165 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
La Educacin Intercultural Bilinge (EIB) es una alternativa para pueblos originarios, hoy ya es un paradigma pedaggico en Europa y en Amrica. Actualmente, en la mayora de pases de Amrica Latina estn aplicando la EIB, en los estados que ms est desarrollando la EIB son: Mxico, Guatemala, Colombia, Ecuador, Per y Bolivia. En el Ecuador, se cuenta con la Direccin Nacional de Educacin Intercultural Bilinge (DINEIB) desde 1988, fue instituida en base a las experiencias educativas ejecutadas antes de su creacin. La DINEIB est ejecutando la Educacin Intercultural Bilinge (EIB) en todas las nacionalidades y pueblos indgenas, por medio de las direcciones provinciales y de nacionalidades. Esta Direccin, elabor el Modelo de Educacin Intercultural Bilinge (MOSEIB) para aplicar en sus centros educativos comunitarios. En la provincia de Cotopaxi, antes de la creacin de la DINEIB ya se desarroll algunas experiencias educativas, la que hasta ahora existe es la del Sistema de Escuelas Indgenas de Cotopaxi (SEIC), mismo que atiende a comunidades indgenas de Zumbahua, Chugchiln, Panyatug y El Bajo (Pujil y Maca grande). Con la presencia de la DINEIB, aparece la Direccin Provincial de Educacin Bilinge de Cotopaxi (DIPEIB-C). La Direccin antes indicada es la rectora de la EIB en Cotopaxi, siendo as, el SEIC es parte de la DIPEIB-C, sin embargo, existe poca coordinacin Para este trabajo, se realiz una investigacin a los actores sociales por medio de entrevistas y observaciones, la finalidad fue ver cules son las percepciones y su impacto en las comunidades indgenas sobre las experiencias educativas. Luego de haber sistematizado los datos, se nota que existen problemas en el proceso de la EIB: En lo pedaggico, los docentes muy poco estn tratando el kichwa como lengua instrumental de educacin, as como los contenidos de la cultura indgena, y, en lo social y econmico, existe emigracin de los indgenas a las ciudades, en la parte final, se pone a consideracin elementos para mejorar la calidad de la EIB en Cotopaxi.
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En una poca en la que los partidos polticos estn perdiendo credibilidad y los principios ideolgicos ya no constituyen el valor preponderante, la poblacin busca otras instituciones a las cuales dirigir sus demandas y en donde poder encontrar respuestas y un sentido de seguridad. Es entonces cuando entran a jugar un papel fundamental dos actores: el presidente, con una propuesta cada vez ms populista y un poder ms personalizado, y los medios de comunicacin, la mayor parte de los cuales estn concentrados, monopolizados y manipulados por las lites polticas y econmicas. Este desplazamiento de funciones conlleva una serie de cambios, no solamente entre los sujetos en cuestin, sino tambin en las medidas, los mecanismos y los recursos con los cuales se establecen estas relaciones. A travs del estudio de dos casos particulares, el del ex presidente peruano Alberto Fujimori y el del actual presidente colombiano lvaro Uribe, quisiera que el lector analizara el triangulo gobernante-medios de comunicacin-poblacin, con el fin de establecer y de examinar crticamente las influencias que, por motivos polticos y econmicos, entran a manipular esta relacin. De hecho, en esta investigacin tratar de dar pruebas de los mecanismos de ocultamiento, falseamiento, fabricacin, construccin y deconstruccin de noticias, pero tambin procurar mostrar como el lenguaje constituye, cambia y define las estructuras sociales y nuestras visiones del mundo. Considero fundamental que las personas tomen conciencia de todos estos mecanismos, en cuanto son armas no violentas (fsicamente) utilizadas por los gobernantes y las lites para denotar y representar sus realidades, mostrndolas como verdades y, adems, para controlar, dominar y direccionar la opinin pblica y as legitimar su accionar.
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Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias ms apremiantes que se le hace a los Estados contemporneos es que propicien formas de organizacin social aptas para la vida democrtica. La Declaracin Universal de los Derechos Humanos en 1948 propuso, una nueva configuracin jurdico-poltica derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generacin de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a travs de la creacin de mecanismos de democracia participativa, de control poltico y jurdico en el ejercicio del poder y sobre todo, a travs de la creacin de un catlogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretacin y el funcionamiento de la organizacin poltica. En el caso colombiano, este marco normativo se fortalece partir de la Carta Poltica de 1991 que proclama a Colombia como un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la situacin vivida por los colombianos en las ltimas dcadas llena de sombras cualquier reflexin acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de vastos sectores de la poblacin; intelectuales, polticos, empresarios, campesinos, ciudadanos de la calle, medios de comunicacin, entre muchos otros, no escapan a la pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violacin sistemtica de los derechos son cada vez ms alarmantes y sus ndices de vulneracin aumentan constantemente. Resulta paradjico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgacin de la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once aos despus, pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades y vicisitudes hubiera domesticado los principios democrticos y sociales de la carta.
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La indivisibilidad de los derechos humanos reconoce que sin el goce de los derechos econmicos, sociales y culturales, los derechos civiles y polticos se reducen a meras categoras formales y que, a la inversa, sin la realidad de los derechos civiles y polticos, los derechos econmicos, sociales y culturales carecen, a su vez, de verdadera significacin. Se sostiene as la indivisibilidad de los derechos humanos. Una violacin a un derecho civil, como la libertad de expresin, connota una serie de consecuencias jurdicas, todas ellas identificadas como pertenecientes a un sistema de proteccin de derechos humanos.
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La demanda que promueven pobladores y comunidades indgenas contra la empresa Chevrn (antes Texaco) es uno de los ms importantes casos de judicializacin por temas de contaminacin ambiental y afectacin a los derechos humanos. El juicio se inici en 1993, ante tribunales de EEUU y fue dirigida contra la empresa Chevron (antes Texaco) por los daos humanos y ambientales que gener la explotacin petrolera en la Amazona ecuatoriana. En el 2003, el caso pas a ventilarse ante juzgados nacionales. Pese a que han transcurrido ms de 6 aos, este proceso permanece sin sentencia. Su retardo ha obedecido a un proceso constante de dilacin, intimizacin y politizacin promovido por la empresa Chevron Texaco. El principal reto que se tiene es lograr que en el 2010 la justicia ecuatoriana, libre de presiones y atenindose a la prueba del proceso, dicte sentencia.
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El Sistema Interamericano de Proteccin de los Derechos Humanos, fue ideado con la finalidad de cumplir con la insoslayable labor de promover y proteger los derechos de la persona humana en el continente americano, en el marco de los instrumentos internacionales especializados suscritos y ratificados a tal efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Corte), como rgano principal del Sistema Interamericano, tiene a su cargo la misin de determinar la responsabilidad internacional de los Estados partes del Pacto de San Jos, en materia de violacin de derechos humanos, pero ms all de eso tiene la importantsima labor de disponer reparaciones justas y adecuadas para las vctimas de tales violaciones. Cuando las vctimas son comunidades indgenas, surgen grandes dilemas relacionados con la aplicacin de los principios y preceptos sobre los cuales se cimienta la doctrina internacional de los derechos humanos, y en consecuencia con las bases mismas del Sistema Interamericano, con sus pretensiones de universalidad, frente a las especiales caractersticas culturales e identitarias de los pueblos originarios. Estos dilemas se extienden a la fase de reparaciones en la Corte que, una vez que ha determinado la responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales, dispondr una reparacin en virtud de los daos sufridos por las vctimas; de lo anterior surgen varias interrogantes Cmo puede aplicar la Corte un enfoque de diversidad en las reparaciones a comunidades indgenas? Al aplicar un enfoque de diversidad a los casos de comunidades indgenas, estara legitimando la Corte la doctrina del relativismo cultural? La aplicacin de criterios de diversidad permite que la Corte disponga reparaciones justas y adecuadas? Estas interrogantes, y el debate que suponen, guiarn el anlisis que desarrollar en las lneas siguientes, en las que la diversidad, los pueblos indgenas y el desarrollo del Sistema Interamericano, en cuanto a las reparaciones, constituyen ideas centrales.
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La presente investigacin analiza el conflicto y la identidad en la lucha por la tierra, desde la comprensin de las lgicas culturales frente a la tierra. Permitiendo entender las motivaciones simblicas de cada grupo frente a la tierra y sobre todo valorar el hecho de que existen grupos para quienes la tierra tiene un valor ms all de lo econmico y monetario. Su valoracin radica en que se constituye en un espacio de vida y reproduccin socio cultural para el grupo que lo habita. Existe un conflicto de carcter tnico, ambiental y econmico. Es decir, los intereses entre la adjudicacin del territorio en donde se desarrolla las actividades de extraccin, explotacin, venta y comercializacin de maderera, la conservacin del medio ambiente y los derechos territoriales de la poblacin Aw. Las actividades madereras, palmicultora y minera se han caracterizado por ser altamente contaminantes, por ser un motor de colonizacin y por haber provocado numerosos conflictos no slo en la zona, sino a nivel nacional. Las principales amenazas sobre la integridad del territorio vienen por parte de las empresas madereras y palmicultoras. Ya que el territorio Aw posee la ltima extensin de bosque primario que queda en la costa del Ecuador. Como la madera, se est terminando en otras partes, los intereses de los grandes industriales madereros van hacia la madera que se tiene en esta zona. El resultado de las negociaciones todava no se ha dado, por cuanto se espera respuesta por parte de entidades pblicas que reconozcan el derecho de la comunidad Aw que tiene su territorio en disputa como en conservar sus recursos naturales y redistribuir sus ingresos a toda la comunidad. Finalmente, la investigacin demuestra que un manejo adecuado del conflicto, es decir entre iguales, con metodologas participativas, permitir soluciones adecuadas adems, es posible ir creando procesos sociales basados en el respecto mutuo y la interculturalidad.
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La presente aventura analtica como toda iniciativa acadmica e intelectual, constituye una batalla por la produccin de significados especficos sobre un fenmeno concreto y desde el prohijamiento de singulares horizontes epistmico/polticos, esta vez apelando de una parte a importantes pero siempre insuficientes referentes tericos, y de otro lado al examen de cmo tales asunciones son o requieren ser localizadas, experimentadas y practicadas. La reivindicacin en este trabajo de ciertas visiones y prcticas econmico/culturales, se inscribe en agendas que identifican la diferencia como parte del imaginario terico y poltico contemporneo, a la vez que la reconocen como fuente de inteligibilidad, esperanza y posibilidad de articulacin de proyectos emancipatorios y no como apelacin y prctica de impunidad que posiciona lo diferente slo como positividad, algo bueno y lugar no problemtico. La concrecin de los propsitos del trabajo se mueve en principio a travs de una aproximacin/revisin crtica a posturas representativas de la modernidad en el contexto latinoamericano, donde su pretendida universalizacin y naturalizacin soslaya la multiplicidad de topografas diferentes de la modernidad ancladas en la diferencia. Con todo esto y siendo una consideracin ineluctable, importa el examen a la relacin/tensin y articulacin entre desarrollo, economa y cultura, triada con entronques a formas de dominio imperial/colonial y de geopoltica global que desconoce otras expresiones, significaciones y representaciones configuradas a partir de singularidades, urgencias locales y la valoracin de la diferencia econmico/cultural en contextos globalocalizados. En este esfuerzo deductivo, reivindicar la diferencia econmico/cultural parte sin ser un ortodoxo ejercicio econmico, de mostrar cmo la economa representa una manifestacin del proyecto moderno/imperial/colonial, al concebirse como disciplina y prctica totalizante/universal, desde donde, de una parte ha sido imposible el anlisis y (re)conocimiento de otras formas de pensar y practicar la realidad econmico/cultural, y de otra se han integrado/reducido diversas formas de relacin al repertorio capitalogocentrista de la economa (neo)clsica. El ejercicio al presentar no el panorama de lo posible sino ante todo el horizonte y el flujo de lo existente en trminos de visiones y prcticas de diferencia econmico/cultural, se suma a otros esfuerzos orientados a proporcionar elementos ya no para pensar y construir economas diversas u otras economas, sino ante todo para constatar, visibilizar y movilizar estas expresiones lugarizadas, inscritas sin duda en el marco de la inflexin decolonial o en la perspectiva que promueve tambin la descolonizacin de la economa poltica (versin clsica y marxista) y de la economa formal (versin neoclsica y sus variantes). Estas pretensiones, consideraciones y bsquedas son presentadas en el trabajo como un esfuerzo por rastrear crticamente temas y problemas como occidente, modernidad, desarrollo y economa, para luego a manera de constatacin, concentrar el anlisis en las visiones y prcticas econmico/culturales en contextos de multiplicidad, esta vez en algunas organizaciones y movimientos del Cauca Indgena en Colombia como son el programa econmico/ambiental del Consejo Regional Indgena del Cauca Cric, el Tejido Econmico/Ambiental de la Asociacin de Cabildos Indgenas del Norte del Cauca Acin xab Wala Kiwe, y la perspectiva econmica del pueblo Misak. La explicitacin y anlisis de referentes econmico/culturales/territoriales en tales organizaciones y movimientos, se hace no como forma de confrontacin en pro de posicionamientos vanguardistas frente a la economa hegemnica, sino como posibilidad de volver legibles, visibles e inteligibles visiones y prcticas de diferencia econmico/cultural como expresin existencial de otros espacios/superficies, otros actores y de otro tipo de actuaciones. En suma, con estos soportes y desarrollos acadmicos/intelectuales, polticos y existenciales y en medio de nuestra epocalidad, el trabajo proporciona insumos para complejizar/intensificar los trminos en que se debaten desde el pensamiento crtico, fenmenos como la diferencia en sus distintas expresiones y en medio de un mundo mltiple, vulnerable, litigioso, pero igualmente esperanzador. Desde la conviccin acerca de que no hay universalismos antropolgicos como tampoco econmico/culturales, la modernidad, el desarrollo y la economa se asumen como gubernamentalidades, es decir como tecnologas de gobierno de los unos y de los otros, no obstante su interrelaciones e interfecundidades en los diversos escenarios fsico/naturales y socio/culturales. Empero, tambin se trata de juegos discursivos que se movilizan sobre la multiplicidad con efectos ontolgicos singulares en la constitucin de mundos y modos que hablan de creaciones, efectuaciones y experimentaciones diversas. De esta manera, se reivindican movimientos y organizaciones sociales como comunidades de pensamiento, en cuyas agendas/agencias, de una parte, se ponen en tensin ciertos principios, asunciones, prcticas y valores modernos/imperiales, y de otro lado, se apuesta estratgicamente a una suerte de interfecundidad en la que, tambin la apelacin a lo propio se asume y practica como forma de instrumentalizacin poltica de la singularidad socio/econmica y cultural. Las prcticas de resistencia en el Cauca indgena, tambin se evidencian especficamente en los mandatos econmico/ambientales, los tejidos de economa y medio ambiente, los Planes de Vida y la economa propia, la economa, la pervivencia, el territorio y la vida, el lugar y el territorio como superficies y mviles de la diferencia econmico/cultural, las redes de reciprocidad y las formas singulares de redistribucin, el imperativo de abstencin de la acumulacin, las expresiones particulares/diferenciales de produccin y trabajo, el sistema de produccin Nasa Tull/Ya Tull, los trueques o intercambios para la pervivencia de saberes, sabores y solidaridades, los mercados locales y la interculturizacin econmica, la perspectiva econmica plural, y entre otros, las relaciones entre economa y revitalizacin cultural como una misma cosa. En suma, el trabajo deja ver cmo en vez de esperar a que la revolucin o el internacionalismo socialista, la globalizacin neo-liberal, las terceras vas, las fuerzas providenciales, los organismos multilaterales de crdito, las iglesias salvadoras y el capital filantrpico contemporneo, instalaran e impulsaran las prcticas econmico/culturales; los movimientos y comunidades indgenas del Departamento del Cauca Colombia en sus proyectos por recuperarlo todo y no obstante las condiciones socio/polticas y econmicas adversas; continan movilizando creativa y experimentalmente procesos, esfuerzos e iniciativas propios de discursos, visiones y prcticas de diferencia epistmica, poltica/ecolgica, econmico/cultural, horizonte privilegiado para la recuperacin de saberes, el fortalecimiento econmico/cultural y los procesos autonmicos, siempre en favor de la Vida y en el marco de una suerte de minga de resistencia social y comunitaria.
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La historia de las religiones es un tema muy controversial que ha sido investigado y analizado por varios autores e intelectuales de todas las pocas hasta la actualidad, dando como resultado trabajos que cuestionan a las diferentes religiones existentes en el mundo y tambin aquellos que defienden los preceptos de cada religin. Es decir, la religin es un asunto poltico donde se involucran varios actores con una diversidad ideolgica en su forma de pensar y actuar. Este estudio surgi como parte de la gran afluencia de evanglicos que existen en la actualidad, hoy llamados cristianos porque segn ellos acogen a todas las personas afines al cristianismo, que han penetrado en la ideologa de las personas que ocupan el territorio ecuatoriano, con especial inters en la influencia de la religin cristiana-evanglica en las comunidades indgenascampesinas de los Andes ecuatorianos, especialmente la Sierra centro sur del pas, por ser los principales actores de las agencias evanglicas que promueven la ayuda internacional a travs de proyectos que beneficien a la comunidad con el fin nico de adherir ms fieles a su rebao. La religin es una manifestacin ms del ser humano. La gente cree en Dios porque se les ha enseado desde la infancia a hacerlo, a creer en algo, no a cuestionarlo. La religin se basa en el miedo... segn Bertrand Russell, todas las religiones son dainas y falsas el miedo es el padre de la crueldad y, por tanto, la crueldad y la religin van de la mano. El cristianismo no es ms que una copia de otras religiones que se basan en representaciones y smbolos ya inventados por otras como del Antiguo Egipto. Como lo dice Lenzman, ms he aqu que el cristianismo le debe ms que a todas las dems religiones esta religin naci entre los judos, los de la dispora naturalmente, y no los de Palestina.
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Los derechos colectivos indgenas al territorio y autodeterminacin en la Constitucin ecuatoriana del 2008, son analizados con base en dos elementos fundamentales: la injusticia cultural y a la injusticia distributiva de las que han sido objeto los pueblos originarios a lo largo de los siglos. Para el efecto se parte de una caracterizacin del Estado de Derecho y se concluye con la del Estado plurinacional. La crisis del Estado de derecho y del Positivismo jurdico, introducen al estudio del paradigma neoconstitucional; en el marco del constitucionalismo social latinoamericano y de lo que en esta investigacin de designa como constitucionalismo originario indgena, y su incidencia en la conformacin del Estado constitucional de derechos, plurinacional. Los derechos colectivos al territorio y autodeterminacin se elucidan en el marco de la accin emancipadora del movimiento y su enfoque socio-cultural, considerando las prescripciones del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaracin de la Organizacin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, suscrita en el 2007. Tales derechos se problematizan a partir del Proyecto histrico de la CONAIE, su positivacin en la Constitucin ecuatoriana del 2008, y como se operacionalizan en el gobierno de la Revolucin Ciudadana, para la transferencia de las competencias polticas, administrativas, econmicas y legales que demanda el ejercicio del poder indgena en los territorios ancestrales. Desde esta perspectiva se connota la tensin de las relaciones entre el movimiento indgena y el Estado, debido a la inobservancia de la prioridad axiolgica de los derechos de los pueblos originarios establecida en los instrumentos internacionales y en la propia Constitucin. Se trata de ver si la constitucionalizacin de los derechos al territorio y autodeterminacin coadyuva a profundizar la base terica, categorial e institucional del Estado plurinacional, que guie a la subsuncin del Estado en lo colectivo y a la transformacin de las relaciones de poder.
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No es ninguna novedad constatar que en los ltimos aos, la Constitucin y las leyes han sido aprobadas con muy escaso debate, con procedimientos sumarios y con la accin de una mayora gubernamental muy poco dispuesta a or siquiera las posturas ajenas. Tambin resulta claro que no ha habido fiscalizacin de las acciones del gobierno en la Legislatura. No se ha censurado un ministro. En realidad, ninguno siquiera ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional para juicio poltico en todos estos aos. Todo intento de enjuiciamiento ha terminado invariablemente en el archivo. Las explicaciones de este hecho han sido diversas. Los sostenedores del gobierno han argumentado que los antiguos procedimientos de la partidocracia han sido superados con nuevas formas democrticas de legislacin y fiscalizacin. Los opositores han culpado al abuso de las autoridades legislativas, a la dictadura de la mayora, a los malos procedimientos de tal o cual comisin. Sin que se desconozca la existencia de responsabilidades personales, en algunos casos evidentes, esta realidad obedece a una situacin ms de fondo, que no es otra que la vigencia de una Constitucin y un sistema legal diseado en Montecristi para limitar y negar derechos fundamentales. Es decir, para lo contrario que se supone la actual legislacin existe, ya que se destaca su carcter garantista. Pero la verdad es que no es as.
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La violacin de los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos indgenas en general y del pueblo kichwa en particular, no ha cesado desde la invasin espaola. Precisamente por esas prcticas de violacin de derechos, en la poca temprana de la invasin, luego en el proceso de consolidacin del sistema colonial y posteriormente republicano, la reflexin sobre los derechos del otro fueron debatidos en diferentes niveles. En el caso al que hacemos referencia, los pueblos indgenas, la reflexin sobre el rol de la lengua fue un tema que estuvo presente en todo el proceso de de la invasin, dichos derechos se expresan en documentos como las cdulas reales de la Corona espaola, las bulas; papales de la iglesia, las resoluciones de los concilios provinciales de la iglesia, que dictaminan inicialmente la enseanza de la lengua espaola. Luego, al percatarse de las dificultades de comunicacin existentes y constatar la existencia de lenguas diversas, optarn por instrumentalizar el uso de la lengua, es decir, exigir el aprendizaje de la lengua kichwa, la lengua general, con fines netamente polticos asociados a la evangelizacin, para lo cual dictarn normas, procedimientos, estrategias que garantizarn el cumplimiento de dichos objetivos.
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Si bien, desde sociedades muy antiguas se puede encontrar definiciones de la reparacin, sin duda el gnesis de la reparacin integral es el derecho internacional de los derechos humanos y en especfico la justicia transicional, la cual tiene como referencia primera la Segunda Posguerra Mundial con los juicios de los Tribunales de Nremberg y Tokio, y como desarrollo conceptual los informes de Theo van Boven y de Louis M. Joinet. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado el concepto de reparacin integral a partir de la obligacin que establece el artculo 63.1 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y ha realizado un desarrollo jurisprudencial vasto del concepto, lo cual, posteriormente fue acogido por los ordenamientos jurdicos de Colombia y Ecuador. Pese a la fuerte influencia que ejerce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los ordenamientos jurdicos nacionales, el principio de la reparacin integral ha tenido un desarrollo y evolucin por vas diferentes en cada pas, es as que en Colombia es principalmente jurisprudencial mientras que en Ecuador es normativo, pese a esto su contenido y alcance se encuentra en el marco de lo establecido por la mencionada corporacin internacional Estudiar la implementacin y desarrollo de la reparacin integral en los ordenamientos jurdicos de Colombia y Ecuador desvel que la reparacin integral ha surgido como una consecuencia ineludible de la violacin a los derechos humanos, y adems, esta influencia ha permeado otros campos del derecho, por tanto hay una fuerte tendencia a ampliar el campo de aplicacin de la reparacin integral y no solo limitarlo a los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Resumo:
La administracin de justicia indgena, en la ptica de la construccin de un Estado plurinacional, implica reformular los conceptos de justicia y derecho. El reconocimiento del pluralismo jurdico rompe con el esquema del Estado nacional, donde solo cabe un sistema jurdico, siendo imposible entender la coexistencia de varios sistemas. El pluralismo jurdico significa que los miembros de la sociedad hegemnica acepten la existencia de diferentes concepciones de hombre, sociedad y derecho.
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Constitucionalmente, Ecuador es un Estado "pluricultural y multitnico". La participacin indgena en el ltimo proceso constituyente, 1998, sostuvo dicho reconocimiento, el cual ha sido rehuido por el Estado ecuatoriano desde la misma independencia. Es que, aunque el reconocimiento de la multiculturalidad se redujera tan slo a un gesto de la Constitucin, ya podra resultar de por s comprometido.
