896 resultados para Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia. Maestría en Derecho Administrativo
Resumo:
El problema de la pobreza en el mundo es una constante que tiende a incrementarse y reproducirse viralmente. Latinoamérica particularmente ha logrado avances destacados, sin embargo se necesitan medidas estructurales y transformaciones institucionales para lograr reducir la pobreza, empezando por la base de la pirámide con los jóvenes. Es por tanto que la motivación de este caso de estudio es analizar cómo la alianza entre la academia, el sector privado y el estado pueden ser alternativa para romper el círculo de la pobreza.
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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos, exige el otorgamiento por parte del Estado, de una concesión portuaria a sociedades portuarias, la cual se concede previo el agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular, o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 10 de enero de 1991 y en el Decreto 4735 de 2 de diciembre de 2009. Si bien, el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, sin que constituya una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.
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La tesis de Maestría propone que los árbitros puedan operar como verdaderos jueces en la jurisdicción contencioso administrativa, sin que su actuación se vea limitada a ningún tipo de materia, ya que ellos podrían llevar la adjudicación en esta jurisdicción con igualdad y neutralidad.
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Estudio del impacto del control fiscal en la protección de los recursos naturales, desde una perspectiva analítica y critica que pretende hacer ver a través estudios teóricos y prácticos la influencia del control fiscal y los órganos que lo ejercen en el mejoramiento ambiental.
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En Colombia la dinámica poblacional ha experimentado cambios a través de los años; lo cual modifica las características epidemiológicas y los perfiles de morbimortalidad de la población, aumentando la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas de difícil pronóstico dentro de la población; siendo estos grupos etarios hacía quienes deben destinarse nuevas modalidades de atención y soporte paliativo. Se realizó una revisión sistemática de diversos artículos, clasificados con niveles de evidencia I y II; cuyas variables de análisis fueron: El lugar de fallecimiento del paciente, alivio de la sintomatología, nivel de satisfacción del paciente y sus cuidadores con los servicios recibidos, número de ingresos hospitalarios independientemente de la causa y días promedio de estancia hospitalaria. El 88% de los pacientes que fueron vinculados a la atención domiciliaria falleció en su hogar; el 68% refirió haber experimentado disminución en la intensidad de al menos 2 síntomas como resultado de la atención en casa. El nivel de satisfacción para el cuidado en casa puntuó 19 puntos porcentuales por encima de la calificación que obtuvo el manejo hospitalario. El 23% de los pacientes tratados en su hogar, requirió al menos una hospitalización durante el manejo; mostrando una disminución en el tiempo de estancia hospitalaria de 3.4 días promedio. El manejo paliativo domiciliario de pacientes crónicos en fase terminal, no sólo es una alternativa en la reducción de costos para el sistema de salud, sino que es un factor protector de tipo emocional que refleja también una importante disminución de los riesgos de la hospitalización.
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El objetivo de este estudio de caso es analizar la tensión provocada entre el enfoque de políticas públicas en San Basilio de Palenque para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio-ODM y la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI. Esta investigación estudia cómo el enfoque de género está o no presente, tanto en políticas públicas de salvaguardia del PCI como en las encargadas del tercer ODM, y cómo esto dificulta o facilita la obtención de ambos propósitos. Por medio del paradigma de Desarrollo Humano, en cabeza de Amartya Sen, y el análisis de los tratados internacionales y las leyes se encontraron lugares comunes, con ayuda de trabajo de campo, que impedían la armonización y correcto desarrollo tanto del tercer ODM como de la salvaguardia del PCI en este territorio.
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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.
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Cada día, los temas electorales cobran mayor importancia por el impacto que representan para la comunidad en general, en especial, en aquellos modelos de Estado donde existen esquemas democráticos. Nuestra historia así lo ha demostrado; desde diversos escenarios, las personas siempre han estado involucradas en el quehacer político y legislativo, y siempre han estado interesadas en el acontecer de nuestras instituciones democráticas. Con el paso del tiempo ha venido incrementándose el interés y la participación de los estudiantes, y de los jóvenes en general, en asuntos que antes estaban quizá reservados para los mayores. Hoy es común ver jóvenes dispuestos no solo a elegir, sino también a ser elegidos. Por esa razón, la Universidad del Rosario, como formadora de pensamientos y grandes personalidades, ha asumido la misión de abordar esos temas entre su agenda académica, y ha dedicado importantes esfuerzos para constituir escenarios como la Especialización en Derecho Electoral y el Observatorio Legislativo, ambos de la Facultad de Jurisprudencia. En ese sentido, como en ocasiones anteriores, la Universidad, por conducto de su Observatorio Legislativo y de Opinión, realizará un seguimiento al proceso electoral que se avecina, donde se escogerán a los miembros que conformarán el Congreso de la República durante el periodo constitucional previsto para los años 2010 a 2014; para ello, se invitó a los presidentes y directores de diversos partidos y movimientos políticos que aspiran tener representación en el Legislativo, para que presentaran a la Comunidad Rosarista, y a las juventudes en general, sus plataformas ideológicas y propuestas programáticas en este recinto. Este trabajo se constituye en otro ejemplo del compromiso social de nuestra Universidad con los temas de interés para el país y para la sociedad, en esta ocasión abordado conjuntamente con la Fundación Hanss Seidel, organismo de cooperación alemán que, entre otras actividades, promueve la formación democrática y ciudadana en amplios sectores de la población, y con quien estamos trabajando en este proyecto de divulgación y educación de cara a las elecciones legislativas, bajo la idea de fortalecer a los votantes –muchos de ellos por primera vez votantes–, para que puedan conscientemente ejercer ese derecho y deber constitucional, brindándoles las herramientas para construir un voto de opinión, responsable y estructurado.
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La cada vez más creciente posibilidad de reinserción a la sociedad, por parte de miembros de los grupos alzados en armas, pone de presente la importancia de dejar claro qué se puede negociar y qué no. Por lo anterior, es fundamental determinar los parámetros mínimos para que un proceso de este tipo no redunde en impunidad. El objetivo del presente trabajo, es establecer esos parámetros mínimos de negociación, desde una perspectiva internacional o, más exactamente, desde el enfoque regional del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, esto implica revisar cuidadosamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.
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El agua esta presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra y de ella depende la vida de la gran mayoría de organismos que en él existen, incluidos entre ellos la raza humana. Nuestro cuerpo, además, esta compuesto en un 70% de este líquido. Sin embargo, debido al progreso industrial y al calentamiento global, entre otros factores, las fuentes hídricas se han visto afectadas considerablemente, lo que ha generado preocupación mundial sobre el manejo y la gestión del recurso. Desde el punto de vista jurídico, el agua, es uno de los recursos naturales de más trascendencia y actualidad, por su constante deterioro y sus múltiples usos. Esto se debe a que el recurso hídrico es el elemento principal para el desarrollo de la vida, y el hombre se ha encargado de aminorar la existencia de este líquido, acabando con las fuentes hídricas sin conciencia del daño ambiental que produce con sus actos u omisiones.
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El análisis que se piensa hacer en el presente trabajo, es analítico deductivo, en cuanto pretende mostrar el estado del arte referente a las implicaciones que en el Derecho penal puede tener una teoría sociológica, que pretende abordar temas atinentes a la ciencia del derecho de una manera conceptualmente ilustrativa. Pero vale la pena aclarar de entrada, que en donde mayor repercusión, en el Derecho penal, llega a tener dicho enfoque, es en la política criminal que desarrolla el Estado a través del legislador. Es dicho marco el que le ha servido de referencia para variar y ampliar sus contenidos de protección. Posición que no ha prosperado sin objeción alguna, pues un gran sector de la doctrina se muestra reacio al arquetipo que promulgan quienes se adhieren a su postura, debido a la firme creencia que no es el Derecho penal al que le corresponde dar soluciones a problemas macrosociales. De ello se desprende la valoración de determinados bienes jurídicos, y en esa medida las formas concretas de protección que reviste un modelo penal expansivo, en cuanto encuentra objetivos dignos de protección analizados en clave sociológica.
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El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.
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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.
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Reseña de libro