30 resultados para Decisión
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"Telecomunicaciones Internacionales Inc." es una empresa con sede en los Estados Unidos que ofrece servicios de telefonía celular a través de sus subsidiarias localizadas en más de 80 países a nivel mundial. A finales del año 2007, la Junta General de accionistas, tomó la decisión de negociar las acciones de la Compañía en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) con el objetivo de acceder a nuevas fuentes de financiamiento que permitan el desarrollo de una serie de proyectos destinados a mejorar la participación de la empresa en el competitivo y exigente mercado de las telecomunicaciones. Debido a los continuos escándalos corporativos suscitados a inicios de los años 2000 los cuales involucraron a grandes corporaciones la normativa y las entidades de control que regulan a las empresas públicas (aquellas que cotizan en bolsa) es muy rigurosa. Por lo tanto, la decisión de negociar las acciones de "Telecomunicaciones Internacionales Inc." en la bolsa trajo consigo una serie de implicaciones y requerimientos, cuyo impacto afecta tanto a la Casa Matriz como a las subsidiarias (entre ellas Telecomunicaciones del Ecuador S.A.). Uno de los principales requerimientos que se realiza a las empresas que cotizan sus acciones en bolsa consiste en la presentación del informe de un auditor independiente que evalúe y emita una opinión, no sólo acerca de la razonabilidad en la presentación de los estados financieros, sino también de la eficacia del ambiente de control interno de la empresa (auditoría integrada). El presente trabajo de investigación está enfocado en la sucursal "Telecomunicaciones del Ecuador S.A.” y pretende evaluar (tomando como base la metodología COSO ERM) la eficacia del control interno para evitar, persuadir o en su defecto identificar eventos de fraude y ofrecer una seguridad razonable acerca de la fiabilidad de la información financiera generada por la compañía. Adicionalmente, se pretenden proponer al Gobierno Corporativo de la empresa recomendaciones que permitan mejorar los controles en los procesos significativos para que el informe genere valor agregado y no simplemente se limite al simple cumplimiento de los requerimientos impuestos por la Ley SOX.
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La tesis estudia las representaciones sobre el quechua y el conocimiento quechua en textos de la Reforma Educativa Boliviana y en el Periódico Conosur Ñawpaqman que se distribuye en el Departamento de Cochabamba. Se busca articular las representaciones lingüísticas y epistémicas, en relación al quechua, con las políticas de la diferencia implementadas desde centros de poder y de decisión global y estatal. En este marco, la investigación se pregunta por la manera en que dichas representaciones expresan relaciones de interculturalidad o colonialidad. Para lograr el propósito antedicho, se muestra la manera como se ha estructurado la matriz colonial de valoración en el ámbito andino a nivel lingüístico y epistémico, mostrando las continuidades históricas que devienen del modelo colonial de dominación para comprender las rearticulaciones contemporáneas del mismo. Así mismo, se presenta el marco de funcionamiento de las políticas de la diferencia en el capitalismo colonial global contemporáneo y en las políticas operadas en el Estado boliviano durante la década de los 90. En términos de resultados, se muestran las representaciones sobre el quechua y el conocimiento quechua en los textos mencionados para el análisis. Este análisis es confrontado con las políticas de la diferencia y la discusión sobre interculturalidad y colonialidad elaborada teóricamente.
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Para las IFI´s, sean estas organizaciones sociales que han ido formalizándose o entidades reguladas por los organismos de control, una decisión puede ser incursionar o no en microfinanciamiento. Esta decisión debe considerar factores como entorno, variables y lineamientos acerca del sector, a fin de apostar a la decisión más acertada. La administración de riesgos tiene diferentes significados para diferentes personas. Para los reguladores, la administración del riesgo significa control; para los operadores, es una cuestión de cobertura, mientras que para los administradores de riesgos, significa asignar el capital necesario para obtener el máximo rendimiento con relación al riesgo. En muchas instituciones, la tradición en materia de administración del riesgo se circunscribe a un proceso donde ciertos profesionales buscan solamente minimizar las pérdidas. Desde un punto de vista organizacional, en esos casos, la responsabilidad de administrar el riesgo se delega a especialistas y ni siquiera se considera el riesgo desde el punto de vista de los accionistas, ni mucho menos como un arma competitiva El riesgo operativo se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de fallas en los factores: procesos, personas, tecnología y eventos externos. Estas fallas pueden derivarse por sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano, esto incluye riesgo de ejecución, que abarca situaciones donde se falla en la ejecución de las operaciones, algunas veces conduciendo a retrasos o penalizaciones costosas. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémico y de reputación. Esta tesis pretende determinar aquellas deficiencias en el factor personas dentro de la gestión del oficial de Microcredito.
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Democracia y Derechos Humanos son dos dimensiones relacionadas entre si de muy diversas formas. Pueden ser vistas como complementarias, pero también como realidades en fuerte tensión y hasta contradicción. En cuanto realidades complementarias, puede plantearse, aunque no sin discusión, que sólo procesos democráticos de decisión pueden legitimar políticamente estos derechos. Por tanto tales derechos, o al menos su vigencia, surgirían de la deliberación y el consenso de los afectados e interesados. Pero a su vez, los derechos también pueden ser vistos como condiciones indispensables para el ejercicio democrático. Así, libertades como las de pensamiento, expresión, reunión o asociación serían requisitos ineludibles no sólo para que pueda existir democracia sino para que ésta a su vez cree condiciones de justicia social. En cuanto realidades en tensión, los derechos humanos pueden ser vistos como límites a la democracia, especialmente si ésta última se entiende como voluntad política de la mayoría. Los derechos humanos, al expresar valores fundamentales quedarían sustraídos de las esferas tanto del mercado como del poder, integrando una zona de lo que no se discute. Los derechos humanos, en tal sentido erigirían, frente a estas mayorías coyunturales, vallas en principio infranqueables de defensa de las minorías y de los individuos frente a la mayoría. Estos derechos vienen a constituir lo que Ferrajoli ha llamado una democracia sustancial, esto es un sistema en el cual los principios formales de la democracia política sobre quién y cómo se decide, es decir el principio de soberanía popular y la regla de mayoría, quedan subordinados a principios sustanciales expresados en los derechos constitucionales, es decir subordinados a lo que no es lícito decidir y a lo que no es lícito no decidir.
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En los últimos años la OPA ha tenido un auge espectacular como modalidad de toma de control de empresas cotizadas en Bolsa, siendo así el mercado de control societario, es un concepto que despliega sus efectos en relación a las sociedades cotizadas en Bolsa, con el que se alude a la existencia de un mercado activo de compra y venta de participaciones accionariales de gran trascendencia. La característica fundamental de este mercado es el objeto sobre el que recae, que no es otro que el control de las sociedades. Porque al presuponer el arquetipo de la sociedad bursátil una separación de funciones entre la aportación y la administración del capital, con la consiguiente atomización del accionariado y la desvinculación funcional de los administradores respecto a la propiedad de la empresa, surge la posibilidad de obtener el control de ésta mediante la adquisición de una participación accionarial que resulte suficiente para acceder a los centros societarios de decisión y para imponer así, mediante la sustitución de los órganos directivos, nuevas formas de gestión. Por tanto, el mercado de control, desempeña una capital función económica, al permitir la realización de operaciones de reordenación y de reorganización de las estructuras empresariales y la progresiva adaptación de éstas a formas y tamaños que resulten más rentables y eficientes, reportando sustanciosos beneficios al conjunto de los accionistas de las sociedades bursátiles. En este sentido, el propósito de la presente investigación se orienta al análisis de la importancia y trascendencia del mercado de control societario, como un concepto que despliega sus efectos en relación a las sociedades cotizadas en Bolsa, y con el que se alude a la existencia de un mercado activo de compra y venta de participaciones accionariales significativas, profundiza la eficacia de la toma de control dentro de los mecanismos de mercado de valores, basándonos en la normativa mercantil y bursátil de países en los cuales esta figura ha sido de gran relevancia en la esfera de sociedades que cotizan en Bolsa y ha producido un gran desarrollo en el mercado de valores. Posteriormente, se examinará el tratamiento de esta figura en nuestra legislación, pues las posibilidades de desarrollo de un genuino mercado de control se ven claramente entorpecidas por un conjunto de factores de diverso orden, que impiden que las tomas de control puedan cumplir todas las funciones que les son propias y que, de hecho, convierten a aquellas en un mecanismo fungible e intercambiable en relación a otros instrumentos de integración, la función disciplinaria de las OPAs en los mercados más desarrollados, su procedencia para culminar con lo referente a adquisiciones indirectas, fundamento de OPA obligatoria, la problemática sobre regulación de OPAs, estrategias ofensivas anti-OPA y post-OPA, recursos y acciones como medida defensiva.
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Las sentencias de término constituyen las decisiones jurisdiccionales más importantes de los tribunales constitucionales, tanto desde el punto de vista jurídico como de su trascendencia política, pues dicha decisión se refiere a la interpretación de la Constitución del Estado. Estas resoluciones establecen el sentido y alcance de valores, principios y reglas constitucionales; y, determinan el contenido de la normativa infraconstitucional. La modulación de sentencias es una técnica utilizada por los jueces constitucionales, en sede de control constitucionalidad para determinar el sentido o sentidos en que debe o no debe ser interpretada una disposición, así como para establecer si las normas derivadas directa o indirectamente de la disposición están acordes o no con la Constitución. A fin de que los jueces constitucionales, como agentes de control de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico realicen su labor de interpretación de las normas constitucionales; y, a través de la práctica de modulación de sentencias y sus efectos, realicen una actividad integradora del derecho es necesario identificar las tensiones relativas a las disputas interpretativas al querer definir con carácter de cosa juzgada constitucional el significado de una disposición y las tensiones relativas a una ruptura o revisión del principio de separación de poderes. En la actualidad es imprescindible un cambio en la concepción del derecho, de la administración de justicia, del reconocimiento de los derechos; y la distribución de competencias de cada uno de los órganos, lo que a más de ser un asunto jurídico se convierte algunas veces en asunto político por la trascendencia que tienen las decisiones que con carácter definitivo, emiten los jueces constitucionales, más aún cuando en ellas podrían expresarse modulaciones al querer inicial del legislador; que adicionalmente, vinculan a todos los poderes públicos por los efectos que producen las mismas.
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Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se establece en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.” Con este artículo nuestro legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no se impone al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón y la lógica como elementos de todo juicio, es así que la Constitución Política de nuestro país, para controlar que efectivamente el Juez exponga su valoración de la prueba, y exponga sus fundamentos de hecho y derecho presentados en el proceso, estable en su Art. 76 numeral 7, literal L que: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” Con la motivación se pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la fundamentan.
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El artículo parte de señalar la contradicción entre un desempeño macroeconómico, generalmente calificado como favorable, de las economías andinas en lo que va del presente siglo, sustentado en mayores tasas de crecimiento del PIB Y en la reducción del ritmo inflacionario, con el significativo agravamiento de la inestabilidad política en la región, que se ha constituido en la zona más conflictiva del continente. Posteriormente, se examina detenidamente el comportamiento de las economías andinas, estableciendo sus limitaciones y sobre todo los elevados niveles de desempleo en todos los países andinos, como factores estructurales que unidos a la crisis de sus instituciones políticas configuran una situación paradójica y muy frágil. En este contexto, la apuesta al TLC que realizan tres de sus miembros, con diversos grados de decisión, significa una seria amenaza para la integración andina y abre serias dudas sobre el balance de costos y beneficios.
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El artículo plantea cómo la decisión tomada por Estados Unidos de atacar a Iraq se contrapone a la naturaleza del multilateralismo y atenta contra la normatividad jurídica vigente -Derecho Internacional-. El autor presenta a la ""acción preventiva"" y a la ""confrontación entre el bien el mal"" como los pilares de la visión internacional norteamericana guiada actualmente por los neoconservadores, propone la necesidad de que el multilateralismo se renueve para que no pierda vigencia.
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La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que se debió hacerlo en octubre de 2009, es un tema pendiente aún en 2010. Esta ley deberá dar mayores atribuciones a la autoridad única del agua para que se consolide como entidad rectora; la misma que, según las propuestas de organizaciones sociales, deberá estar compuesta por un consejo plurinacional e intercultural que tenga poder de decisión sobre las políticas nacionales. De esta manera, la participación efectiva de personas, comunidades, nacionalidades y pueblos estaría garantizada, y con ello se aseguraría el derecho al agua, a la limentación y el ejercicio del derecho a la salud.
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La presente tesis previa a la obtención del título de Master en Dirección de Empresas tiene como objetivo principal el analizar dos posibles modelos a ser implementados en la unidad de negocios NESCAFE® de la empresa NESTLE ECUADOR S.A. con el fin de disminuir los costos operativos que impactaron drásticamente en el estado de pérdidas y ganancias de 2006. Para lograr esto, como primera instancia se describirá el modelo actual con el que viene trabajando la unidad NESACFE® en el Ecuador. Para todos los análisis se deberán tomar en cuenta las recomendaciones planteadas por la Unidad de Negocio NESCAFE® desde Suiza y la necesidad del cambio. Como segundo paso se analizará desde un punto de vista financiero los costos que se generarán en el negocio NESCAFE® el adoptar tanto el modelo de un Servicio Técnico Inhouse como el modelo de tener un Servicio Técnico Outsourcing dentro de NESCAFE®. Una vez realizado estos dos análisis y evaluando los resultados de los mismos se realizará un análisis FODA en donde desde un punto de vista cualitativo se aportará con mayores bases para tomar la decisión y definir un único modelo a implementarse en NESCAFE® Es importante indicar que cual fuese el modelo a seguir una descripción de roles y procesos de los técnicos y auditores, así como del manejo de los talleres técnicos será necesario para poder medir de una forma efectiva el costo – trabajo que representan los Auditores Técnicos en uno u otro modelo. Al final se tomará una decisión del modelo a implementar acompañado de conclusiones y recomendaciones para NESCAFE®
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La presente investigación, tiene como objeto principal el reestructurar el modelo de medición actual sobre el crédito educativo dentro del IECE, como una herramienta de gestión eficaz que promueva el control, la acertada toma de decisiones y produzca un impacto positivo social. Por tal motivo el presente trabajo pretende mejorar la gestión operativa del crédito de esta entidad del estado. Se analizará el enfoque de medición de importantes autores como: Robert Kaplan, James Harrington, Paúl R. Niven, David Norton, Peter F. Druker, Robert Eccles, quienes con sus conocimientos aportan enormemente al desarrollo y diseño de indicadores de gestión. Además se pretende analizar el perfil del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas con sus principales aspectos como son: antecedentes históricos, diagnóstico situacional del IECE, filosofía institucional, estructura organizacional así como también la descripción de la Gerencia de Crédito (el corazón del IECE su principal área operativa), la descripción de los procesos de concesión de crédito, el perfil del cliente o postulante al crédito educativo, los montos actuales de préstamos, sus plazos fijados y tasas de cobro. Esta información recopilada permitirá la elaboración de la investigación la misma que contemplará un rediseño de los actuales indicadores de gestión con la identificación de los factores críticos, la implementación de indicador por cada factor crítico, así como la implementación de los mismos en la Gerencia de crédito, lo que permitirá que la institución tenga una herramienta de gestión y de control para una oportuna toma de decisión en los diferentes niveles que se encuentren involucrados con los distintos procesos de concesión del crédito educativo, a fin de optimizar de mejor manera los recursos invertidos y promuevan un impacto social en el mercado.
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El autor revisa el cuento “Guayaquil”, de Jorge Luis Borges, incluido en El informe de Brodie, su motivo es la histórica reunión entre Bolívar y San Martín en dicha ciudad. Es interpretado a la luz de la novela Nostromo de Joseph Conrad, aludida en el relato, y que se refiere a los devaneos y traiciones de las élites criollas y sus caudillos. Robles sostiene que Borges presenta en “Guayaquil” su propia visión de la Historia: una construcción a base de perspectivas que se cruzan, de reordenamientos de datos y de imprecisiones, para Borges, en la lucha de poderes entre caudillos populares y refinados políticos pesarían más la voluntad y la decisión que las palabras. Finalmente, el autor revisa el efecto de una distinta organización de los cuentos del libro. El de la primera versión inglesa apuntaría a mostrar un ascenso en la representación de la barbarie (como tema de los textos), presente en las repúblicas latinoamericanas siglo y medio después de sus independencias.
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Este trabajo abarca conceptos de clientes industriales, de las diferencias del marketing industrial y de consumo, del proceso de decisión de compra, las diferentes características de la demanda de los productos industriales y de la oferta. Se hace una breve descripción de las características y aplicaciones de las máquinas empacadoras y se realiza una clasificación en función del empacado con material tipo película como PVC, polietileno, polipropileno, poliolefina, etc. En base a información proporcionada por instituciones especializadas como las Cámaras de Producción, BCE, SRI y personas entendidas en el ramo a través de entrevistas y encuestas, se hace un análisis de los importadores, los montos CIF y los países de origen de la máquinaria para empacar tomando en cuenta las partidas arancelarias correspondientes a este tema; se hacen comparaciones entre los años 1999 al 2001 en relación a la crisis de esos años en el Ecuador y 2002 al 2006 cuando se ha logrado cierta estabilidad económica, especialmente monetaria. Después de tabular y analizar los datos, se llega a conclusiones que se enmarcan en la realidad del entorno, la evolución en los años 1999 al 2001, como en los 2002 al 2006 y las perspectivas de los participantes; se hacen recomendaciones. Esta tesis facilitará al lector a tomar de decisiones este mercado industrial, Pues el lector podrá visualizar el entorno del mercado, su tendencia, los montos y la potencialidad del mismo donde puede ser partícipe o desarrollar nichos estratégicos.
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La liberalización del comercio de bienes es un medio que establece la CAN para alcanzar sus objetivos de integración aún más ambiciosos, para lo cual ha estructurado un sistema supranacional con un órgano de tipo jurisdiccional independiente que solucione las controversias que surjan del Acuerdo. En la OMC su mecanismo de solución de diferencias se compone de elementos propios de la investigación internacional y de la conciliación, así como de ciertos procedimientos contenciosos. En ambos casos, la liberalización comercial tiene semejanzas, como su fin último de mejorar el nivel de vida de la población, y diferencias como el tipo de normativa que sustenta cada caso: Derecho Comunitario o Derecho Internacional. Ese marco institucional y normativo en el que se encuentra cada mecanismo analizado, permite que se haga un acercamiento de los objetivos de cada uno, que en definitiva se circunscriben a que la normativa que los respalda sea cumplida y de este modo se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo. Por ello, en el presente estudio se hace un análisis detallado y novedoso sobre aspectos puntuales de cada mecanismo, como su estructura, conformación, financiamiento, los legitimados para intervenir ante ellos, los procedimientos y plazos establecidos —que incluyen recuadros ilustrativos sobre el tiempo que debería tomar una controversia—, los tipos de decisiones que adopta cada órgano, los recursos que procede ante cada decisión, su fuerza vinculante y exigibilidad. Tras breves pero claras reflexiones sobre la necesidad de que una norma sea efectiva para que pueda ser eficaz, y sólo de este modo sea posible valorar su eficiencia, se llega a afirmar que no será por un excelente o mal mecanismo de solución de controversias que las normas sobre libre comercio serán reconocidas por los Estados parte, y por ende se cumplan sus objetivos. Sobre esa base se realiza un estudio detenido de la estadística que reflejan las causas tramitadas ante el TJCA y el OSD, a fin de valorar el nivel de actividad de cada uno, los tiempos promedios que tarda cada mecanismo en resolver las causas, y lo eficiente o no de cada etapa en que se lleva a cabo el procedimiento para solucionar la diferencia. También se analizan los costos promedios para acudir ante cada mecanismo, la relación porcentual entre los aportes de los países y su grado de intervención, para demostrar, por ejemplo, que habría más eficiencia si los países que contribuyen con financiarlos actúan de buena fe frente a la normativa correspondiente. También se valora la calidad e importancia de las decisiones y pronunciamientos emitidos por el TJCA y el OSD, a fin de medir sus costos políticos y sociales. De este modo podemos extraer criterios que miran al fiel cumplimiento de la norma como única solución a los conflictos que se presentan, y otros que buscan restablecer la reciprocidad de intereses potencialmente afectada ante lo cual sólo caben acuerdos políticos. Ello permite concluir que si la liberalización comercial viene a ser un elemento para alcanzar un grado de integración que trascienda el libre flujo de bienes entre dos o más países, es oportuno adoptar un auténtico mecanismo de tipo jurisdiccional de solución de controversias. Si el acuerdo comercial no persigue ese tipo de integración, se deberían prever mecanismos de solución de controversias que busquen alcanzar cierta equidad entre lo preceptuado en la norma y las necesidades comerciales del momento y caso concretos.