417 resultados para CONFLICTO ARMADO - ASPECTOS SOCIALES - CASANARE (COLOMBIA) - 1998-2006


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Despite a growing body of literature on how environmental degradation can fuel civil war, the reverse effect, namely that of conflict on environmental outcomes, is relatively understudied. From a theoretical point of view this effect is ambiguous, with some forces pointing to pressures for environmental degradation and some pointing in the opposite direction. Hence, the overall effect of conflict on the environment is an empirical question. We study this relationship in the case of Colombia. We combine a detailed satellite-based longitudinal dataset on forest cover across municipalities over the period 1990-2010 with a comprehensive panel of conflict-related violent actions by paramilitary militias. We first provide evidence that paramilitary activity significantly reduces the share of forest cover in a panel specification that includes municipal and time fixed effects. Then we confirm these findings by taking advantage of a quasi-experiment that provides us with an exogenous source of variation for the expansion of the paramilitary. Using the distance to the region of Urab´a, the epicenter of such expansion, we instrument paramilitary activity in each cross-section for which data on forest cover is available. As a falsification exercise, we show that the instrument ceases to be relevant after the paramilitaries largely demobilized following peace negotiations with the government. Further, after the demobilization the deforestation effect of the paramilitaries disappears. We explore a number of potential mechanisms that may explain the conflict-driven deforestation, and show evidence suggesting that paramilitary violence generates large outflows of people in order to secure areas for growing illegal crops, exploit mineral resources, and engage in extensive agriculture. In turn, these activities are associated with deforestation.

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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Sudán afronta una grave crisis humanitaria, en la que actores internacionales han intervenido por una mejora en la situación de la seguridad humana. Sin embargo, esta intención altruista esconde los intereses reales de Estados como Chad, Estados Unidos y China, quienes a través de la Unión Africana y las Naciones Unidas buscaron legitimar sus actuaciones en búsqueda de intereses políticos, económicos o geoestratégicos.

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Este paper estudia la relación entre algunos de los eventos más importantes del conflicto colombiano con la percepción extranjera de riesgo soberano, medido por los Credit Default Swaps (CDS) de los bonos del Gobierno Colombiano. Usando dos metodologías relativamente recientes, yo estimo el efecto causal de los eventos de conflicto ampliamente cubierto por los medios internacionales. En primer lugar construyo un grupo de control sintético que funciona como contra factual de la serie real de los CDS colombianos pero en ausencia de eventos de conflicto. Segundo, estimo el efecto acumulado del evento bajo la metodología de retornos anormales acumulados. Los resultados sugieren que los efectos de los eventos de conflicto sobre la percepción extranjera de riesgo soberano dependen de las especificaciones de cada evento.

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El problema de la propiedad de la tierra en Colombia es un problema bastante antiguo que se remonta mucho antes del siglo XX, el cuestionamiento de los títulos de propiedad de los terratenientes, representa el inicio de una larga lucha del campesinado por defender su trabajo y su propia vida. En la presente investigación, se busca establecer la relación entre los conflictos por el acceso a la tierra y el origen de grupos guerrilleros en la región de Sumapaz, oriente y sur del Tolima en los años 1946 a 1966. En los años 1946 a 1966, en la transición de los grupos de autodefensa de masas a movimientos guerrilleros, fueron determinantes factores como: la desigualdad social en el campo, los conflictos por el acceso a la tierra, la lucha bipartidista y la influencia del Partido Comunista. Estos factores tuvieron una fuerte incidencia en la organización campesina y posteriormente en la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

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El trabajo se enmarca en las discusiones relacionadas con segregación espacial, segregación social y construcción de barrios mezclados. Específicamente, selecciona el caso de La Felicidad: ciudad parque en Bogotá como un ejemplo que sirve para analizar las políticas públicas enfocadas en disminuir la segregación residencial en la ciudad a partir de la construcción de un vecindario que está compuesto por vivienda de interés social y vivienda regular. A partir de métodos cuantitativos y cualitativos se analiza cómo esta funcionando esta propuesta urbana.

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Las representaciones sociales del riesgo y del proceso salud-enfermedad de la mano con las construcciones sociales de género resultan determinantes para la toma de la Citología Cérvico-Uterina (CCU) en un grupo de mujeres de bajos niveles económicos con acceso a los servicios de salud de la localidad de Suba de Bogotá. Dentro del marco de las sociedades del riesgo, en donde se busca la prevención de ciertos eventos como las enfermedades o la muerte, se indaga por los aspectos que afectan la práctica o no práctica de auto-cuidado más promovida por los entes de salud: la CCU. El estudio aborda las representaciones sociales de la CCU desde las percepciones, prácticas y creencias; teniendo como marco la ocupación de ama de casa o la doble jornada de las participantes, así como el grado de importancia otorgado a la ciencia médica y a la percepción de riesgo de tener el Cáncer de Cuello Uterino (‘cáncer de la pobreza’). Los principales resultados evidencian ciertas percepciones negativas frente a la prueba de detección temprana, aunque más allá de esto, el examen y la ayuda médica son vitales para las participantes como una forma de ‘estar bien y cuidar de su salud, para prevenir algún mal’ dentro del cual algunas no identifican al Cáncer de Cuello Uterino. La construcción social de la feminidad en las participantes es fundamental para comprender dicha práctica, pues ésta se basa en la desconfianza de las mujeres frente a sus parejas (feminidad vs. Masculinidad), así como en el tiempo que le pueden dedicar al cuidado de su salud según su ocupación.

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Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida política e institucional del país. Su vigorosa intervención en varios asuntos económicos, políticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, así como en la vida de minorías y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates académicos y políticos: si bien ha tenido defensores entre algunos académicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores políticos y miembros de la rama judicial, también ha tenido muchos críticos entre esos y otros sectores más poderosos.

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Este artículo describe las transformaciones en la tenencia y uso de la tierra en Tibú (Norte deSantander) entre 2000 y 2010. Muestra que ellas fueron altamente concentradoras, masivas y generadas sucesivamente por dos vías: una coercitiva, operada por el paramilitarismo y otra, operada por empresarios y comisionistas de la tierra a través de un mercado anómalo y desregulado. Planteo que ambas vías son explicativas del land grab, conducen a fenómenosde acumulación por desposesión y que ninguna de las dos se puede entender sin dar cuenta de un conjunto de diseños institucionales y políticas públicas promovidas desde el Estado.

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This paper describes the relationship between the executive and legislative branches during the first government of Alvaro Uribe Vélez. We will focus on reviewing the legislative output of each branch of power, along with the effectiveness and efficiency they showed as promoters of this production. We will review the impact they had on the legislative agenda setting and on the control of the legislative process  itself, making a diachronic analysis in which each legislature is used as a unit. Thus, we will try to identify the presence (or not) of some kind of pattern interactions,  and we will evaluate, at one hand, the existence of hierarchical and transactional trends, and, on the other, the different types of balances produced  between them.

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Comprender y analizar la dinámica del proceso de formulación y toma de decisiones de la política exterior colombiana en materia de drogas, a partir de un estudio de caso con respecto a Estados Unidos a partir de la implementación del Plan Colombia

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Why do some civil wars terminate soon, with victory of one party over the other? What determines if the winner is the incumbent or the rebel group? Why do other conáicts last longer? We propose a simple model in which the power of each armed group depends on the number of combatants it is able to recruit. This is in turn a function of the relative ëdistanceíbetween group leaderships and potential recruits. We emphasize the moral hazard problem of recruitment: Öghting is costly and risky so combatants have the incentive to defect from their task. They can also desert altogether and join the enemy. This incentive is stronger the farther away the Öghter is from the principal, since monitoring becomes increasingly costly. Bigger armies have more power but less monitoring capacity to prevent defection and desertion. This general framework allows a variety of interpretations of what type of proximity matters for building strong cohesive armies ranging from ethnic distance to geographic dispersion. Di§erent assumptions about the distribution of potential Öghters along the relevant dimension of conáict lead to di§erent equilibria. We characterize these, discuss the implied outcome in terms of who wins the war, and illustrate with historical and contemporaneous case studies.

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El contrabando técnico representa un problema para los hacedores de política económica pues tiene efectos perversos en temas fundamentales como la hacienda pública, la competencia de mercado y la informalidad. Sin embargo, a pesar de ser un problema tan importante son pocos los esfuerzos empíricos que se han hecho para estudiar los incentivos que están detrás de esta práctica ilegal, tanto a nivel global como para el caso colombiano. En este trabajo se desarrolla un modelo teórico a partir del cual se estudian los incentivos para la existencia del contrabando, y sus conclusiones se contrastan con una aplicación empírica en la que se utilizan datos de importaciones (reporte de origen y destino) de 24 sectores económicos (583 productos) provenientes de 84 países entre 1998 y 2013. Con estos datos se estima un modelo de panel de datos en el que se encuentra que hay una relación positiva entre la corrupción y el contrabando y también entre los aranceles y el contrabando técnico, indicando que se presenta una mayor subfacturación en productos que tienen aranceles altos y provienen de países más corruptos.