64 resultados para Weffort, Francisco C. (Francisco Correa)


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La revocatoria de mandato es una herramienta de participación política ciudadana en Colombia establecida hace ya más de veinte años. Sin embargo, y a pesar de que ha sido implementada en 146 casos, ningún gobernante ha sido revocado o ratificado por este medio en el país. Este hecho ha motivado varias investigaciones que se han centrado en los problemas operativos, normativos y las dificultades en la implementación de la herramienta. Este trabajo busca ir más allá y centrarse en los efectos políticos y sociales que afectan, de manera positiva o negativa, esta herramienta de participación política ciudadana. Siendo una herramienta que involucra directamente a los ciudadanos con la política local, las acciones que se lleven a cabo durante todo el proceso pueden afectar a la población. Esto se puede afirmar si se tiene en cuenta que la historia política colombiana ha estado permeada por el autoritarismo y el clientelismo, donde actores poderosos a nivel local, pertenecientes a oligopolios políticos, se encuentran legitimados por características históricas para adelantar acciones que afectan la seguridad, tranquilidad e integridad de la población. El análisis involucra tres procesos de revocatoria de mandato en el departamento de Boyac durante el periodo 2008-2011: Tunja, Samac y Somondoco; resaltando el papel que cada actor juega en el respectivo proceso de revocatoria, así como sus motivaciones para ser parte de él y las acciones que adelanten para asegurar el éxito o fracaso de esta herramienta. Para ello se utilizó una metodología cualitativa, consistente en monitoreo de medios y entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores de los procesos, lo cual permite reconstruir los casos de estudio.

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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

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El virrey y arzobispo de la Nueva Granada Antonio Caballero y Góngora aprobó mediante este decreto, el nombramiento de Juan Francisco Vázquez en una de las becas destinadas a los naturales de la ciudad de Tunja para cursar la ctedra de teología en el Colegio Mayor del Rosario

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Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia. El texto contiene artículos y ponencias presentados por reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Seminario Internacional Las acciones populares y de grupo. Balance de los diez años de la Ley 472 de 1998. Diagnósticos, retos y perspectivas realizado los días 16, 27 y 28 de agosto de 2008. Las ponencias fueron organizadas en páneles: balance del constituyente, del legislador, de los operadores judiciales, del ministerio público y finalmente, avances en la garantía de los derechos colectivos y retos de las acciones de grupo.