo contextualiza el análisis en el escenario regional de la Sierra Central peruana, así como en los cambios vinculados a la presencia de la empresa monopólica Cerro de Pasco Copper Corporation a partir de 1902. El segundo capítulo reconstruye los inicios de la agitación obrera, así como los vínculos entre los trabajadores y el “Grupo de Lima”, que se hallaba abocado a la formación del Partido Socialista y la CGTP, la primera organización sindical de alcance nacional en Perú. El tercer capítulo aborda la lucha en pos de la sindicalización, tomando en cuenta las dificultades planteadas por la condición obrera prevaleciente en las minas, el estallido de protestas y la influencia de los militantes comunistas. Finalmente, el cuarto capítulo estudia el momento culminante del período: la realización del Congreso Minero del Centro, la creación de la primera Federación de Trabajadores Mineros y la dura represión gubernamental en contra de los trabajadores, cuyo desenlace fue la desarticulación del movimiento obrero en ciernes.

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El trabajo estudia la experiencia de la Escuela de Educación y Cultura Andina (EECA) creada en el seno de la Universidad Estatal de Bolívar, en el año de 1992, con el objetivo de ser una propuesta “insurgente” de educación superior para, con y desde los pueblos indígenas del Ecuador. Reconoce como posicionamiento epistémico y político la fractura del Estado nación ecuatoriano en la década de 1990 provocado por la lucha indígena que no solo revindicó derechos sino también propuso la reconstrucción de la sociedad desde conceptos como la pluriculturalidad, plurinacionalidad e interculturalidad. Incorpora los diálogos, reflexiones y propuestas construidas entorno al debate modernidad/colonialidad como marco para comprender las formas de colonialidad que persisten, las luchas sociales de movimientos y colectivos socioculturales de-coloniales, y así como la incorporación de propuestas insurgentes en nuevas formas de colonialidad. La EECA fue asumida como un pacha (tiempo-espacio) desde donde evidenciar las tensiones que plantea construir un proyecto de universidad no convencional. En el primer capítulo se describe y analiza la época en que surge, su relación con las necesidades y planteamientos del movimiento indígena del Ecuador, la forma que tomó su estructura académica y pedagógica para responder a su tiempo, el recorrido y las circunstancias que influyeron en la propuesta para asumir a la interculturalidad como eje político y epistémico. En la segunda parte se reflexiona con y desde sus actores, profesores y estudiantes, sobre su definición política, la propuesta pedagógica y la construcción del conocimiento, aspectos centrales que la definen como un proyecto no convencional. Se trabaja en los límites de cada con uno con el fin advertir peligros y posibilidades que aporten a las experiencias de educación superior para pueblos indígenas y universidades interculturales que surgen en Abya Yala. En la parte final, la reflexión girar en torno a deslindar dos perspectivas de universidad e interculturalidad, la una como mecanismo de colonialidad y la otra como proyecto de-colonial.

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During the 18th Century, the northeast of the Amazonian region, especially the jurisdiction of Quixos, was one of the most ignored regions of South America. Its dominions, dependents in part to the Real Audiencia of Quito, did not enjoy sufficient attention from the monarchial administration; therefore, the territorial domination and its natives did not take shape in absolute terms given the difficulties of indigenous resistance against strategies to slowly subordinate and eventually dismantle the Spanish politics of border territories.

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«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

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Esta conversación fue parte de un video-conferencia entre profesores y estudiantes del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y Arturo Escobar, el 13 de septiembre de 2006, dentro del marco de discusión planteado en el seminario sobre movimientos sociales titulado: Insurgencias Colectivas en perspectiva Histórico-Mundial.

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Este trabajo explora los relatos que hicieron posible la emergencia de oficinas públicas encargadas de gestionar aspectos de la sociedad relacionados a valores, costumbres y normas de convivencia a partir de los cuales la “cultura” se fue constituyendo en un campo de intervención estatal sistemática. Mi propósito es situar el surgimiento de la institucionalidad que se encargará de la gestión cultural pública en la ciudad de Bogotá, explorando las circunstancias que han permitido que algunos de los significados del término cultura se conviertan en obvios y que otros circulen “escondidos” entre los significados dominantes. La indagación permitirá visibilizar las lógicas, los conflictos y competencias que mantiene o transforman las jerarquías institucionales. Para ello se rastrea la concurrencia y la sucesión de hechos que a lo largo de los años fueron configurando el terreno para la creación y desarrollo de una institucionalidad que administra en la ciudad de Bogotá el campo denominado cultura. El argumento central es que el surgimiento de la institucionalidad que impulsa la cultura como un frente sustantivo se inscribe en un conjunto de políticas de gobierno que promueven formas de ciudadanía basadas en el control de la vida y en una construcción étnica que educa a ciertas poblaciones en una forma de ser y vivir la ciudad. Entender la cultura como espacio de disputa política inscrito en los regímenes de la Modernidad/Colonialidad ayuda a desentrañar el hilo de una historia donde las instituciones culturales del Estado se configuran a partir de viejas herencias coloniales que aún persisten. Es decir, que la gestión estatal de la cultura en Bogotá es parte de un proyecto colonial de nación construido por elites criollas y mestizas que con su mirada y sentidos puestos en el norte Europa y Estados Unidos pretendían conservar su principal capital simbólico, la blancura. Proyecto de nación a su vez ligado al proyecto del capitalismo global Explorar las discontinuidades y los puntos de encuentro que hay entre el proyecto promovido a comienzos del siglo XX con el proyecto de ciudad de los últimos años, donde la estructuración oficial reivindica la ciudad globalizada, nos ayuda a recordar el carácter histórico y construido de esta institucionalidad pública, que ahora mismo parece olvidado, y a entender el intercambio de signos, mecanismos de producción de significado y luchas de sentidos alrededor de aquello que se valora y legitima como cultura.

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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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Los movimientos sociales en el Ecuador, buscan constituirse en un espacio confrontativo al sistema hegemónico dominante, y alternativo en la construcción de una nueva propuesta política que democratice la sociedad y les permita participar de manera real. La sociedad ecuatoriana en los últimos veinte años, ha sido prisionera de las luchas y conflictos de poderes entre los sectores de la oligarquía del Ecuador por el reparto de las empresas estatales de mayor rentabilidad. Estos conflictos han abonado para que las instituciones del Estado y la aparente democracia se deteriore, y sean los movimientos sociales los que realicen propuestas de reformas institucionales que permitan revitalizar la democracia y buscar una participación adecuada del conjunto de la sociedad, es decir, a través de sus propuestas políticas se encuentran en un proceso de edificar una hegemonía política que permita la participación, y consolide la propuesta política de interculturalidad y revitalización identitaria