133 resultados para POLÍTICA DE RECURSOS NATURALES
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
El interés de este trabajo de investigación es explicar el tema del control geopolítico de los recursos naturales en Colombia en el periodo 2002-2011. Se analiza y explica cómo a partir del control territorial y el régimen de extracción desarrollados por la Drummond Company Inc. en el Departamento del Cesar se puede establecer su índice de poder geopolítico. Siguiendo los postulados de Michael Klare, respecto al desarrollo de una carrera internacional por los recursos energéticos mundiales, y los postulados de Kepa Sodupe, respecto a la posibilidad de reconfigurar los métodos de cálculo del poder, se avanza hacia los resultados de la investigación. Estos resultados permiten identificar de forma documentada el índice de poder geopolítico de una multinacional extranjera en el territorio colombiano.
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Como una propuesta alternativa en la gestión de recursos naturales, este texto enlaza los fundamentos de la bioeconomía y las ciencias de la complejidad, en especial, con la termodinámica del no equilibrio y el concepto de estructuras disipativas.
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Estudio del impacto del control fiscal en la protección de los recursos naturales, desde una perspectiva analítica y critica que pretende hacer ver a través estudios teóricos y prácticos la influencia del control fiscal y los órganos que lo ejercen en el mejoramiento ambiental.
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El agua se necesita en todos los aspectos de la vida, es el elemento más importante de nuestro planeta, es sustento de vida, progreso y fuente de bienestar: donde hay agua hay vida. Su presencia es necesaria para que se mantengan los se-res vivos
Resumo:
El mal manejo del medio ambiente y el mal aprovechamiento de los recursos naturales en la década de los sesenta, hizo que se pusiera sobre la mesa la discusión del tema ambiental tanto en ámbitos académicos como institucionales. Después de la puja conceptual y normativa, la Constitución de 1991 permite que las entidades territoriales formulen sus propias políticas públicas con el fin de descentralizar las acciones institucionales. Esta monografía analiza el proceso de consolidación de la política pública ambiental teniendo en cuenta las variaciones que ésta tuvo en cada uno de los periodos gubernativos que tuvieron lugar entre 1990 y 2006.
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Esta monografía pretende describir en breve a los interesados en el tema, el panorama general en lo referente al compromiso social de una multinacional de hidrocarburos y un Estado. Así mismo, se espera, que este escrito sirva para concientizar al lector y a otros investigadores, que se debe aumentar la cuota de compromiso social por parte de las multinacionales para con los países de la región, incentivando la investigación y explotación local en pro de la mejor utilización de los nuevos recursos naturales encontrados y el aumento del nivel de vida de los pobladores en Bolivia. Esta investigación de tipo descriptivo, recurrió a otros estudios o investigaciones referentes al tema central propuesto, ya que las políticas de Hidrocarburos en Bolivia y el no cumplimiento de compromisos sociales, son temas vigentes en la actual coyuntura mundial y de Bolivia.
Resumo:
El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ha tenido un crecimiento significativo a través de los años, debido a la constante transformación de los hábitats, la deforestación y especialmente por la sobre-explotación insostenible de los recursos existentes, trayendo consecuencias adversas para el desarrollo de los países más pobres, donde paradójicamente se concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Es así como, surge la necesidad de responder a esta problemática y canalizar por medio de diferentes foros internacionales la atención de la comunidad internacional a la protección de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, legitimó los problemas ambientales como un tema de preocupación internacional lo que generó un impulso político sin precedentes que llevó a la firma de diferentes acuerdos, entre ellos, la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora (CITES) de 1975. Veinte años después en el marco del fin de la guerra fría, tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, la cual basándose en el Informe Brundtland reafirmó internacionalmente el hecho de que la “protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”1. Cabe señalar que la Cumbre se convirtió en un hito internacional que ayudaría a guiar la cooperación de los estados y las organizaciones y el desarrollo de programas en el próximo siglo, al tener como resultado la adopción de diferentes acuerdos multilaterales como: la Declaración de Principios sobre Bosques, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a principios básicos sobre el medio ambiente y Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU con el mandato de coordinar las actividades de medio ambiente de las Naciones Unidas y supervisar la aplicación de lo pactado en la Cumbre del 92. Sin embargo, años después se vislumbra con gran preocupación en la Cumbre para la tierra + 5, la persistencia de la explotación indebida de los recursos naturales, y el continuo crecimiento de la pobreza. Es así como, en el 2002 con el objetivo de revisar nuevamente los éxitos y los fracasos registrados desde la Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Johannesburgo, África del Sur, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 10) donde se acordó la necesidad de fortalecer el multilateralismo por medio de instituciones internacionales más efectivas que promovieran el desarrollo sostenible y se reconoció al Convenio sobre la Diversidad Biológica como ente rector para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y como el instrumento principal para reducir la perdida de la misma al 2010.2 Asimismo, teniendo en cuenta que el CBD cuenta con la cooperación de diferentes organizaciones internacionales para dar total cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo, como es el caso de la UNCTAD, la UNDP, la UNEP, entre otras, en la presente monografía se analizará específicamente la cooperación de la UNCTAD, en la medida que se ha convertido en una organización que se ha preocupado por adoptar día a día un nuevo enfoque para la asistencia al desarrollo abordando conjuntamente el medio ambiente y el comercio, a través de programas de cooperación como es el caso del BTFP, que fue una de las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a fomentar el comercio responsable para potenciar la sostenibilidad y mantener la biodiversidad.
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En este artículo se revisan y analizan algunos aspectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) y su Plan de Manejo Ambiental, con el ánimo de demostrar que no consideran de manera adecuada los componentes ambiental y social. Desde la perspectiva de las políticas públicas se demuestra que se ajustan más a una estrategia militar-antinarcóticos que social y medioambiental, contrario al querer transmitido en la definición del instrumento, que habla de la compensación, prevención y mitigación de impactos, la protección de los recursos naturales, del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía ubicada en las zonas de influencia directa. Para ello, se hace un recuento de cómo está definido el Programa y los organismos que lo componen; después se explica el Plan de Manejo Ambiental y el análisis de su implementación, posteriormente se muestran los resultados obtenidos de esta verificación para, finalmente, formular las respectivas conclusiones.-----This paper reviews and analyzes issues of the Illicit Crop Eradication Program with Glyphosate (ICEPG) and its Environmental Management Plan, with the aim to demonstrate that the environmental and social components have not been properly considered. From the public policy viewpoint, they are shown to fit more into a military antinarcotics strategy rather than a social and environmental strategy, as opposed to the aims contained in the instrument definition, which talks about impact compensation, prevention, and mitigation; and protection of natural resources, environment, and population’s health within the direct influence areas. For this purpose, an initial review of the Program definition and component organizations is provided; the Environmental Management Plan is explained, its implementation is analyzed; the results from this verification are shown; and, finally, the respective conclusions are formulated.
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El presente estudio de caso tiene como objetivo analizar la influencia del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), en la agenda de integración del MERCOSUR. Se argumenta que el SAG al considerarse un espacio estratégico trasfronterizo, cuenta con un potencial desestabilizador, pero a la vez se configura como un potencial armonizador de la agenda de integración de MERCOSUR, analizando que esta característica promueve el fortalecimiento de los lazos de cooperación y el establecimiento de una dimensión ambiental al interior de la agenda. Para comprobarlo, se revisará el concepto de agenda y se utilizaran los conceptos de integración y desbordamiento del neofuncionalismo en el contexto de la interdependencia compleja. Finalmente, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite entender como el carácter estratégico del agua permea la agenda del MERCOSUR.
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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.
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El objetivo de esta monografía es analizar de qué manera el interés nacional ruso determina su reivindicación geopolítica en el Ártico. Adicionalmente, se profundizará sobre la posición geográficamente privilegiada en esta región y su importancia para los países miembros del Consejo Ártico a partir del deshielo del 2007. Por otra parte, se analizará la reivindicación geopolítica rusa en el Ártico a través de la aplicación del Derecho Internacional y el desplazamiento de sus fuerzas militares en esta zona. Para resolver la investigación, es pertinente explicar el interés nacional ruso bajo la Teoría de Realismo Político de Hans Morgenthau, lo que ayudará a clasificar el modelo de política exterior que Rusia aplicó en la región Ártica durante el periodo 2007 – 2013.
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Uno de los objetivos de la línea de Teoría y Práctica de las Políticas Públicas (TP3) es el análisis de las políticas públicas como objeto de estudio en sí mismo. En América Latina los estudios sobre este tema están más concentrados en el análisis práctico que en el académico, dejando de lado la posibilidad de teorizar y crear nuevos modelos que puedan ser replicados dentro de nuestros estudios de caso a nivel académico. Por ello, la tendencia ha sido la de copiar las teorías, enfoques y modelos propios de la escuela anglosajona (principalmente de Estados Unidos y Reino Unido), limitando nuestra capacidad de comprensión con respecto a nuestros fenómenos políticos, económicos y sociales. Por esta razón, durante el primer semestre de 2015 se creó el Semillero de Políticas Públicas con el fin de reflexionar sobre los vacíos que existen en la comprensión y el análisis de las políticas en Colombia y en Latinoamérica, para luego dar paso a la construcción de respuestas pertinentes. Esta publicación es el resultado de nuestra primera iniciativa como Semillero, la cual consiste en recoger las principales herramientas analíticas en el estudio académico de las políticas públicas, explicar sus postulados fundamentales, identificar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, aplicar estas herramientas a un caso dentro del contexto colombiano.
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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.
Resumo:
En este texto se presenta un espacio de intercambio de conocimientos desde una perspectiva científica, técnica y jurídica, para contribuir a la protección de los recursos naturales. Debido a la importancia de establecer mecanismos para proteger la biodiversidad y posibilitar la preservación de los conocimientos asociados especialmente al uso de la flora medicinal, la Línea de Investigación en Política y Legislación, del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, y la Línea de Derecho Ambiental y Grupos Étnicos, del Grupo de Derechos Humanos de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, desarrollaron este libro a través del cual la Universidad se propone profundizar en el panorama actual de la reglamentación y política –Internacional, nacional y local—respecto a la flora medicinal y al patrimonio cultural inmaterial asociado a esta.
Resumo:
De los 6.004 Km. de frontera terrestre de Colombia, 2.219 corresponden a los límites con Venezuela y 586 a los límites con Ecuador.1 Estas regiones se caracterizan por tener una amplia riqueza en recursos naturales y en especial de recursos hídricos, presentando éstos últimos fenómenos de estrés ambiental, como lo demuestran los casos analizados en el presente documento: la cuenca del río Catatumbo en la frontera colombo-venezolana, y las cuencas de los ríos Mira-Mataje, Carchi-Guáitara y San Miguel y Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas cuencas presentan dificultades tales como el deterioro de la calidad del agua y alteraciones en la oferta hídrica natural causada por la extracción inadecuada de minerales, por los malos usos que se dan a otros recursos naturales como los páramos y la cobertura boscosa, y por el aumento de la demanda del recurso hídrico. Adicionalmente, las dinámicas del conflicto armado producen efectos adversos para el medio ambiente en estas regiones debido a la presencia de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de drogas ilegales, y a la voladura de oleoductos y gasoductos, principalmente. A la problemática socio-ambiental que se desarrolla en estas cuencas compartidas, se suma la carencia de esquemas de gestión binacional de los recursos hídricos que permitan mitigar el desgaste de los recursos naturales y contribuyan a la implementación de prácticas sostenibles para su explotación y a la solución de los problemas de inseguridad ambiental que se presentan en esta zona.