15 resultados para México-Límites-Guatemala

em Universidad del Rosario, Colombia


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Esta monografía se concentra en establecer las implicaciones que ha generado la securitización de la migración irregular, en el marco de la agenda bilateral México-Guatemala, frente a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que buscan el paso, en condiciones de irregularidad , hacia México con destino a Estados Unidos . Lo anterior, tomando como periodo de análisis el comprendido entre 2008 (año en que México y Guatemala se comprometen aún más en la securitización fronteriza) y 2010 (momento en que se evidencian grandes vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes). Para ello, en este trabajo de grado se hace uso de la Teoría de la securitización desarrollada por la Escuela de Copenhague a partir de una perspectiva constructivista, que a su vez se inscribe dentro del Paradigma Reflectivista de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Al respecto es preciso aclarar que se toman como referencia especialmente algunos aportes de Ole Waever, relativos a los impactos de la securitización excesiva, que consiste en la tendencia de los gobiernos a elevar todos los problemas (sociales, políticos, económicos, entre otros) al nivel de seguridad; razón por la que dicho autor advierte sobre la necesidad de desecuritización de ciertos asuntos que, como la migración, no necesariamente habrían de ser elevados a dicho nivel.

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Esta monografía pretende realizar una aproximación al modus operandi de los inmigrantes ilegales ecuatorianos que cruzan la frontera entre México y Guatemala para llegar a los Estados Unidos. A partir de lo anterior se plantean propósitos específicos como: identificar las causas de la inmigración de los ecuatorianos entrevistados, haciendo énfasis en la emigración ilegal hacia los Estados Unidos; describir el proceso usado por las redes informales que facilitan la migración ilegal de las personas objeto de estudio; explorar las experiencias de algunos ecuatorianos en su cruce por las fronteras y exponer los componentes de la ley de migración de los Estados Unidos, México y Guatemala que pueden estimular la existencia y consolidación de redes de inmigración ilegal.

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El Proyecto Mesoamericano es un proyecto de integración entre los países de Mesoamerica; es decir, que es una integración entre los nueves Estados del Sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)y los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Aunque a partir del 2006 Colombia ingresó con todos los derechos de participación. El proyecto busca principalmente aumentar la calidad de vida de los habitantes potencializando el desarrollo económico, reduciendo la pobreza, aumentando el capital humano y natural de la región, dentro de un contexto de respeto a la diversidad cultural, étnica e inclusión social. Para esto el Proyecto Mesoamericano se ha dividido en 9 Iniciativas las cuales a cada país le corresponde desarrollar cada una. Es por esto que a México le correspondió desarrollar la Iniciativa de Desarrollo Humano; a Belice la iniciativa de Turismo; a Guatemala la Iniciativa Energética; a El Salvador, Telecomunicaciones; a Costa Rica, Transporte; a Honduras Facilitación Comercial y Competitividad; a Nicaragua, Desarrollo Sostenible; a Panamá, Prevención y Mitigación de Desastres Naturales y finalmente a Colombia le correspondió desarrollar el tema de los biocombustibles. estas Iniciativas todas tienen la misma importancia pero a diferencia de las otras; la Iniciativa Energética es la más desarrollada y ejecutada hasta el momento por ser la más grande; entre sus proyectos están: El Sistema de Interconexión Eléctrica SIEPAC, la Interconexión Eléctrica entre México y Guatemala, la Interconexión Eléctrica entre Panamá y Colombia, el Proyecto de Biocombustibles y las Energías Renovables. Esta Iniciativa ha hecho que la integración entre los países de la región se afiance mucho más. Aunque todavía existe mucho rechazo por parte de la población campesina e indígena por el temor a perder sus recursos naturales y que estos sean privatizados. De igual forma Colombia es muy importante para el proyecto puesto que Colombia geoestratégicamente es el puente entre Centroamérica y Suramérica y es un factor clave para el Proyecto Mesoamericano.

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Los productos bioterapéuticos han revolucionado la terapéutica de enfermedades como la artritis reumatoide (AR). Los altos costos y el vencimiento de las patentes de productos bioterapéuticos de referencia (innovadores) han promovido el interés en productos bioterapéuticos similares (PBS), también conocidos como biosimilares. METODOLOGÍA: revisión sistemática con el objetivo de presentar el panorama actual (a Octubre del 2012) de los PBS en Latinoamérica (LA) en el contexto de AR. Consulta de: bases de datos internacionales y latinoamericanas, sitios web gubernamentales, registros de ensayos clínicos, noticias y páginas web relevantes. Se siguieron las guías PRISMA. RESULTADOS: Bases de datos: Selección de 30 artículos según criterios de inclusión. Selección de 17 artículos según revisión detallada. Búsqueda manual: selección de 45 referencias. Consolidado de 62 documentos. Regulaciones vigentes sobre PBS: México, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina. En Colombia se encontró una propuesta en desarrollo. PBS aprobados: Colombia (Etanar®, PBS de Etanercept), México (Kikuzubam®, PBS de Rituximab), Perú, Chile y Bolivia (En estos últimos 3 países, Reditux®, PBS de Rituximab). DISCUSIÓN: La situación regulatoria sobre PBS en LA ha mejorado en los últimos 6 años, sin embargo las regulaciones deben buscar mayor claridad. Deben desarrollarse esfuerzos para establecer regulaciones en los países de LA que no las tienen. Países como México, Cuba y Brasil tienen una industria biotecnológica creciente. La aprobación de PBS en LA ha generado controversia y opiniones divididas entre los diferentes actores. El ingreso de PBS es beneficioso pero debe seguir regulaciones claras que garanticen eficacia y seguridad.

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En Centroamérica existen comunidades que enfrentan retos muy difíciles como el limitado acceso a servicios y bienes básicos, carecen de oportunidades laborales y de educación. A esto se le añade la influencia de un fenómeno juvenil conocido como las pandillas juveniles o Maras.

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 Este texto plantea una reflexión sobre el estado actual de la democracia en México. Para ello se basa en una lectura crítica de las interpretaciones de la transición mexicana. Estas últimas subrayan el carácter sui generis e incompleto de dicha transición, cuya conclusión no ha significado una discontinuidad clara entre la etapa autoritaria y la de consolidación democrática. Nuestro planteamiento consiste en mostrar que los límites actuales de la democracia mexicana, en parte identificables como problemas de consolidación, dejan dudas sobre la llegada de la democracia a México. Lo ilustramos en torno a la pluralización aparente del sistema de partidos, a la cual los actores y estructuras autoritarias han sabido adaptarse, y en torno a la débil consolidación del Estado de derecho y las instituciones, amenazadas por la ascensión vertiginosa del crimen organizado. La combinación de las recomposiciones autoritarias y de esas nuevas amenazas no se reduce a meras herencias autoritarias, en un contexto supuestamente democrático, ni tampoco admite la hipótesis de una transición inconclusa. Implica más bien una huida hacia delante, la cual oscila entre la democracia y su negación, así como entre las herencias del pasado y un cambio mal asimilado, obligando a revisar el modelo de análisis de las transiciones a la democracia, parcialmente pertinente, pero demasiado lineal y reductor.-----This paper proposes a reflection on the current status of democracy in Mexico. For this purpose, it has been based on an analytical reading of interpretations to the Mexican transition. They highlight the sui generis and unfinished nature of such transition, whose completion has not entailed a clear discontinuity between the authoritarian phase and the democratic consolidation phase. Our approach consists in showing that the current limitations of Mexican democracy, which are in part identifiable as consolidation issues, leave doubts about the arrival of democracy to Mexico. This is illustrated around the supposed plurality of the party system, to which the actors and power structures have adapted, and around the weak consolidation of the constitutional state and the institutions, threatened by the dramatic escalation of organized crime. The combination of authoritarian recomposition and such new threats is not a mere authoritarian inheritance, in what is a supposed democratic context, nor does it agree with the hypothesis of an unconcluded transition. It rather implies fleeing forwards, which in itself oscillates between democracy and its denial as well as between past legacies and a badly assimilated change, thus forcing us to review the analytical model for transitions to democracy which is relevant in part, but far too linear and minimizing.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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El presente estudio de caso tiene como propósito analizar los aportes de diplomacia cultural al proceso de integración entre el departamento de Norte de Santander y el Estado de Táchira, ubicados en la frontera de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, durante el periodo 2006-2013.Para explicar esto, en primer lugar, se describe el papel de la diplomacia cultural como herramienta de política exterior y, su relación con las fronteras y la integración. Posteriormente se analizan las estrategias de diplomacia cultural empleadas por Colombia para las zonas de frontera, a partir de los lineamientos de política exterior establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y 2010-2014 y, finalmente se analizan los aportes de las estrategias de diplomacia cultural al proceso de integración de la frontera Norte de Santander-Táchira.

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El interés de esta monografía es analizar la manera en que la movilización emprendida por Mamá Maquín y las acciones ejercidas por la CIDH incidieron en el proceso de retorno de las refugiadas indígenas guatemaltecas entre 1990 y 1995. Frente a esto, la monografía muestra la forma en que la combinación de estrategias de movilización empleadas por Mamá Maquín así como la acción de actores como ACNUR, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y, en menor medida, la CIDH permitieron la participación de las refugiadas en los espacios de interlocución entre los refugiados y Guatemala. Lo anterior, mediante una metodología descriptivo-analítica que permite la reconstrucción de los aspectos relevantes del origen, organización y movilización de Mamá Maquín con sus actores aliados y las acciones de la CIDH; así como el análisis de este caso a la luz de la teoría de los movimientos sociales y la movilización legal.

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Dar respuesta a la pregunta acerca de cuáles deben ser los límites a los que, dentro del marco de un estado social de derecho, está sujeto el ejercicio de la función de control constitucional por parte de la Corte Constitucional.

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El interés principal de este estudio de caso es analizar y caracterizar el fenómeno del Crimen Organizado (CO) en México y Colombia, y su manifestación a través de estructuras criminales como carteles de droga (en el caso mexicano), y BACRIM, FARC y grupos insurgentes (en el caso colombiano), para luego analizar y evaluar cuáles han sido las tendencias de convergencia y divergencia en el marco de cooperación de estos países en torno al tráfico de droga en un periodo comprendido entre el 2003 al 2010.

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El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

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El estudio sobre la juventud y su relación con prácticas realizadas en los espacios públicos, especialmente la calle, ha tenido un renovado interés durante las últimas décadas. Estos debates se han vuelto relevantes en cuanto que los jóvenes parecen ocupar un lugar primordial en las escenas cotidianas de violencia, en particular los jóvenes de sectores populares. A través de un proceso etnográfico de carácter sistemático y sostenido en el tiempo identifico y explico las distintas interacciones de los jóvenes en los espacios públicos de cuatro barrios populares, centrando el análisis en las distintas formas de negociación con los actores armados, especialmente con la policía y el paramilitarismo. Lo que argumento es que hacer presencia en los espacios públicos, especialmente en la calle, termina por constituir en una opción de vida a través de los cuales fomentan una beligerancia social y política de resistencia pero ante todo como método que les permite proponer alternativas de existencia, por demás no violentas, frente a la violencia generalizada de la policía y el paramilitarismo. El problema radica en que muchas de las expresiones de algunos jóvenes terminan por reproducir los mecanismos de violencia del que son víctimas, aspecto que es identificado, por quienes acuden a la violencia, como una forma de reclamar un lugar en la comunidad, a permitirse ser reconocidos y escuchados y a sobrevivir en medio de una simultaneidad de violencias que cotidianamente los atropella y les vulnera los derechos. La violencia de estos jóvenes es una forma de no permitir que las esperanzas se diluyan, aunque paradójicamente también les puede quitar la vida

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Esta investigación se enfoca en la participación política al Senado de las mujeres indígenas en Colombia por circunscripción especial desde 1991 a 2014. A partir de una contextualización que permite ubicar el papel de las mujeres dentro del movimiento indígena, presenta los mecanismos adoptados por la Constitución de 1991, de la Ley de Cuotas y de la Ley de Partidos, para asegurar una presencia indígena en el Senado y garantizar una participación política paritaria. Posteriormente, muestra y analiza, con base en resultados electorales y en testimonios de lideresas indígenas, que dichos instrumentos han quedado ineficientes para hacer posible la elección de mujeres indígenas al Senado.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.