148 resultados para autoridad gubernamental
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El proyecto “Fortalecimiento del Sistema Local de Cultura de Chapinero” busca aportar a la dinámica cultural de Chapinero partiendo del hecho de que una de las características de la Localidad es su diversidad socio cultural.
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Las Organizaciones No Gubernamentales a pesar de desarrollar una labor en pro del desplazado desde hace tiempo carece de análisis e investigación funcional. Funciones existentes entre las ONG’s y las responsabilidades competentes al Estado colombiano
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Esta monografía estudia el tratamiento jurídico que se ha hecho en Colombia del tema de la Banca Central, principalmente a partir de la Constitución Política de 1991, la cual unificó en el Banco de la República las calidades de máxima autoridad
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Este trabajo encuentra validez en la medida en que se reconoce la necesidad apremiante de estudiar la respuesta del Estado colombiano frente a la situación de las comunidades en riesgo. Lo anterior, no solo por el deber constitucional que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos.
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Realizar un estudio práctico del manejo de desechos sólidos en sector floricultor bajo la óptica del desarrollo sostenible teniendo en cuenta los factores administrativos, sociales económicos políticos y ambientales con miras a establecer parámetros
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Las políticas culturales que para Bogotá se han venido implementando por parte de la administración pública han sido determinantes para el curso de los procesos que se generan en el ámbito de las comunidades
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Las normas son una parte esencial de la vida, pero elaborarlas no es necesariamente una función gubernamental: pueden (y generalmente lo son) ser provistas por la acción voluntaria, los arreglos institucionales que gobiernan la conducta individuos
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El Outsourcing de comercialización para proyectos productivos beneficiarios de cooperación europea, que se plantea en este trabajo, busca generar un complemento para la gestión desarrollada por ONG´s que aglutinan pequeños productores agrícolas y que se centran en la transferencia de tecnología
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En el área de la cinematografía, son de interés cultural todas aquellas formas expresivas, de fomento y divulgación ( películas, publicaciones, cineclubes, escuelas, festivales , seminarios etc. ) que relacionan el cine como arte, con el entorno
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Se pretende hacer un aporte investigativo al tema del derecho ambiental en Colombia, específicamente al tratamiento judicial enfocado a la responsabilidad penal por daño al medio ambiente, tratando temas como tipos de responsabilidad que derivan de esta acción, aspectos político criminales
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La Cámara de Comercio Internacional, en adelante la CCI, es una organización de carácter no gubernamental, creada en 1919 con el propósito de promover el comercio, la inversión, la economía de mercado abierto, el libre movimiento de capitales
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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el objetivo principal de este texto es proponer un modelo teórico sencillo derivado de la teoría de la organización industrial y de la teoría de competencia, para explicar cómo el número de cupos para la formación de especialistas en las universidades o en los hospitales universitarios es determinado por los mismos médicos especialistas, con el fin de mantener altos sus niveles de ingresos y de beneficios. Este objetivo se pretende modelar para una especialidad específica, a partir de un modelo de competencia monopolística, en donde se analiza las decisiones de los médicos especialistas y hospitales universitarios en la determinación de los cupos de residencias en el corto plazo. Este esquema de “autorregulación” se confronta con los resultados obtenidos por un esquema de “regulación” centralizada por un planificador gubernamental, el cual establece cupos de formación mucho más flexibles, dando paso a un mayor bienestar social.
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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.
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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".