86 resultados para Delitos de los funcionarios
Resumo:
Esta investigación diagnóstica tiene por objeto la elaboración de un marco de recomendaciones para el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas con el fin de actuar frente al problema de las drogas en la región a partir del diagnóstico de los alcances y limitaciones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la decisión 505 o Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos.
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1. Hace 25 años, en 1985, un hombre exigió que cesara el fuego. El llamado fue desoído. Esa vida fue acallada en medio de una pira fatal a la vista de todos los colombianos, atónitos y silenciosos. El gesto de Alfonso Reyes Echandía mal podría ser visto como el acto por demás comprensible y humano de una víctima sacudida por el miedo; es, en realidad, una demanda ética cuya grandeza aún debe ser valorada y ponderada por nuestro país. 2. “Que cese el fuego” no es simplemente el pedido de detener una desproporcionada operación militar desatada en respuesta al demencial ataque de un movimiento guerrillero que provocó el Holocausto del Palacio de Justicia, sino la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los desacuerdos entre colombianos; un llamado al rechazo a la violencia; una exhortación al diálogo y al respeto irrestricto de la vida humana por sobre consideraciones estratégicas. Sabemos que el llamado de Reyes Echandía no recibió ni siquiera el mínimo reconocimiento de una respuesta. 3. El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales. 4. Como ayer, Colombia sigue hoy debatiéndose entre el pedido moral de cesar el fuego y la lógica implacable de las armas, en una dicotomía que los clásicos padres del derecho ya habían identificado con sobriedad. ¿Es cierto que cuando habla la espada, la ley calla? ¿Estamos forzados a ignorar la voz de nuestros hermanos que exigen diálogo, inteligencia y compasión? ¿La ley y nuestro derecho a vivir en paz no son más que rehenes de la violencia? 5. Las secuelas de la violencia en el Palacio de Justicia persisten un cuarto de siglo después de su ocurrencia, y muchos de los interrogantes surgidos durante esas 28 trágicas horas aún subsisten. Colombia se debate entre quienes consideran que éste es un capítulo cerrado de la historia del país, quienes no aceptan una reflexión acerca de las dimensiones y responsabilidades de lo ocurrido entonces, quienes desconocen lo sucedido y quienes aún esperan una respuesta de la justicia frente a lo acaecido. 6. Simultánea y paradójicamente, ningún hecho como la toma armada y sangrienta del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19) y la exorbitante operación de respuesta de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano ha generado y sigue generando tan profundas divisiones en el país, actitudes beligerantes de negación de lo sucedido, evasivas, unilaterales; verdades a medias que no admiten espacio para la discusión civilizada. Hoy al igual que en 1985, cuando el llamado a que cesara el fuego hecho por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sistemáticamente desatendido, se hacen imperiosos el diálogo, la reconciliación y el perdón.
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El siglo XX abrió paso a la discusión de los derechos obreros alentado por el carácter fundamental del trabajo en la sociedad como motor de su desarrollo pero, igualmente, desestimados por su incapacidad de responder a los requerimientos y lógicas del capital, que abusó de la fuerza de trabajo. En ese orden de ideas surgió, en una la lucha de contrarios, la necesidad de organizarse a través de estructuras que les permitiesen plantear condiciones dignas y justas en el desarrollo de sus labores, que no implicaran, sin embargo, una disminución en la productividad. No obstante, los dilemas respecto del costo – beneficio que implicó dicha organización no fue fácil, requirió de grandes esfuerzos, que quebrantaron la pasividad con la que los empleadores o patronos asumieron la responsabilidad para con ellos, no desde un punto de vista doméstico y paliativo, sino del reconocimiento de un mínimo de beneficios y garantías que debían ir ligadas al trabajo. Esa estrechez en las concesiones de los patronos, sumadas a las normales tensiones originadas en la solicitud de tales derechos, conllevó a plantear organizaciones obreras fuertes consolidadas a partir del discurso. De esta manera, analizar la participación del Movimiento Social Sindical en la arena política colombiana es un tema de estudio fundamental desde la Ciencia Política. Hoy en día, se refleja la enorme necesidad de entender cómo los sindicatos, así como otros movimientos sociales, evidencian un gran potencial en la sociedad para consolidarse como una fuerza política representativa y autónoma que gesta actividades en el ámbito público y personifica el interés de un amplio sector de la sociedad.
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Actualmente nuestro país padece una de las expresiones más dramáticas de violencia como es el Desplazamiento Forzado, resultado del conflicto armado interno, las nuevas dinámicas del enfrentamiento y la disputa por un control territorial. Este fenómeno ha ahondado en la exclusión social: aumentando los niveles de pobreza, la informalidad laboral, la continua violación de los derechos fundamentales, la falta de garantía en los derechos prestacionales, entre otras manifestaciones.
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En estos términos, será objeto del presente trabajo, explicar el concepto de los preacuerdos de culpabilidad, sus antecedentes, la diferencia entre estos y el allanamiento a los cargos y, finalmente, explicar la forma de proteger los derechos de las víctimas a lo largo de su celebración.
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El derecho internacional surgió para regular las relaciones entre Estados, dejando por fuera a otro tipo de organizaciones, comunidades y personas. Con el paso del tiempo, se fue ampliando la posibilidad de hacer parte en esos escenarios restringidos cuando surgieron las organizaciones internacionales que son creadas por los Estaos, que tienen la capacidad de participar en las relaciones internacionales de manera limitada. Posteriormente el derecho internacional ha dejado participar con ciertas restricciones, a las Organizaciones no Gubernamentales - ONG y a las personas. Los pueblos indígenas, a pesar de contar con más de 300 millones de personas alrededor del mundo y de contribuir con la diversidad cultural y la protección de la biodiversidad, han sido ignorados y excluidos de los escenarios internacionales. Sin embargo después de un largo y lento proceso de reivindicación han logrado hacer sentir su voz y hoy en día han empezado a ser considerados en algunos de estos escenarios internacionales. En este documento se presentará un breve recuento de algunos de esos espacios en el ámbito de los organismos internacionales, en donde se han desarrollado temas relativos al medio ambiento en los cuales tienen interés los pueblos indígenas. *El mismo se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde a los organismos internacionales universales que involucran la Organización de Naciones Unidad ONU y sus diferentes órganos y organismos especializados en temáticas ambientales. ** Además hace referencia a las declaraciones y los principales convenios internacionales sobre medio ambiente y conocimiento tradicional, adicionalmente se incluyen las organizaciones y acuerdos conexos que corresponden a la Organización Mundial del Comercio y a los tratados de libre comercio. La segunda parte corresponde a los escenarios de protección del medio ambiente a nivel regional que son relevantes para los pueblos indígenas, entre ellos, la Organización de Estados Americanos OEA, el Bando Interamericano de Desarrollo BID, la Organización Panamericana de la Salud OPS, la Comunidad Andina de Naciones CAN y se incluyen adicionalmente los tratados y declaraciones importantes en la materia. El objetivo al realizar este documento es ofrecer un panorama sobre las funciones de estos organismos y mencionar la manera como puede darse la participación de los pueblos indígenas en los mismos, mediante una obra de divulgación que sirva como material de consulta para líderes, autoridades de pueblos y organizaciones indígenas, funcionarios de organizaciones internacionales y sociales que apoyan a los pueblos indígenas.
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El propósito de este estudio de caso es analizar el proceso de reparación a las víctimas de la comunidad indígena Wayúu de Bahía Portete por los daños causados con la masacre del 18 de abril de 2004, a partir del pensamiento propio sobre la reparación. Para esto se presentan las distintas percepciones que existen en la comunidad sobre las afectaciones sufridas por el conflicto armado y las concepciones sobre el territorio y la justicia en la cultura Wayúu, y se analiza la importancia de reivindicar estos significados en el proceso de reparación colectiva que adelanta la Unidad de víctimas con estos indígenas, para la efectividad del mismo. Lo anterior se basa en el trabajo de campo realizado en La Guajira con la comunidad de Portete y funcionarios de la Unidad, otras fuentes primarias como informes institucionales, al igual que en la revisión de legislación y textos académicos sobre la materia.
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El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, fue ratificado por Colombia el 5 de agosto de 2002 y entró en vigencia para nosotros a partir del 1 de noviembre del mismo año. Esto significa que nuestro país es parte de ese Tratado Internacional, se incorpora al ordenamiento jurídico colombiano
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En primer lugar se analiza la responsabilidad estatal en general en el derecho comparado, indicando las clases de responsabilidades estatales. Luego hablamos de la responsabilidad extracontractual, sus orígenes y evolución para señalar la responsa
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Uno de los graves problemas de la administración pública en Colombia y que ha hecho posible, entre otras cosas, parte del establecimiento de la corrupción administrativa, es la institucionalización de la irresponsabilidad de los servidores públicos
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Este estudio se inició con la realización de averiguaciones directas con personas dedicadas en el momento al asunto de los procesos objeto de la reserva a que se ha hecho referencia, con el fin de empaparnos de la realidad y poder proponer
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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El propósito del presente trabajo de grado es determinar la incidencia que tuvo la trashumancia electoral en los comicios locales de 2003-2007-2011 en Boyacá, para la designación de Alcaldes municipales en dichos momentos. De esta manera, se sostiene que el fraude en inscripción de cédulas, como se le conoce al delito, ayudó a llegar al poder a líderes que utilizaron el transporte de votantes como forma de hacerse elegir en cada uno de los territorios en los que aspiraban al cargo. Por ello, se identificaron las inconsistencias existentes entre el crecimiento poblacional mayor de 18 años y el censo electoral de cada uno de los periodos analizados, considerando las diferentes denuncias tanto administrativas como penales, presentadas ante los organismos competentes, así como las percepciones sociales a través del análisis de prensa local. Con esto, se busca dar a conocer una de las consecuencias del fraude en los contextos democráticos.
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La tesis devela la connotación sistemática y multicausal de lo que a través de la investigación se denomina como "Procesos de Territorialización de la Inseguridad Ciudadana". Mediante un estudio de caso, se pone en evidencia la apropiación y captura sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad, sobre determinadas zonas o barrios urbanos que por sus características socioeconómicas, políticas, geográficas, culturales, laborales y de mercado de quienes los habitan o frecuentan, se consideran como sectores "críticos y/o vulnerables".
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Las reformas del sector salud y la falta de lineamientos sobre el talento humano han generado una disminución de tan importante recurso. Los laboratorios de salud pública -LSP son la fuente primaria de información para la toma de decisiones en Vigilancia en Salud Pública. Este estudio presenta las características del talento humano de los LSP y su directa relación con el desarrollo de sus funciones misionales. Éste es un estudio descriptivo transversal con encuesta auto-diligenciada aplicado a los 33 LSP del país en el año 2014. En los 33 LSP hay 433 profesionales para la vigilancia en salud pública, en el año 2014, con 143 (33%) de planta y 293 (67%) de contrato y 24% (102) hombres y 76% (331) mujeres. El 94% de los LSP cuenta con coordinador de planta, 52% tiene funciones exclusivas. El 51% (17) de los LSP cumplen con el 92% los lineamientos dados. 7 LSP tiene 1 o menos funcionarios de planta. El talento humano es un factor clave para cumplir con la misión de los LSP y Colombia cuenta con 433 profesionales en los 33 LSP. Se cuenta con epidemiólogo (a) en el 82% y líder de calidad en el 76% de los LSP. El 49% (16) de los LSP no cumplen con la Guía para la organización físico – funcional de los LSP. 23 LSP cuentan con cuatro (4) o menos funcionarios de planta, siendo esto una vulnerabilidad para la capacidad de respuesta del país frente a riesgos en salud pública y emergencias sanitarias.