283 resultados para DERECHOS DEL NIÑO - INVESTIGACIONES - COLOMBIA


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La Política de Seguridad Democrática se presentó como la alternativa para desenredar el nudo del conflicto armado y conquistar la paz en el país; particularmente, en lo relativo a la confrontación entre el Estado y las FARC-EP. La presente investigación se pregunta si, en efecto, la PSD logró desatar el nudo del conflicto.

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La siguiente monografía es un análisis del voto obligatorio en Chile como referencia para una eventual aplicación en Colombia. A través de ella se busca identificar las características esenciales – recomendaciones- para la implementación de un voto obligatorio en Colombia que contribuya al fortalecimiento del sistema electoral colombiano a partir de un aumento de la participación política electoral colombiana (sin que con ello se pretenda desconocer otros mecanismos de participación política ni mucho menos reducirla al ejercicio del voto), tomando como punto de referencia el análisis de la implementación del voto obligatorio en Chile.

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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.

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Durante los años 2004 y 2005, el grupo Estudios sobre Identidad (ESI) de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario adelantó la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”. La investigación, financiada por Colciencias y la universidad, analizó las dinámicas que afectan al Estado desde dos ópticas: una, que evalúa los discursos que hablan desde dentro del Estado o que explican su funcionamiento político e institucional, a cargo de la investigadora Carolina Galindo. La otra mirada describe los conflictos locales y las circunstancias globales que afectan el conjunto del Estado desde afuera de las reglas institucionales y en contravía del modelo soberano del Estado nación, desarrollada por Adolfo Chaparro, director del ESI. En este contexto, el presente documento hace referencia al análisis puntual que Chaparro plantea sobre las relaciones entre las prácticas y los discursos sobre la violencia.(...) A modo de diagnóstico inicial, el investigador resalta una constante: en Colombia hay una fuerte tradición que establece vínculos indisociables entre los fenómenos de violencia y las expresiones de la política. Debido a que las formas de nombrar la violencia y de resolverla en cada época tienen implicaciones en la imagen histórica que el país produce de sí mismo, es posible establecer una correlación entre la historia del conflicto y las dificultades para consolidar el Estado nación en el país. En ese sentido, el tema del conflicto no sólo compete a los discursos académicos sino que afecta, o debería afectar, las decisiones gubernamentales y los debates de la sociedad civil. De la investigación se deducen las explicaciones más aceptadas que las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto: que obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto o, como se entiende actualmente, que Colombia no vive un conflicto social armado sino una guerra contra la sociedad que necesariamente tenía que derivar en una guerra frontal del Estado y de la sociedad contra el terrorismo. Dado que estas teorías no sólo hacen diagnósticos sino que proponen salidas al conflicto armado, incluso intentan vislumbrar soluciones a largo plazo, el estudio sintetiza los resultados de cinco investigaciones paradigmáticas sobre el conflicto, en las que se analiza la relación entre el discurso sobre las causas del conflicto y las expectativas de transformación de la sociedad que ha generado su posible solución durante las dos últimas décadas.

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La mayoría de las reflexiones sobre estrategia invitan a interpretar el entorno como un paso necesario hacia la comprensión de la realidad que rodea la empresa. Apoyados en todo tipo de instrumentos, de herramientas y de matrices, estrategas y analistas sectoriales han podido comprender, cada vez mejor, lo que sucede más allá de los límites de la organización. Ante la necesidad de una mayor viabilidad de las empresas, el Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresarial de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, diseñó e implementó una propuesta denominada “Análisis estructural de sectores estratégicos”. Ésta permite saber qué hay y qué está pasando al interior de las organizaciones, así como conjugar una serie de datos provenientes de diferentes frentes sectoriales (cliente, competencia, proveedores, compradores). Su resultado debe entenderse como una percepción, mas no como un diagnóstico. Con esta metodología, el grupo de investigación dirigido por Luis Fernando Restrepo Puerta, decano de la Facultad de Administración, cuenta con más de diez casos de aplicación en diferentes sectores económicos, al tiempo que participa en los programas de desarrollo social-agroindustrial en los municipios de San Bernardo y Nocaima (Cundinamarca) y en la capacitación de propietarios de MiPYMES en Maloka y en Proexport para la conformación de redes asociativas. Tradicionalmente, los análisis estratégicos toman un sector determinado como un todo y se enfocan en mirar los comportamientos de la competencia en función de las buenas prácticas (acciones indispensables para la supervivencia de las organizaciones). El grupo de investigación considera que, de esa manera, se pierde una gran cantidad de información, razón por la cual decidió mirar uno a uno los competidores del sector con indicadores propios como son: índice de erosión estratégica (deterioro), índice de erosión de la productividad y asimetrías financieras (diferencias en los resultados financieros). El análisis que se presenta consta de varias pruebas que pueden desarrollarse paralelamente, pero el estudio debe hacerse con cuidado, integrando los resultados individuales de cada uno de los componentes que se proponen y traducirlos en lo que denominan “Percepción sobre el medio ambiente de la organización”. Las cinco pruebas que creó y registró el grupo, bajo derechos de autor, están soportadas por un software de su misma autoría: Análisis de hacinamiento. Análisis estructural de las fuerzas del mercado. Levantamiento del panorama competitivo. Análisis de competidores. Análisis de rentabilidad, empleo, certificaciones y comercio exterior. En el desarrollo de este fascículo se abordarán las cuatro primeras. La propuesta cuenta con elementos cuantitativos como índices, tasas y razones, así como subjetivos e intuitivos, de tipo cualitativo y a nivel de percepción, como los estudios de convergencia estratégica, hacinamiento, supuestos sectoriales, interpretación de hechos y de datos, entre otros. Su objetivo es proporcionar medios para que la organización configure el entorno, es decir, marque la diferencia con las demás empresas y renuncie a la pretensión de adaptarse al ambiente empresarial, pues esto conduce al hacinamiento industrial.

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Los resultados obtenidos por Colombia en los diferentes índices internacionales que miden el desempeño del país en factores como competitividad, libertades económicas, corrupción, gobernabilidad, libertades políticas y derechos civiles son bastante pobres y evidencian una fuerte debilidad institucional. De acuerdo con el estudio realizado por el grupo de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, desde la década de los noventa, se ha desarrollado una serie de indicadores que permite comparar la evolución de los países, con el fin de entender cómo se afectan el desempeño económico, el crecimiento y la estabilidad política de un país, por causa de aspectos relacionados con el Gobierno, la capacidad de integración económica, el respeto por la ley y los costos de transacción políticos y económicos. A los estudios académicos se ha sumado el interés de los organismos internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) de sistematizar los datos y fortalecer la comparación entre naciones, a partir de indicadores económicos y de desarrollo social. La necesidad de ampliar el análisis y de buscar parámetros deseables o alcanzables, en términos institucionales, ha propiciado la realización de estudios que tienen por objeto comparar los países. Esto ha dado lugar a una “explosión” de índices de desempeño económico y político, que permiten la comparación sistemática entre Estados y su clasificación de acuerdo con el desempeño. Colombia no ha estado exenta de ser calificada y ha sido recurrente ver la rezagada posición que ocupa el país en el ámbito mundial. Sin embargo, frente a este creciente interés por la calificación, se hace necesario conocer más acerca de los índices y su elaboración, con el fin de entender sus implicaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas, inversión extranjera y endeudamiento, y en la capacidad que tienen para reflejar y describir la coyuntura en forma acertada.

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Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuera de Colombia viven cinco millones de colombianos —que equivalen casi a la población total de Bogotá— en condiciones de desprotección frente a la legislación nacional e internacional. Los migrantes colombianos, legales e ilegales, trabajan hasta 18 horas diarias, velan por sus familias y envían para ellas remesas que oscilan entre 200 y 300 dólares mensuales, que sumadas superan los ingresos por concepto de petróleo de un año. . La decisión de salir del país que en su momento tomaron estos ciudadanos, ahora distantes de políticas públicas orientadas a proteger sus derechos como población desplazada, está basada en razones económicas, sociales y políticas.

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“Locos, furiosos y mentecatos” fueron algunas de las palabras utilizadas por el Código Civil colombiano para hacer alusión a las personas con discapacidad. Durante más de cien años estos términos, que en los tiempos recientes se reconocen como ofensivos, estuvieron de boca en boca sin que alguien levantara su voz en contra. Se necesitó un cambio radical de enfoque y una demanda al Código para que se declarara inconstitucional esta terminología. Demanda U. Rosario(...). No obstante la modificación introducida a “ese conjunto de normas”, en el imaginario social aún resuenan con fuerza las expresiones humillantes, persisten las actitudes que hieren la dignidad de las personas y las acciones violatorias de sus derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas con discapacidad representan más de la décima parte de la población colombiana, cerca de 12%, que es el promedio para Latinoamérica. Un proceso sutil, silencioso y tradicional de exclusión social, ha vivido esta población que solamente después de la Constitución de 1991 empezó a recibir protección directa y a sentir que tenía derechos, porque en la Carta de 1886 ni siquiera se hizo mención a ella, y menos a la reivindicación de sus derechos humanos como el derecho al trabajo. En estas circunstancias y bajo la dirección del abogado y doctor en Derechos Humanos, Carlos Parra Dussan, quien logró introducir las modificaciones mencionadas al Código Civil, la Universidad del Rosario y Colciencias desarrollaron el proyecto de investigación “Eficacia de los mecanismos judiciales e institucionales de protección a la población con discapacidad en Colombia”(...).

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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El cáncer del cuello uterino (CCU), considerado como la segunda causa de muerte por neoplasias malignas a nivel mundial, afecta principalmente a mujeres en edad fértil. Colombia no escapa a esta realidad, puesto que la incidencia anual de CCU se estima entre 32,9 y 36,4 casos en 100 mil mujeres. Para tratar de contrarrestar estas cifras, algunas investigaciones se han orientado al desarrollo de métodos complementarios a la citología a fin de detectar el Virus del Papiloma Humano, agente causante de esa enfermedad. Investigadores colombianos han realizado estudios que apuntan hacia ese objetivo. Uno de éstos ha reclutado, hasta el momento, a 40mil mujeres provenientes de 16 departamentos. Con los datos obtenidos, se ha logrado establecer que en nuestro país hay un gran número de mujeres infectadas por el VPH, las cuales, en su mayoría viven en regiones con altas tasas de morbilidad mortalidad y no tienen fácil acceso a los servicios de salud.

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La trata de personas es un delito que ha tomado fuerza fuerza en los últimos alis alrdedor del mundo. Las diferentes víctimas son sometidas a toda clase de flagelos como lo son la explotación laboral, el trabajo forzoso y el tráfico ilegar de órganos, entre otras. Debido a este crudo panorama, autoridades de los países se han dado a la tarea de fortalecer convenios, crear nuevas letes y generar nuevos programas para contrarrestar el delito. Colombia hace parte de este abanico de naciones que tiene tipificado en delito en su legilslación, pero ¿cómo es la dinámica judicial de los procesos de trata de personas? Para resolver esta pregunta, un grupo de investigadores de la Universidad del Rosario, desarrolló un completo estudio que permitió observar cuáles mecanismos necesitan ser mejorados y cómo se puede lograr.

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En este documento se pretende mostrar de manera sucinta el estado en que se encuentra la justicia de transición en Colombia, precisar el contenido y los alcances del núcleo normativo de dicha justicia, y la manera como se ha construido y desarrollado en Colombia un marco jurídico que permita eventualmente la restitución de la convivencia pacífica en el país, así como la satisfacción, en la mayor medida posible, de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El texto es preferentemente reconstructivo, analítico y prospectivo. En este sentido, se evalúan los momentos del proceso de transición durante las tres últimas administraciones presidenciales, examinando de modo especifico los elementos normativos y de aplicación en cada uno de estos momentos. Finalmente, se hace un balance desde las cifras consolidadas para el año 2010 y se identifican los aspectos principales del que puede ser el desarrollo posterior.

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Una apuesta importante del actual Gobierno es el campo y el tema rural. Vuelven a la agenda política la tierra, la propiedad, los derechos de los poseedores, la restitución y el agro como estrategias desarrollo y construcción de paz. El predial, como impuesto sobre la propiedad, es un asunto fundamental y complementario de cualquier estrategia que se implemente; sin embargo, ha sido el gran ausente en los estudios y políticas sobre el uso de la tierra en Colombia. Por ello, una mirada al desempeño del predial rural abre nuevas ventanas para entender la manera integral la problemática de la tierra en Colombia. En particular, la investigación adelantada por economistas del a Universidad del Rosario busca saber si existen razones políticas que determinen la desactualización catastral, el bajo recaudo y las bajas tarifas del predial rural. Pretende. Igualmente analizar el comportamiento de este impuesto a la luz de la política local, que pueda afectarlo positiva o negativamente.

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Los intereses reflexivos del Grupo de Investigación en Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad (GRISPD), de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, se inscriben en el campo de las ciencias e ingenierías de la rehabilitación y sus formas de investigación y acción se orientan bajo los principios que gobiernan la generación de conocimiento en las transdisciplinas. El grupo declara las siguientes cuatro líneas de investigación que se enmarcan, respectivamente, bajo el enfoque teórico, conceptual y metodológico de los estudios críticos en discapacidad: 1) estudios públicos, 2) estudios tecnológicos, 3) estudios socioantropológicos y 4) estudios de la capacidad humana. La Línea de Investigación en Estado, Políticas Públicas y Participación Social se centra en el estudio y comprensión de procesos y dinámicas sociales complejas, tales como vulnerabilidad, exclusión, participación, construcción de ciudadanía y democracia en diversos colectivos humanos, entre los cuales la población con discapacidad reviste especial interés. El análisis se ubica dentro del marco de referencia que argumenta en favor de la justicia, la inclusión, los derechos humanos y las prácticas sociales, orientadas a favorecer el desarrollo humano de las colectividades.

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El documento de investigación número 31 de la Facultad de Administración, titulado “Reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Colombia”, presentó la investigación relacionada con los avances sobre la reglamentación y supervisión de este riesgo hasta febrero del 2006, no sin antes contextualizar al lector respecto al marco teórico, y los avances realizados en países como México y España. Esta segunda entrega se realiza debido a la pertinencia del tema y a la falta de conocimiento por parte de la academia de lo que en el presente ocurre en las empresas. Este documento de investigación, además de presentar la indagación realizada respecto a la reglamentación para la administración y supervisión del riesgo operativo en Chile, Perú y Ecuador, pretende resaltar el trabajo realizado por Andrei Mosquera Torres respecto al sistema administrativo de riesgo operacional para una sociedad comisionista de bolsa. El mencionado trabajo, desarrollado por Andrei Mosquera para optar por el título como Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad del Rosario, recoge su experiencia respecto a la administración del riesgo operativo (operacional) en una firma comisionista de bolsa.