385 resultados para PROPIEDAD FISCAL - COLOMBIA

em Universidad del Rosario, Colombia


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Este trabajo evalua la estructura de propiedad de las entidades del sistema financiero colombiano para el periodo 1996-2006 y la relación entre las entidades que adoptaron el código corporativo a través de la resolución 275 de 2001 y el desempeño de las mismas. Dividiendo la muestra en dos, inicialmente buscando evaluar las características de la propiedad con el desempeño y finalmente evaluado la relación entre las entidades que adoptaron prácticas corporativas y el desempeño. Los resultados de estas dos líneas de estudios permitieron comprobar, por un lado, que la adopción de las prácticas corporativas de las entidades listadas en bolsa se relacionan positivamente con el desempeño y por otro, que la concentración de la propiedad genera un efecto positivo en el desempeño de las entidades financieras, lo cual es consistente con el efecto positivo que genera la supervisión de los accionistas mayoritarios sobre el administrador, disminuyendo de esta manera los problemas de agencia.

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El control sobre los bienes y recursos públicos y la eficacia del mismo ha sido una constante preocupación en la historia del país y en la evolución de nuestras instituciones polito-administrativas, como también lo ha sido la insatisfacción por los malos resultados de este control. Cabe entonces preguntarse ¿Por qué en Colombia no funciona bien el control fiscal?. Para responder a este interrogante el autor parte de un grupo de premisas básicas que hacen relación a la escasez creciente de recursos públicos y a la necesidad de estudiar, por una parte, otros sistemas que funcionan mejor que el nuestro y, por otra, la historia de la evolución institucional de las contralorías; para así comprender cómo se llegó a lo que hoy tenemos. A estos supuestos teóricos se agregan la ubicación del control fiscal dentro de los demás controles al ejercicio del poder político (difícilmente habrá algo más político que la asignación y el uso de los recursos públicos); la ubicación de las contralorías como pieza principal, mas no única, en el sistema de control fiscal, y, finalmente, su papel como parte del conjunto de “instituciones presupuestales”, es decir, aquellas a través de las cuales se expresa la economía pública. Consecuentemente, la obra está dividida en tres partes. En la primera se estudia el tema de la eficacia del control sobre los bienes y fondos públicos, desde el punto de vista del derecho comparado. En la segunda, se aborda el tema desde el punto de vista de su evolución histórica. En la tercera y última parte, se utilizan los elementos teóricos definidos en los dos capítulos anteriores y un cuadro conceptual, elaborado a partir de la teoría de las macro-organizaciones (Matus) y de la teoría neo-institucional (North), para intentar explicar por qué no funciona el control fiscal. La tesis que en general se sostiene es que el control de gestión y resultados no tiene los efectos que de él se esperaban, porque el diseño institucional dentro del cual actúan las contralorías, en especial la Contraloría General de la República, hace que la evaluación de la gestión y resultados de la administración pública no esté llamada a tener impacto alguno.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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El documento muestra la sólida influencia de la corriente doctrinal del profesor francés León Duguit (1859 – 1928), en la reforma constitucional colombiana de 1936, desde tres perspectivas: El sistema jurídico, la función social de la propiedad y los servicios públicos. Para el primer tercio del siglo XX, en Colombia, al igual que sucedía en Norteamérica y los países europeos que encauzaban nuestra tradición jurídica, las tesis individualistas sobre el modelo de Estado y el derecho, habían envejecido, y se planteaban nuevas interpretaciones del sistema jurídico imperante y del papel del Estado en la sociedad, en Colombia, el francés, León Duguit secundaría de manera decisiva, aunque no exclusiva, tal proceso.

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El presente trabajo estudia el efecto de la política fiscal sobre el empleo y la producción de los sectores formales e informales. En particular, se estudia cuáles tipos de impuestos son más eficientes para financiar el gasto público, en el contexto de una economía con un sector informal importante. El modelo puede ser usado para evaluar el efecto de políticas fiscales tendientes a reducir el tamaño del sector informal, como la recientemente adoptada en Colombia. En este artículo se presenta un modelo dinámico con acumulación de capital y presencia del sector informal, con el fin de cuantificar el efecto de cambios en la política fiscal en un país con un sector informal importante, como Colombia. Para esto, se le introduce desempleo e informalidad a un modelo dinámico de crecimiento a la Ramsey-Cass-Koopmans con impuestos al consumo, al trabajo y al capital. A partir de esta estructura se construye un modelo Dinámico Estocástico de Equilibrio General (DSGE por sus siglas en inglés) con fricciones en el mercado de trabajo a la Mortensen y Pissarides (1994) y con dos sectores productivos: el formal y el informal. Los resultados de los ejercicios confirman los resultados encontrados por Stiglitz en un modelo estático, en el sentido que el impuesto al consumo no necesariamente es más eficiente que otros impuestos que en la literatura tradicional son distorsionantes.

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Este libro, resultado del proyecto de investigación sobre Control Fiscal Territorial del Grupo de Investigaciones en Derecho Público Carlos Holguín, realiza un diagnóstico del sistema general de control fiscal territorial en sus aspectos normativos, estructura orgánica y complejidad funciona, así como el análisis de la gestión de las contralorías a partir del estudio de sus principales indicadores de gestión y de resultados. Este texto elabora una radiografía de las fortalezas y debilidades de los órganos de control fiscal, acompañado de los fundamentos y principales elementos para su reforma a partir de la regionalización del control fiscal territorial. Sin embargo, este trabajo va más allá de un diagnóstico, porque constituye una sistematización del sistema constitucional del control fiscal en Colombia a la luz de su desarrollo legal, jurisprudencia e, incluso, reglamentario. Con esto se hace un aporte conceptual a la discusión sobre la materia en que se encuentra la agenda de reformas del Estado, por lo cual es de utilidad tanto para las autoridades como para la comunidad académica.

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Lo que se propone con esta investigación es señalar de manera objetiva la infinidad de actuaciones establecidas en el Procedimiento Tributario Nacional, las cuales deben cumplir los contribuyentes. Esa disparidad de normas y actuaciones van en contravía de las instituciones modernas de orden procesal que buscan es simplificar los procedimientos, aspecto que en nuestro entender viola la defensa debida y algunos otros principios también de carácter Constitucional, tales como los de: celeridad, eficacia y economía de la actuación administrativa.

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Este texto es una monografía de grado fruto del análisis de documentos de la literatura nacional y de documentos de algunas instituciones nacionales. En él se intenta abordar el problema de los efectos, sobre todo negativos, que tendría el Tratado de Libre Comercio, TLC, en la salud de los colombianos. De manera concreta se hará referencia a cinco puntos relevantes del Capítulo 16 del Tratado que aborda el tema de la propiedad intelectual que, según los expertos, tendrán un impacto importante en el sistema de salud colombiano y, por lo tanto, en la salud de los consumidores. De esta forma, la pregunta central que pretende responder este texto es: ¿La firma del TLC entre Estado Unidos y Colombia, en especial, la implementación del punto 16 sobre la propiedad intelectual, limita el acceso de los colombianos a los medicamentos? Así mismo, se intentará establecer en qué corriente ideológica se enmarcan estas negociaciones, es decir, se pretende rastrear desde qué base teórica se sustenta y negocian este tipo de instrumentos económicos.

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El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.

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Aparece lo Ambiental como el factor por excelencia que eleva la calidad de vida del ser social, su defensa a través del derecho ambiental es un proponente y una condición para lograr fines supremos de nuestro Estado Social de Derecho

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La idea al temor del uso arbitrario, despótico, o simplemente por fuera de los causes institucionales, obligó a delinear todo un sistema plural de controles, con suficiente capacidad de contención frente a los excesos en ejercicio de la función

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El estudio sobre el control fiscal territorial que se presenta en este libro, es un nuevo eslabón en la cadena que sobre los temas de control fiscal ha elaborado la línea de Este texto muestra los resultados de la tercera fase de un proyecto más amplio sobre control fiscal territorial, que se inició en el año 2005 con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, a partir del cual se han superado ya dos fases, y han obtenido importantes y significativos avances sobre la materia. Los dos estudios precedentes han permitido dar respuesta a los interrogantes que han orientado el desarrollo del proceso investigativo, tales como: ¿cómo se ejerce el control fiscal territorial; ¿cuáles son las características del control fiscal territorial en el diseño constitucional; ¿cuáles son las limitaciones que han tenido las contralorías territoriales para mejorar el ejercicio de su función y ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de la situación actual y de los problemas que tiene el ejercicio del control fiscal.

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En este proyecto se hace una evaluación de la parafiscalidad agropecuaria como instrumento de intervención económica y se analizan los fundamentos legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre la naturaleza de las rentas parafiscales; así como el control fiscal de los recursos, la competencia jurisdiccional en materia de solución de conflictos y los mecanismos de coacciones que puede utilizar el administrador del fondo parafiscal para hacer efectivas las obligaciones. Un ejemplo de la parafiscalidad agropecuaria en el país es el caso particular del Fondo del Fomentos Palmero, en su papel de canalizar recursos para financiar actividades de interés general del sector palmero, como la investigación y transferencia de tecnología, de impacto en la competitividad sectorial. Se destaca el esfuerzo del sector privado de organizarse y aportar recursos importantes para afrontar los retos del proceso de apertura económica e internacionalización de la economía en materia de investigación, transferencia y tecnología, lo que incrementa así su competitividad a nivel internacional. Sin embargo, la intervención del estado a través de la ley, frente al manejo de los recursos, le genera a sus administradores, entes privados, tropiezos prácticos y jurídicos que terminan afectando el instrumento parafiscal

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En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.

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El trabajo a desarrollar tratará en una primera instancia las concepciones que surgieron con antelación a la Constitución Política de 1991, en donde la L ey adoptó a la infracción tributaria como ilícito (sin elevarlo a la categoría de delito y/o contravención), teniendo en cuenta las tendencias legales en materia penal y tributaria vigentes para la época, con in cidencia en la doctrina y la jurisprudencia. Con posterioridad se analizarán los cambios que la nueva Constitución introdujo para que fuesen acatados por los ordenamientos inferiores, y las consecuentes reacciones jurisprudenciales, legales y de doctrina que conllevaron la promulgación de dicha Carta y del Código Penal de 2000. Todo éste estudio se concreta sobre la discusión que surge al respecto de la responsabilidad de un infractor, pues se debe ser contundente al momento de expresar si dicha responsabilidad deriva objetivamente, o si por el contrario deriva de factores subjetivos que desentrañan el concepto de culpa