Perú - Partidos y outsiders. El proceso electoral peruano de 2006

El proceso electoral peruano del 2006 ha legitimado dos formas de hacer política: la política partidarizada que toma como base a los partidos más antiguos del sistema político (los mismos que han logrado reposicionarse luego de la década fujimorista); y la política del outsider antipartidario que toma como base un discurso crítico de la clase política y deja en un segundo plano la construcción de una propuesta orgánica e institucional. La política partidarizada subsiste a pesar de la prédica antipolítica del régimen fujimorista y del sistema partidario que colapsó en los noventa. Del mismo modo, la política del outsider permanece vigente a pesar de las reformas institucionales (Ley de Partidos Políticos) que se implementaron para evitar la fragmentación política y la incursión exitosa de estos nuevos políticos. Se establece así un “régimen de convivencia” luego de un período transicional inconcluso, que implementó tímidamente las reformas institucionales que no consiguieron fortalecer el sistema, y que estuvo signado por una constante inestabilidad política y conflictividad social.-----The 2006 Peruvian election process has legitimized two ways of going about politics: either a ‘partyist’ (or ‘partisan’) approach based on the older and more traditional parties of the political system (the same ones that have managed to reposition themselves after Fujimori’s decade), or the ‘outsider’s’ anti-party (or ‘anti-partisan’) approach which is based on a critical discourse of the extant political class, pushing aside the building-up of an institutional and organic proposal. The former type of politics survives in spite of the fervent anti-politics discourse of Fujimori’s regime and of the conspicuous collapse of the party system in the 1990’s. In much the same way, the outsiders’ politics remains in force in spite of institutional reforms (Ley de Partidos Políticos or “Political Parties Act”) which were implemented to avoid political fragmentation and/or the successful foray into the political arena of these new politicians. Thus, a “coexistence regime” has been established after an unfinished transitional period during which, very timidly, institutional reforms were implemented though they never really strengthened the system, and a regime which was marked by constant political instability and social upheaval.

Temas de derecho ambiental : una mirada desde lo público

En los últimos tiempos el derecho ambiental ha ganado un puesto importante en el ámbito jurídico, hecho que refleja la preocupación que hoy se tiene por la relación del hombre con su entorno. Desde hace quince años, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, por intermedio de su Facultad de Jurisprudencia y concretamente de la Especialización y la línea de investigación en Derecho Ambiental, ha propuesto a través de diversos proyectos avanzar en el conocimiento y análisis del ordenamiento jurídico ambiental, aportando así al desarrollo, estructura y consolidación de esta rama jurídica. Bajo estos parámetros, el objetivo de esta publicación es hacer algunas reflexiones en torno a distintos temas que dentro del derecho público impactan o influyen al derecho ambiental y responder a los enormes desafíos que se presentan en la materia. Por tanto, el programa quiere contribuir desde la academia al diálogo crítico y propositivo que permita dar solución a los problemas encontrados en la aplicación del derecho ambiental. En el primer capítulo, Gloria Amparo Rodriguez describe los ordenamientos jurídicos constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia a fin de analizar la forma en que cada uno de ellos consagra el derecho a un ambiente sano. A continuación, Martha Ovalle y Zelba Nidia Castro de Perez realizan un estudio de los principios de precaución y prevención, exponiendo su alcance, su fundamento desde el derecho internacional y cómo vienen siendo entendidos por nuestro ordenamiento jurídico, tanto jurisprudencial como legal. Luis Adolfo Diazgranados se ocupa de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia ambiental, para lo cual realiza un análisis de los deberes consagrados en la normatividad vigente. Continuando con esta temática, el profesor Jorge Agudo Gonzalez, de la Universidad Autónoma de Madrid, explora la incidencia del ambiente y los recursos naturales en los procesos contractuales, a fin de mostrar cómo estas materias se han constituido en variable fundamental en el devenir de la formación, celebración y ejecución de los contratos, desde un punto de vista crítico, los aspectos importantes del proceso sancionatorio ambiental, evidenciando las falencias y vacios del a Ley 1333 de 2009. Jairo Cabrera plantea algunas reflexiones sobre la responsabilidad, valiéndose de la doctrina internacional, sobre la problemática de la reparación por daño ambiental. Por su parte, Leonardo Güiza Suárez explica el régimen general de la responsabilidad ambiental en el ordenamiento jurídico a partir del daño de los bosques naturales y su incidencia sobre los derechos humanos. Andres Gomez Rey, desde la teoría del acto administrativo, desarrolla el análisis crítico del régimen jurídico de las aguas superficiales en el derecho ambiental. Giovani J. Herrera Carrascal realiza una disertación sobre los recursos naturales y el ambiente como elementos del espacio público que a su vez constituye en un componente del medio ambiente urbano a partir de la jurisprudencia y de las competencias respectivas. Por último, Marybell Ochoa Miranda trate el tema de los residuos hospitalarios en Colombia, exponiendo su régimen jurídico, las competencias de las autoridades ambientales, los deberes que en estos asuntos tienen los ciudadanos, proponiendo lineamientos para avanzar en la consolidación de la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

Comentarios a la nueva estructura del proceso penal - ley 906 del 2004

La presente investigación tiene como objeto enmarcar sistemáticamente las normas de la nueva estructura del proceso penal en Colombia, rofundizando de manera congruente y comparativa, el espíritu de cada norma y su aplicación en el ámbito jurídico penal colombiano.

Características de las facultades de medicina de Colombia después de la ley 30 de 1992, año 2006.

En 1992 se promulgóla Ley 30 que regula la educación superior en Colombia. Esta Ley propicióun incremento significativo de la oferta educativa en todas las áreas, incluyendo ciencias de la salud. Las facultades de medicina se incrementaron en casi un 150%, pasando de 21 a 52 en este momento; la calidad de esta oferta educativa es motivo de preocupación por parte de la comunidad médica.

Excepciones al estatuto de contratación estatal consagrados en la ley 100 de 1993

Como consecuencia de la reglamentación Constitucional, surgieron en Colombia dos postulados legales de sin igual importancia en el año 1993, como lo son el estatuto contractual del Estado y el estatuto de la seguridad social

La crisis de la garantía hipotecaria en las corporaciones de ahorro y vivienda, la crisis del UPAC y estudios sobre la ley 546 de 1999

El tema de la vivienda en los últimos años, con sus múltiples componentes, comenzando por el UPAC, se convirtió en la pesadilla más tormentosa para los colombianos, sin importar su condición social: muchos empresarios quebraron en la construcción

La garantía única de cumplimiento en la ley 80 de 1993

La administración pública cumple los variados cometidos que le han sido asignados, atados necesariamente a la satisfacción de las finalidades de interés público o social, no solamente utilizando el poder de mando (expedición de actos administrativos)

La ley 617 de 2000 Las contralorías a nivel territorial entre la autonomía presupuestal y el despilfarro de recursos públicos

La ley 617 de 2000, es una norma que con su articulado pretende afianzar el proceso de descentralización administrativa conjurando los excesos que en materia de gasto se presentaron durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991.

La ley de comercio electrónico y el depósito centralizado de valores

analizar cómo los avances tecnológicos han forzado al legislador colombiano a expedir normas tendientes a atenuar el abismo existente entre la realidad y la normatividad, como quiera que está surgiendo la conciencia

La reforma financiera y el fondo de garantías de instituciones financieras ley 510 de 1999 y proyecto de ley 106 de 2001

La crisis financiera de mediados de 1982 debilitó en extremo la confianza publica en elsector financiero, poniendo en peligro su estabilidad. Por ello el gobierno de la épocacrea la ¨ La comisión asesora de alto nivel para el estudio de la reforma al sectorfinanciero, a quien se le confió mediante decreto 3153 de noviembre de 1982 el diseñode un seguro de depósitos y la creación de un fondo de garantías.

Manual de la ley 734 de 2002 dirigido a los servidores públicos del país no abogados

El lector tiene entre sus manos un manual esencialmente práctico, el interés ha sido sobre todo recopilar y ordenar los datos normativos y jurisprudenciales existentes en nuestro ordenamiento sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos

Amnistía e indulto en el proceso de paz colombiano frente a la corte penal internacional

El vacío normativo jurisprudencial y doctrinal que existe para la aplicación de la amnistía e indulto en el proceso de paz colombiano frente a la competencia de la Corte Penal Internacional hace necesaria la realización de un estudio de la normatividad vigente en Colombia frente al Tratado de Roma

Análisis comparativo entre la Ley 60 de 1993 y la Ley 715 de 2001, en relación con la transferencia de recursos a los departamentos, distritos y municipios

Las transferencias constituyen el mayor porcentaje de ingresos ordinarios de las entidades territoriales, es pertinente efectuar un análisis comparativo, para determinar hasta qué punto el nuevo esquema puede afectar el proceso de descentralización

Análisis de la distribución de los recursos para la educación preescolar, básica y media conforme la ley 715 de 2001

Ante lo anterior, este trabajo de investigación está dirigido a plantear los antecedentes en materia de distribución de recursos para la educación a las entidades territoriales, antes y después de expedirse la Ley 715 de 2001, centrado fundamentalmente en la “financiación” de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media. Para ello, compara lo que se venía dando con el Situado Fiscal (SF), los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), y los propios que invertían los departamentos y municipios, conforme la Ley 60 de 1993 y lo que se presenta actualmente, con la Ley 715 de 2001; y a pesar que resulta prematuro evaluar los avances y limitaciones de ésta última Ley, trata de avizorar algunos de sus elementos positivos y negativos, a la luz de lo que se viene presentando en el Departamento de Boyacá, en cuanto muchos de sus aspectos característicos se presentan en todo el país.

Principales aspectos de la reforma financiera, ley 510 de 1999

La actividad financiera, aseguradora y bursátil, por los intereses generales que ella misma involucra y por su importancia dentro del entorno económico y social de nuestro país, merece un especial control y una minuciosa vigilancia