Régimen político y límites de la democracia en regiones afectadas por conflicto armado y cultivos ilícitos: el caso del Catatumbo

Este artículo se basa en una investigación realizada en tres municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia); analiza las disfunciones en el arreglo institucional, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales activos y de cultivos ilícitos; señala las afectaciones que se presentan en el régimen político y en el ejercicio de la democracia; y plantea los problemas que deben afrontar los gobiernos locales para dar cumplimiento a su mandato.El artículo propone que la acción del Estado en esta región se ve afectada por fuertes fallas de legitimidad, eficiencia y eficacia, las cuales generan limitaciones críticas a la gobernabilidad del territorio. Dichas fallas tienen que ver con la supresión del pacto social y con la inoperancia de la democracia en su versión mínima. Se concluye que en los municipios estudiados, las fallas de Estado disminuyen radicalmente los costos de transacción de los grupos armados ilegales para acceder al control del territorio y establecerse como agencias de protección en competencia con el Estado. Además, conducen al establecimiento de un círculo de afectación perverso en el que el aumento de los costos de inversión pública necesarios para la corrección de dichas fallas hace que a su vez disminuya el interés de los actores del ámbito político para solucionarlas, generando una trampa crónica de reducción de la gobernabilidad en la escala regional.-----This article is based on research carried out in three municipalities of the Catatumbo (North Santander department, Colombia) region, and analyzes institutional arrangement dysfunctions that arise from active illegal armed groups and illicit crops, pointing out the effects on the political regime and the exercise of democracy and stating the problems that must be faced by local governments in order to perform their mandate.The article suggests that Government action in this region has been affected by deep failures in legitimacy, efficiency, and effectiveness, which generated critical limitations to governability in that territory. Such failures are related to the factual suppression of the social contract and to the ineffectiveness of a democracy in its least representation. It concludes that in the municipalities under examination, Government failures strongly reduce the settlement costs for illegal armed groups to access territory control and to establish as protection agents in competition with the State. They also lead towards the establishment of a vicious affectation cycle where the cost increase of the public investment required to correct such failures in turn reduces political actors’ interest in solving them, thus creating a chronic trap that reduces governability in the regional level.

La captura del estado vista desde los procesos de formulación e implementación de la política pública agro ingreso seguro. Periodo 2007-2009

RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

La elusión constitucional. Una política de evasión del control constitucional en colombia

El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una forma de manipulación constitucional que consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. El asunto consiste en hacer una mímesis o "camuflaje": se expide una norma con nombre de decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o "camuflaje") y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el "camuflaje" de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su "control" pasa al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia como cumpliendo funciones notariales al presidente.