58 resultados para SISTEMA PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

em Universidad del Rosario, Colombia


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Los traumatismos por accidentes de tránsito, constituyen un problema de salud pública, a nivel mundial. Las lesiones más frecuentes son las fracturas de extremidades (84.3%). Las fracturas tienen un elevado riesgo de presentar infecciones, secuelas e incapacidades permanentes. Objetivo : Determinar si los factores asociados con la patología (lugar de fractura, clasificación de fractura, comorbilidades del paciente) y/o los factores relacionados con la atención médica (uso de profilaxis antibiótica diferente al protocolo institucional, tiempo prolongado para remisión, demoras en manejo quirúrgico) se asocian a mayor probabilidad de presentar infección de fracturas abiertas, en población mayor a 15 años, atendidos por accidente de tránsito, en una clínica de Bogotá de tercer nivel especializada en atención de SOAT, durante el período Octubre de 2012 a Octubre de 2013. Metodología: Estudio de casos y controles no apareado, relación 1:3, conformado por 43 casos (fracturas abiertas infectadas) y 129 controles (fracturas abiertas no infectadas). Resultados: La edad media de los casos fue de 39.42 +/- 16.82 años (med=36 años) y la edad media de los controles fue de 33.15 +/- 11.78 años (med=30 años). El 83.7% de los casos y el 78.3% de los controles corresponden al sexo masculino. Predominaron los accidentes en motocicleta en el 81.4% de los casos y el 86% de los controles. En el análisis bivariado se encuentra que la edad mayor a 50 años (p=0.042), una clasificación de la fractura grado IIIB o IIIC (p=0.02), cumplimiento del protocolo antibiótico institucional según el grado de fractura (p=0.014) y un tiempo mayor a 24 horas desde el momento del accidente al centro especializado en trauma (p=0.035) se asociaron significativamente con infección de la fractura abierta. En el análisis multivariado se encuentra únicamente que la clasificación de la fractura grado IIIB o IIIC se asocia con infección de la fractura OR 2.6 IC95% (1.187 – 5.781) (p=0.017). La duración de hospitalización fue mayor en los casos (32.37+/- 22.92 días, med=26 días) que en los controles (8.81 +/- 7.52 días, med=6 días) (p<0.001). El promedio de lavados quirúrgicos fue mayor en los casos (4.85±4.1, med=4.0) que en el grupo control (1.94±1.26, med=2) (p<0.001). Conclusiones: La infección posterior a una fractura abierta, implica costos elevados de atención con hospitalizaciones prolongadas y mayor frecuencia de intervenciones quirúrgicas como se evidencia en el presente estudio. Se debe fortalecer el sistema de remisión y contra remisión para acortar los tiempos de inicio de manejo especializado de los pacientes con fracturas abiertas. Se debe incentivar dentro de las instituciones, el cumplimiento de protocolos de profilaxis antibiótica según el grado de la fractura para disminuir el riesgo de complicación infecciosa.

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Los documentos especializados proferidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre los accidentes de tránsito en vehículos oficiales y la privación injusta de la libertad se ajustan al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.

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En las últimas dos décadas el crecimiento de la ciudad ha generado una serie de problemas relacionados con la movilidad y el transporte para los bogotanos. La incapacidad de los distintos gobiernos distritales al proponer soluciones efectivas para mejorar dichas problemáticas, ha provocado que los ciudadanos busquen distintas alternativas para mejorar su movilización. El mercado y la ciudadanía encontraron en las motos una respuesta a los problemas del transporte en la ciudad, sin embargo, esta alternativa viene acompañada de una serie de efectos que por sí mismas repercuten y ahondan el problema de movilidad. Este trabajo pretende determinar las causas y consecuencias del uso de la moto en Bogotá como alternativa de movilización, ello a través de la mirada tanto de conductores de motocicletas como de los demás participantes de las vías y calles de la ciudad.

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El interés por desarrollar el tema de cultura ciudadana y su influencia sobre los indicadores de movilidad referidos a la accidentalidad, surge a partir de una percepción de éxito de tres alcaldías que lograron transformaciones culturales y físicas en Bogotá. El propósito era comprobar a partir de un análisis cuantitativo que la cultura ciudadana funcionó como herramienta de gestión y que había logrado afectar positivamente las crecientes tasas de accidentalidad vial en Bogotá, durante dichas alcaldías (1995-2004). Sin embargo, la caracterización de la cultura ciudadana referida a la accidentalidad vial, tenía un alto componente cualitativo que permitió comprender que las estadísticas no se podían asociar directamente a las estrategias de cultura ciudadana y que por lo tanto, la investigación debía concentrarse en dimensionar la capacidad real que tenían las acciones de cultura ciudadana sobre el problema urbano, desagregando las dos variables.

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En las últimas décadas, la investigación en psiquiatría ha puesto más atención en la percepción de los pacientes permitiendo una mayor comprensión de las dinámicas de la enfermedad (1). Se ha observado una interacción entre el paciente y los ambientes familiares (2). El paciente entiende las actitudes negativas y las críticas provenientes de las personas cercanas a él, lo cual dificulta mantener la remisión de la enfermedad (3). Esto justifica la necesidad de hacer investigaciones que exploren este tema tan importante. Según la propuesta de Goffman, a partir de los años 60´s se entiende al estigma como una marca o atributo de descrédito social; quien adquiere el atributo, en este caso la enfermedad mental, entra en una condición de deterioro y minusvalía en su red social (4). Por otro lado, el concepto de familia ha evolucionado a través del tiempo, presentó un cambio pasando de ser un sistema público a un sistema privado, en donde la consanguinidad y la residencia común definirían a la familia moderna (5).

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Tercera parte de personas de 65 años o mayores caen anualmente con consecuencias variables. Los riesgos de caída aumentan con la edad y los de lesiones graves con cada caída. Lesiones severas son debido a fracturas, principalmente de cadera y más del 75% no recuperan funcionalidad previa. Estudio descriptivo cohorte retrospectiva, Clínica Los Rosales, Pereira, 1 de Enero/2007 a 31 de Diciembre/2008, la clínica avaló revisión de base de datos, escogidos códigos CIE 10 relacionados con Fractura de cadera origen traumático, excluyendo accidentes de tránsito y lesiones metastásicas óseas, edad 65 o más años. Historias clínicas fueron revisadas, información recolectada acorde al Instrumento diseñado. Consolidación base de datos, procesada por la herramienta estadística SPSS 17.0 para análisis descriptivo y obtener información demográfica, y cruce de variables con variable muerte buscando relación entre resultado y mortalidad. Total 48 pacientes, 33 cumplían criterios de ingreso, 15 excluidos por no tener información del tratamiento, 4 fueron remitidos, 11 restantes sin información por historia clínica ni telefónica de sobrevida. Edad promedio 83,4 años, género femenino 60,6% y 75,8% procedían del área urbana de Pereira, comorbilidades previas predominantes enfermedades cardiovasculares, 32,8%. Mayor consumo de medicamentos previos antihipertensivos, 81,8%, el 18,2% no recibían. Intrahospitalariamente 90,9% pacientes recibieron profilaxis antitrombotica, cirugía realizada en 90,9%, en 36,7% hecha los primeros 2 días y 42,4% al 5 día habían egresado. 9,1% registro un evento previo de fractura de cadera. 81,8% sin complicación, 9,1% murieron los primeros 3 meses posfractura. No se encontró asociación entre muerte y variables: cirugía, tromboprofilaxis.

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A través de un documental interactivo se busca determinar las causas por las cuales la campaña de prevención vial “Inteligencia Vial” no ha logrado reducir los índices de morbimortalidad por eventos de tránsito en Colombia, pese a que ese es su objetivo principal como campaña y que ha contado con la totalidad del presupuesto asignado a la Corporación Fondo de Prevención Vial.

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Objective: To establish a prediction model of the degree of disability in adults with Spinal CordInjury (SCI ) based on the use of the WHO-DAS II . Methods: The disability degree was correlatedwith three variable groups: clinical, sociodemographic and those related with rehabilitation services.A model of multiple linear regression was built to predict disability. 45 people with sci exhibitingdiverse etiology, neurological level and completeness participated. Patients were older than 18 andthey had more than a six-month post-injury. The WHO-DAS II and the ASIA impairment scale(AIS ) were used. Results: Variables that evidenced a significant relationship with disability were thefollowing: occupational situation, type of affiliation to the public health care system, injury evolutiontime, neurological level, partial preservation zone, ais motor and sensory scores and number ofclinical complications during the last year. Complications significantly associated to disability werejoint pain, urinary infections, intestinal problems and autonomic disreflexia. None of the variablesrelated to rehabilitation services showed significant association with disability. The disability degreeexhibited significant differences in favor of the groups that received the following services: assistivedevices supply and vocational, job or educational counseling. Conclusions: The best predictiondisability model in adults with sci with more than six months post-injury was built with variablesof injury evolution time, AIS sensory score and injury-related unemployment.

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Las lesiones causadas por el tráfico automotor cada día han tomado mayor importancia en salud pública dado a sus efectos nocivos sobre la salud. La mortalidad y morbilidad por lesiones de tráfico siguen siendo un 13 problema grave en muchos países con subestimaciones importantes por las deficiencias en los registros y notificación. A nivel mundial las estimaciones de mortalidad anual por lesiones de tráfico arrojan cifras cada vez mayores; para 1980 el cuarto de millón de defunciones calculado ascendió a 856000 para el año 1990 y a 885000 para 1993i.

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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

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En el Plan Maestro de Movilidad se definió y acordó la estructura que tendrá el Sistema Integrado de Transporte Público que empezó a operar en Bogotá a partir del 30 de Junio de 2012. Las implicaciones de este nuevo sistema afectan tanto a los bogotanos, como a las 66 empresas que estaban habilitadas como operadoras del transporte público colectivo y a los transportadores, entre muchos otros factores involucrados. Para la puesta en marcha del SITP, Bogotá se dividió en 13 zonas, las cuales van a estar cubiertas por 432 rutas y tan solo 13 empresas que quedarán como las operadoras del sistema. La implementación del SITP ha sido criticado fuerte y negativamente por parte de los bogotanos, las empresas operadoras, los transportadores y entidades gubernamentales. Esto, debido a varios factores, como las condiciones de la malla vial, el proceso de chatarrización al que entrarán más de 6000 vehículos en el primer año, las exigencias medioambientales con las que deben cumplir los vehículos antiguos que quedarán circulando, los problemas con el nuevo sistema de recaudo, pero sobre todo por la falta de información que se ha dado a la sociedad sobre este cambio, que aunque paulatino, afectará de manera crucial la vida de los Bogotanos.

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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.

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En el ámbito urbano una de las principales fuentes contaminantes del ambiente son los vehículos automotores. Una estrategia para reducir el número de los vehículos en circulación y frenar el deterioro ambiental es el mejoramiento del sistema de transporte público y estimular su uso. Para hacer atractivo el empleo del transporte público en Caracas es indispensable hacer cambios importantes en este. Se propone la implantación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que responda a los deseos de movilización de la población expresados en la Encuesta de Movilidad de 2005. En dicha ropuesta, las líneas de la red de transporte masivo existente constituirían rutas troncales del sistema más importantes; el BRT contemplaría la operación de estas rutas a lo largo del eje este-oeste de la iudad y de los principales corredores viales de los valles secundarios localizados al suroeste y sureste de Caracas; y las rutas alimentadoras operarían desde distintos sectores hacia las rutas troncales. La estimación del impacto ambi  tal derivado de la implantación del sistema propuesto, calculado solo con base en la sustitución de unidades minibús por autobuses en los principales corredores, señala ahorros sustanciales en consumo de espacio y de combustible; una disminución moderada del ruido; y reducciones de las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC).

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.