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La aplicación directa de la constitución, en el escenario jurídico que rige al Ecuador, se enmarca como una garantía, en pos de la tutela efectiva de los derechos proclamados por la norma fundamental; en tal sentido, los aplicadores de justicia, a más de precautelar la debida aplicación de las normas legales, en referencia al cuidado del debido proceso, están obligados a desarrollar la norma constitucional. Dicha obligatoriedad presupone que en todos los casos a ser resueltos, deba sobreponerse el texto constitucional por sobre el legal, mucho más cuando se busque precautelar la materialización de un derecho en el caso concreto; en tal sentido, los jueces tienen el deber de administrar justicia, utilizando parámetros progresivos, dinámicos e interpretativos, capaces de develar el verdadero alcance de los derechos implícitos en determinada prescripción normativa. En este contexto, el propósito de la investigación, es dar a conocer las repercusiones que la aplicación directa de la Constitución; genera en sus intérpretes, en relación con la vigencia del delito de prevaricato y su prohibición de fallar contra norma expresa, en donde se contrasta el garantismo constitucional con las limitaciones establecidas en la norma legal antes referida; asimismo, se analiza la dimensión de la aplicación normativa de la Constitución en el modelo de estado legal, frente al modelo constitucional vigente en el país, haciéndose referencia al papel que tiene que adoptar el juzgador constitucional a través de la interpretación y desarrollo del texto constitucional, como argumentación moral.

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El presente trabajo de investigación busca responder a través del estudio de un entorno académico específico, ¿cómo las mujeres docentes universitarias llevan a cabo las prácticas sociales, académicas y laborales en un entorno con discursos masculinizantes?, considerando así que histórica y culturalmente la sociedad y todos los entornos políticos, económicos y académicos están atravesados por una visión masculinizante del mundo que se refleja a través del lenguaje. El objetivo primordial consiste en develar las prácticas de las mujeres docentes universitarias por medio del análisis de su percepción, su sentir y su actuar ante estos discursos y comprender la manera que las mujeres docentes usan el lenguaje en sus prácticas respecto a la relación poder – discursos masculinizantes en el entorno académico y laboral, para finalmente interpretar las formas de interacción y las prácticas de resistencia de las mujeres docentes a través de la construcción simbólica de lo femenino y lo masculino en el entorno académico. Con este fin se utiliza una metodología con enfoque cualitativo con las técnicas de la entrevista a profundidad y la observación participante, utilizando como muestra a diversas mujeres docentes universitarias pertenecientes a la misma institución educativa. Para la investigación de campo se tomó como referencia el contexto de una universidad privada del Ecuador cuyo nombre real permanecerá anónimo debido a la protección de las personas informantes. Los resultados obtenidos permiten promover una concienciación a nivel educativo de las estructuras androcéntricas y discursos masculinizantes que desequilibran las relaciones de género en la institución universidad.

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El litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto, con el cual acudir a los tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que más allá de reparar a las víctimas directas del caso en cuestión, permita conseguir reformas legales, la adopción o reforma de políticas públicas o cambiar la conducta de las autoridades, a fin de que los beneficiarios finales del litigio sean todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar. Dicho litigio se efectuará cuando haya violaciones sistemáticas a los derechos humanos, exista incompatibilidad entre el derecho interno y el internacional o los jueces no brinden seguridad jurídica. Previo a ello se establecerán los objetivos que se persigue, se efectuará un análisis de viabilidad del caso analizando, determinadas condiciones tales como que el interés público sea claro; que sea paradigmático; se demuestre defectos estructurales del marco jurídico, las repercusiones que tendrá la pérdida o ganancia del caso, el tipo de recurso a utilizarse, la posición que tiene los jueces en torno al derecho que versará el litigio. El litigio estratégico nos permitirá develar patrones de conducta ilegales o arbitrarios y estructuras desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos, denunciar políticas públicas que contradicen estándares internacionales, sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos humanos, abrir nuevas vías de participación fortaleciendo la capacidad de acción de las organizaciones, lograr un cambio para personas en situación similar y aumentar la toma de conciencia y generar debate público.

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En el año 2009, el escritor Jorge Volpi publicó el ensayo El insomnio de Bolívar en el que argumenta a favor de abandonar, por irreal y quimérica, la idea de “literatura latinoamericana”. Mediante la lectura de cuatro novelas –Juntacadáveres (1964), El lugar sin límites (1965), La casa verde (1966) y Pantaleón y las visitadoras (1973)– buscaré develar lo erróneo y tendencioso de tal postura. Así, fundamentaré mi argumento en el análisis minucioso de los prostíbulos novelescos que albergan las cuatro ficciones, desde sus apariciones hasta sus aniquilamientos. Apariciones que lejos de ser insignificantes muestran desde un inicio una complejidad extrema por la serie de tensiones que articulan entre los personajes y las sociedades representadas. Dicha complejidad se enriquece y densifica una vez que pensamos en el tipo de actividades que tienen lugar en los lupanares, actividades en las cuales la fiesta y el carnaval pautan toda una serie de metamorfosis, completamente ajenas a la realidad exterior. Finalmente, me centraré en la dinámica de los proxenetas o fundadores de los burdeles, individuos singulares que manifiestan una voluntad inaudita en la cual la imaginación busca negar y suplantar la realidad. No obstante, sus actividades, que en ocasiones hacen pensar en ejercicios utópicos, terminan sucumbiendo a la censura social que, de un modo o de otro, destruye a los prostíbulos sin que esto signifique terminar con los cambios introducidos por estos en las sociedades que los acogen. Ya que muy pocos otros espacios ficcionales son tan frecuentes y ricos en valores dentro de la literatura latinoamericana demostraré en la conclusión de qué manera este tipo de textos (y espacios novelescos) permiten hablar a justo título de “literatura latinoamericana”.

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Dentro del movimiento teatral de Quito, se ha posicionado un discurso en torno a la figura del delegado italiano de la UNESCO Fabio Pacchioni, basado en la afirmación de que este director y gestor teatral fuel el creador del llamado Nuevo Teatro Ecuatoriano y que su impulso es el cimiento de gran parte del teatro actual. Esta afirmación no toma en cuenta que el teatro y el arte, en general, no responden a la labor de una sola persona, sino se inscribe dentro de unos discursos y un sistema cultural. En este contexto el trabajo de investigación realizado tiene por objetivo develar las relaciones existentes entre el discurso de desarrollo de los años 60 y la legitimación social que se le otorgó al llamado Nuevo Teatro Ecuatoriano. El desarrollo de la tesis consta de cinco capítulos. El capítulo uno es el marco teórico donde se define la relación entre el sistema cultural y sus productos culturales. El capítulo dos demuestra el rol del teatro dentro del contexto revolucionario y el papel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la legitimación del arte. El capítulo tres gira en torno al movimiento teatral deslegitimado por el Nuevo Teatro Ecuatoriano. En el capítulo cuatro se muestran los resultados de las entrevistas realizadas y el relacionamiento de variables. Finalmente, a partir del análisis de los resultados de la investigación, en el capítulo cinco se generan conclusiones.

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El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.