42 resultados para Idea de Europa en América Latina


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Dado el dinamismo en el crecimiento de la migración y por ende de las remesas, muchos actores tanto públicos como privados, han visto en éste mercado la oportunidad de alcanzar sus objetivos. Objetivos que se enmarcan en aspectos económicos, políticos, y geopolíticos de seguridad. Los primeros, se relacionan directamente con la rentabilidad extraordinaria que se puede obtener manejándose como intermediario en las transferencias de remesas, ya que se obtienen réditos tanto por las comisiones cobradas, como por el diferencial en los tipos de cambio. Los segundos, a diferencia se enfocan en convertir al mercado de remesas en un recurso estratégico para mitigar los problemas sociales y económicos de los países nativos de los emigrantes, ya que el Estado actual se encuentra tan desentendido en la formulación de políticas de redistribución para la sociedad, que la solución se extiende a que los pobres se autoayuden con los fondos que vienen de los países a los cuales sus parientes migraron para mejorar su situación. Y el tercer objetivo, hace referencia a la carencia en la ayuda para el desarrollo y en la inversión extranjera directa en los países latinoamericanos; circunstancia que es respaldada por la política de seguridad de los EEUU, que busca dar ayuda a países que tengan valor geopolítico y no a países precisamente pobres; así también en este objetivo se contempla la conocida “seguridización de la pobreza”, que considera a los pobres una amenaza a la seguridad y a la gobernanza global. Entre los actores interesados se han creado una serie de iniciativas que abordan tanto los canales de transferencia de remesas, como los dispositivos de poder para normar tales flujos. Es el caso de actores como el BM, BID, Asociaciones, tanto de cooperativas, como de emigrantes, Gobiernos, sector privado, entre otros, que buscan “formalizar o bancarizar” los flujos para poder controlarlos y destinarlos a distintos fines. En este estudio se relata la experiencia de México, Centroamérica y Ecuador.

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Esta presentación sobre apatridia y nacionalidad en América Latina, se refiere básicamente a tres aspectos fundamentales, que son: 1) ¿Cuál es el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con respecto a la Apatridia?; 2) ¿Cuáles son los estándares regionales para la protección de los apátridas y que ha dicho con respecto a éstos el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos; y 3) ¿Dónde estamos con respecto a la ratificación de los instrumentos internacionales a materia de apatridia en este continente?

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En la América Latina contemporánea, la herencia de las formas coloniales del poder ha perpetuado un régimen de dominación a través de un sistema jerarquizado que ha operado desde la fuerza legítima del Estado, con la aparición de los regímenes republicanos. La entrada en la modernidad ha acarreado para nuestro continente la agudización de las inequidades, lo que inevitablemente ha desembocado, desde los años 1960 en una serie de conflictos internos, guerrillas y gobiernos dictatoriales. La inestabilidad política y la fragilidad democrática, así como las tendencias autoritaristas de los gobiernos de la región han conllevado a un recurrente ambiente de violencia social. Paralelamente, las políticas de seguridad, en la época de la “guerra fría” se sustentaron, para los Estados Unidos en la lucha anticomunista como justificativo para su intervención en otros países. Una vez finalizada, ésta derivó, desde la década de 1990, hacia la lucha antiterrorista y antinarcóticos, fenómenos identificados como las nuevas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos y del planeta. La identificación de este nuevo “enemigo” ha sido reforzada por un conjunto de representaciones estigmatizantes sobre el narcotráfico y quienes estarían involucrados en este fenómeno Junto al discurso oficial emitido desde los Estados Unidos, y se ha difundido globalmente, se ha configurado en los países más azotados por el narcotráfico como Colombia y México, un modo de representación del fenómeno del narcotráfico que ha alimentado el imaginario social. Es así que se han desarrollado formas culturales que relacionan los modos de vida e interacciones sociales locales propias del narcotráfico con símbolos regionales y nacionales particulares: este fenómeno ha aparecido en la escena bajo el nombre de “narco cultura” En tanto la cultura es un escenario de lucha entre diversas representaciones del mundo, el propósito de este trabajo de investigación es el análisis de una de las expresiones de la llamada “narco cultura”: la telenovela “narco” colombiana, que será definida aquí en como un producto de la industria cultural televisiva. A través de este trabajo se pretenderá dilucidar, cual es el papel ideológico que ésta desempeña a través de sus construcciones discursivas, el peso que alcanza en medio de la lucha de poder entre la imposición de políticas de seguridad anti-drogas globales y la posibilidad de construcción de un sentido alternativo a la negatividad del discurso securitista contra el narcotráfico y, que además, recoge rasgos culturales y sociales desde los contextos en los que se produce, en el caso de esta investigación, en Colombia.

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¿Por qué será que la literatura irradia un magnetismo curioso que la junta con el pensamiento latinoamericano y con otras ciencias sociales? Antes, esas disciplinas nos ofrecieron modelos de explicación de la realidad para nuestro campo de saber: la sociología, la filosofía y la antropología alimentaron nuestras metodologías de estudio de la literatura. Sin embargo, las letras, la literatura y el estudio de los hechos de la cultura hoy han colocado un eje importante a partir del cual podemos aproximarnos al diálogo con esas otras disciplinas. En esta Universidad, de hecho, las letras han sido un punto de articulación sustantiva con otros programas.

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Presenta la tasa de homicidios en América Latina discutiendo la incidencia de los principales factores de riesgo identificados por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Presenta los niveles de victimización por hogares en América Latina, la percepción de inseguridad, la confianza en la policía y en la justicia y las cifras de la población penitenciaria. Plantea la adopción de medidas para revertir los indicadores negativos contrarrestando el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en la región.

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El presente dossier expone un conjunto de estudios desarrollados en la Red de Investigación sobre América Latina, asociación dedicada a analizar los procesos de inclusión y exclusión social, así como el establecimiento y la negociación de límites simbólicos en América Latina por medio de los conceptos de “etnicidad”, “ciudadanía” y “pertenencia”, que tienen especial relevancia para la región debido a que permiten un examen más informado de las líneas de conflicto del pasado y presente de la región.

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El artículo explora el surgimiento de la figura del extranjero indeseable en las legislaciones nacionales latinoamericanas, desde la Independencia hasta finales de la década de 1930, aproximadamente, de forma paralela a la política de inmigración en los Estados Unidos. Las restricciones sobre la entrada libre de extranjeros que establecieron las repúblicas, durante las primeras décadas de la Independencia, estaban relacionadas con el modelo del ciudadano idealizado. El análisis de los impedimentos para la entrada de extranjeros muestra cómo, durante el siglo XIX, el extranjero “deseado” fue definido cada vez más en contraste con los rasgos negativos de los “indeseables”, bajo el supuesto objetivo dedefender la nación”.

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Durante el auge de la planificación estatal en la década de los cincuenta, se dio origen a la banca de desarrollo como herramienta para la canalización de recursos hacia sectores productivos, a tasas y condiciones preferenciales. El propósito de este estudio es determinar bajo qué términos es factible y necesaria su reformulación en América Latina como alternativa para fomentar el desarrollo, en un contexto de mercados financieros subdesarrollados y dedicados al financiamiento de corto plazo, altamente concentrados en empresas de mayor tamaño que excluyen a los pequeños proyectos productivos que requieren créditos bajo condiciones más favorables y adecuados a su actividad, y que, por su aporte al crecimiento económico como generadores de empleo, caen en el ámbito de actividades financiables por el Estado para promover el desarrollo. Con este objetivo, se revisan los argumentos teóricos que justifican la interacción del Estado con el mercado, se analizan cuáles fueron los aciertos y errores de la banca de desarrollo tradicional y los debates para su reforma, constatándose, al final, si estos han motivado un cambio en la banca pública de desarrollo ecuatoriana.

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América Latina juega un papel importante en relación con la Gobernanza Ambiental. El conocimiento generado por estudios empíricos y teóricos sobre los desafíos ambientales del presente pueden apoyar los renovados esfuerzos de la región por alcanzar un uso de los recursos naturales que sea equitativo y sustentable. A pesar de que los vínculos entre las dimensiones social y ambiental han sido explorados por la academia desde los años noventa, las nuevas tendencias de la Gobernanza Ambiental en América Latina requieren una aproximación analítica comprehensiva. Los autores argumentan que, a fin de potenciar las “perspectivas latinoamericanas” para la solución de los dilemas socioambientales, algunas corrientes de investigación deben juntarse en marcos analíticos integradores que puedan generar complejas preguntas relacionadas con las interacciones a múltiples niveles entre Estado, sociedad civil y actores de mercado.

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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.

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Este trabajo tiene como objetivo principal el comprender y describir la racionalidad que sustenta, a inicios del siglo XXI, la definición de los objetivos y la estrategia de Política exterior china, aterrizando, al interior de la región de América Latina y el Caribe, en los casos de Ecuador y Perú. Con ese fin, se ha explorado, desde el marco teórico del realismo, la necesidad de maximización de seguridad de la República Popular China, inmersa, al igual que todos los demás Estados, en un Sistema Internacional anárquico. Su necesidad de cooperación responde al interés por preservar un entorno internacional pacífico favorable a la expansión de una red de negocio y comercio que influye a todos los Estados, sea como mercados de los bienes chinos, o como fuentes de materia prima. En ese contexto, la expansión del poder blando chino ha logrado alinear a diferentes Estados de la región y hoy trabajan en función de la maximización de seguridad china.

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Desarrollar un balance crítico del impacto del Convenio 169 de la OIT y sus repercusiones en el ámbito del pluralismo jurídico y la justicia comunitaria en América Latina constituye un desafío complejo. Durante buena parte del siglo XX, muchos países ni siquiera reconocían que a lo interno de sus territorios existían pueblos indígenas u originarios. La huella y la herida colonial simplemente estaban vigentes. La época en que se aprueba el Convenio 169 de la OIT coincide con el auge neoliberal y el multiculturalismo en la región, pero también con la emergencia a la escena política de un vigoroso movimiento indígena. ¿Ha cambiado la situación de los pueblos indígenas desde entonces hasta ahora? ¿Se han reconocido su condición de pueblos y culturas diferenciadas, y junto con ello, de sus instituciones, autoridades y prácticas de administración de justicia? ¿Ha sido suficiente impulsar cambios en el campo jurídico para afectar una matriz colonial de poder que excluye, invisibiliza y controla al mismo tiempo? Sin duda respuestas a fondo a estas y otras interrogantes rebasan por completo los alcances del presente texto. Apenas se pretende desarrollar un primer esbozo de la situación, a manera de un balance urgente. Hay algunos trabajos y estudios (algunos de ellos citados) que muestran de manera más específica el camino recorrido. La interrogante central que anima estas líneas gira en torno a, ¿cuáles son los principales avances y dificultades existentes en torno a la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico a raíz de la ratificación y vigencia del Convenio 1609 de la OIT en algunos países de América Latina? Para responder a esta pregunta, el texto presenta una panorámica y retrospectiva, y está organizado en cinco ítems centrales: a) situación de los pueblos indígenas antes de la aprobación del Convenio 169 de 1989; b) los (principales) efectos y repercusiones generadas por la aprobación del Convenio 169 en el ámbito de la justicia comunitaria; c) las reformas constitucionales y legales, especialmente en relación al pluralismo jurídico y la justicia comunitaria; d) un repaso de algunas de la agenda de políticas públicas en torno a tema; y finalmente e) la situación de las mujeres indígenas y la justicia comunitaria.

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El artículo hace referencia al desarrollo de la soberanía y las nuevas formas de regionalismo en América Latina. En esta lógica, el “nuevo regionalismo” surge en los últimos años bajo condiciones internas y externas que se traducen en el surgimiento de nuevas formas regionales como ALBA, UNASUR, CELAC. Adicionalmente, se recalca la persistencia de obstáculos a la integración regional como la soberanía nacional, pero al mismo tiempo se plantea enfrentar los mencionados desafíos a través de cambios conceptuales del término soberanía, en función de una estrategia a largo plazo que genere una gobernanza regional.