33 resultados para INSEGURIDAD
Resumo:
Esta tesis se refiere a la manera cómo el aumento de la delincuencia y la inseguridad en Quito provoca en los habitantes una serie de respuestas y actitudes basadas en el miedo. Explora en los hechos y en los discursos para entender la construcción de esa forma conflictiva de relación social inspirada en la desconfianza y el temor al otro. En suma, el miedo como elemento decisivo a la hora de asumir estrategias para habitar la ciudad. Se compone de cuatro capítulos, cada uno elaborado de manera independiente de los demás, pero vinculados entre sí por el tema y por la estructura. En todos iniciamos con la exposición de las categorías de análisis que dan sentido al capítulo para luego ponerlas en diálogo con los hechos ocurridos en la ciudad, y terminar con un enunciado que propone una manera de comprender el problema. En el primer capítulo, denominado Ciudad real y ciudad imaginada, iniciamos con una crónica descriptiva de Quito como espacio de existencia y comunicación. A continuación, planteamos las principales narrativas -oficial, mediática y cotidiana- sobre la inseguridad, y la manera cómo se juntan la realidad externa y su representación simbólica en la construcción del miedo. En el segundo capítulo, titulado La representación monstruosa del otro, damos cuenta de la manera cómo el poder coloca los conceptos de orden y de paz como sus principales fundamentos y procura eliminar todo lo que se considera peligroso. Acudimos a conceptos de la mitología, según los cuales la delincuencia y la marginalidad adquieren características monstruosas por estar fuera del orden. 2 En el tercer capítulo, bajo el nombre La crisis del Estado social y la imposición de modelos disciplinarios, abordamos los conceptos de violencia social o estado de violencia, que nos ayudan a entender los orígenes de este fenómeno más allá de la lucha de clases o de la confrontación entre buenos y malos. Vemos la mutación de los horizontes políticos, desde la utopía de la justicia social en años anteriores, a la utopía de la seguridad en la actualidad. En el cuarto capítulo, llamado Violencia y prácticas sociales, nos referimos a la manera cómo la percepción de inseguridad provoca una ruptura entre los habitantes y su entorno. Aquí, los diferentes sujetos sociales ponen en juego sus respectivos capitales, que entran en conflicto con los de otros. Se produce entonces una crisis de sentidos, y es en esa atmósfera ambigua y angustiosa, donde las personas ponen en práctica sus estrategias de sobrevivencia. Finalmente, en la parte correspondiente a las conclusiones, proponemos volver la mirada hacia dos aspectos claves para explicarnos el miedo en las urbes contemporáneas: 1) Reconocer la dimensión política de la violencia, y 2) Desmontar el esquema de organización maniqueísta del mundo basado en el lugar común de la lucha del bien contra el mal.
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Esta investigación pretende examinar cómo se construye mediaticamente al colombiano a partir del discurso que maneja la prensa y a través de ella, algunos grupos visibles dentro de la agenda mediática, en una época marcada por los flujos migratorios a nivel latinoamericano, por una creciente percepción de violencia e inseguridad urbana e indudablemente por aquello que algunos han dado en llamar la estética del terror. Es así que este trabajo se interesa por identificar las nociones predominantes en el discurso periodístico con relación a esta minoría, nociones que son determinadas desde la visibilidad mediática, ejercen un tipo de influencia sobre los grupos y crean predisposiciones que llevan a legitimar el comportamiento de las personas.
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La República del Ecuador hacia mediados de la década de los 60 se caracterizaba por una estructura productiva de estrecha diversificación, un horizonte industrial limitado, mercado interno reducido y una actividad agropecuaria predominante. Bajo estas circunstancias las clases subalternas, constituidas por campesinos asalariados agrícolas y por una población urbana mayoritariamente desocupada, presentaban un panorama de pobreza y abandono extremos, mientras la riqueza económica y predial se concentraba en un grupo minúsculo de terratenientes y políticos, cuyos intereses negaban la necesidad de la educación, la salubridad y la comunicación a la población. Una época de convulsiones y desorientaciones políticas y sociales que sumían al Ecuador en el caos, la corruptela administrativa y el fanatismo político por espacio de cuarenta años, durante los cuales un caudillo llegó a ser elegido cinco veces presidente de la República, asimismo depuesto cuatro y enviado al exilio, lo que produjo una cadena de interinazgos en el poder entre 1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961 y 1968-1972. La tradición oral, en forma de relatos especialmente, conserva la memoria del surgimiento de los grupos antagónicos, primero en espacios reducidos y familiares que luego fueron creciendo y constituyéndose en amenaza al poder gubernamental sobre sus representantes en los pueblos y capitales de provincia. Con el nombre de Banda de Tauras se conoció al grupo de bandoleros compuesto por elementos rurales de Manabí. Su existencia arranca en los años precedentes a la década de los 40 a partir de situaciones de índole doméstico y su acción se proyecta, con alcances sociales, hasta fines de los 60, coincidente con el apogeo de la etapa política denominada "velasquismo" (1934-1972) con el Dr. José María Velasco Ibarra, a la cabeza. El líder o jefe más importante de la banda, don Pastor Ramón Tuárez Loor, de origen rural manabita (Los Laureles, parroquia Pueblo Nuevo, cantón Portoviejo) fue ajusticiado en el campo por el Batallón Febres Cordero, mecanismo defensivo y represivo de la norma, de ascendencia gubernamental. El grupo, como otros, desapareció a través de la persecución y el ajusticiamiento de la mayoría de sus miembros, mientras el resto se dispersó por la geografía del país. El trabajo está dividido en tres capítulos. El primero, dedicado a la novela regional manabita a través de las que hemos citado, explora las diferentes formas de presencia de la oralidad en el discurso novelesco, insistiendo especialmente en los aspectos fonético, auditivo y sintáctico del lenguaje oral reflejado en la textura novelesca. El capítulo segundo está dedicado al relato de raíz oral sobre personajes y acciones de la Banda de Tauras e incorpora en su análisis los cuatro relatos citados que pertenecen a incipientes narradores dentro del sistema escriturario. Esta circunstancia -la de incipientes escritores- otorga una hermosa candidez oral a sus relatos haciéndolos accesibles a un análisis dialectológico de la narración oral llevada a la escritura y la persistencia de la oralidad en la escritura. Al final, introducimos una propuesta de análisis del relato de raíz oral a partir de la perspectiva teórica de Maijail Bajtín, especialmente sobre la incidencia de la heteroglosia social y la estilización porodial en el relato. Finalmente, el capítulo tercero aborda los aspectos orales de la comunidad rural relacionados con su visión del mundo, es decir, sus conceptos y percepciones, y su incidencia en la vida sociocultural, reflejados y representados en la ficción a través de las narraciones escogidas.
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El presente trabajo de investigación esta referido al estudio y análisis del Consejo de la Judicatura en la Constitución Política del Estado Boliviano, ya que la creación de esta importante institución, como órgano rector administrativo y disciplinario del Poder Judicial, se incorpora a las reformas constitucionales y llega a formar parte del proceso de modernización del sistema judicial en Bolivia. La importancia de esta investigación radica, que con la creación de nuevos organismos dentro del Poder Judicial, como el Consejo de la Judicatura, se busca enfrentar los problemas de desconfianza e inseguridad jurídica, solucionándolos y devolviendo al ciudadano la fe y confianza en la administración de justicia y en sus instituciones democráticas. El contenido del Primer Capítulo, esta referido a los antecedentes y análisis de las reformas constitucionales que se van desarrollando en los países de América Latina, donde se puede advertir procesos destinados a la reforma y modernización del Estado, siendo uno de los elementos más importantes las reformas judiciales para lograr el desarrollo de una justicia legítima y creíble, asimismo se realiza una síntesis de las reformas constitucionales que se dieron en Bolivia, desde la primera Constitución de 1826 hasta llegar a la última reforma de 1994, dando lugar a la creación del Consejo de la Judicatura, y de esta manera se examina la crisis del Poder Judicial boliviano. En el Segundo Capítulo, se realiza un estudio sobre la reforma constitucional de 1994 y, la creación e implementación del Consejo de la Judicatura en Bolivia, como institución clave del control de la administración de justicia, teniendo importancia histórica en el país, porque por primera vez se cuenta con un órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial; de igual manera se hace un examen global de la Ley del Consejo de la Judicatura. En el Capítulo Tercero, denominado el Consejo de la judicatura, se estudia en forma exhaustiva su estructura orgánica desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado y de su propia Ley. De igual manera se hace un análisis de la organización administrativa del Consejo, de los recursos humanos en la Ley del Consejo de la Judicatura y del régimen económico y financiero del Poder Judicial. El estudio del Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, se encuentra en el Cuarto Capítulo, donde damos a conocer sus funciones y atribuciones; además se hace un análisis del régimen disciplinario del Poder Judicial, señalando la procedencia de los procesos disciplinarios y cuales los alcances y efectos de las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura. En el Capítulo Quinto, se analiza al Instituto de la Judicatura de Bolivia, como una unidad desconcentrada de capacitación y formación profesional a los servidores judiciales, dependiente del Consejo de la Judicatura; su naturaleza, funciones y estructura orgánica del mismo, para concluir con una evaluación de su funcionamiento hasta nuestros días. El Capítulo Sexto esta referido a la responsabilidad del Estado por error en la administración de justicia, donde se hace un estudio sobre la responsabilidad que tiene el Estado por el daño producido como consecuencia del mal funcionamiento de la administración de justicia; analizando de igual manera el caso boliviano. Finalmente, en las conclusiones damos a conocer la importancia y crítica de la creación y funcionamiento del Consejo de la Judicatura en Bolivia. Por todo lo anteriormente señalado, el objeto de la presente tesis, no solo es proporcionar una exposición básica y sistemática del contenido que comprende, sino resaltar la importancia de la creación del Consejo de la Judicatura. Este trabajo está destinado a juristas, abogados, estudiosos en derecho, estudiantes y a todo individuo que se considere miembro de un Estado y pueda tener la seguridad del respeto a sus garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, a través de una eficiente administración de justicia.
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El propósito principal de este trabajo es descubrir cuál es el papel de las fronteras en el proceso de integración regional, especialmente en la región andina de la frontera colombo–ecuatoriana. A lo largo del primer capítulo se desarrollan conceptos básicos como frontera y límite, se estudia su desarrollo en la Comunidad Andina, la incorporación y desarrollo en el Acuerdo de Cartagena, por medio del X y XI Consejo Presidencial Andino y la incorporación de las Políticas de Desarrollo Fronterizo mediante las Decisiones 459 y 501. Se realiza un estudio de las normas constitucionales colombianas que regulan el tema fronterizo y las atribuciones que da a las autoridades locales para el desarrollo de las regiones ubicadas en las zonas fronterizas, así como la Ley de Fronteras o Ley 191 de 1995, el Plan Fronteras y el Plan Fronteras para la Prosperidad, políticas lideradas durante los últimos diez años por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en territorio colombiano, cuyo principal objetivo es brindar ayuda a los municipios y corregimientos que hacen parte de las zonas fronterizas y presentan necesidades básicas insatisfechas. El capítulo primero finaliza analizando y mencionando las políticas fronterizas ejecutadas por el departamento de Nariño durante el periodo 2008–2011 y a lo largo del capítulo segundo se desarrollan las principales características de la frontera colombo–ecuatoriana como son: el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, las fumigaciones, las migraciones, los desplazamientos, el Plan Colombia y el Plan Ecuador, que han sido las causantes del quebrantamiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. En este capítulo también se estudian las instituciones que existen en la frontera, tales como la Zona de Integración Fronteriza y su evolución, las Comisiones de Vecindad e Integración Colombo–Ecuatoriana y el proyecto de los Centros Binacionales de Atención en Frontera. Por último se mencionan los principales acuerdos binacionales como el Proyecto de Residuos Sólidos entre Ipiales y Tulcán y la Mancomunidad entre Ipiales y Tulcán.
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Hay un capítulo que no termina de cerrarse en nuestro sistema tributario, mismo que me he permitido catalogarlo como obscuro por cuanto aún con las 33 reformas que se han dado en estos últimos 22 años, que incluyen las 11 reformas realizadas en los últimos 5 años, no vemos un cuerpo legal totalmente pulido, más bien se ha creado un ambiente de inseguridad jurídica del cual, estoy seguro, nos va a costar mucho tiempo y esfuerzo salir. Es por lo expuesto que la presente tesis tiene por objeto exponer al lector la evolución normativa del impuesto a la renta a que han estado obligados los contribuyentes –personas naturales– a lo largo de los años; a través de una exposición cronológica y relacional de las distintas reformas que ha sufrido este impuesto a partir de 1989, con la Ley 56, hasta las más recientes reformas. El desarrollo de los institutos del Derecho Tributario: renta, ingresos gravados, ingresos exentos, gastos deducibles, declaración, anticipo, retenciones, etcétera; son analizados con un criterio histórico, evidenciándose de esta forma, los distintos cambios que han experimentado. Lo antedicho nos permite identificar, opinar y comprender cabalmente los aciertos y desaciertos del legislador al momento de crear, modificar o suprimir las distintitas regulaciones del impuesto a la renta de las personas naturales.
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Presenta la tasa de homicidios en América Latina discutiendo la incidencia de los principales factores de riesgo identificados por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Presenta los niveles de victimización por hogares en América Latina, la percepción de inseguridad, la confianza en la policía y en la justicia y las cifras de la población penitenciaria. Plantea la adopción de medidas para revertir los indicadores negativos contrarrestando el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en la región.
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En su objetivo del establecimiento de una pena frente a la existencia de la infracción, la legitimidad de la misma (pena) proviene del cumplimiento del debido proceso que, en su esencia, son los derechos que tiene el procesado para defenderse del poder punitivo, a efectos de que éste no vaya más allá de los límites establecidos legal y constitucionalmente. Sin embargo, el cumplimiento cabal del debido proceso ha sido visto como un obstáculo en el camino del Estado cuando pretende imponer una pena con el mayor ahorro de tiempo y recursos, porque supuestamente genera que el procedimiento y trámite penal de cada caso emplee mayor tiempo del que debería, generándose una crisis del sistema de justicia penal, que no podría tener la capacidad para dar la respuesta (imposición de una pena) frente a cada delito, respuesta que de no ocurrir, a su vez hipotéticamente causa mayores niveles de impunidad e inseguridad ciudadana, factores que unidos a la supuesta crisis del sistema de justicia penal, han hecho que el Estado –fundamentado en el eficientismo penal– promueva reformas procesales penales con la creación de mecanismos que tengan como objeto principal el castigo de los delitos en el menor tiempo posible, tal es el caso del procedimiento penal abreviado, que para cierto tipo de delitos promueve que la pena sea sólo el producto de un acuerdo entre el fiscal y el procesado. Bajo la mirada desde el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, nuestro estudio pretende analizar si el procedimiento penal abreviado cumple o no el debido proceso o, si el mismo cede ante el eficientismo penal.
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La discusión respecto a la influencia de los medios de comunicación sobre nuestras conductas generalmente ha estado centrada en ciertas preguntas: ¿nos hacen más tolerantes a la violencia? ¿Nos alejan del mundo real? ¿Influyen en nuestros hábitos de consumo? Sin embargo, un aspecto del que no se discute mucho y sobre el cual existe poca evidencia, es el rol que cumplen los medios de comunicación en las agendas legislativas. Sin duda, los medios de comunicación utilizan su poder para generar estereotipos sobre el delito y el delincuente, convirtiéndolos en los antagonistas de la “convivencia social”. Pero, ¿se transmiten esos estereotipos a la legislación penal? ¿Legitiman los medios el castigo que se impone a los delincuentes? ¿Se reconocen los mismos derechos a las personas etiquetadas como delincuentes? Para responder a todas estas preguntas es necesario revisar el papel que los medios ejercen en medio del desarrollo del ser humano, determinar qué tipo de sentimientos se generan a partir del tratamiento que se da al tema de la inseguridad y cómo ellos influyen en la angustia social que despiertan el delito y el delincuente. Con ejemplos se demostrará cómo esos sentimientos y estereotipos son utilizados por los medios para presionar a los legisladores en la creación y modificación de tipos penales. Este trabajo busca atender todos estos cuestionamientos y probar que las leyes llevan una carga de discriminación y desigualdad construida a través del lenguaje y los mensajes que usan los medios de comunicación.
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En medio de un contexto marcado por la globalización, la población que migra experimenta múltiples formas de negación y exclusión. En muchos países es mirada como extraña, intrusa, como ese nuevo «chivo expiatorio», como «lo malo» e incluso «lo no deseado». En Ecuador concepciones como estas han sido fortalecidas, por un lado, por el discurso oficial que tiende a mirar el libre ingreso de la población colombiana como una causal de la inseguridad ciudadana y, por otro, por las políticas de inmigración que se han implementado en nuestro país a partir de 2004. La presente investigación analiza la posición del gobierno del presidente Rafael Correa respecto a los inmigrantes y, fundamentalmente, frente a los inmigrantes colombianos, durante el período 2007-2009. Intenta responder a preguntas como: ¿Cuál es el peso que otorga el gobierno de Correa a la emigración, inmigración y refugio? ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en la implementación de políticas de inmigración? ¿Si las políticas de inmigración afirman o expresan la concepción de la inmigración como un problema de seguridad, como una amenaza y qué implicaciones trae ello para los derechos humanos de la población colombiana?
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La relación entre Ecuador y Colombia se ha visto afectada por su frontera conjunta, donde la inseguridad nacional y la desconfianza mutua han creado un ambiente de tensión política y diplomática entre ambos Estados. Entre el 2008 y el 2011 se experimentaron diversas crisis fronterizas producto de las políticas de seguridad implementadas por Colombia para el combate a la narcoguerrilla. Así, las constantes intervenciones militares y los episodios de transgresión fronteriza, producto de la política de seguridad preventiva de mano dura, llegaron a su punto más álgido con el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC en Angostura-Ecuador. Así, el incidente de Angostura, como resultado del uso de una “preemptive strike doctrine”, marcó la historia de ambas naciones al provocar el más duro quiebre de las relaciones bilaterales, que se tradujo en la alerta máxima de seguridad nacional para el Ecuador y un llamado de atención a la región sobre sus mecanismos de seguridad y lógicas de la geopolítica reinante. Este trabajo pretende analizar los factores que caracterizaron las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia de 2008 al 2011 en el marco de las tensiones binacionales fronterizas y el ataque armado colombiano en la zona de Angostura (Ecuador), bajo el enfoque teórico del realismo y el uso de la metodología de estudio de caso. Se pretende evidenciar la manera en como la respuesta ecuatoriana a la crisis se orienta por lógicas realistas de las relaciones internacionales. Para ello, se han destacado tres momentos que marcan la secuencia de la investigación empírica de esta tesis: primero se inicia con una retrospectiva de las relaciones bilaterales colombo-ecuatorianas con un enfoque histórico de carácter general; segundo, una exposición de los antecedentes del bombardeo que demuestran los altibajos bilaterales que fueron marcando distancias. Finalmente, una descripción del ataque y sus alcances en el campo diplomático, militar y geopolítico, que introdujeron una nueva visión sobre la política de seguridad regional.
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La crisis alimentaria mundial de 2007-2008 marca una nueva etapa en la inseguridad alimentaria mundial y presenta una naturaleza bien distinta a la de crisis anteriores. Dos son las principales características que definen la naturaleza de la actual crisis alimentaria mundial: factores de corto plazo y factores estructurales o de largo plazo. Esta compleja naturaleza de la actual crisis alimentaria estuvo en la raíz de la enorme dificultad de los Gobiernos y de las instituciones internacionales para afrontar la crisis y aliviar los impactos negativos sobre la seguridad alimentaria mundial. Algunos de los factores que inciden en la crisis están en manos de los Gobiernos, como las políticas, pero otros son muy volátiles y no están en sus manos sino que son dirigidos por los mercados. En los mercados de Sudamérica, aquellos países ricos en materias primas, la crisis se presenta como una oportunidad para el crecimiento sostenido y la posibilidad de pasar a una producción con mayor valor agregado: de las materias primas a la agroindustria. El desafío en Sudamérica hoy por hoy es crecer sostenidamente, al tiempo que se enfrentan las nuevas condiciones globales y regionales. Dentro de Sudamérica han existido, por muchas décadas, iniciativas de integración subregional que buscan profundizar el comercio agrícola. Según la FAO y ALADI una de las regiones que se vería menos afectada es la zona andina (con excepción de Bolivia y Ecuador que tienen mayor grado de vulnerabilidad). Es dentro de ese escenario de desarrollo rural e integración donde se plantean potencialidades que tiene la CAN para enfrentar la crisis alimentaria, mediante políticas compartidas en el sector agrícola que permita mejorar las convergencias de la subregión andina para alcanzar acuerdos mínimos de cooperación, tales como: Organismo Supranacional, Comité de Monitoreo de precios, Intercambio de tecnología e investigación, Ventajas competitivas y Aumento de la Productividad.
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Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.
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Las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo se encuadran dentro del Derecho Público y su principal objetivo es el manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. A pesar de la importancia que tiene este tipo de empresas dentro del quehacer diario del Estado en la gestión y administración pública, a éstas tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el año 2010 (Oficio de Absolución de Consulta No. 00146 de 22 de diciembre de 2010), por no ser parte de la Función Ejecutiva, no les es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), norma de carácter general que regula la Administración Pública, lo que ocasiona que varios ámbitos a ser desarrollados por estas empresas queden desamparados y faltos de normativa, entre ellos los procesos de impugnación de los actos administrativos. La importancia del tema radica en el hecho de que el ERJAFE determina los procesos administrativos fundamentales, entre los que se encuentran los procesos de impugnación de actos administrativos, para el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública, por lo que la imposibilidad de aplicar esta normativa es crítica y genera inseguridad, tanto para las Empresas Públicas como para sus administrados. Este trabajo busca realizar un análisis de la problemática que aqueja a las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo, al momento de atender los procesos de impugnación de los actos administrativos, por la imposibilidad de aplicar el ERJAFE y por no contar con una norma supletoria que subsane este vacío legal, traduciéndose así en inseguridad jurídica para los administrados.
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El presente trabajo de investigación se circunscribe a analizar la seguridad jurídica en materia de inversiones a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria Ecuatoriana y sus reformas, en lo referente al Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto sobre los Activos en el Exterior. En consecuencia, y como resultado de la investigación efectuada lo que se ha pretendido es demostrar si los impuestos antes mencionados han afectado la seguridad jurídica en el ámbito tributario, y en materia de inversiones, de manera específica referente a la inversión extranjera directa, por lo que como corolario hemos determinado que la Ley aludida, a través de sus impuestos reguladores, concretamente el Impuesto a la Salida de Divisas; creado para mitigar la salida de capitales del país, y el Impuesto a los Activo en el Exterior; cuyo objetivo fue el retornar los fondos disponibles que mantienen en el exterior aquellos sujetos pasivos que se encuentran regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros; vulneran la seguridad jurídica, ya que en primer lugar; no ha cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados, sino por el contrario han frenado la captación de la inversión en el país, pues los antes indicados han sido sufrido reformas por distintos instrumentos legales y en un periodo de tiempo corto, instaurando en los inversionistas, actuales como en los potenciales un ambiente de inseguridad e inestabilidad normativa para la colocación de sus capitales en el país.