47 resultados para CIUDADANÍA - CANADÁ


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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuración jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente. Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

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El Salvador es uno de los países con más homicidios en América Latina desde hace más de cinco años. Un análisis comparativo de la tasas de homicidios de las naciones con más asesinatos en Latinoamérica reveló que, durante el 2005, en el territorio salvadoreño ocurrieron 54.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para entonces Honduras, con problemas de delincuencia juvenil como la nación salvadoreña, tenía una tasa de 40.6 homicidios; mientras que Colombia, sumergido en un conflicto armado y con problemas de narcotráfico, alcanzó una tasa de 33.7 homicidios ese mismo año. Pese al panorama, no todo en El Salvador es así. Al analizar los homicidios por departamentos desde el 2002 hasta el 2007 se puede encontrar que existen alrededor de 21 municipios que no registran asesinatos. Tres de ellos llaman la atención en particular por su pasado violento al estar ubicados en sitios que fueron escenarios del conflictivo armado durante la guerra civil (1980–1992) y por la organización municipal que han alcanzado tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño en 1992.

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Sumario: I. Introducción. II. La inseguridad ciudadana y la legitimación del poder punitivo. III. La mirada de los derechos humanos. IV. Deconstrucción del discurso securitista. 4.1. La inseguridad ciudadana: una percepción perversa. 4.2. Todo conflicto social debe tener solución. 4.3. La solución de la violencia no puede ser reducida al tipo penal y a una persona. 4.4. El falso dilema eficiencia y garantismo. 4.5. El garantismo el único derecho que permite el estado constitucional de derechos. 4.6. El funcionalismo promueve normas y prácticas inconstitucionales. 4.7. La trampa del poder punitivo. 4.8. El poder punitivo nunca tutela derechos humanos violados. V. ¿Un nuevo derecho penal? Lineamientos para la investigación penal crítica. 5.1. Derecho penal integral. 5.2. Derecho penal interdisciplinario. 5.3. Derecho penal reparador. 5.4. Derecho penal intercultural. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

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El artículo ofrece una reflexión sobre la génesis histórica de la ciudadanía en el contexto de la modernidad; señala los nexos con la constitución de los estados nacionales, y el lugar que tuvo la educación en la creación de comunidades políticas conformadas por ciudadanos libres. El estudio destaca, en primer lugar, las profundas modificaciones que ha sufrido la ciudadanía a lo largo del siglo XX y, en segundo lugar, la necesidad de que la historiografía de la educación incorpore otros enfoques analíticos además de la teoría liberal, que ha ejercido una amplia influencia. Esta renovación analítica contribuirá con herramientas teóricas y metodológicas que permitan reelaborar la categoría de ciudadanía, para comprender mejor los procesos históricos de los últimos siglos, así como las expectativas planteadas a comienzos del siglo XXI.

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Aunque es evidente que la ciudad letrada aún se mantiene como fuente de nuestros imaginarios, las transformaciones derivadas de las nuevas prácticas discursivas que las mediaciones fueron produciendo, han hecho posible el traslado del discurso de la identidad desde la institución del Estado nacional hacia el espacio público de las mediaciones donde circulan los relatos -y sentidos- que conforman una nueva institución: la ciudadanía mediática donde se configuran hoy nuestras identidades heterogéneas, pluriculturales, transgenéricas. En este espacio se instala, de manera fundamental, la crónica como relato anfibio capaz de aprehender la nueva realidad desafiando, por tanto, las categorías tradicionales de (re)presentación. Porque la crónica troca la representación por la presentación de la vida cotidiana en su vitalidad caótica. Esta cualidad define la capacidad de (re)presentación de la crónica que señala, al mismo tiempo, su lugar de enunciación al asumir la vida como relato. Así, la crónica es capaz de articular tres discursos: el concierto polifónico de las voces de la alteridad que no caben sino en la crónica; la centralidad de los márgenes que -paradójicamente- la crónica hace posible; y la mitificación de la vida cotidiana. Esta repolitización lograda por la crónica se extiende hacia el rol social de los relatos cuyo énfasis recae en una dimensión pragmática fundamental, es decir, en la relación activa entre relato/texto y sujeto/lector que incluso modifica la concepción del género mismo. Esto significa que atenderemos a los modos en que opera el reconocimiento a partir de la apropiación del relato por parte de los sujetos. Porque la apuesta de nuestra investigación radica precisamente en afirmar que la crónica configura nuestras identidades en tanto hace posible el reconocimiento social porque es capaz de diluir la frontera entre autor, texto y lector hasta fundir el relato con la propia realidad logrando así el reconocimiento de los sujetos que identificados en/con el texto/relato pueden, por tanto, actualizar sus identidades. Se trata entonces de responder por la manera en que las crónicas del boliviano Jaime Saenz, el mexicano Carlos Monsiváis y el chileno Pedro Lemebel, han ido y van construyendo el imaginario de las identidades de sus entornos particulares, desde un terreno muy propiamente literario, pasando por el dominio de su práctica en el espacio periodístico y literario, hasta instalarse hoy como la narrativa posmoderna por excelencia.

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En los últimos años se han establecido en el país diferentes modelos de participación ciudadana en términos legales, y a través de programas de inclusión entre otros. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) es pionero en incluir este tema como transversal en sus políticas de gestión y desarrollo, sobre todo con enfoque de democracia directa y a partir de la propia experiencia de la institución, de los distintos cuerpos legales que se han ido generando a nivel nacional y central, que fortalece jurídicamente la aplicación. En el presente estudio analizaremos cómo se han dado los procesos de participación ciudadana instaurados en el modelo de gestión del Municipio durante el 2001 y el 2011, analizados en el Subsector de San Juan, perteneciente a la Zona Centro; a la vez, cómo estos contribuyen al desarrollo local. En el estudio se analizan elementos teóricos y conceptuales en relación a la participación, la participación ciudadana, la gestión municipal y el desarrollo local, junto con instrumentos legales nacionales y locales sobre participación. Centrados más en la localidad, se hará una breve caracterización de San Juan, para poner en discusión los elementos recabados en entrevistas a funcionarios que han trabajado y trabajan para el municipio en las dos administraciones que cruza la investigación, junto con dirigentes barriales nuevos y antiguos, que evidenciará cómo la teoría, metodología y práctica del tema, está teniendo efectos, a su vez los alcances y limitaciones y finalmente, las propuestas para fortalecer el tema. Palabras clave: participación ciudadana – gestión municipal – desarrollo local – Subsector San Juan

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Esta investigación tiene como objetivo analizar la ventaja de la administración y explotación petrolera en el Campo Sacha, por parte de Operaciones Río Napo Compañía de Economía Mixta, ORNCEM, como estrategia de inversión, para lo cual se hace un análisis del: marco jurídico en el que se encuentra inmersa esta contratación; el rendimiento en la producción de acuerdo al contrato de servicios específicos; tipo de inversión (maquinaria) que la empresa utiliza en la extracción; y, se mide el nivel de producción en el Campo Sacha, mediante la cuantificación del petróleo extraído. En la primera parte, se realiza un resumen del manejo del petróleo a partir de 1972 hasta la actualidad, así como también se describe la política petrolera aplicada por los gobiernos, desde la administración del doctor Oswaldo Hurtado hasta la administración del economista Rafael Correa. En la segunda, se analiza el entorno jurídico en el contexto de los recursos naturales especialmente del petróleo, en el marco de la Ley de Hidrocarburos y de la Constitución de la República del Ecuador. Y en la tercera, se analiza la producción en el campo Sacha, adjudicada a ORNCEM mediante el contrato de servicios específicos y de acuerdo a sus dos contratos modificatorios. Se concluye con algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta y que llaman a la reflexión cuando se proponen y ejecutan contratos cuyo beneficio no es el mejor para el país.

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El presente trabajo tiene por objeto analizar la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, relativa a la impugnación de la legalidad de la “Tasa de Seguridad ciudadana”, que aplica el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Fallo controversial en que se decidió desechar la demanda por caducidad del derecho para la impugnación, toda vez, que a criterio de los juzgadores ha transcurrido más de tres años desde que la referida tasa entró en vigencia. Con tal propósito, se examina críticamente los fundamentos sobre los cuales la Sala decidió desechar la demanda, así mismo, se establece los parámetros de orientación sobre cuál pudo ser el contenido de un pronunciamiento conforme con la Constitución y leyes vigentes.

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Por varias décadas, el tema de la educación superior, el sentido de responsabilidad social de sus instituciones, la calidad académica, su pertinencia y su financiamiento estuvieron ausentes en la política pública y curiosamente, salvo esporádicas preocupaciones que no tuvieron eco, en la vida académica misma. Es únicamente con la expedición del Mandato Constituyente No. 14 que el Estado empieza todo un proceso de recuperación de su papel director y regulador del sistema de educación superior. Este proceso empezó, en cumplimiento con el Mandato mencionado, con la evaluación de las instituciones de educación superior, realizada por el ex – Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA) y cuyos resultados fueron publicados en el informe Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Se analiza las tendencias en el panorama de cambio del sistema e educación superior ecuatoriano y las políticas aplicadas por el actual gobierno.

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Presenta la tasa de homicidios en América Latina discutiendo la incidencia de los principales factores de riesgo identificados por el Banco Mundial y Naciones Unidas. Presenta los niveles de victimización por hogares en América Latina, la percepción de inseguridad, la confianza en la policía y en la justicia y las cifras de la población penitenciaria. Plantea la adopción de medidas para revertir los indicadores negativos contrarrestando el avance del narcotráfico y el tráfico de armas en la región.

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El presente dossier expone un conjunto de estudios desarrollados en la Red de Investigación sobre América Latina, asociación dedicada a analizar los procesos de inclusión y exclusión social, así como el establecimiento y la negociación de límites simbólicos en América Latina por medio de los conceptos de “etnicidad”, “ciudadanía” y “pertenencia”, que tienen especial relevancia para la región debido a que permiten un examen más informado de las líneas de conflicto del pasado y presente de la región.

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El artículo analiza los requisitos para ser ciudadano con base en la comparación de las constituciones emitidas entre 1812 y 1830 en Ecuador. Se observa cómo los actores locales recibieron e interpretaron estos artículos y se enfatiza en el examen de cómo los indígenas reclamaron los derechos ciudadanos, así como los procesos de negociación en la participación política de los grupos étnicos. Además, se examinan los discursos sobre el derecho a la ciudadanía y las estrategias de argumentación usadas por los actores locales, de acuerdo a algunos casos de la Sierra ecuatoriana.