34 resultados para Armed conflicts

em Universidad del Rosario, Colombia


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Este trabajo de investigación, pretende examinar el papel desempeñado por la ONUSAL en el proceso de paz de El Salvador durante el periodo 1989-1995, en lo concerniente a las estrategias que fueron utilizadas por dicha Misión. Lo anterior, como evidencia de la activa participación de la ONU en la etapa de resolución de conflictos armados internos -derivados de la Guerra Fría- en territorio centroamericano.

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A causa de los conflictos armados, como el de Colombia, se han desplazado por la fuerza a millones de personas, entre ellas una importante parte de la población infantil. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la salud mental de los niños desplazados internos en edad preescolar en Bogotá Colombia, e identificar los determinantes de la salud mental en estos niños. Métodos: Estudio transversal realizado entre 279 niños que asisten a cuatro jardines infantiles en un barrio marginal de Bogotá. La salud mental infantil se evaluó con el instrumento validado de Comportamiento Infantil (CBCL) 1,5-5 años, aplicados a padres y cuidadores. Se realizo un análisis univariado y multivariado de regresión logística para evaluar la asociación entre el desplazamiento y la salud mental de los niños y para identificar las relaciones con la salud mental en los niños desplazados. Resultados: los Niños desplazados (n = 90) se identificaron con más frecuencia sobre los puntos de corte límite para las escalas CBCL que los no desplazados (n = 189) (por ejemplo, problemas totales 46,7 vs 22,8%;p \ 0,001). La asociación entre el desplazamiento y la presencia de problemas CBCL totales se mantuvo después del ajuste por factores socio-demográficos (OR Ajustado 3.3 del 95%: 1,5; 6,9). Donde la salud mental del cuidador explica en parte la asociación. En los niños desplazados, la salud mental del cuidador (p \ 0,01) y el funcionamiento familiar (p \ 0,01) se asociaron independientemente con la salud mental de los niños. La exposición a eventos traumáticos y el apoyo social también se asociaron con la salud mental del niño, sin embargo, las asociaciones no fueron independientes. Conclusión: En este barrio marginal de Bogotá, los niños en edad preescolar registrados como desplazados internos presentan peor salud mental que los no desplazados. El funcionamiento familiar y la salud mental del cuidador fueron fuerte e independientemente asociados con la salud mental de los niños y niñas desplazados.

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La presente disertación aborda la correlación circular entre la debilidad estatal y el surgimiento de los actores armados que postulan autores como Robert Rotberg o William Reno, para el análisis de los conflictos armados en África Subsahariana en el período de la pos Guerra Fría. Durante este período, en esta región diferentes conflictos estallaron —entre esos Liberia, Sierra Leona, Somalia, Ruanda o Sudán— además de ser una de las partes del mundo que sufre por el elevado nivel de precariedad estatal. Este trabajo desarrolla entonces ambos aspectos de dicha correlación circular, a saber la incidencia de la debilidad estatal en el surgimiento de los grupos armados y, en segundo lugar, el fomento de la debilidad por parte de los grupos armados ¬–denominados por varios autores como señores de la Guerra–. Por último, esta disertación sugiere unas limitaciones al alcance explicativo de la relación interactiva entre la debilidad del Estado y los actores armados, para finalmente discutir el postulado planteado por algunos autores como Béatrice Hibou o Roland Marchal, que propone que la existencia de grupos armados pueden llevar al redespliegue del poder estatal en el largo plazo.

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La presente monografía busca evidenciar las alternativas de resistencia no violenta al alcance de las comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado propio de un conflicto armado. Utilizando elementos de las teorías de movimientos sociales y acción colectiva no violenta, se muestra cómo las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó se organizan para lograr el reconocimiento y respeto de los derechos que legalmente les han sido otorgados, dando origen así a las Zonas Humanitarias

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How do we justify the practice of corrective justice for losses suffered during armed conflicts? This article seeks to show the force and relevance of this question, and to argue that, in cases of massively destructive wars, social justice should gain priority over corrective justice. Starting from a liberal Rawlsian conception of the relationship between corrective and social justice, it is argued that, paradoxically, the more destructive a war is, the less normative force corrective rights have and the higher priority policies of social justice, which guarantee basic rights to all citizens, should have.

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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

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El presente estudio de caso busca analizar, de manera crítica, la influencia que la ONG Human Rights Watch (HRW) tuvo frente al manejo de la práctica de reclutamiento de niños en Liberia y Sierra Leona durante el periodo 1989 – 2003. Con este fin se analiza la participación de la ONG en el reconocimiento internacional de dicha práctica como una problemática de derechos humanos, al tiempo que se contrapone a las perspectivas de los contextos socio-políticos y culturales de ambos países frente a la vinculación de niños en los conflictos armados. Este estudio mostró que la difusión de las ideas de derechos humanos por parte de HRW, a pesar de enfrentarse a conceptos distintos del „deber ser‟ de los niños en distintos contextos, termina siendo aceptada por ambos países mediante el reconocimiento de la normatividad internacional y por tanto, de esta práctica de vieja data como una violación de derechos humanos.

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"La seguridad ambiental es un concepto complejo que puede ser analizado desde varios enfoques. La conexión entre degradación ambiental, escasez de recursos, poco desarrollo económico e inestabilidad política puede generar rápidamente conflictos llamados ambientales, terrorismo ecológico y guerras verdes. Sin embargo, en la mayoría de las investigaciones sobre degradación ambiental y conflictos armados no se tienen en cuenta los factores desarrollo económico y régimen político, pues se considera que los problemas ambientales pueden, por sí solos, conducir a situaciones conflictivas nacionales, regionales e internacionales. En este contexto, los propósitos de este artículo son plantear las diferentes tendencias ideológicas de la seguridad ambiental, definir el contenido y las causas de los conflictos ambientales y proponer un marco analítico complementario que incluya las variables políticas y económicas como generadoras de conflictos ambientales y de conflictos armados de alta intensidad. Al final, se propone una agenda de investigación en materia de seguridad ambiental para Colombia."

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“La Unidad de Víctimas de la Fiscalía de la CPI envió en agosto de 2015 a la Clínica Jurídica Internacional de la Universidad del Rosario la siguiente pregunta: “En cuanto al rechazo de la cámara de la solicitud de autorización para apelar presentada por la Defensa en el caso Ntaganda contra la “Solicitud de Defensa de autorización para apelar la decisión sobre la confirmación de los cargos de fecha 09 de junio 2014” de la Sala de cuestiones preliminares I, No ICC-01/04-02/06-322, 7 de Julio de 2014), el artículo 8(2)(e)(viii) del Estatuto de Roma requiere que la Fiscalía demuestre que una orden específica fue dada por el autor para ejecutar el desplazamiento ilegal de la población civil? ¿Y cuál es la relación (semejanzas y diferencias) entre el delito de desplazamiento ilegal en virtud del artículo 8 (2) (e) (viii) del Estatuto de Roma, y el crimen de persecución en virtud del artículo 7 (1) (h)? En términos más generales, ¿cuál es el ámbito de aplicación del crimen de guerra de desplazar a la población civil en virtud del artículo 8 (2) (e) (viii) del Estatuto de Roma? Por favor, incluya en su respuesta un análisis de la historia de la redacción de la disposición pertinente (s) del Estatuto de Roma y los Elementos de los crímenes, así como de la jurisprudencia pertinente de otros tribunales penales internacionales sobre el crimen de guerra de desplazar a la población civil…”

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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Objetivos Determinar si existe asociación entre la exposición a violencia, experimentada a nivel individual o municipal, y el embarazo adolescente en mujeres Colombianas entre 13 y 19 años de edad que contestaron la Encuesta de Demografía y Salud en el año 2010. Métodos Estudio de corte transversal, nacional y multinivel. Se tomaron datos de dos niveles jerárquicos: Nivel- 1: Datos individuales de una muestra representativa de 13.313 mujeres entre 13 y 19 años de edad provenientes de La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010 y Nivel- 2: Datos municipales de 258 municipios provenientes de las estadísticas vitales del DANE. Resultados La prevalencia del embarazo adolescente fue del 16.8% IC 95% [16.2-17.4]. El análisis mostró que la asociación entre embarazo adolescente y violencia tanto individual, representada como violencia sexual [OR= 6.99 IC99% 4.80-10.10] y violencia física [OR= 1.74 IC99% 1.47-2.05] así como la violencia municipal medida con tasas de homicidios altas [OR= 1.99 IC99% 1.29-3.07] y muy altas [OR= 2.10 IC99% 1.21-3.61] se mantuvo estadísticamente significativa después de ajustar por las variables: Edad [OR= 1.81 IC99% 1.71-1.91], ocupación [OR= 1.62 IC99% 1.37-1.93], educación primaria o sin educación [OR= 2.20 IC99% 1.47-3.30], educación secundaria [OR= 1.70 IC99% 1.24-2.32], asistir al colegio [OR= 0.18 IC99% 0.15-0.21], conocimiento en la fisiología reproductiva [OR= 1.28 IC99% 1.06-1.54], el índice de riqueza Q1, Q2, Q3 [OR= 2.18 IC99% 1.42-3.34], [OR= 2.00 IC99% 1.39-2.28], [OR= 1.82 IC99% 1.92-2.25] y alto porcentaje de Necesidades básicas insatisfechas a nivel municipal [OR= 2.34 IC99% 1.55-3.52]. Conclusiones Este estudio mostró una relación significativamente estadística entre la violencia sexual y física con el inicio de relaciones sexuales y embarazo adolescente después de controlar por factores sociodemográficos y conocimientos en reproducción sexual en mujeres colombianas de 13 a 19 años en el año 2010. Esta asociación debe continuar siendo estudiada para lograr optimizar las estrategias de prevención y disminuir la tasa actual de embarazos adolescentes en el país y sus consecuencias.

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Históricamente, las fronteras colombianas han sido porosas, frágiles y descuidadas desde una perspectiva política. La extrema pobreza y la ausencia de instituciones estatales han dejado a las poblaciones vulnerables ante diversos actores armados y a merced de las actividades ilícitas, que inevitablemente se desbordan y afectan los territorios vecinos. El desborde de los efectos del conflicto armado a territorio ecuatoriano, los enfrentamientos e incursiones del ejército colombiano, y la presencia de actores no estatales como los grupos al margen de la ley, han hecho que las relaciones bilaterales se minen, dañando lo que alguna vez fue una cordialidad constructiva entre Colombia y Ecuador. Para analizar esta problemática, se utilizaron las teorías de las relaciones internacionales de Interdependencia y seguridad cooperativa.

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La población civil cada vez es más víctima de los conflictos internos armados, no sólo por estar atrapada entre varios fuegos, sino por ser directamente blanco de los ataques. Colombia no es una excepción, por eso la degradación del conflicto armado interno reclama urgentes soluciones políticas, que si bien no eliminan totalmente el conflicto, si pueden atenuar sus efectos, utilizando los instrumentos que le brindan los sistemas internacionales de protección, a los cuales como Estado se ha adherido, especialmente en lo relativo al Derecho Internacional Humanitario. Los cientos de secuestrados, privados de la libertad, los miles de desplazados y en general las víctimas de la confrontación, por lo general inocentes ajenos a las causas políticas que las generan, se imponen como prioridad ética en una sociedad que se proclama democrática y civilizada. Este trabajo procura realizar una aproximación a la acción desplegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto armado colombiano, mostrando algunos de los desafíos a los que se enfrenta el Comité, y las alternativas que posee para llegar a dar respuesta a los mismos, máxime si se tiene en cuenta que el CICR es una de las pocas organizaciones que presta atención humanitaria de manera coherente en un largo período en los múltiples conflictos armados y en contextos inmediatamente posteriores a las crisis. En este sentido, este trabajo pretende realizar un estudio cualitativo de la dinámica operacional y política del CICR en el conflicto armado colombiano a en los últimos años.

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Este paper estudia la relación entre algunos de los eventos más importantes del conflicto colombiano con la percepción extranjera de riesgo soberano, medido por los Credit Default Swaps (CDS) de los bonos del Gobierno Colombiano. Usando dos metodologías relativamente recientes, yo estimo el efecto causal de los eventos de conflicto ampliamente cubierto por los medios internacionales. En primer lugar construyo un grupo de control sintético que funciona como contra factual de la serie real de los CDS colombianos pero en ausencia de eventos de conflicto. Segundo, estimo el efecto acumulado del evento bajo la metodología de retornos anormales acumulados. Los resultados sugieren que los efectos de los eventos de conflicto sobre la percepción extranjera de riesgo soberano dependen de las especificaciones de cada evento.

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El continente africano ha sido por excelencia analizado por los estudios de seguridad, con el fin de comprender la naturaleza de los conflictos que han tenido lugar en el territorio y poder ofrecer a través de diversas estrategias, posibles soluciones para el no retorno al conflicto por parte de los grupos armados. Por esta razón, a partir de la década de los noventa surge la puesta en marcha de programas y reformas como la Desmovilización, el Desarme y la Reintegración (DDR) dentro de una Reforma al Sector de la Seguridad (RSS). En el caso de la República Democrática del Congo, luego de numerosos conflictos e intervenciones por parte de diferentes actores, se plantea llevar a cabo un programa de DDR en el marco de una RSS especialmente dirigido a las Fuerzas Armadas. En este sentido, esta monografía analiza la incidencia de la RSS sobre el programa de DDR, con el fin de vislumbrar los retos que se presentan dentro de un contexto de conflicto complejo como el de la RDC.