219 resultados para Servicios públicos - Aspectos jurídicos
Resumo:
El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.
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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.
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Las directrices del Consenso de Washington en los años 90, implicaron la transformación política y económica de los Estados de Latinoamérica caracterizada por la liberalización de la economía, la reforma del Estado, la desregulación del sistema financiero y las privatizaciones de los servicios públicos. Siguiendo estas directrices, el término “inversión extranjera” se transformó en un imperativo de crecimiento económico y desarrollo, por lo que los Estados, para conseguir tales fines, recurrieron a soluciones bilaterales, modificando la legislación nacional y suscribiendo tratados bilaterales de inversiones extranjeras (TBI). La incorporación de una serie de estándares de protección como trato justo, cláusulas de expropiación, de nación más favorecida; como condición para la participación de inversores extranjeros en la prestación de servicios públicos de los Estados son un claro ejemplo de esta nueva realidad. De esta manera, el régimen de promoción y protección de inversiones extranjeras ha venido constituyéndose en un nuevo “subsistema” jurídico internacional, con sus particularismos normativos y su propio mecanismo de solución de controversias, a través de tribunales arbitrales internacionales, aunque en algunos casos en colisión con normas constitucionales de los Estados.
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This participatory action research was based on a experience of educational intervention on La Cruz and Bello Oriente (Manrique-Medellin), a marginal zone in the northeastern part of the Commune 3 in Medellin,. Colombia. In this marginal sector, psychosocial problems seem to be associated to limited educational and employment opportunities, domestic violence, illegal armed forces, sexual abuse, social discrimination, and lack of adequate public services, among others. All these are also considered as risk factors for drug dependency. We used a structured interview designed to identify leisure tendencies, use of free time, and tendencies in recreational activities. Data from the interview were triangulated with information collected by observation and in field work and used to build a psycho-pedagogic method based on play and leisure activities. The effects of the use of this educational intervention on the satisfaction of human needs were analyzed in light of the theory of Manfred Max-Neef. Results point out the need for new educational strategies aimed to promote creativity, solidarity, mental, physical and social health, more enthusiasm and motivation and in general, positive attitudes that help prevent drug dependence.
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La transformación del régimen mexicano supone cambios en la relación básica entre el ejercicio del control corporativo y las formas de “gobernar el conflicto” en el espacio metropolitano. En este texto se sostiene la hipótesis de una “crisis decisional”, concebida como una serie de transformaciones en la organización y el ejercicio de liderazgos sociales e institucionales en años recientes (1991-2002), como la constitución de una “nueva” modalidad de lo político. A través de una revisión de la literatura reciente y de la revisión de tres bases de datos, se demuestra que en el campo de los servicios públicos como el agua estos “nuevos” liderazgos favorecerían escenarios de desfase y de renovación en el ejercicio de la legitimidad estatal.-----The transformation of the Mexican regime implies changes in the basic relationship between corporate control execution and ways of “controlling conflict” in the metropolitan areas. This paper sustains the hypothesis of a “decisional crisis” that is conceived as a series of transformations of the organization, and the exercise of social and institutional leadership in recent years (1991-2002) as the constitution of a “new” political mode. Through the review of recent literature and three databases, it is proved that in public service areas such as water, these “new” leaderships favor gap and renovation scenarios in the practice of state legitimacy.
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Actualmente, para muchas personas no es claro si el régimen disciplinario se está aplicando a los particulares que ejercen funciones públicas en Colombia, tema en el que no se ha profundizado, excepto por los órganos que lo tienen como función
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Existen disparidades importantes entre los departamentos expresadas en el acceso a los servicios públicos y sociales, en el ingreso per cápita regional, etc. Debido a esto la Constitución de 1.991 fortaleció el proceso de descentralización y aumentó las transferencias de recursos a las regiones más pobres para disminuir las brechas de desarrollo económico y social. La descentralización genera mayor cercanía entre ciudadanos, servicios y gobierno permitiendo una mayor eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos con un mayor control ciudadano. Así “La descentralización tiene sentido desde el punto de vista económico en la medida en que permite captar mejor las generalmente muy diversas necesidades y preferencias de los ciudadanos.
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La modernización institucional puesto de manifiesto con la nueva Constitución toda vez que sus preceptos impone a los organismos estatales ponerse a la par en la estructura y organización con los nuevos métodos y sistemas de administración gerencial
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Esta monografía responde a la necesidad de establecer una relación directa entre ordenamiento territorial (OT) y gobernabilidad, esta última entendida como una dinámica que se construye a partir de la generación de ciertas condiciones, como un adecuado OT.
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La vivienda es un bien social importante para el progreso del país porque influye en el desarrollo social y económico de su población. Si cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, tales como infraestructura de calidad, servicios públicos
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Verificar el estado actual de la protección al accionista minoritario, tendiendo como objeto de estudio la sociedad anónima, por razones naturales de alternativas posibles de financiación
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Analizar, desde un punto de vista crítico, las implicaciones penales derivadas de la actividad médica, igualmente realizar un análisis práctico y conceptual de las obligaciones del médico frente a su paciente con relación a la función desempeñada dentro del campo de la medicina.
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Si se alterara un aspecto clave como la temperatura media global, las ramificaciones tendrían un largo alcance. Los efectos inciertos se adicionan: por ejemplo, podría cambiar el régimen de vientos y lluvias que ha prevalecido durante cientos y miles
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Las acciones colectivas son un instrumento que en manos de los consumidores puede resultar de gran provecho, sobre todo si éste se encuentra bien informado de las instituciones que se encargan de velar por su protección
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El reconocimiento universal de nuevos derechos y valores incidió directamente en la Constitución colombiana de 1991. La nueva Constitución clasifica los derechos en tres grandes grupos: los fundamentales que son de aplicación inmediata