179 resultados para CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO, CONVIVENCIA, DESPLAZAMIENTO, LEGALIDAD, TOLERANCIA.

em Universidad del Rosario, Colombia


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El desplazamiento forzado en Colombia es una consecuencia del conflicto armado, que afecta el 8% del total de la población, de ésta el 50% son niños y adolescentes. Se han descrito diversas consecuencias de este proceso migratorio, que implican aspectos económicos, sociales y de la salud, especialmente de la salud mental, dado por entidades nosológicas como tal, y respuestas emocionales, que parecen ser más frecuentes. Dichas alteraciones psicológicas, pueden estar alterando el proceso de adaptación (aculturación) de estos sujetos, incrementando el sufrimiento emocional y en los adolescentes además entorpeciendo el proceso de consolidación de la identidad, en el cual es indispensable la identificación con el medio externo y la socialización secundaria, que se realiza en el ámbito escolar. Esta investigación busca determinar los mecanismos psicológicos empleados por los adolescentes en situación de desplazamiento (ASD), dentro del ámbito escolar, para lograr la aculturación. Aspectos metodológicos: participaron 15 ASD y 15 pares receptores, alumnos de IED- Estanislao Zuleta, aplicándose entrevistas a profundidad, transcritas de forma inmediata y analizadas en el programa de análisis cualitativo ATLAS ti, estableciendo categorías y relaciones axiales, que permitieron desarrollar hipótesis y una teoría. Resultados: el proceso migratorio está marcado por alteraciones emocionales, que se incrementan en el lugar de recepción asociado a las consecuencias sociales, económicas y políticas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. La discriminación, que no fue generalizada en este estudio, favorece estas alteraciones, entorpeciendo el proceso de aculturación. Conclusiones: la capacidad de resiliencia, que en gran medida depende del entorno, favorece la adaptación, por lo que no todos los ADS tienen procesos erráticos de aculturación al entorno. En los adolescentes que persisten las alteraciones emocionales, el proceso de aculturación se ve entorpecido, favoreciendo la segregación y marginación.

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El siguiente estudio busca contextualizar el fenómeno del desplazamiento en Colombia, entendiendo los orígenes del fenómeno en las variables claves del sistema, pasando por todos los cambios tanto de actores como de agentes que se han presentado a través de tiempo; y a partir de esto se tomará la información adecuada para aplicar las herramientas de prospectiva propuesta por Michael Godet; para así determinar los escenarios posibles del desplazamiento en Colombia, proponiendo finalmente en uno de éstos un planteamiento productivo para esta fuerza laboral. Después de entender históricamente los factores más relevantes de este sistema se realizó la aplicación de la herramienta MICMAC

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El trabajo consiste en un estudio histórico y crítico de los mecanismos jurídicos de protección de las tierras de la población desplazada, en el cual se revisan las políticas públicas y la legislación que ha tenido incidencia en la materia. Así, partiendo de un breve estudio de los móviles que determinan el desplazamiento forzado, del cual concluye que la tierra ha sido un factor permanente y definitivo para el conflicto armado y el desplazamiento forzado, por lo cual se justifica abordar el desplazamiento forzado a partir de ella y la necesidad de protegerla, se adelanta un análisis crítico de las medidas que el Estado ha abordado para proteger a los desplazados en sus tierras, destacando la insuficiencia histórica del mismo, para finalmente plantear la necesidad de revaluar la política estatal al respecto.

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Colombia y Ecuador son países que por mucho tiempo no brindaron mayor importancia al tema migratorio y sus políticas enfocadas a dicha materia fueron incipientes y con resultados poco favorables. Desde principios del siglo XXI, el tema migratorio empezó a considerarse como prioridad dentro de las agendas políticas internas de cada Estado y de ahí surge la necesidad de crear políticas migratorias capaces de dar respuesta efectiva a los nuevos flujos migratorios y de proteger a los emigrantes residentes en el exterior por medio de la garantía de sus derechos fundamentales. No obstante, los resultados en la implementación de dichas políticas varío considerablemente entre los dos países debido a la importancia que se le asignó al tema dentro de la agenda política de cada Estado, mientras que en Ecuador la migración es un considerada como una prioridad interna, para Colombia el tema migratorio sigue siendo relegado por otros temas como el conflicto armado y el desplazamiento forzado interno.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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El presente trabajo de grado hace referencia a la población de San José de Apartadó, víctima del conflicto armado por la pugna entre grupos subversivos que buscan tener el control territorial, por la riqueza de los recursos y la ubicación geoestratégica que posee. La población se encuentra en una situación de crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por más de 50 años. El conflicto se vio agudizado desde la llegada de los paramilitares en la década de los 90, estos en aparente connivencia con las fuerzas militares. Dicha situación llevó a que los civiles se organizaran bajo una iniciativa de resistencia civil no violenta para rechazar el conflicto y exigir el respeto a los derechos humanos. Se declaran Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, lo cual generó un ambiente de descontento y represalias por parte de los grupos armados. Los pobladores se vieron en la obligación de acudir a actores externos como las ONG, con la capacidad de mediar por la población víctima y elevar el caso a nivel internacional, para que desde las instituciones internacionales pertinentes se ejerza presión externa al Estado colombiano, exigiendo la reparación y protección de las víctimas. El presente caso toma como referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH.

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La concentración de la política de fumigacion con glifosato en regiones como el Putumayo y Caquetá, trajo consigo un enorme desplazamiento de los cultivos de coca hacia Nariño (efecto globo). Motivados por ejercer un control estratégico de estos nuevos recursos, los grupos armados ilegales reflejaron un creciente interés por copar el territorio, fomentando una cruenta lucha que condujo a una degradación de las dinámicas del conflicto armado en la región.

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La cruel realidad de los niños víctimas del conflicto armado en nuestro país y alrededor del planeta, indica la urgencia de asumir esta problemática de manera prioritaria y convertirla en premisa especial de las políticas gubernamentales. Millones de niños y niñas están siendo afectados por fenómenos sociales derivados de los conflictos armados como lo son la invalidez, el desplazamiento, la violencia, los abusos, e incluso la muerte. Los datos arrojados por instituciones como la UNICEF, la Human Right Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablan de que el 50% de la sociedad desplazada por la violencia y los conflictos sociales se ubica en el rango de edad niño; 80% de las muertes que se causan por los conflictos armados son de terceros pertenecientes a la sociedad civil y un tercio de estas corresponden a niños y niñas. Además, aproximadamente 300.000 niños y niñas están directamente involucrados en actividades milicianas en el mundo entero y cerca de 10.000 niños mueren anualmente por causa de minas antipersonales y demás actividades militares no convencionales

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El escándalo causado por el asesinato de un cabecilla guerrillero por parte de uno de sus subalternos y el subsecuente pago de una cuantiosa recompensa económica por parte del Estado a su asesino trajo los primeros interrogantes sobre la legalidad del sistema de recompensas en Colombia. El presente artículo busca determinar si la política estatal de recompensas respeta las normas del derecho internacional humanitario aplicables en el conflicto interno colombiano. Con este fin, se analizarán tanto el desarrollo legislativo del tema como tres de las situaciones más controversiales derivadas de su práctica, que demuestran los alcances y los efectos del uso de recompensas como táctica estratégica dentro del conflicto armado.

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Se realiza una revisión documental sobre la problemática del conflicto armado y el fenómeno de desplazamiento, específicamente en la Localidad de Bosa, ya que es una de las que más recibe población desplazada de otras regiones del País. Se realiza la revisión documental en bases de datos como Ebsco, Proquest y Scopus, incluyendo combinaciones tales como: "Occupational Therapy" and "youth" and "Forced displacement" or "refugees" and "employment inclusion". Se espera determinar los programas de vinculación y formación laboral de jóvenes en situación de desplazamiento. Se encuentra que esta población aún carece de apoyo por parte de instancias gubernamentales y de perfiles ocupacionales que encaminen los intereses y habilidades de esta población hacia el desempeño de roles productivos y educativos propios de su condición de jóvenes.

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"El conflicto es una expresión de la heterogeneidad de las colectividades humanas. En tanto que manifestación natural de las comunidades, debe ser entendido como una de las formas que asume la diversidad y complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas, demandas y problemas de los distintos grupos que la conforman.1 Siguiendo a Bajoit, podemos afirmar que “el conflicto evidencia la desigualdad de que son víctimas ciertos miembros de la sociedad, y que resultan de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria. Esta evidencia de la desigualdad no lleva, sin embargo, a excluir al adversario ni a suprimir la relación: ella apunta por el contrario a mejorarla, a hacerla más soportable, a redefinirla sobre nuevas bases. Recíprocamente, la categoría social adversaria, que se beneficia de la desigualdad, no puede o no desea optar por una estrategia de exclusión y se ve obligada a entrar en un intercambio conflictual.”"

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El desarrollo del Departamento del Meta, se ha dificultado debido a la influencia de algunos factores que si bien no originan el conflicto armado, sí lo han acelerado en los últimos diez años; como la pobreza, el analfabetismo, ausencia de oportunidades, la falta de empleo e ingreso digno y duradero, la vulnerabilidad social y familiar, la degradación ambiental, la fragilidad para orientar el desarrollo territorial, además, de factores políticos como la corrupción que en resumen facilitan la baja calidad de vida de la población.

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Históricamente, las fronteras colombianas han sido porosas, frágiles y descuidadas desde una perspectiva política. La extrema pobreza y la ausencia de instituciones estatales han dejado a las poblaciones vulnerables ante diversos actores armados y a merced de las actividades ilícitas, que inevitablemente se desbordan y afectan los territorios vecinos. El desborde de los efectos del conflicto armado a territorio ecuatoriano, los enfrentamientos e incursiones del ejército colombiano, y la presencia de actores no estatales como los grupos al margen de la ley, han hecho que las relaciones bilaterales se minen, dañando lo que alguna vez fue una cordialidad constructiva entre Colombia y Ecuador. Para analizar esta problemática, se utilizaron las teorías de las relaciones internacionales de Interdependencia y seguridad cooperativa.

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La población civil cada vez es más víctima de los conflictos internos armados, no sólo por estar atrapada entre varios fuegos, sino por ser directamente blanco de los ataques. Colombia no es una excepción, por eso la degradación del conflicto armado interno reclama urgentes soluciones políticas, que si bien no eliminan totalmente el conflicto, si pueden atenuar sus efectos, utilizando los instrumentos que le brindan los sistemas internacionales de protección, a los cuales como Estado se ha adherido, especialmente en lo relativo al Derecho Internacional Humanitario. Los cientos de secuestrados, privados de la libertad, los miles de desplazados y en general las víctimas de la confrontación, por lo general inocentes ajenos a las causas políticas que las generan, se imponen como prioridad ética en una sociedad que se proclama democrática y civilizada. Este trabajo procura realizar una aproximación a la acción desplegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto armado colombiano, mostrando algunos de los desafíos a los que se enfrenta el Comité, y las alternativas que posee para llegar a dar respuesta a los mismos, máxime si se tiene en cuenta que el CICR es una de las pocas organizaciones que presta atención humanitaria de manera coherente en un largo período en los múltiples conflictos armados y en contextos inmediatamente posteriores a las crisis. En este sentido, este trabajo pretende realizar un estudio cualitativo de la dinámica operacional y política del CICR en el conflicto armado colombiano a en los últimos años.

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Sudán afronta una grave crisis humanitaria, en la que actores internacionales han intervenido por una mejora en la situación de la seguridad humana. Sin embargo, esta intención altruista esconde los intereses reales de Estados como Chad, Estados Unidos y China, quienes a través de la Unión Africana y las Naciones Unidas buscaron legitimar sus actuaciones en búsqueda de intereses políticos, económicos o geoestratégicos.