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em Universidad del Rosario, Colombia


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A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.

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Es importante destacar el gran avance del puerto de Cartagena frente al resto de puertos del Caribe. Una comparación con el puerto de Valparaíso, Chile dará una visión clara de ello.

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Este texto es un estudio comparado entre los ámbitos de los directivos de agencia estatal y los de la empresa privada desde la ética, en el cual se expone, de modo sucinto, el elemento fiduciario que existe en ambas acciones directivas. A través del mismo, se pudo evidenciar que actualmente no existen diferencias sustanciales en términos de ámbitos de trabajo ni de relaciones en las que se desenvuelven ambas clases de directivos, pero sí en cuanto a las dimensiones en las cuales pueden surgir los dilemas éticos para cada uno. Se evitaron los juicios en torno a si el funcionario estatal es más ético que el de la empresa privada o viceversa, de tal modo que el estudio es una primera aproximación al hecho de que los retos éticos de ambos directivos, aunque diversos en algunos aspectos, son igualmente exigentes, independientemente de si el individuo que en la práctica se desempeña como directivo está o no a la altura de las circunstancias.

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El presente trabajo, realizado en el marco de la Maestría en Mediación Familiar y Comunitaria de la Universidad del Rosario y la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, formula algunos aportes teóricos para enriquecer la labor de las Unidades de Mediación y Conciliación de la Secretaría de Gobierno de Bogotá que buscan fortalecer la convivencia ciudadana. El estudio, de carácter exploratorio, identifica las maneras como un grupo de profesionales de las Unidades concibe y realiza su trabajo en los ámbitos familiar y comunitario, revisa estudios recientes en estos ámbitos, consulta sobre el quehacer de otras entidades y recoge puntos de vista de dos expertos investigadores acerca de tendencias y necesidades actuales en materia de investigación sobre familia y comunidad. Una categoría central en el documento es la generatividad, concepto adaptado y desarrollado por el modelo relacional simbólico, un enfoque utilizado por la Università Cattolica del Sacro Cuore tanto para investigar la familia y la comunidad como para mediar en situaciones de conflicto dentro de éstas. Tras confrontar lo observado en el trabajo de los profesionales, las reflexiones de éstos sobre su experiencia, la revisión bibliográfica, las entrevistas a otros funcionarios e investigadores y las reflexiones de los autores en torno a su propia experiencia como estudiantes de la Maestría, se plantean propuestas para enriquecer la labor de las Unidades de Mediación y Conciliación, sin dejar de lado el señalamiento de posibles limitaciones.

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El Crimen Organizado se ha convertido en uno de los temas principales en materia de Seguridad Internacional en la medida en que el proceso de globalización que impulsa la interacción entre lo local y lo global, le ha permitido aprovecharse y lucrarse, interfiriendo principalmente en la seguridad económica y política de algunos Estados. La Mafia Siciliana como exponente del Crimen Organizado, es el caso de estudio que permite conocer a través de sus características, evolución y comportamiento, cómo a lo largo de la historia ha tenido influencia en diferentes ámbitos de algunos Estados. Detectar esta amenaza criminal, ha generado una reacción por parte de los Estados, la cual ha permitido que se creen instrumentos jurídicos que contrarresten el problema. Sin embargo, nuevas amenazas identificadas como el terrorismo, han desplazado la concentración que se tenía sobre el Crimen Organizado y ha permitido que organizaciones criminales como la Mafia Siciliana se fortalezca y opere desde la ilegalidad dentro la legalidad.

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El narcotráfico en México es una claro ejemplo del crimen organizado internacional, en el que las complejas redes de cooperación transnacional, tejidas entre varios grupos alrededor del mundo, se articulan a la manera de una gran empresa organizada creada con fines de lucro, que se basa en la conformación de una economía alternativa derivada del tráfico de narcóticos y otras tantas actividades al margen de la ley, que encuentran en la escasa implementación de políticas concertadas en los ámbitos de la seguridad nacional y hemisférica, el espacio propicio para su accionar.

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El mal manejo del medio ambiente y el mal aprovechamiento de los recursos naturales en la década de los sesenta, hizo que se pusiera sobre la mesa la discusión del tema ambiental tanto en ámbitos académicos como institucionales. Después de la puja conceptual y normativa, la Constitución de 1991 permite que las entidades territoriales formulen sus propias políticas públicas con el fin de descentralizar las acciones institucionales. Esta monografía analiza el proceso de consolidación de la política pública ambiental teniendo en cuenta las variaciones que ésta tuvo en cada uno de los periodos gubernativos que tuvieron lugar entre 1990 y 2006.

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El presente trabajo aborda el problema jurídico sobre la dificultad de la delimitación de la responsabilidad del delegante por actos realizados por el delegatario. También se plantea la necesidad de crear un modelo que evite que la delegación se convierta en un instrumento que fomente la corrupción o la ineptitud de los directores de las entidades públicas. Igualmente, en materia penal existe una figura muy útil para delimitar la responsabilidad del delegante por actos del delegatario en ámbitos de división de funciones: el principio de confianza, según el cual quien cumple con las reglas de la actividad que está realizando tiene derecho a confiar en que los demás que participan en la misma también lo hagan.

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Detrás de la expedición de derechos, más allá de ese ruido incesante creado por un aparato legal que defiende a la vida y la convierte en un derecho pueden ser halladas relaciones de poder precisas y espacios de regulación y control de los cuerpos y de las poblaciones. Este trabajo pretende observar en la labor de interpretación que lleva a cabo la Corte Constitucional colombiana sobre el derecho a la vida, el establecimiento de una lógica política, que es el biopoder, de acuerdo con los elementos que lo constituyen, tal y como fueron analizados por Michel Foucault. El estudio del biopoder permitirá dar cuenta de tecnologías políticas, técnicas y dispositivos que no solo están presentes en la dimensión biológica de la vida de los colombianos, sino en espacios sociales y éticos que adquieren importancia cuando la vida es cualificada por parte del saber legal. El discurso jurídico aquí juega un papel central pues vincula una vida que era considerada simplemente biológica con nuevos significados y valores como el de la dignidad, y crea, a su vez, formas de sujeción. Temas como el aborto, la eutanasia, la sexualidad, la autonomía de cada quien para decidir sobre su cuerpo, entre otros, dan cuenta de nuevos ámbitos donde se ejerce el biopoder, y que eran poco explorados antes de la Constitución de 1991. Se verá cómo, a partir del análisis de la línea jurisprudencial sobre el derecho a la vida, la Corte Constitucional genera este tipo de espacios y lleva a cabo una intervención sobre una vida que es constantemente cualificada y que es modificada a medida que evoluciona el pensamiento de este tribunal.

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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

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En el presente trabajo se realiza un análisis sobre la necesidad de crear una Estrategia Diplomática Fortalecida Colombia - India en el sector del BPO(Procesos de Negocio Tercerizado a Distancia),mostrando que existen oportunidades de crecimiento potencial en las relaciones bilaterales entre los dos países, pero para que estás lleguen a ser concretadas se necesitan llevar a cabo sinergias competitivas que además tengan como plataforma una Estrategia Diplomática que integre todos los ámbitos necesarios para que a nivel legal, logístico, laboral y demás aspectos se logre llevar a la práctica de una forma rápida y efectiva beneficiando a los dos países y llevándolos hacia unas relaciones más cercanas y provechosas.

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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

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“...es necesario distinguir los dos momentos de la responsabilidad: un momento a posteriori, que se ciñe únicamente a las posibles imputaciones por aquello ya hecho; y un momento a priori, que analiza las responsabilidades por lo que está por venir.” Desde su creación, en 1653, la Universidad del Rosario ha encaminado su labor a las acciones propias de la academia como son la educación y la investigación. No obstante, y tal como quedó establecido en su Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019, además, se plantea como una Universidad en permanente interacción con el medio, con capacidad de anticipar e identificar las necesidades y problemas prioritarios del entorno en sus campos de acción, que propone y desarrolla proyectos para aportar a su comprensión y solución. Lo anterior configura la tercera función sustantiva de la universidad: la extensión. Tal función, materializada en una labor de tipo asistencial hacia la sociedad, se ha articulado, por ejemplo, en la apertura de consultorios jurídicos y fundaciones, que permiten al Rosario una mayor participación y compromiso con la sociedad y su desarrollo. Para la Universidad del Rosario se entiende la extensión, desde sus mismos fundamentos, como la manera responsable a partir de la cual la institución se articula con la sociedad y el entorno en la consolidación de la relación Universidad-Empresa-Estado. Esto se logra cuando se lleva a la práctica el conocimiento de la docencia y la investigación desarrolladas por la universidad, para generar así un impacto social de mayor alcance. En esta perspectiva, enmarcan la gestión de extensión los siguientes objetivos: Innovación en el desarrollo de productos y servicios, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Sostenibilidad económica y social que garanticen la suficiencia económica y el impacto social, como una correlación inquebrantable en el tiempo. Impacto social establecido como meta en la coordinación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo comunitario que vinculen la academia con el sector social, con la Empresa y el Estado, y que dinamicen las funciones propias de la docencia y la investigación en el Rosario. De esta forma, los servicios que se generan de la interacción entre la docencia, la investigación y la extensión en el entorno universitario están encaminados a las actividades de: Asesorías y consultorías Prestación de servicios Observatorios Espacios de debates públicos Actividades de comunicación Proyectos con impacto comunitario Proyectos estudiantiles de extensión Servicios a egresados; apoyos institucionales Participación en redes, programas o proyectos interinstitucionales en estos ámbitos Publicaciones relacionadas con experiencias significativas en extensión.

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A partir de considerar que es imprescindible el estudio de los componentes y procesos internos que se desarrollan en las empresas, el entorno complejo en el que se desenvuelven y las interacciones entre estos dos ámbitos, se formula el presente proyecto de investigación. Este se articula dentro de la línea de Estudios Organizacionales del Doctorado en Ciencias de la Dirección de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario en Colombia. Otras líneas de investigación y docencia de ese doctorado son: innovación, perdurabilidad, complejidad, liderazgo y estrategia. Este documento presenta la fundamentación conceptual del proyecto, sus ámbitos operativos y alcances, así como la metodología general de trabajo y la articulación con otras áreas de actividad en la Universidad.

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Este artículo desarrolla una propuesta teórica sobre un instrumento de medición de memoria productiva a partir de la operacionalización de la noción de la memoria social en ámbitos productivos. La memoria social se entendió como un legado cultural que se expresa en actuaciones corporales; siendo las actuaciones ligadas al desarrollo de tareas laborales expresión de memoria productiva. La propuesta identifica dos indicadores, el hábito y el intercambio, como elementos orientadores en la búsqueda y organización de información en relación con los componentes operativos y cooperativos de una actuación laboral. A partir de estos indicadores, se espera el diseño posterior de un instrumento que ayude a verificar el influjo de la memoria productiva en prácticas de trabajo.