188 resultados para Pueblos indígenas -- Derechos civiles
Resumo:
El interés del artículo es analizar cómo la ecogubernamentalidad se ha constituido en una estrategia de las redes transnacionales en la defensa del territorio colectivo. Para ello se rastrean los discursos y las políticas globales sobre el medio ambiente y sobre los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, a través de los cuales se ha asignado la responsabilidad de preservar la biodiversidad a dichas comunidades, legitimando su control sobre el territorio. Se expone cómo el delineamiento de la zona Humanitaria y Biodiversa del territorio colectivo del Resguardo de Santa Rosa de Guayacán, usa categorías globales en la escala local, con el fin de aprovechar las oportunidades políticas de la tecnociencia y de las herramientas jurídicas internacionales. Finalmente, se plantea que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Peace Brigades International están involucrados en la política de lugar de los wounaan, a través de prácticas en terreno; lobby en organismos internacionales y ciberpolítica, que visualizan la construcción de un espacio socio-natural alternativo por los indígenas promovidos por fines ambientales específicos.
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Semilla sin tierra es un documental web sobre la resistencia que mantienen las comunidades desplazadas del Pacífico colombiano para que su patrimonio cultural inmaterial no desaparezca. En él se presenta un largo documental, que, a través de tres historias evidencia la forma en que han logrado resistir para conservar su cultura.
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La Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el periódico El Espectador presentan a la comunidad académica el libro Columnas a derecho, que recoge las columnas escritas por profesores de la Facultad en el “Observatorio El Espectador- Universidad del Rosario”, el cual contó con un importante espacio en la página web de este semanario y que constituye en el reflejo del pensamiento de los académicos frente a diferentes hechos noticiosos nacionales e internacionales, acaecidos entre el mes de noviembre de 2004 y noviembre de 2006. Los artículos que conforman esta publicación explican diversos temas del derecho de una forma sencilla, dejando de lado el lenguaje técnico de los abogados, lo que permite tanto una lectura fluida, como un acercamiento de un público general.
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Los denominados nuevos derechos, entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente, surgieron a raíz de las reivindicaciones vinculadas con los movimientos sociales y la sociedad civil. En esta línea, el derecho al medio ambiente supone un nuevo embate, un nuevo enfrentamiento con el señorío de la globalización neoliberal. Sin embargo, los cambios que exige su implementación como derecho en el espacio jurídico y político son de tal magnitud que la reivindicación ambiental ha sido objeto de una resistencia considerable. ¿Está tal resistencia moralmente justificada?. ¿Hay buenas razones para resistir?, ¿debemos seguir negándonos a aceptar que nuestro modo de vida tiene que dar un giro?, ¿podemos cerrar los ojos ante el cambio climático, la contaminación, los desastres naturales, sólo porque no somos nosotros, de momento, los directamente perjudicados? El libro de Claudia Irene Gutiérrez es un intento de responder a estas preguntas, una llamada de atención que puede ayudarnos a despertar de l oque podría ser una larga pesadilla. Son pocos los que en la universidad se dedican a tales cuestiones, y menos aún los que lo hacen desde el discurso jurídico. Por eso, entre otras cosas, creo que merece la pena atender a esta llamada.
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Con los resultados de este trabajo se busca, finalmente, valorar en su justa dimensión el potencial del yoco en los ecosistemas, la cultura y la salud de los pueblos indígenas. Así se reconoce esta planta como indicador fundamental de diversidad, como motor y eje de los movimientos y las estrategias de adaptación de los indígenas en la selva, como recurso importante en sus sistemas tradicionales de salud y como planta benéfica por sus propiedades estimulante, curativa y, sobre todo, preventiva.
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En esta publicación se hace una presentación general de las acciones de grupo, con el objetivo de darle al lector herramientas para comprender cuál es la finalidad de este procedimiento y cuál es la razón por la que fue insertado en nuestro ordenamiento procesal como una herramienta especifica para obtener la reparación de los perjuicios masivos de entidad moderada, los cuales no tenían un medio idóneo para su efectiva reclamación. Debido a lo anterior, se realiza un análisis de las dificultades surgidas a partir de este procedimiento, con ocasión de la aplicación de la Ley 472 de 1998 por parte de la jurisprudencia, derivadas particularmente de haber confundido esta acción con la simple acumulación de pretensiones de más de veinte victimas. Dicho análisis se presenta enmarcado en la perspectiva desde la cual, dentro del estricto contexto legal, estas acciones deberían desarrollarse. En una segunda parte, de carácter más práctico, la obra trata los aspectos procesales propios de la acción de grupo que han generado discusiones o dificultades en su aplicación por la jurisprudencia. El libro permite a estudiantes, abogados y jueces adentrarse en este nuevo procedimiento y advertir las dificultades que encontrarán en su desarrollo.
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Las tradicionales formulaciones del poder político -como “el poder nace del cañón del fusil” y “las minorías organizadas (compuestas por grupos económicos, políticos y tecnócratas) dominan a las mayorías dispersas”- son parcialmente ciertas y forman parte del realismo cínico. El poder social es una posibilidad factible y una fórmula deseable, que tiene dos características básicas a saber: primera, el poder está disperso en la sociedad, en las diversas agrupaciones, que van desde la familia, el vecindario, la comunidad, el sindicato, etc., y segunda, el poder político es una relación de interdependencia, el poder de los gobernantes y de otros grupos con pretensiones de dominación sólo se hace efectivo con el consentimiento o la aquiescencia de la sociedad civil. En este libro se abre una ventana para vislumbrar perspectivas de poder social, un poder público y transparente que evoca escenarios como el ágora y la plaza. El texto contiene propuestas en materia de acción no violenta, insurrecciones no armadas, participación, pedagogía de la no violencia, desobediencias civiles, experiencias de paz, banco de los pobres y negocios sociales.
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En los juicios, como advierte Ambrose Bierce, la justicia obedece a un ejército de contraste, este es: hacer aparecer a los jueces, abogados y jurados como ángeles, y a los acusados como demonios dignos de los más horrendos suplicios. En los procesos de reconciliación deberíamos transitar por la acera mundana del mutuo reconocimiento de errores, y comprobar que las líneas fronterizas entre victimas y victimarios son demasiado tenues y que la culpa está socialmente distribuida, más aun cuando existen cuantiosos colaboradores y beneficiarios del crimen. En conflictos como el colombiano, con empresas delictivas muy participativas como los mercados negros, la llamada cultura del atajo, y grandes elementos de una guerra civil, deberíamos, todas y todos, reconocer nuestras fallas. Uno de los problemas son, justamente, los umbrales de reconocimiento social y los obstáculos de la memoria y de la emoción, que afortunada o infortunadamente nos impiden avanzar rápidamente hacia el perdón incondicional. La acción política no violenta es un arte y una ciencia, está encaminada a preservar el orden social o transformarlo sin recurrir a la destrucción de la vida y de la naturaleza. Pero nada tiene que ver con visiones románticas e inocentes, como la flor en la punta del fusil o el pacifismo a ultranza. Su esencia radica en suprimir las fuentes de poder del adversario, sin llegar a exterminarle. Su enseñanza elemental es que el poder radica en al voluntad de las personas, en su sentido de dignidad para dejar de desobedecer a actores políticos corruptos, autoritarios, violentos e injustos.
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Este libro trabaja el tema de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, que es el asunto más polémico del sistema colombiano. El lector encontrará aquí el desarrollo de tres dimensiones dogmáticas de la figura: la dimensión analítica, presente en la determinación de los conceptos fundamentales de la vía de hecho, sus características, su clasificación y la determinación del lugar que ocupa en la estructura del sistema constitucional colombiano; la dimensión empírica, que dispone el comportamiento real de la tutela contra sentencias, desde las violaciones concretas de los derechos fundamentales, efectuadas por los fiscales, jueces y magistrados en Colombia, y la dimensión normativa, que permite el balance de la práctica jurisprudencial, desde la consideración de las soluciones argumentalmente consistentes ofrecidas por la justicia constitucional. En lo descriptivo, la obra reconstruye quince años de evolución jurisprudencial de la figura, desarrolla cada una de las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra sentencias y hace el balance analítico de lo que impropiamente ha sido denominado como el choque de trenes.
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Han pasado ya más de diez años en los cuales, la otrora República de Venezuela, vive un clima de Revolución Bolivariana y que al mando de Hugo Rafael Chávez Frías, se vió soportada en sus cimientos por el apoyo y simpatía de millones de personas en el ámbito doméstico, regional e internacional. Sin embargo, y en el transcurso de su gestión, las amplias atribuciones que se ha tomado el poder ejecutivo sobre los demás poderes de la república han provocado arbitrariedades atentando en contra de Derechos Civiles y Políticos. Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer la oposición venezolana y algunos sectores que la conforman, en la lucha contra la violación de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Cuál ha sido el rol de los estudiantes de la educación superior venezolana? ¿Tienen estos estudiantes algún tipo de coalición transnacional fuera del país que les acompañe?
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Este estudio de caso analizará la movilización de la Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja, Colombia, durante el periodo 2000-2009. Tal Organización cuenta estrategias enfocadas en la garantía del respeto de los derechos humanos y especialmente los derechos de la mujer. Con el transcurso de los años la OFP ha evolucionado y ha logrado implementar nuevas prácticas para alcanzar sus metas. La gran pregunta es si, efectivamente, actúan bajo los principios y estrategias de la acción política noviolenta y, además, si es que han logrado algún impacto importante con su movilización.
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Este trabajo se centra en el análisis del discurso político y desde allí analiza la problemática que tiene el aborto en Colombia, con la intencionalidad de permitir a las mujeres decidir sobre su cuerpo sin que sean notablemente estigmatizadas y penalizadas por llevar a cabo una práctica que desde ciertos puntos de vista debe ser permitida para respetar los derechos de las mujeres. En ese sentido, la despenalización del aborto en Colombia se permite en tres casos específicos, por violación, peligro para la vida de la mujer o malformaciones en el feto; bajo estas premisas que han pasado por una evolución discursiva, que no sólo ha afectado a las mujeres, sino a la sociedad, ya que el problema se ha acrecentado y se ha convertido también, en un problema de salud pública. Es así, que desde autores como Bourdieu, Butler y Austin, se crean actos de palabra que desprenden el cuerpo de su lenguaje, crea fuerza en él y permiten acciones que aumenten el posicionamiento de las mujeres en la lucha reivindicatoria que les permita decidir qué hacer con su cuerpo.
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Sin bisturí, sin radiografía, sin anestesia, en medio de la selva, cientos de indígenas son curados de todo tipo de enfermedades por sus chamanes, que hacen uso de su única herramienta: la sabiduría ancestral de la madre naturaleza. Por primera vez en Colombia, un grupo de estudios busca la protección y articulación de la medicina tradicional con la medicina occidental para mejorar la prestación de servicios de salud. El descubrimiento de medicamentos extraordinarios para curar cientos de enfermedades, las maravillosas técnicas de cirugía y diagnóstico o los más recientes y sorprendentes descubrimientos de la genética y la inmunología, han conseguido importantes resultados en el combate de las enfermedades. Pero, por ejemplo, el paludismo, el SIDA o la tuberculosis, siguen siendo graves problemas de salud pública. El cáncer aumenta día a día, y casi todas las personas adultas padecen de problemas como hipertensión, diabetes, estrés, colesterol o enfermedades cardiovasculares. Así mismo, la contaminación del planeta origina muchas otras enfermedades que aún no tienen cura. Es así como, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el bienestar de la humanidad no depende tan sólo de los enormes avances de la medicina moderna. Desde hace 30 años, este organismo ha llamado la atención de los gobiernos y las universidades para que conozcan y estudien el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas, campesinas y de grupos étnicos minoritarios, consciente de que sus sistemas tradicionales de salud pueden ofrecer beneficios a la humanidad. El abordaje científico sobre los pueblos indígenas (sus conocimientos ancestrales, rituales y sistemas tradicionales de salud) ha sido realizado desde las ciencias sociales como la antropología y la sociología e incluso desde las ciencias biológicas y ambientales como la etnobotánica, que estudia el uso de las plantas con fines medicinales. Por el contrario, el compromiso de la Universidad del Rosario por conocer, proteger y aplicar los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas desde las ciencias médicas, a través de su Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, convierte a esta institución en pionera, a nivel nacional, en acoger los llamados de la OMS, la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). A diferencia de otras investigaciones, ésta establece un auténtico diálogo intercultural, en el que el indígena ya no es objeto de investigación, sino que se convierte en sujeto y protagonista de la misma. Se respeta su lenguaje, sus conceptos, sus ritmos y sus criterios. Antes que buscar estudios químicos y farmacológicos sobre una planta, lo que se hace es conocer sus efectos en el contexto original y bajo los esquemas de uso que ellos le dan.
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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.
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El Informe del Ministro de Instrucción Pública al Congreso de 1913, fue elaborado durante la presidencia de Carlos E. Restrepo (1867-1937), luego del Censo de la República de Colombia de 1912. Del informe y sus cifras, que merecen aún un análisis exhaustivo, se desprende que el gobierno buscaba orientar la educación hacia el desarrollo de la industria y de la agricultura. También se evidencia una preocupación por el espinoso tema de las pensiones y jubilaciones de los maestros de escuela, y por el asunto de la “civilización” de los pueblos indígenas en las fronteras.