127 resultados para Gómez Carrillo, Enrique
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.
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Teniendo en cuenta tres casos dentro del contexto del conflicto armado donde la jurisdicción penal colombiana estudia la admisión o exclusión de medios probatorios producidos a partir de injerencias de comunicaciones, encontramos que no siempre se aplica la regla de exclusión cuando no cuentan con una orden judicial previa. Ante este problema, buscamos como se ha solucionado, teniendo como referente la el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior nos da base para entender la regla de exclusión de que se ha venido desarrollando dentro del Derecho Internacional Penal. Si bien estas reglas nos sirven para solucionar estos tres casos, terminan siendo contradictorios a lo que ha venido desarrollando la Corte Constitucional. De esta manera, si bien esta Corte consideró que la regla de Estatuto de Roma, va en concordancia con la nuestra regla de exclusión nacional, tal afirmación es errónea.
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Objetivos: evaluar la validez y confiabilidad de la versión hispana del instrumento de Tamizaje Juvenil (Encuesta de Salud Juvenil, ESJ) de la Universidad de Columbia aplicados en 2009 por el Programa de Salud Mental Juvenil de la Universidad del Rosario (UR) en el 8avo grado del Centro Educativo Integral de Colsubsidio (CEIC) en Bogotá, Colombia Metodología: Diseño observacional de evaluación de prueba diagnóstica tipo tamizaje en las dos etapas consecutivas del Programa de Tamizaje Juvenil aplicado en 183 alumnos. Evaluación de la reproducibilidad de las pruebas aplicadas a una sub muestra de 63 alumnos calculado con un muestreo aleatorizado por afijacion proporcional en un intervalo de 20 días. Resultados: el instrumento Encuesta de Salud Juvenil (ESJ) mostró una alta sensibilidad (100 %) y adecuada especificidad (89,09 %), un valor predictivo positivo del 85,88 % lo que le confiere adecuada validez. La confiabilidad y consistencia interna de la prueba son buenas, Alfa de Cronbach: 0,700, así como la concordancia de la ESJ inicial y la entrevista clínica de la segunda etapa del tamizaje (Kappa de 0.867, error estándar de 0.037 (p<0.001)). La reproducibilidad mostró un índice de Kappa de 0,645 en la sub muestra evaluada 20 días después. Conclusiones: la versión hispana del instrumento de Tamizaje Juvenil de la Universidad de Columbia tiene validez y confiabilidad adecuada para la detección de conducta suicida y signos de enfermedad mental en adolescentes.
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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.
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Se precisa el régimen de contratación al que el Estado se sujeta al crear o autorizar la creación de un establecimiento de crédito de orden nacional. Para ello, se analizan la normatividad que los regula y algunos de sus manuales de contratación.
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El propósito del tema a desarrollar a través de este documento es el de analizar y comprender, bajo una óptica crítica y reflexiva, la institución jurídica de la partición en vida, su noción, regulación y efectos, con miras a determinar los posibles perjuicios que pueda generar la aplicación de esta figura a los acreedores de quien lleva a cabo la misma. Basados en dicho objetivo, se expone a la partición en vida como institución jurídica, analizando el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual se declara su exequibilidad, y contrastándola con la partición por donación, usada en Argentina, como referente extranjero. Así mismo, son abordadas distintas instituciones jurídicas cuyo análisis permite denotar el alcance de la partición en vida en la práctica social colombiana, y a su vez, determinar cómo puede verse afectado el patrimonio de aquellos terceros que fungen como acreedores del partidor.
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Estudio de validación en escolares pertenecientes a instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bogotá, Colombia. Se diseñó y aplicó el CCC-FUPRECOL que indagó por las etapas de cambio para la actividad física/ejercicio, consumo de frutas, verduras, drogas, tabaco e ingesta de bebidas alcohólicas, de manera auto-diligenciada por formulario estructurado.
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El presente escrito se ocupa de estudiar el nexo de causalidad como elemento estructural de la responsabilidad cuando éste es difuso. Para ello, se pretende abordar la pérdida de la oportunidad como una teoría especial de causalidad que tiene lugar cuando el nexo causal no resulta claro, lo cual contradice la tesis preponderante de la doctrina y la jurisprudencia tradicional según la cual, la pérdida de la oportunidad es un criterio autónomo del daño. En su contenido se realiza una explicación del por qué se entiende la pérdida de la oportunidad como una teoría especial de causalidad y no como un criterio autónomo de daño, haciendo énfasis en el elemento de certeza que caracteriza al daño. Posteriormente, se advierte del tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a la pérdida de la oportunidad. A su turno, el presente documento, indica la naturaleza jurídica de la pérdida de la oportunidad, afirmando que es una inferencia lógica que realiza el juez y no un hecho que altere el estado de las cosas como si sucede con el daño. Finalmente, se aborda la prueba de la teoría de la pérdida de la oportunidad mediante un cálculo de probabilidades y se identifican los pasos para realizar una adecuada reparación integral.
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Análisis socio-político y económico del conflicto étnico de Sri Lanka, basado en la teoría de Nuevas Guerras, para la comprensión de las acciones del grupo guerrillero de los Tigres Tamil y el Gobierno cingalés que desestabilizan el país y la región.
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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.
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Aquí se explicara cuales han sido los cambios surgidos en las relaciones bilaterales entre Colombia y Canadá a partir del incremento del flujo migratorio colombiano durante el periodo 2000 - 2005. Dividido en causas socio-económicas, acuerdos bilaterales, cambios en las políticas migratorias.
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INTRODUCCION: El despertar de la anestesia general se ha asociado con tos, agitación y cambios hemodinámicos, con los consiguientes efectos deletéreos para los pacientes, el uso de medicamentes opioides como el remifentanilo pueden atenuar estos efectos. METODOS: Estudio observacional descriptivo, de 166 pacientes a los que se les realizo procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general balanceada, 53 pacientes recibieron remifentanil en infusión continua hasta la extubación y 113 pacientes en los que la infusión se suspendió 10 minutos antes de la extubación en el Hospital de Kennedy ESE. RESULTADOS: La media de la presión arterial sistólica de los pacientes que recibieron remifentanilo hasta la extubación y la media de la presión arterial sistólica de los que no recibieron remifentanilo hasta la extubación presentaron diferencias estadísticamente significativas al 95% (p= 0.034) siendo un 20% mayor en los pacientes que no recibieron la infusión de remifentanil hasta la extubación, un resultado similar se observó respecto a la presión arterial distolica (p= 0.010). CONCLUSIONES: El uso de remifentanil en infusión continua a bajas dosis hasta la extubación, tiene un efecto hemodinámico benefico en los pacientes y puede disminuir la incidencia de efectos secundarios
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En la disertación se hace un análisis y una exposición de la crítica a la democracia de Nicolás Gómez Dávila.
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La presente disertación pretende demostrar como Álvaro Gómez Hurtado, en su libro "La Revolución en América" le otorga una "función política" a su concepción de la hispanidad, con el fin de demostrar que Hispanoamérica hace parte de Occidente, pero de un Occidente hispánico.
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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.