16 resultados para Disciplinary administrative procedures
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
La implementación de los procesos de contratación pública electrónica permite aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos en el manejo de la información y las telecomunicaciones, con el fin de aumentar la eficiencia y la eficacia de los procesos de contratación estatal, así como la transparencia de los mismos. En ese sentido, el presente trabajo de investigación se centrará en analizar si, de acuerdo con nuestro modelo jurídico, el procedimiento administrativo electrónico como equivalente funcional del procedimiento administrativo tradicional, posibilita la simplificación y racionalización de trámites en los procesos de contratación que adelanta la Administración Pública, permitiendo la realización de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
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La problemática que aborda este trabajo comprende el análisis de las implicaciones y del significado de la reafirmación del trámite de los recursos administrativos como un requisito de procedibilidad que el particular debe agotar para poder acudir a la jurisdicción administrativa cuando pretende dirimir una controversia originada en una decisión adoptada por una autoridad pública. Nos preguntamos, si con ello, se cumplió todo aquello que inspiró a los precursores de la expedición del nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. La investigación se desarrolló a partir de un plan de trabajo divido en dos partes. En la primera, se analizó la doble connotación que caracteriza a los recursos administrativos, así como la evolución, la efectividad y la importancia de aquellos de cara a los privilegios de la administración pública. También se abordaron las modificaciones que el legislador ha efectuado a esta herramienta de autocontrol de las decisiones administrativas y la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en esta materia. En la segunda parte, con el fin de establecer si la reafirmación del agotamiento del recurso de apelación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción administrativa, traduce los propósitos del legislador al expedir el nuevo código administrativo y de lo contencioso administrativo, se plasmaron aspectos que debieron considerarse en esta reforma, en el marco de las tendencias de un Estado Social de Derecho y de la problemática de la congestión judicial que intenta afrontar el legislador. En ese marco, se explicaron los aspectos que permitieron constatar que los propósitos del legislador se desdibujaron al mantener la obligatoriedad de agotar los recursos administrativos para que el particular pueda someter una controversia a la jurisdicción administrativa.
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El modelo de franquicia ha evolucionado desde su inicio en Estados Unidos, en 1862, por Singer Sewing Machine Company debido a la necesidad de superar los problemas de distribución y cobertura de sus productos. Diversas empresas decidieron seguir con este modelo ya que sus ventajas eran mayores para penetrar mercados nuevos. Un claro exponente de la optimización de este modelo es McDonald"s que tiene más de 25.4651 franquicias en 126 países, pero para que se diera esta expansión contaron con criterios propios del modelo de franquicia que garantizan el éxito, los cuales son: estandarización de procesos y procedimientos (consignados en manuales), un "Know How" diferenciador, una marca consolidada, un plan de expansión estratégico y un modelo de negocio característico; tales variables son insustituibles para el desarrollo satisfactorio del modelo de franquicia. A nivel Colombia el primer acercamiento de franquicia lo dio la multinacional Burger King en 1980, pero luego las empresas colombianas decidieron seguir este modelo siendo Kokoriko la pionera seguida de Presto y Frisby. Una de las empresas que utiliza el modelo de franquicias en Colombia es Pan Pa" Ya!, pero es una franquicia diferente, se llama Franquicia financiera, ya que el franquiciado solo es un inversionista que aporta el capital, pero la administración esta a cargo del franquiciador. La empresa empezó utilizando el modelo tradicional de franquicia, pero este no fue exitoso debido a que los procesos no estaban totalmente estandarizados, no existía la tecnología del pan congelado y el proceso de supervisión de los locales franquiciados era muy difícil. Hoy, la situación ha cambiado y la empresa está estudiando si continuar con el modelo de franquicia financiera o volver al modelo tradicional de franquicia.
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Debido al alto riesgo que presentan los trabajadores que están expuestos a adquirir enfermedades infecto contagiosas en nuestro medio, se determina la necesidad de evaluar el modelo administrativo de atención para riesgo biológico que se implemento en una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) en Colombia, con el fin de establecer medidas para el manejo pertinente y oportuno del evento, así como el seguimiento de los trabajadores, buscando disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades de alto costo como VIH, Hepatitis B y Hepatitis C, y de esta manera generar un impacto positivo en la atención y administración de los recursos. Para ello se realiza un análisis de datos de la población afiliada a la ARP que reportaron un accidente de riesgo biológico durante el 2009, y se realizan comparaciones de variables entre los casos positivos del primer período, comprendido entre los meses de enero y junio de 2009, y los que se presentaron posterior a la implementación del nuevo modelo de atención, período comprendido desde julio hasta octubre del 2009. Se encontró que el género masculino fue el más afectado, los departamentos con mayor reporte de casos fueron Atlántico y Bolívar, el sector económico más afectado fue el de recolección de basura y las lesiones fueron provocadas en su mayoría por objeto cortopunzantes. Con el nuevo modelo se evidenció un cambio positivo en términos de pertinencia, oportunidad de aviso y calificación del evento, en cuanto a costos se encontró que, por el momento, los períodos no son comparables por la variabilidad en tiempo, sin embargo, se proyecta un cambio positivo, no solo por los costos cuantificables, sino por los costos indirectos.
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Lo que se propone con esta investigación es señalar de manera objetiva la infinidad de actuaciones establecidas en el Procedimiento Tributario Nacional, las cuales deben cumplir los contribuyentes. Esa disparidad de normas y actuaciones van en contravía de las instituciones modernas de orden procesal que buscan es simplificar los procedimientos, aspecto que en nuestro entender viola la defensa debida y algunos otros principios también de carácter Constitucional, tales como los de: celeridad, eficacia y economía de la actuación administrativa.
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En la actualidad y de acuerdo al informe del Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior (SNIES) la deserción estudiantil en la Educación Superior está en el 52%. Cada Institución de Educación Superior (IES) realiza esfuerzos por retener y sostener en el tiempo a los estudiantes académicamente viables; estos esfuerzos están divididos en diferentes frentes: Académico, Financiero, Psicológico y Cultural. Desde la estructura administrativa se busca responder a esta necesidad, y para ello, con el fin de contrarrestar el retiro o abandono de los estudiantes de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario, identificado mediante la aplicación de la metodología propuesta por La Estrategia de los Cuatro Círculos y el Método MEYEP, ante cuyas conclusiones y recomendaciones se procedió a realizar un proyecto que pretende conformar una Unidad de Gestión Integral de Apoyo al Estudiante (UGIAE). Unidad que constituye una iniciativa por integrar los esfuerzos en un organismo que responda a las necesidades de los estudiantes y cuya directriz se enmarque en el contexto del Plan Integral de Desarrollo PID de la Universidad. La finalidad de la UGIAE es facilitar a los estudiantes académicamente viables de la Universidad del Rosario, la culminación de sus estudios; para lo cual se pretende el mejor aprovechamiento de las competencias humanas, el trabajo en equipo, y la transdisciplinariedad que canalice los esfuerzos colectivos; para este efecto se desarrolla un modelo de simulación en Stella en el que convergen y se aplican las recomendaciones finales del presente documento.
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La creación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad del Rosario el 1 de julio de 2009 generó la necesidad de apoyar un mayor número de profesores e investigadores en temas administrativos, financieros y jurídicos. Para ello fue necesaria la contratación de una coordinadora administrativa y una coordinadora financiera para que la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera pudiera cumplir con el apoyo a la Academia. Sin embargo, la gestión jurídica que soporta los proyectos de Investigación, Asesoría y Consultoría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud no era lo suficientemente ágil frente a las necesidades de respuesta a los patrocinadores externos. Por lo tanto, por medio de la aplicación de la Teoría de Restricciones, construcción de nubes de conflictos, encuestas a los investigadores y desarrollo de un formulario como herramienta en el Sistema de Información SAP, se agilizó el proceso de la Oficina Jurídica no solo para los procesos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salid sino para todas la facultades y dependencias de la Universidad del Rosario
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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.
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El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.
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Es un estudio descriptivo/exploratorio de dos Casas de la Cultura en Bogotá (Tunjuelito/Usaquén), basado en la revisión de documentos y recolección de datos a través de herramientas cualitativas, con aspectos cuantitativos en la presentación de datos por medio de cuadros de comparación. Presenta resultados de las siguientes categorías: grupos de interés, aspectos administrativos y productos.
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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.
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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos, exige el otorgamiento por parte del Estado, de una concesión portuaria a sociedades portuarias, la cual se concede previo el agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 y en el Decreto 4735 de 2 de diciembre de 2009. Si bien, el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, sin que constituya una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.
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This paper seeks the determine the ways in which anomalous decisions derived from the particularization and constitutionalization of environmental law can arise given the general theory of administrative action. This is seen through the lens of a study and characterization of administrative decisions issued by the Regional Autonomous Corporation of Cundinamarca –CAR- within the superficial water concessions procedure. It also discusses the conceptual contents of these licenses.
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The present article has as objectives to show the organization and the functioning of the central administration of the state of Boyacá, as manifested through the President of the state and the secretaries of dispatch, to examine how they operated and which functions were assigned to them during the period of 1857 to 1886. These will be examined through the lenses of the 1857, 1863 and 1869 constitutions and their subsequent normative development as well as through the roles given them by the Legislative Assembly and the State President. Likewise, it will study the progress of the state as seen through the reports presented by the president and the secretaries of dispatch. It must be kept in mind that until now nothing has been written on this topic; the text is innovative in that it allows us to reconstruct a part of our national documentary heritage.
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Transitional provisions are defined as the set of regulations that rule juridical relationships on the occasion of a legislative change. Out of this context of law succession, their indiscriminate application can lead to serious inconsistencies. The analysis of a Spanish private law example is offered to illustrate this fact. It concerns the administrative authorization for the demolition of rented buildings in the cities. A regulation repealed more than fifteen years ago and however widespread utilised on ancient constructions that, after recent urban development, have acquired great economic value; something that in the end explains the current importance of such provisions. What is happening in Spain: denaturalization of the original figure due to a mixture of formalist interpretations and speculative market interests, is presented here to call the attention on the necessary limitation of transitional provisions’ effects.