23 resultados para Conservación de los recursos naturales - Legislación - Colombia


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El tema del calentamiento global y sus consecuencias pone en el orden del día la discusión sobre la protección y el control de la región amazónica al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad del desarrollo sostenible bajo el capitalismo. En Brasil, Lula defiende la Amazonía en palabras, pero en los hechos impulsa una política económica que tiene como prioridad la entrega de los recursos naturales al capital nacional e internacional. ¿A quién interesa la conservación de la Amazonía brasileña?

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En el siglo XXI la protección del Medio Ambiente constituye un tema de real importancia, en donde si no tomamos medidas adecuadas estaríamos poniendo en riesgo nuestra raza humana. Por ello, es necesario plantear desde el derecho una propuesta de cambio de conductas frente a la indiscriminada explotación de los recursos naturales y más bien recurrir a una relación armónica entre el ser humano, medio ambiente y economía. Partimos entonces de una triple visión ecológica, económica y jurídica, en la que es necesario dar soluciones que aseguren el cuidado y protección ambiental. El propósito de nuestra investigación es entender el desafío al que nos llama el Derecho Ambiental y su trascendencia de aplicación respecto a su transversalidad en las diferentes ramas del derecho entre las que se encuentra el Derecho Tributario. Para ello, hemos desarrollado nuestra labor en base a la combinación de las materias Constitucional, Ambiental y Tributario, con el fin de dar alcance doctrinario y jurídico a aquellos aspectos relacionados con los diferentes métodos de protección ambiental. A razón de lo mencionado, la presente investigación tiene como objetivo mostrar los puntos de acuerdo y desacuerdo sobre la tributación ambiental, plantear sus problemas de aplicación y mostrar su efectividad sobre el cuidado ambiental, que puede generarse a partir de la creación de tributos ambientales que buscan mitigar el daño ambiental y crear nuevos comportamientos de producción, pretendiendo hacer coincidir los intereses económicos y ambientales, como respuesta a una verdadera conjugación de la parte económica, social y cultural.

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Esta investigación analiza las posiciones y propuestas políticas en torno a la estrategia REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en Ecuador, a partir de la XV Conferencia sobre Cambio Climático que se desarrolló en Copenhague en 2009, donde el país llevó, entre otras, la propuesta de formar parte de la estrategia REDD. El recorrido por los tres capítulos muestra conceptualizaciones sobre el tema ambiental, legal y financiero sobre los bosques, el Buen Vivir y la historia de la estrategia REDD, así como su implementación y las características que se están planteando para el caso del Ecuador. Además, en el documento se analiza al programa Socio Bosque como iniciativa de conservación voluntaria de las florestas en base a una compensación a las poblaciones locales. Cualquier mecanismo de compensación como REDD+ u otro debe ser desarrollado en base a acuerdos de “ganar – ganar” entre los países “desarrollados” industrializados y los países que poseen aún bosques nativos. Estos acuerdos, además de ser vinculantes y ofrecer salvaguardas para proteger a las comunidades y la biodiversidad que viven y dependen de estos recursos naturales, deben asegurar una mejor gestión ambiental a nivel global.

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Analiza la vigencia limitada de los derechos de la naturaleza debido a los intereses económicos que privilegian la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales. En este contexto, destaca el accionar de la ciudadanía y los colectivos que activaron los mecanismos de tutela efectiva de los derechos ambientales y de la naturaleza, como el caso contra la petrolera Chevron Texaco y la acción de protección a favor del río Vilcabamba. Alerta sobre el destino de la iniciativa ITT ante el anuncio de una nueva licitación petrolera por lo que plantea renovar esfuerzos por la vigencia de los derechos de la naturaleza.

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Desde que el ser humano produce energía a partir de los combustibles fósiles, los cuestionamientos cada vez han sido más severos, tanto en el orden ambiental como en el social. Este tipo de fuentes energéticas son limitadas ya que dependen únicamente de la extracción de su materia prima, la misma que cada vez está más cerca de agotarse. Su consumo es también contaminante y contribuye con la mayor parte de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. Ante esta situación tan compleja, han surgido algunas alternativas para generar un posible abastecimiento energético, más limpio. Entre estas posibles alternativas, están los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que se generan a base productos agrícolas como la palma, la caña de azúcar, la soya, el maíz, la jatrhopa, la nuez, entre otros. Sin embargo alrededor de esta alternativa, se ha desatado un intenso debate mundial, con muchos argumentos a favor y en contra. El presente trabajo de investigación, aborda el debate mundial sobre los biocombustibles y examina los avances actuales sobre esta alternativa en Ecuador. De manera más específica, por medio de un caso se ha tratado de dar a conocer la realidad del sector campesino en una zona rural de nuestro país y como se enfrenta desde este sector las posibles consecuencias de una producción a gran escala de biocombustibles.

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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.

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Si bien, desde sociedades muy antiguas se puede encontrar definiciones de la reparación, sin duda el génesis de la reparación integral es el derecho internacional de los derechos humanos y en específico la justicia transicional, la cual tiene como referencia primera la Segunda Posguerra Mundial con los juicios de los Tribunales de Núremberg y Tokio, y como desarrollo conceptual los informes de Theo van Boven y de Louis M. Joinet. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado el concepto de reparación integral a partir de la obligación que establece el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha realizado un desarrollo jurisprudencial vasto del concepto, lo cual, posteriormente fue acogido por los ordenamientos jurídicos de Colombia y Ecuador. Pese a la fuerte influencia que ejerce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de la reparación integral ha tenido un desarrollo y evolución por vías diferentes en cada país, es así que en Colombia es principalmente jurisprudencial mientras que en Ecuador es normativo, pese a esto su contenido y alcance se encuentra en el marco de lo establecido por la mencionada corporación internacional Estudiar la implementación y desarrollo de la reparación integral en los ordenamientos jurídicos de Colombia y Ecuador desveló que la reparación integral ha surgido como una consecuencia ineludible de la violación a los derechos humanos, y además, esta influencia ha permeado otros campos del derecho, por tanto hay una fuerte tendencia a ampliar el campo de aplicación de la reparación integral y no solo limitarlo a los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

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Desde 1492 América Latina ha heredado distintas formas de dominio hegemónicas promovidas por las grandes metrópolis; gracias a la expoliación de sus recursos posibilitó los recursos materiales para lo que la civilización occidental llama la modernidad y que algunos autores señalan que sus promesas concluyeron con el horror de la II Guerra Mundial. En la década del 70 se desarrollaron las teorías de la dependencia que pretendían explicar la situación de nuestro continente a partir de la matriz productiva y el permanente deterioro de los términos de intercambio. A pesar de los vertiginosos cambios de las últimas décadas, esta situación no ha cambiado, así lo refleja el Panorama Económico y Social del 2014 publicado por la CEPAL, que demuestra que tanto los recursos naturales como los agrícolas han tenido retrocesos en sus términos de intercambio. Además en estas décadas América Latina ha enfrentado dictaduras, el retorno a la democracia, procesos de ajuste neoliberal y una mayor subordinación a otras potencias mundiales como Estados Unidos, que ha mantenido su hegemonía en los países de la región, por medio de formas de dominación económica, por ejemplo, la deuda externa que varios países mantienen con los países más ricos y organismos multilaterales; lo que les permitió en la década del 90 la orientar las políticas económicas y sociales, así como, establecer nuevos fenómenos que “atentaban” la seguridad de la potencia más poderosa de América, uno de estas “amenazas” era el narcotráfico, perpetuado en algunos países como Colombia y México. En las dos últimas décadas, en algunos países, se han desarrollado procesos identificados con la construcción de lo que se ha llamado políticas post neoliberales en lo económico y post liberales en lo político; así también hace frente a una serie de problemas de naturaleza transnacional que se presentan en la región, como la trata de personas, delincuencia organizada, el narcotráfico, etc. Omar Rincón señala que para millares de campesinos la única posibilidad de acceder a las promesas de la modernidad como son el progreso, superación de la pobreza y movilidad social ha significado la vinculación con el narcotráfico. Estos problemas han marcado los imaginarios colectivos de los habitantes de América Latina. Este nuevo fenómeno social, sumado a la política oficial antidrogas y el rol de los medios de comunicación para contrarrestar el tráfico y consumo de drogas, han configurado nuevos imaginarios colectivos, y distintos modos de mostrar las prácticas del narcotráfico. Es así que se ha desarrollado formas culturales-populares, que dejan entre ver los estereotipos, modismos, vida y contexto social reflejado a partir de un formato llamado “narco novela”. La cultura popular es una representación de las formas de vida sociales, y el objetivo de esta investigación es analizar la “narco novela” como un producto de consumo televisivo, que da paso a una nueva industria de entretenimiento. A través de este trabajo se pretende analizar el discurso que se genera en torno al narcotráfico, sus forma jerárquicas y patriarcales de poder, las formas culturales de producción, y el discurso de género presente en la sociedad narco; así como el rol representativo de las mujeres en la “narco novela”, que refuerzan la construcción de estereotipos femeninos a partir de la sociedad del dinero.