47 resultados para Fuerzas Armadas y Policiales


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Esta investigación desarrolla, en su primera parte, el cómo ha v~riado la intervención del Estado a través del Banco Central del Ecuador en la economía y, especialmente frente al Sistema Financiero Privado después del llamado proceso de modernización, aplicado por el gobierno de Durán Ballén-Dahik, hasta llegar a las causas económicas y políticas del colapso financiero. Como antecedente al tema concreto de estudio, se analizan las reformas del mencionado gobierno que terminaron produciendo pérdida de control, más que desregulación o liberalización de la actividad financiera en el Ecuador. Esta entrada analítica, como el resto de la investigación, planteó la necesidad de abordar el problema desde una dimensión política, económica y legal; así como el reto de realizar un análisis histórico-estructural e institucional que no permite solo entender al Banco Central, sino a la compleja relación entre el estado ecuatoriano, las fuerzas sociales, los niveles productivos, y el orden internacional. En ese sentido, el estudio aborda teóricamente la problemática desde varias visiones que pretenden construir una explicación que pueda abordar la complejidad del Estado Ecuatoriano, a través de una de sus instituciones; así se toman varias perspectivas como las provenientes de la Teoría Critica, análisis Institucionalistas y de materia económica. La segunda parte, analiza los primeros indicios de las nefastas consecuencias de la política desreguladora y la directa relación de la crisis y colapso financiero con una trama política, institucional y económica compleja que supera los análisis tecnocráticos e instrumentalistas.V La investigación plantea que la crisis y colapso son herederos de varios elementos: una perdida de control y supervisión por parte del estado; prácticas de bailing out expresados en constantes salvatajes que incrementaron el riesgo moral en sectores financieros y especulativos, un escenario político donde los sectores hegemónicos no han podido instrumentalizar, pero si colonizar sectores concretos en la. t oma de decisiones estatales (también gracias a una eficiente articulación entre distintas fuerzas sociales y actores en tomo a un discurso que se presentaba como un proyecto político económico liberal), y las debilidades de las fuerzas subalternas en la identificación de los escenarios donde se decidía y se ejecutaba la forma de regulación de acumulación. El estudio también hace un balance de la crisis políticas y económicas, que atraviesan el tema de la investigación, y deconstruye dos percepciones contrarias pero permanentes en el debate público: la de la asepsia tecnocrática, que plantea a los problemas y al colapso financiero como productos mecánicos de la inestabilidad política y de factores exógenos; y la que proviene de visiones instrumentalistas, donde se sobreestima el papel de las elites y se les atribuye la virtud de manejar a su antojo al conjunto del estado. Finalmente, es pertinente señalar que esta investigación también estudia como opera el poder en múltiples dimensiones, y espera efectivamente en convertirse en un aporte a la discusión pública sobre los asuntos de lo público, a la vez que motivo de debate, crítica y, por supuesto, de nuevas posibilidades.

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Este documento busca reconstruir el proceso de debate realizado desde mayo del 2002 entre diversos representantes de la sociedad civil, ciertos actores extranjeros y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Como producto de este debate que se llevó a cabo en Quito, Guayaquil y Cuenca, se publicó un documento que recopilaba la Política Nacional de Defensa. La presente tesis busca identificar cómo fue el proceso de debate de esta políticacomúnmente conocida como el Libro Blanco de la Defensa - y finalmente evalúa la relación existente entre las propuestas realizadas durante las diversas mesas de discusión frente al resultado final que se alcanzó. Con base en una serie de entrevistas realizadas a académicos y militares, se busca identificar las particularidades que tuvo el proceso y conocer las percepciones que estos tienen frente al documento actual y aquello que hubieran deseado alcanzar. A través de esta reconstrucción se pretende conocer la medida en que puede haberse alcanzado un cambio en las relaciones civiles - militares en el Ecuador, tras este proceso, el único proceso público en la historia del Ecuador en que se buscó hacer una definición de la política nacional de defensa.

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La presente investigación analiza la imposición de la salvaguardia cambiaria por parte de Ecuador a Colombia, entre julio del 2009 y febrero del 2010, en el marco de las relaciones bilaterales entre los dos socios andinos. El estudio evalúa el comportamiento de las importaciones ecuatorianas desde Colombia, sobretodo el de 100 sub partidas, afectadas tanto por la salvaguardia cambiaria, como por la salvaguardia de balanza de pagos; además, las reducciones más significativas en cuanto a volúmenes y a valores, en 67 productos durante la vigencia de las dos salvaguardias. El deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador, a raíz de marzo del 2008, marca el contexto de la investigación. Tras una incursión militar en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de ese año, el gobierno colombiano logró la captura y muerte del segundo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes; pero, al mismo tiempo, el ataque provocó días después la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador. Si bien la crisis no se ha trasladado completamente al plano comercial, la imposición de la salvaguardia cambiaria fue vista por los sectores productivos de Ecuador y Colombia como una medida inoportuna para el restablecimiento normal de las relaciones e incluso como un factor que dilataba más el acercamiento entre los dos países. Por su parte, el gobierno ecuatoriano defendió la medida como una opción válida para restaurar las condiciones de comercio y competencia para Ecuador, afectadas desde el 2008, por la devaluación del peso colombiano. Además, junto con la salvaguardia de balanza de pagos, la salvaguardia cambiaria fue una opción para enfrentar la amenaza del sector externo y la crisis económica mundial que repercutió en el país, con la disminución de las exportaciones, disminución del precio internacional del petróleo -principal producto ecuatoriano de exportación-, y disminución de las remesas de emigrantes -segundo rubro de ingresos para la economía nacional.

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La presente investigación establece una propuesta de estructura asociativa que apoya a la producción y fortifica las cadenas agro productivas del tomate de árbol en Ecuador, para lo cual se recopiló información relevante acerca de planificación estratégica, desarrollo territorial y enfoques asociativos para marcar la base conceptual que fundamentó la propuesta final. Se realizó el diagnóstico del sector mediante el análisis PEST, para conocer cómo pueden influenciar los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos en la propuesta final de esta investigación. También se analizó a la industria, mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter para comprender la interacción de las fuerzas competitivas y se identificó y caracterizó a todos los actores de la cadena agro productiva del tomate de árbol. Finalmente se analizaron casos exitosos sobre asociatividad desarrollados en Ecuador y Colombia, con la finalidad de extraer aspectos convergentes, divergentes y factores clave de éxito. La información recopilada sirvió de base para realizar la propuesta final, la cual determinó dos enfoques asociativos como los más adecuados para una iniciativa como la planteada, los cuales son los negocios inclusivos y empresa ancla. Finalmente se identificó a Pichincha como la provincia que presenta mejor ubicación estratégica para poder desarrollar esta propuesta.

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El presente proyecto es el desarrollo de una herramienta de gestión basada en procesos para la empresa KEOPSPOWER CIA. LTDA., empresa dedicada a la importación y comercialización de equipos para Centros de Cómputo. Con base en la teoría de gestión por procesos, se presenta una propuesta de un sistema de gestión que considera las dimensiones de recurso humano, sistemas de información y procesos, como componentes de la gestión empresarial, desde la razón de ser de la organización. El presente trabajo está conformado por un primer capítulo teórico que recopila los conceptos más relevantes y en los cuales se apoya el desarrollo del sistema de gestión, posteriormente se analiza la situación actual de la organización en función de las fuerzas competitivas y tomando en cuenta la dirección estratégica, para en un tercer capítulo realizar la propuesta del sistema de gestión. En el capítulo tres se presenta la propuesta propiamente dicha, considerando las dimensiones de la gestión, es así que se realiza el levantamiento de procesos a partir de la cadena de valor de la organización, se definen indicadores de gestión, y se realiza la propuesta para la mejora de las dimensiones de Recurso Humano, y Sistemas de Información de KEOPSPOWER CIA. LTDA. Finalmente dentro de este capítulo se realiza la proyección del ingreso, con el fin de comprobar la hipótesis planteada, que sostiene que, la implementación de un Sistema de Gestión basado en Procesos mejora la rentabilidad organizacional. La principal herramienta de consulta ha sido la observación directa, así como las entrevistas con los diferentes niveles funcionales de la organización, así como documentación referente al plan estratégico de la organización.

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La gestión del riesgo de liquidez es fundamental en las instituciones de seguridad social como el ISSFA -más aún cuando sus fuentes de ingreso dependen exclusivamente de la caja fiscal-, cuyo fondo de liquidez estructurado con parte de sus reservas, se mantienen en inversiones en el sistema financiero con rendimientos reales negativos por aplicación normativa del Banco Central. La presente investigación de carácter descriptivo, analiza el comportamiento de las prestaciones y del fondo de liquidez en el periodo 2012-2014, identificando ineficiencias en el uso de los recursos producto de la metodología presupuestaria utilizada para determinar el monto del fondo, por lo que se plantea la aplicación de modelos como el VaR Paramétrico, VaR Histórico y de volatilidad condicional GARCH, para el cálculo del máximo requerimiento de liquidez como base para la definición de un fondo óptimo. Se aplican los modelos sobre la serie de diferencias logarítmicas de los pagos diarios de la prestación de salud del periodo 2010-2014, que presenta alta volatilidad afectada por la naturaleza estocástica de la contingencia que genera la prestación y por factores de riesgo operativo, siendo necesario un ajuste a la fórmula del VaR por cuanto no se calcula la máxima pérdida esperada sino el máximo requerimiento de liquidez. El VaR Paramétrico y el VaR Histórico no generan resultados consistentes sobreestimado el requerimiento de liquidez. El VaR calculado con la esperanza y varianza estimados con el modelo GARCH, tiene un mejor ajuste con los datos reales ya que captura eventos de alta y baja volatilidad, permite reducir en un 84,3% el nivel de excedentes de liquidez observado en el periodo 2012-2014 en la seguridad social militar lo que favorecería la capitalización de sus reservas, siendo una base adecuada para la determinación del fondo de liquidez tomando como referencia el valor mínimo del coeficiente de cobertura de liquidez que recomienda el Comité de Basilea para la gestión del riesgo de liquidez, por lo que se recomienda el uso de este modelo.

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El artículo revisa las medidas adoptadas por el gobierno en materia de movilidad humana durante el año 2009. El proceso de adecuación normativa al nuevo marco constitucional, no progresó y se entrapó. La institucionalidad y políticas públicas es dispersa y reproduce viejas concepciones de seguridad. Se han adoptado medidas de carácter restrictivo e inconstitucionales como: restablecimiento del pasado judicial, la reforma al proceso de reconocimiento de refugio, la intensificación de los controles militares y policiales, incremento de procesos de deportación. No existe una sólida política de regularización. Los programas de atención a emigrantes y sobre trata de personas evidencian debilidades y limitaciones. No existen políticas frente al tráfico de migrantes y el desplazamiento forzado.

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Desde finales de los ochenta, los países miembros del Grupo Andino nician un proceso de reestructuración de las instituciones subregionales y reimpulsan su proceso de integración. Desde una perspectiva venezolana, en este artículo se esbozan algunas ideas respecto a la presencia convergente de fuerzas centrífugas y centrípetas dentro del área andina, con la finalidad de identificar un conjunto de variables que permitan comprender la compleja relación entre los conflictos internos a los países andinos, su seguridad individual y colectiva y la integración. Finalmente, la autora presenta algunas propuestas para superar las encrucijadas que afronta el proceso de integración subregional.

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Es importante contextualizar que, históricamente, la objeción de conciencia ha sido vista como una postura de jóvenes que se niegan a realizar el servicio militar obligatorio, por principios filosóficos, religiosos o políticos. Sin embargo, consideramos que la negación a ser parte de las fuerzas militares debe ir más allá de la opción libre de realizar o no el servicio militar: debe ser un rechazo y una manera de debilitar una institución que se sustenta en valores cuestionables como la obediencia ciega, el espíritu de cuerpo (que en muchos de los casos se convierte en impunidad), la jerarquía y el autoritarismo.

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¿Por qué en los circuitos judiciales se obtienen procedimientos y resoluciones jurídicas que no necesariamente son valoradas como “justos”? Bueno, el orden jurídico o sistema de leyes no proviene del Cielo ni de ninguna naturaleza humana abstracta. Proviene de legisladores que buscan o constituir o contribuir a la reproducción de un determinado orden social que, en las sociedades que conocemos, se sigue de correlaciones determinadas y conflictivas de fuerzas sociales. En sencillo, un orden jurídico expresa, en su nivel, dominaciones de clase, de sexo-género, de generación, de etnia o ‘raza', internacionales o geopolíticas, etc., e intentan contribuir con las condiciones que facilitan la reproducción de esas dominaciones o imperios. Por supuesto, ello implica tanto funcionalidades como contraposiciones y conflictividad. Los jueces y magistrados son funcionarios públicos que deben conocer y resolver en el marco de esa legislación que, desde luego, no hace materialmente “justicia” a los dominados (aunque pueda ofrecer posibilidades para que algunas situaciones conflictivas, o ‘casos', se resuelvan en su beneficio). A la básica consideración anterior debe añadirse la observación, para nada marginal, respecto de que los órdenes jurídicos existentes en América Latina poseen amplias secciones “trasplantadas” desde otras formaciones sociales e historias. Esto quiere decir que no se siguen de los patrones de comportamiento efectivo o sociohistórico de la población, y que esas secciones entran en conflicto (de no correspondencia) con otras secciones del mismo orden jurídico más sociohistorizados y también con ‘privilegios' premodernos a los que son muy adictos los legisladores en sistemas políticos determinados por la corrupción y la venalidad (clientelismos incluidos), y que estos y otros factores hacen de los cuerpos jurídicos latinoamericanos sistemas para “expertos” y también para “oportunistas”.

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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El fenómeno migratorio presenta actualmente varias dimensiones de análisis y una multiplicidad de políticas públicas emanadas desde los Estados nacionales y organismos internacionales ubicados en distintas regiones del planeta. A los conocidos factores causantes de las migraciones, como la pobreza, el desempleo, la reducción de expectativas de desarrollo y las catástrofes naturales, se pueden añadir guerras y violencias producidas por una gran variedad de actores armados que operan en contextos territoriales tan disímiles políticamente como lejanos geográficamente. Los estudios sobre temas que conectan áreas migratorias con factores de seguridad, más que una moda, constituyen actualmente un espacio novedoso de reflexión académica, investigación aplicada y debate político para las distintas disciplinas sociales que desde variados enfoques teóricos y metodológicos influyen en el diseño de políticas públicas para los Estados y las sociedades. En América Latina, por ejemplo, los análisis sobre seguridad nacional, que son los más generalizados, están dejando de ser un terreno exclusivo de investigación para estamentos militares, policiales o judiciales para convertirse en un campo deliberativo donde participan múltiples actores sociales e institucionales; de hecho, resultaría difícil negar que, hoy por hoy, muchos ámbitos de la política exterior, la economía regional y la gestión pública local se encuentran profundamente vinculados a los temas de seguridad porque existen complejas relaciones entre estos campos y porque en ellos intervienen una serie de factores particulares y generales, nacionales como internacionales que afectan a la población en conjunto.

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Se contrasta Honorarios, obra dramática de Aguilera-Malta, y «Honorarios», el cuento de José de la Cuadra que la inspiró. El diálogo entre los dos autores fue explícito en diversos textos, así como en sus respectivos mundos literarios: nombres de personajes, motivos, leyendas, mitos, formas, ideología y demandas, actitudes e intereses. De la Cuadra dialogó a su vez con otros creadores. «Honorarios», e.g., recrea y reinterpreta la figura del mítico fetiche Moloch, según lo representan Metrópolis, del cineasta Fritz Lang, y Salambó, de Gustave Flaubert, la narración aludida es también una refundición en torno al tema del poder omnipresente y cruel, que requiere insaciablemente de víctimas propiciatorias. De igual manera, en su proceso creativo y de búsqueda expresiva, Aguilera-Malta acostumbró remozar y reformular temas en diferentes géneros literarios –como el de la lucha del ser humano frente a las fuerzas hostiles de la naturaleza y la sociedad, interpretado en La isla virgen, El tigre y Jaguar–. En Honorarios, Aguilera-Malta se concentró en hallar la manera de transferir la trama del relato «Honorarios» al género dramático. El resultado es una eficaz refundición, en términos de la perspectiva histórico-política y de reflexiones sobre la función de la literatura.

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Este libro aborda el conflicto entre tradición y modernidad. La discusión se reactualiza en torno a tres novelas que pueden considerarse representativas de la literatura andino-caribeña: Los ríos profundos, de José María Arguedas; El chulla Romero y Flores, de Jorge Icaza, y El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. ¿Cómo ser “absolutamente moderno”, como quería Rimbaud, sin convertirse en “pura copia de revista europea”, como denominaba el escritor ecuatoriano Icaza a esos escritores que carecían de arraigo en su historia? Las novelas que disecciona este ensayo son un territorio propicio para distinguir las fricciones entre lo nuevo y lo antiguo. El escritor peruano Arguedas plantea los roces entre oralidad y escritura; Icaza reinventa el monólogo interior y lo convierte en diálogo interior, y el colombiano García Márquez desafía las poderosas fuerzas de la nación moderna y de la economía transnacional mediante la preservación de la memoria rural. El solo hecho de llamar novelas a estos textos significa reconocer su modernidad, pero esta investigación caracteriza en qué sentido esta modernidad es distinta del paradigma predominante. Esa diferencia se establece, según David Guzmán, por la situacionalidad, es decir, por las condiciones materiales de invención y de conflicto en las que ni la historia ni la modernidad son un valor absoluto sino relativo.

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El propósito del presente trabajo es exponer un conjunto de argumentos que sustentan la tesis sobre la naturaleza de la crisis orgánica que atraviesa actualmente la sociedad venezolana. Para ello se partió de la tradición de un marxismo crítico, abierto y problematizador (en realidad, el único digno de ese nombre) que rescata algunos de los principales aportes teórico-metodológicos de autores como Marx, Gramsci, Thompson, Mészáros y otros. En la introducción, además de las motivaciones y alcances del ensayo, se encontrará un primer acercamiento a las principales categorías empleadas, así como su articulación al interior de la perspectiva marxista. Allí se definen los conceptos de Estado, hegemonía, crisis orgánica, entre otros. El primer capítulo incluye una breve revisión de los antecedentes, génesis y consolidación de un bloque histórico en Venezuela a partir de 1958, conocido como la “democracia de Punto Fijo”. Se intenta mostrar cómo la forma en que se logró articular un modelo de acumulación “rentista” con una sistema político sui generis, le permitió a esa configuración tener una vida más o menos estable; formación que si bien se prolongó hasta finales de los noventa, ya desde mediados de los setenta había comenzado a mostrar unos primeros síntomas de agotamiento. Lo que en un comienzo se manifestó como crisis del modelo de acumulación (crisis económica) poco a poco se fue transformando en crisis político-moral integral; es decir, en una crisis orgánica o crisis estatal, siguiendo el pensamiento de Gramsci. En el mismo capítulo se exponen algunos de los principales momentos de dicha crisis, como las revueltas populares de febrero de 1989 y los intentos de golpe de Estado de 1992. El segundo capítulo prolonga la exposición de la crisis orgánica, pero ahora bajo nuevas determinaciones y con una correlación de fuerzas políticas diferente. Allí se explica cómo un conjunto de fuerzas sociales (principalmente de los sectores subalternos) lograron llevar por primera vez en 40 años a una figura totalmente ajena a las élites dominantes del puntofijismo a la presidencia de la República: Hugo Chávez. Allí se describe el proceso de nacimiento de un nuevo bloque social bolivariano producto de la convergencia de dinámicas políticas “desde arriba” y “desde abajo”. En este capítulo también se da cuenta de un ciclo insurreccional de las clases dominantes y sus auxiliares para derrocar al Presidente Chávez y de las respuestas de éste y del bloque popular. Finalmente, en el tercer y último capítulo se hace una exposición de las principales líneas de reconstitución de los vínculos estatales en crisis, en los diferentes ámbitos de la vida social: material, institucional, simbólico, etc. Con ello se pretende mostrar cómo durante los últimos años de la presidencia de Chávez se están comenzando a consolidar nuevas formas de relación entre un nuevo tipo de Estado en gestación y las clases sociales venezolanas.