3 resultados para Marine Mammal Protection Act

em Universidad del Rosario, Colombia


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Las ocupaciones ilegales, vinculadas a los procesos especulativos del mercado de tierras, generan numerosas tensiones ambientales y sociales. Estos conflictos se ven reforzados por la debilidad de las instituciones y los choques de intereses entre los agentes económicos. La mayoría de los estudios sobre los procesos de ocupación de las zonas rurales periurbanas en el Estado de Sao Paulo,  Brasil, se basan en la suposición de que de la Ley de Protección de los Manantiales (LPM) se genera la caída de los precios de las tierras. En este contexto, el presente estudio aporta un análisis  de la urbanización de estas áreas en los manantiales de la región metropolitana de Sao Paulo, del control de la influencia de la LPM en las ocupaciones y de la depreciación/valorización de terrenos  ubicados en esa zona. Los resultados muestran que el comportamiento de los precios de las tierras agrícolas de los municipios pertenecientes a las cuencas hidrográficas de la zona no estuvo influenciado  por la LPM. La influencia predo  inante, en este caso, es la de las políticas macroeconómicas del plan real de Brasil.

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La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de las agresiones cibernéticas en el desarrollo informático de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los diferentes estudios que se han realizado sobre el ciberespacio se han enfocado en el papel del individuo como actor principal y se ha dejado de lado las repercusiones que éste ha tenido para el Estado, como un nuevo eje de amenazas. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación demostrará a partir del concepto de securitización, que se busca priorizar la “ciberseguridad” dentro de la agenda del gobierno estadounidense. Al ser este un estudio que aborda experiencias concretas durante un periodo de tiempo de más de 10 años, el diseño metodológico de la investigación será longitudinal, ya que abarcará estudios, artículos, textos y resoluciones que se han realizado desde 2003 hasta la actualidad.

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Desde la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, la CPI está confrontada a varios problemas, entre los que se encuentra el desacuerdo que persiste entre la Asamblea de Estados parte relativo a la defi nición del crimen de agresión, que es uno de los crímenes de competencia de la Corte de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto. Otra difi cultad es la oposición de los Estados Unidos de América desde que la administración Bush desplegó todo un arsenal jurídico destinado a impedir cualquier tipo de colaboración con la CPI con el American Service Members’ Protection Act y los acuerdos bilaterales de inmunidad destinados a prevenir la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte por parte de los Estados miembros del Estatuto de Roma.La entrada en vigor de su Estatuto el 1 de julio de 2002 le permitió al Fiscal de la Corte iniciar las primeras investigaciones y procesos por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad cometidos en los conflictos que destrozan ciertos Estados africanos (R.D.C., República Centroafricana, Uganda). La orden de detención contra el presidente sudanés Omar Al Bashir por las atrocidades cometidas en Darfur muestra los límites de la actuación de la Corte, al no poder ejecutar su mandato sin la cooperación de los Estados. La Corte debe enfrentarse a las críticas relativas al “doble estándar” y de ser un instrumento de “justicia para los pobres” de la que se escaparían los “poderosos”. Las respuestas a estos problemas podrían ser aportadas, en parte, en el marco de los procesos de revisión previstos por el Estatuto de Roma nueve años después de su entrada en vigor.