33 resultados para DECENTRALIZATION

em Universidad del Rosario, Colombia


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In Argentina, the restructuring of the State initially raised as a public policy in the 1980s and in-depth in the ‘ 90s under the neoliberal model accentuated - between other processes, of the administrative  decentralization, which also resulted in new roles awarded to municipalities. That’s how various actors in society charged leadership. The local and urban were the subject of renewed interpretations,  scenarios where practices more fully participatory citizen could be settled. In the neighborhoods  of cities, grass-roots organizations cultivated his role as space intermediation. This article discusses  and reflects on these new roles that launched from the changes in articulation with the municipality  since the mid-’ 80s and ‘ 90s, and problematizes particularly about the contents and scope of participatory practices inside and outside of organizations of civil society in the neo-liberal situation.

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In this paper I investigate the optimal level of decentralization of tasks for the provision of a local public good. I enrich the well-known trade-off between internalization of spillovers (that favors centralization) and accountability (that favors decentralization) by considering that public goods are produced through multiple tasks. This adds an additional institutional setting, partial decentralization, to the classical choice between full decentralization and full centralization. The main results are that partial decentralization is optimal when both the variance of exogenous shocks to electorate’s utility is large and the electorate expects high performance from politicians. I also show that the optimal institutional setting depends on the degree of substitutability / complementarity between tasks. In particular, I show that a large degree of substitutability between tasks makes favoritism more likely, which increases the desirability of partial decentralization as a safeguard against favoritism.

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In this paper I evaluate the impact of the 2001 decentralization reform in Colombia. I use data from Colombia's municipalities. I look at the effect of the 2001 reform on enrolment in pre-college schools. While all municipalities received earnmarked national transfers, withthe reform some of then now have more responsabilities to provide education (deeper decen-tralization) than others. Particulary important, the reform entitle the more decentralizedmunicipalities to sign subsidy contracts with private school. Departments (the regional gov-ernments) are entitle to sign this type of contracts for the less decentralized municipalities.Since the rule for municipalities to receive more responsabilities follows and exogenous popu-lation threshold, I can implement Regression Discontinuity Design. Enrolment is measuredthrough two variables: the number of students enroled in public schools and the number of subsidized students enroled in private schools. Results sugest that more decentralized mu-nicipalities subsidize more students in private schools. The difference is significant at all thelevels of pre-college school for the period 2004-2006. In 2005, the difference accounts for20% of enrolment in private schools and 3% of population of school age. Besides, there are not significant differences among municipalities regarding enrolment in public schools.

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Este artículo analiza algunas de las justificaciones más importantes para el desarrollo de procesos de descentralización, analiza sus fundamentos teóricos, y posteriormente describe los elementos de una nueva teoría descentralización, la cual debería llevarnos más lejos en nuestro entendimiento de la efectividad y las implicaciones de la descentralización. Finalmente y de forma más importante, revisamos una gran cantidad de nueva información sobre los efectos de la descentralización en Bolivia. Encontramos fuerte evidencia de que la devolución de recursos y poderes a los gobiernos locales han (i) incrementado en la eficiencia de asignación en el sector público boliviano, (ii) generado una mayor estabilidad en los patrones de inversión pública entre sectores, (iii) llevado a un gobierno más orientado a las necesidades locales de lo que había sido posible a través de gobiernos centralizados, y (iv) muy probablemente incrementado el criterio de costo efectividad del sector público.

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.

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En Colombia existe un desajuste territorial derivado de las tensiones históricas entre centralización y descentralización. En 1991 se contempla una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como instrumento para reducir tales tensiones, al distribuir las competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales. Al no haberse aprobado ningún Proyecto de Ley, se identifican y analizan los posibles obstáculos de carácter político-institucional que han impedido su expedición, a saber: la Composición del Congreso, que deriva en una inequidad en la representación política, y el manejo del Conflicto armado por parte de la Nación, que frena el proceso de descentralización territorial. Además, por la inexistencia de la Ley, se concluye que no existe un modelo territorial ni político del Estado como marco para el proceso de descentralización; que es necesario repensar el enfoque de ‘reformismo institucional’ sobre el ordenamiento territorial; y que para proponer alternativas de Proyectos de Ley viables es necesario incentivar y vincular a las comunidades del país.

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Este documento presenta un estudio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales en la prestación del servicio público educativo en Colombia.

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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.

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La monografía presenta la auto-organización sociopolítica como la mejor manera de lograr patrones organizados en los sistemas sociales humanos, dada su naturaleza compleja y la imposibilidad de las tareas computacionales de los regímenes políticos clásico, debido a que operan con control jerárquico, el cual ha demostrado no ser óptimo en la producción de orden en los sistemas sociales humanos. En la monografía se extrapola la teoría de la auto-organización en los sistemas biológicos a las dinámicas sociopolíticas humanas, buscando maneras óptimas de organizarlas, y se afirma que redes complejas anárquicas son la estructura emergente de la auto-organización sociopolítica.

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Estudio de caso que pretende analizar las relaciones de poder entre autoridades de orden nacional y territorial en un Estado en proceso de descentralización, para lo cual se estudian las decisiones que toman dichas autoridades en torno a uno de los macro proyectos de inversión más importantes, significativos y determinantes para el país: la modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado.

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Venezuela es un país con raíces federales que inicio su proceso de descentralización en 1989 con la elección de gobernadores y alcaldes. Perú posee una base constitucional de corte unitario que, luego de una frustrada descentralización a finales de los ochenta, reinicio ese camino en noviembre de 2002 con la elección de los presidentes regionales. En ambos casos se encuentran elementos coincidentes respecto a la construcción de consensos políticos para conferirle legitimidad al proceso, y también diferencias en sus orientaciones

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El objetivo central de este trabajo es examinar la dinámica sociopolítica y territorial en la implementación de nuevas intervenciones públicas en el ámbito local. Para ello, se consideran distintas iniciativas locales en materia de participación ciudadana y descentralización, desarrolladas en tres distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón  y San Miguel). Se busca dar cuenta así de las particularidades territoriales e institucionales que marcan diferencias en los procesos de construcción y reproducción del orden político local,  en cada caso, y en las dinámicas y resultados de estas intervenciones públicas desarrolladas en los  últimos años.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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A juicio de muchos analistas, el Estado-nación –piedra angular de la organización política del mundo desde la suscripción del Tratado de Wesfalia, en 1648– está experimentando una profunda crisis. En esta visión, el poder efectivo de dicha entidad política se está desbordando en tres direcciones: hacia arriba, por la globalización y la supranacionalización; horizontalmente, por el desmonte del Estado de bienestar, la privatización y la desregulación, y hacia abajo, por la descentralización y la devolución de autonomías a las polis regionales y locales.La acción conjunta de estas tendencias estaría determinando el vaciamiento (hollowing out) del Estado-nación, en la medida en que muchas de sus competencias tradicionales se están transfiriendo hacia arriba, a las instituciones internacionales y supranacionales; hacia los lados, al mercado, las empresas privadas y las transnacionales, y hacia abajo, a las entidades de orden subnacional. En este artículo analizaremos el impacto de tales tendencias en los países andinos.-----According to many analysts, the Nation State is undergoing a deep crisis, because the effectiveness of its power is being broken up in three ways: upward, because of globalization and supranationalization; horizontally, because of the dismantling of the Welfare State, privatization and deregulation, and downward, because of decentralization and the empowerment of the regional and local entities. According to these interpretations, the joint action of such trends would be eroding the traditional competences of the Nation State and determining the irrelevance of this political entity in the global dynamics of power and the economy. This paper analyses the impact of the above mentioned trends in the Andean countries. It concludes by stating that in this context the processes aimed at reducing the role of the State, have paradoxically turned into the widening of its sphere of action in other fields.

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Las transferencias constituyen el mayor porcentaje de ingresos ordinarios de las entidades territoriales, es pertinente efectuar un análisis comparativo, para determinar hasta qué punto el nuevo esquema puede afectar el proceso de descentralización