9 resultados para BRS Magna

em Universidad del Rosario, Colombia


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El objetivo de este documento es dar luces acerca del proceso que se inició en Ecuador desde enero de 2006 y que se inscribe en el denominado socialismo del siglo XXI. En ese sentido, el texto estará dividido en cuatro partes. En la primera, se estudiará el perfil de Rafael Correa, lo que implica un estudio de su formación profesional, su carrera política y su plataforma ideológica: Alianza PAÍS. En segundo lugar se analizará la propuesta para la convocatoria de una asamblea constituyente. Al respecto se hará un paralelo entre el momento actual y el ambiente previo a la redacción de la Constitución de 1998; asimismo, se estudiarán los choques entre las diferentes ramas del poder público en torno a la convocatoria para dicha asamblea y se identificarán, de forma sintética, los puntos de la propuesta del gobierno para la elaboración de la nueva Carta Magna. En tercer lugar, se abordarán los asuntos económicos con base en tres puntos: la renegociación de la deuda externa y la propuesta del Banco del Sur, la gestión de los recursos naturales y el papel del Estado en la economía. Finalmente, se examinarán aspectos generales de la política exterior ecuatoriana, especialmente en lo referente a las relaciones con Colombia.

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Estado del arte que recopila pronunciamientos de diversos autores sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Misión MINUGUA, en el proceso de reconstrucción posconflicto en Guatemala comprendido entre el año 1994 y 2004. Se basa en algunas dimensiones de la democratización como son el Estado de Derecho, la democracia representativa, la preeminencia del poder civil, y el fortalecimiento de la cultura democrática. Así mismo, tiene en cuenta los elementos de la justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación.

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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.

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Esta monografía se desarrolla en cuatro capítulos, mediante los cuales se sustenta la hipótesis sobre la que gira este trabajo: “las dificultades en el proceso de construcción de la Política Europea de Seguridad y Defensa son: la falta de un rol protagónico de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa en el escenario internacional, que sea equivalente a su poderío económico; la incoherencia entre la acción exterior de la UE y de sus Estados miembros; la falta de operatividad de la PESD y además una fuerte dependencia tecnológica de la OTAN. En el primer capítulo se hará un análisis de la evolución de la seguridad europea hasta llegar a la PESD y una breve descripción del aporte que se hace en esta materia en el tratado constitucional; en el segundo capítulo se analizará el rol de la OTAN en la seguridad europea, y por lo tanto la evidente dependencia tecnológica de Europa hacia este organismo y de Estados Unidos; el tercero, abarcará los casos en los que la UE ha aplicado sus capacidades para el control de crisis y de este modo definir las fortalezas y las debilidades que dichas capacidades tienen; mientras el cuarto y último capítulo, se encargará de analizar los adelantos que en materia de PESD se consagraban en la Carta Magna Europea y lo que sería importante rescatar de la misma, para finalmente en las conclusiones establecer una posible salida para avanzar en dicha política, dado que el escenario más probable, es la no ratificación de dicho texto constitucional.

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La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, consagró, en el artículo 42 de la Carta Magna, el amparo a las familias unidas por vínculos naturales, evidenciando de esta forma la necesidad nacional de que nuestro ordenamiento refleje la realidad

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En desarrollo del articulo 48 de la Constitución Política de 1991 se organizó el Sistema General de Seguridad Social en los términos que establece la Ley 100 de 1993, por eso en virtud de lo dispuesto en la Carta Magna, “la seguridad social constitu

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La incidencia y prevalencia de enfermedad y riesgo cardiovascular (RCV) se incrementan con los años, como consecuencia de la falta de control en los factores de riesgo modificables, por ejemplo el sedentarismo, principalmente observado en trabajadores de oficina. El objetivo del presente trabajo fue identificar los factores asociados con el incremento del RCV en trabajadores de una empresa del estado en Bogotá, Colombia en el año 2013, a través de un estudio descriptivo de corte transversal a partir de una base de datos suministrada por la empresa con información de 272 trabajadores. Se incluyeron variables sociodemográficas, perfil ocupacional, factores de riesgo, historia clínica y medidas metabólicas. Los datos fueron estudiados a través de análisis univariado, bivariado y multivariado de regresión logística binaria. El 100% de los empleados tiene un contrato a término indefinido, siendo el género femenino más predominante. Se identificó que el RCV presente en el 11.8% de la población se asocia principalmente con la presencia de diabetes mellitus tipo 2 (ORA 9.97; IC95% 2.14-14.96, p=0.019), la alteración en el índice de masa corporal (ORA 5.67; IC95% 4.48-9.19, p=0.026), la hipertensión arterial sistólica (ORA 3.44; IC95% 2.21-4.01, p=0.037. Además hubo una relación inversa respecto al puntaje de la escala Framingham, donde menores puntajes se asociaron a menor RCV (ORA 0.04; IC95% 0.02-0.71, p=0.029), una vez se ajustó el modelo por edad, género y antigüedad en la empresa. No se encontró relación estadísticamente significativa entre el RCV, el cargo y la antigüedad laboral. Se concluye que en esta población trabajadora, independientemente de la edad, tiempo de antigüedad en la empresa y el género, los factores de riesgo clásicos para RCV están presentes y por lo tanto se deben iniciar medidas de promoción y prevención en aras de disminuir la probabilidad que el RCV encontrado se traduzca en un evento cardiovascular y de ésta manera optimizar la productividad en esta empresa.

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En la presente investigación se estudió la organización administrativa y territorial de la República Bolivariana de Venezuela, para poder identificar si se podían definir y catalogar a Venezuela como un Estado federal como manda su Constitución, o si por el contrario, podríamos estar hablando de una organización distinta llámese autonómica o unitaria, o simplemente un modelo federal diferente al dual influenciado por las diferentes formas de organización.

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Toda Constitución es un esquema de poder. Como toda concepción de poder se refiere y tiene por objeto al hombre, implica una toma de posición, un pronunciamiento sobre la libertad y sus garantías. La idea de libertad - garantía, de la libertad defendida, o de las garantías constitucionales de la libertad, se atribuye con justicia al constitucionalismo liberal, creado por la tradición inglesa (Magna Charta, 1215; Petito of right 1627; Hábeas Corpus, Act 1679; Bill of Rights 1689), su secuencia norteamericana (Declaración de Derechos de Virginia, 1776 y Acta de declaración de la independencia, 1776), y el movimiento ideológico francés del enciclopedismo y la ilustración que quedó plasmado en la Declaración de Derecho del Hombre y el Ciudadano de 1789. Generalidad y oponibilidad al Estado constituyen la esencia de las garantías ciudadanas proclamadas por el liberalismo: mecanismos, prestación, servicio, procedimiento de vigilancia y control, reparación, control, moderación o intervención, que tiendan a dar seguridad, vigencia real y eficacia a una libertad para todos, es una garantía.